Senado aprueba proyecto del Gobierno que elimina las coremas

    Tras la aprobación que obtuvo en la sala del Senado el martes de la semana pasada, el Gobierno logró suprimir las Comisiones Regionales de Medio Ambiente -denominadas coremas- para evitar el voto político por sobre las consideraciones técnicas en la aprobación de los proyectos de inversión en las regiones del país, lo que implica excluir de dichas instancias a los gobernadores y consejeros regionales.

    En su reemplazo, el proyecto de ley -que quedó listo para su promulgación una vez que su texto sea revisado por el Tribunal Constitucional- consagra como parte de la nueva institucionalidad ambiental la creación de una comisión de diez secretarios regionales ministeriales (seremis) de diversos sectores, además del intendente de la región respectiva donde se realizará la inversión.

    Consideración final

    La máxima autoridad regional fue integrada a último minuto tras la negociación del Gobierno con los senadores de oposición, a fines de octubre pasado, lo que facilitó la aprobación de la iniciativa del Ejecutivo que incluía la eliminación de las coremas.

    El tema de la supresión de las coremas cobró significación, pues esta materia no pudo quedar zanjada en la Cámara de Diputados.

    El articulado del proyecto de ley del Ejecutivo define la nueva instancia destinada a aprobar los proyectos públicos y privados en cada región vía una Comisión Evaluadora.

    «Los proyectos serán calificados por una comisión presidida por el secretario regional ministerial (seremi) del Medio Ambiente e integrada por los secretarios regionales ministeriales de Salud, Economía, Fomento y Reconstrucción, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Minería, Planificación, y el director regional del servicio, quien actuará como secretario». Y a ello sumado el intendente de cada región.

    Para el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Roberto Sepúlveda (RN), no es posible «despolitizar» las votaciones que aprueban o rechazan los proyectos ambientales. «La Concertación y sus partidos quieren que el sistema siga determinado por el factor político. No veo a las autoridades preservando el medio ambiente, en que los servicios públicos miran para un lado a la hora de votar los proyectos como sucedió con El Tatio», acusa.

    Coincide el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional Metropolitano, Félix Viveros (RN), quien no ve factible lograr la despolitización, porque los funcionarios de Gobierno de turno seguirán en mayoría en dichas instancias.

    «Hoy en la Corema Metropolitana hay 17 funcionarios públicos y sólo cuatro consejeros regionales», acota. Sin embargo, tras la votación en el Senado no quedará ninguno de estos últimos.

    Comisión evaluadora

    No obstante, tras la aprobación en el Senado, los senadores Pablo Longueira (UDI), Soledad Alvear (DC), Juan Pablo Letelier (PS) y Andrés Allamand (RN) explicaron que previo a la votación de la Comisión Evaluadora operará un comité técnico, cuyos informes consolidados serán vinculantes u obligatorios, de forma que es una garantía de hacer primar el mérito técnico.

    El senador Carlos Ominami (ex PS) expresó dudas sobre la autonomía del nuevo ente encargado de votar los proyectos ambientales.

    Ambientalistas: visiones encontradas

    Posiciones opuestas tienen los ambientalistas en cuanto a la eliminación de las coremas para buscar despolitizar las decisiones a la hora de ser aprobadas o rechazadas por la Comisión Evaluadora.

    Para la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, hay avances, pues existirá un comité técnico que deberá evacuar previamente un informe consolidado que tendrá un carácter vinculante para dicha comisión que deberá votarlo.

    Reconoce que la incorporación última del intendente a esta instancia final no es lo que se esperaba, pues operará como un «infiltrado» del Gobierno central desde La Moneda. «Pero hay garantías de que el informe consolidado sea vinculante, que de no cumplirse, sirva como vacío esencial a ser presentado judicialmente. Hay un avance respecto de lo que había antes», destaca.

    Consultada por casos en los que, a su juicio, hay notoria discrecionalidad política por sobre factores técnicos, Larraín mencionó Celco, El Tatio, Ralco, Alto Maipo, la planta de Peñalolén y Campiche en Quintero, entre otros.

    Difiere totalmente el coordinador de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, pues considera que no hay ninguna posibilidad de «despolitizar» las votaciones. «Los seremis son funcionarios públicos designados por el Gobierno y los intendentes son funcionarios colocados por el Ministerio del Interior. Tras una transaca de último minuto, hay un retroceso ostensible y no hay opción de desterrar el voto politizado sobre el mérito técnico», dijo.

    Fuente: El Mercurio