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El diputado Enrique Accorsi (PPD) y el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo, anunciaron las acciones legales basándose en antecedentes recopilados por la Comisión investigadora de laCámara de Diputados, los que comprobarían delitos de parte de los servicios públicos.

Según indicó el abogado Castillo, en las diversas indagaciones se ha podido detectar la existencia de una verdadera organización criminal para aprobar este proyecto, alterando informes y violando leyes del Estado.

“Aquí hay además un fraude al fisco. Siendo un bien nacional de uso público para que éste pueda ser usado por terceros con fines comerciales tiene que haber previamente una concesión, una desafectación o una pérdida de la calidad del bien fiscal. El caso del Parque Nacional Laguna San Rafael sin perder estas condiciones fue autorizada su inundación por parte de la Corporación Nacional Forestal y por la Comisión de Evaluación“, precisó el jurista.

Mientras que el diputado Accorsi señaló que “esta investigación parlamentaria estableció que muchos servicios no cumplieron con su labor de defensa y fiscalización de los Parques Naciones que les compete, entre ellos Conaf, que en su dependencia regional rechazó el proyecto emitiendo un informe negativo porque la central hidroeléctrica iba a inundar el Parque Nacional San Rafael, sin embargo, la Conaf nacional modificó dicho informe y lo aprobó”.

Asimismo, el legislador precisó que a esta acción judicial se sumarán en los próximos días querellas a otros servicios que no habrían cumplido con la legalidad vigente como Sernageomin y la Dirección General de Aguas (DGA).

Finalmente el abogado Castillo apuntó a la precariedad laboral de los encargados de la evaluación de los proyectos, como Hidroaysén, señalando que son funcionarios a contrata, no de planta, “su contrato depende de cómo han seguido las instrucciones del Gobierno de nivel central”.

Fuente: El Ciudadano.