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El diputado radical Marcos Espinosa, presentó este jueves un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que modifica el Código de Aguas y otros cuerpos legales a objeto de regular el uso de aguas subterráneas, principalmente lo que dice relación con la vinculación existente entre las concesiones de exploración y explotación de recursos naturales (mineras y de geotermia) con el aprovechamiento de aguas halladas durante el ejercicio de actividades de la concesión.

“Es sumamente preocupante el hecho que esos derechos de agua no sean autorizados por la DGA, por tanto, no existe fiscalización ni regularización de éstos. Ante la crisis hídrica que enfrenta el país es necesario modificar el Código de Aguas y de Minería, por eso el actual proyecto de ley establece que los dueños de concesiones mineras y geotérmicas deberán informar sobre las aguas halladas, en un plazo de seis meses a contar del alumbramiento y luego solicitar la concesión de uso temporal ante el organismo encargado de velar por el correcto uso de las aguas: la DGA” explicó el autor de la iniciativa.

El parlamentario agregó que “el proyecto de ley además garantiza distintos usos de agua y los prioriza estableciendo como uso primero y segundo, el consumo humano y productivo respectivamente. En caso que un titular de una concesión determinada utilice las aguas para otro fin por el cual fue otorgada, se caducará dicha concesión”.

En abril pasado, la Corte Suprema falló a favor de una empresa minera de Peine, en San Pedro de Atacama; respecto del uso del acuífero por el sólo hecho de encontrarse éste en propiedad concesionada. Sin embargo, indicó que “existían antecedentes que había un agotamiento del caudal constante por un control de descenso en los niveles de los pozos, según la propia denuncia de la DGA y aún así el máximo Tribunal dijo lo contrario. Esto porque la ley así lo establece, entonces claramente hay que modificarla” dijo Espinosa.

El legislador reconoció que para el desarrollo de la minería es necesario el recurso agua, sin embargo “debe existir una regulación de éste para que otras actividades, agropecuarias y ovinas, puedan también desarrollarse y beneficiar a las comunidades locales, principalmente del Norte Grande, zona donde la situación es cada vez más crítica y preocupante”.

Fuente: camara.cl