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La explotación del proyecto Pucamarca, ubicado en el distrito de Palca y a 500 metros de la frontera con Chile, está cobrando dimensiones internacionales.
El Gobierno Regional de Arica-Parinacota-Chile solicitó a la empresa minera Minsur los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Ministerio de Energía y Minas para la ejecución de la etapa de explotación del mencionado proyecto.
Según información que recoge el diario La Estrella de Arica, lo que llevó a las autoridades de Arica a tomar cartas frente a las operaciones de Minsur, son las explosiones que se realizan en la zona como parte de los primeros trabajos de la minera.
Estas acciones formarían una nube tóxica que es trasladada por el viento a territorio chileno, lo cual afectaría la flora, fauna y a las poblaciones del vecino país.
En diciembre del año pasado, las comunidades aimaras del Altiplano chileno comenzaron a reclamar. Incluso en la zona de Tacora, ubicada a 4 mil 900 metros sobre el nivel mar, se realizó una protesta en contra del yacimiento de extracción de oro, refiere La Estrella de Arica.
Los comuneros informaron a las autoridades chilenas que el material particulado, a causa de las explosiones, está cayendo sobre las áreas de pastoreo, por lo que temen la destrucción de la flora y sobre todo que se ahuyente a la fauna.

El director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Arica y Parinacota, Nicolás Calderón, informó que los documentos solicitados a Minsur serán enviados a la Secretaría Regional de Medio Ambiente para los análisis correspondientes.

Primera alerta

En noviembre del año pasado, durante el XII Comité de Fronteras de Perú y Chile, que se desarrolló en Tacna, el intendente regional de Arica-Parinacota, José Durana, puso sobre el tapete la preocupación del vecino país respecto a posibles daños ambientales a sus afluentes por las operaciones del proyecto Pucamarca.

En esa oportunidad, Durana explicó que el problema radica en la cercanía del proyecto minero a la frontera chilena, lo cual podría contaminar el río Azufre, cuyas aguas llegan al río Lluta. El temor es a posibles filtraciones y dispersión de partículas a causa de los trabajos de explotación.

Sobre el tema, fuentes vinculadas a la empresa Minsur señalaron que por iniciativa propia, la minera remitió a las autoridades de Arica-Chile información sobre las medidas de seguridad del proyecto Pucamarca, que protege el medio ambiente.
Piden a Cancillería

El alcalde del distrito de Palca (Tacna), Aureliano Gutiérrez, consideró que los reclamos que realizan las comunidades chilenas deben ser atendidos por la empresa minera, mientras que la Cancillería Peruana debe exigir a Minsur el cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental para evitar posteriores daños.
Gutiérrez reconoció que en la construcción del PAD de Lixiviación de la minera se han ejecutado explosiones que no solo afectan a los poblados de Arica, sino también a las mismas comunidades de Palca.

La comuna de Palca ha solicitado a la Dirección Regional de Agricultura realizar un análisis sobre las partículas que caen a las plantaciones.  “Los primeros informes refieren que la producción está siendo afectada por el polvo. Esta información será remitida al Ministerio de Energía y Minas, para que tome cartas en el asunto”, dijo Gutiérrez.

El burgomaestre volvió a pedir a las autoridades provinciales y regionales conformar una comisión de vigilancia a las operaciones de Pucamarca.
El consejero regional, Rafael Vargas, consideró también que los reclamos que realizan las zonas andinas de Arica sobre las operaciones de Pucamarca, debe tratarse a nivel de las cancillerías.  “Las poblaciones vecinas tienen derecho a manifestar su preocupación. Pero por soberanía de territorio el tema debe ser analizado por la Cancillería”, comentó Vargas.

Asimismo, mencionó que este tema no podría ser tocado en la Mesa de Trabajo Multisectorial que trata la problemática hídrica y las actividades mineras.  Sin embargo, confirmó que reiterarán en el proceso de diálogo la posibilidad de auditar el Estudio de Impacto Ambiental de Minsur, para determinar si los proyectos planteados para evitar daños ambientales están siendo bien ejecutados.

Fuente: La Republica