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Un pleno de la Corte Suprema no se da todos los días. Y tampoco es común – ni prudente – que el Ejecutivo defienda a ultranza un proyecto contaminante (quizás el más contaminante de los últimos tiempos) atacando a su vez a otro poder del Estado.

Por esto, hoy nuestra portada es un especial sobre Castilla y las noticias que ha suscitado, comenzando por el editorial de hoy de El Mostrador.

Las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Maria Ignacia Benítez, referidas al fallo de la Corte Suprema que dictaminó la ilegalidad del proceso de autorización ambiental de la Central Termoeléctrica Castilla se sitúan en los bordes de la Constitución.

Dice el artículo 76 de la misma: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Y más adelante, en el inciso final del mismo artículo agrega: “La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar”.

Los razonamientos de María Ignacia Benítez no solamente califican los fundamentos del fallo, sino además señala que “incurre en errores y eso es complicado”. Más aún, considerando que la Corte Suprema se pronunció sobre un área que le pertenece a la institucionalidad ambiental, declara que“el fallo se acata, pero no comparto el razonamiento del fallo. No estoy aquí para defender un proyecto determinado, sino que estoy por defender la institucionalidad ambiental”.  

Parece de suyo natural que aquellos que ven frustrados sus intereses particulares, en este caso los inversionistas de MPX, consideren que el dictamen es polémico o que genera un clima de incertidumbre. Lo que no resulta claro es que la propia autoridad pública, cuya actuación fue enmendada por el máximo tribunal de la República por una contundente votación de 5 a 0, haga lo mismo. Menos aún, que fundamente sus dichos en una “supuesta defensa de la institucionalidad” frente a la propia Corte Suprema.

Tampoco parece apropiado que el gobierno, de una manera clara, no rectifique las declaraciones de la ministra, más aún cuando existen normas expresas, contenidas en el Capítulo sobre Bases de la Institucionalidad en la Constitución, que ordenan el comportamiento de los funcionarios públicos y lo obligan a ello. Al no hacerlo, aparece que la ministra actuó interpretando la opinión oficial del gobierno, lo que compromete directamente al Presidente de la República, su jefe directo, de acuerdo, una vez más, a lo que establece la Ley Fundamental.

El talente irritado del gobierno después de dos notorias sentencias de la Corte Suprema, entre estas aquella sobre la Central Castilla, no debiera herir u obnubilar a las autoridades, contribuyendo aún más a la crisis de confianza de la ciudadanía en las instituciones, ni menos aún contaminarlo de desacato permitido como aparece en el juicio de su ministra de Medio Ambiente.

Lo actuado por la ministra Benítez es también un exabrupto de proporciones, pues ella, durante toda su vida profesional y hasta días antes de incorporarse al gobierno, ejercía de manera connotada la representación profesional de empresas en temas ambientales.  Sus declaraciones, lejos de la legalidad constitucional a la que está obligada, la dejan a ella y al gobierno en el campo de una representación de intereses corporativos privados y no en la defensa del interés público como es la integridad de las instituciones.

Fuente: El Mostrador

Fallo sobre Castilla

Mucho se ha dicho y leído sobre la decisión de la Corte Suprema que sancionó en contra de la aprobación de la central Castilla. Lamentablemente, la discusión se ha centrado en la forma y no en el fondo.

Se olvida que el proyecto multimillonario estaba propuesto al lado de áreas silvestres protegidas y sitios prioritarios de concentración de biodiversidad. Al parecer, el error es de los pingüinos por vivir ahí o de las comunidades locales por existir. Lamentablemente, proyectos tan grandes no pueden seguir siendo gestionados con la creencia de que presiones y estudios parciales van a ser suficientes.

Ahora sectores empresariales han comenzado una campaña del terror acerca del alza del costo de la energía para los consumidores domiciliarios y que Chile no podrá seguir creciendo. El día que las grandes empresas tengan agendas medioambientales serias, equipos profesionales de calidad comprometidos con el desarrollo sostenible, la conservación de la naturaleza y el acuerdo con las comunidades locales, podremos tener muchos proyectos viables y de gran envergadura.

Por ahora seguiremos sumidos en la oscuridad de la controversia y al amparo de los tribunales de justicia que dirimirán acorde con los errores de forma y no el fondo del tema. Si queremos ser un país desarrollado, tendremos que aprender a cumplir con los acuerdos internacionales que hemos firmado, como la Convención de Biodiversidad. Tanto el sector público como privado tendrán que volver a ganarse el respeto de la ciudadanía para construir una sociedad basada en la confianza y no en la incertidumbre, como lo es ahora.

Carta de Cristián Bonacic Ecólogo UC, publicada hoy en La Tercera

Corte Suprema califica como “preocupante” declaraciones de ministra de Medioambiente por Castilla

El ministro Hugo Dolmestch, vocero titular de la Corte Suprema, señaló que mañana en un pleno extraordinario se analizarán las declaraciones de la ministra, María Ignacia Benítez, por el fallo de la Tercera Sala que paralizó el proyecto Central Castilla.

El ministro Hugo Dolmestch, vocero titular de la Corte Suprema, calificó como “preocupantes” las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien sostuvo en el diario El Mercurio que acataba, pero no compartía el razonamiento del fallo de la Tercera Sala del tribunal que paralizó la construcción del proyecto termoelétrico Central Castilla y que este ponía en entredicho a la institucionalidad ambiental.

“Es preocupante, se inició una conversación y va a obtenerse una definición”, señaló el ministro tras participar en un pleno ordinario de la Corte.

El ministro explicó que en dicha instancia no se alcanzó el quorum necesario (11 ministros), para aprobar una declaración en respuesta a los dichos de la ministra.

Precisó que por ello hoy a las 8.00 de la mañana se realizará un pleno extraordinario para analizar la materia. Asimismo sostuvo que probablemente los integrantes de la Tercera Sala, los ministros Sergio Muñoz, Carlos Künsemüller, Guillermo Silva, Rosa Egnem y el ministro suplente Juan Escobar, se inhabiliten en dicha votación.

A fines de agosto la sala rechazó la construcción de la central y el puerto asociado a la iniciativa señalando que se debía presentar un Estudio de Impacto Ambiental unificado de ambos proyectos, y no en forma separada como se había hecho.

Fuente La Tercera/Constanza Pérez-Cueto

Defensa de la Patagonia: En el fallo a favor de HidroAysén no escuchamos ninguna voz del Gobierno

El secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo, cuestionó las críticas realizadas por la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, al fallo de la Corte Suprema que paralizó la construcción de la central Castilla, en la Región de Atacama.

Rodrigo fustigó que la titular del Medio Ambiente reclame en este caso, pero no hizo lo mismo en cuanto a la situación de HidroAysén, cuando un ministro de la Corte Suprema -Pedro Pierry- falló a favor del megaproyecto, aunque tenía conflicto de intereses al poseer acciones de Endesa, empresa dueña del proyecto.

“Cuando el Gobierno, en este caso el Ministerio del Medio Ambiente no le gusta un fallo sale a hacer críticas al Poder Judicial y en otros casos cuando los tribunales también han cometido errores no hacen ninguna declaración”, dijo.

“Me refiero al fallo a favor de HidroAysén, y uno de los ministros que votó a favor del proyecto tenía acciones en Endesa. Ahí no escuchamos ninguna voz por parte del Gobierno, lo que es preocupante”, recalcó Rodrigo.

“Son muy graves sus dichos y es la ministra del Medio Ambiente, ella está para velar por el resguardo del Medio Ambiente en el país y no a ser vocera de empresas energéticas del país. Ella es una ministra de Estado y no corresponde que ella señale que genera incertidumbre”, dijo el parlamentario.

“Los fallos fijan posiciones, los tribunales son autónomos en el país y ha habido un debido proceso”, añadió.

Fuente: cooperativa

Ministra Benítez y suspensión de Central Castilla: “Me parece bien que la Corte Suprema se reúna en pleno y analice el fallo”

La ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, señaló este lunes que está dispuesta a asistir al Congreso a explicar las críticas que realizó al fallo de la Corte Suprema que paralizó el proyecto termoeléctrico Central Castilla, y valoró que el pleno del máximo tribunal se reuna mañana para analizar la materia.

“Yo no tengo ningún problema en ir al Parlamento a explicar lo que he explicado, porque tengo los antecedentes de los expedientes que muestran que el proyecto fue evaluado y, por otro lado, me parece super bien que la Corte Suprema se reúna en pleno y analice el fallo y vea el racionamiento que se ocupó, yo creo que todos tenemos derecho a opinar y también todos tenemos derecho a equivocarnos, esto no es nada del otro mundo”, señaló en declaraciones a TVN.

El ministro Hugo Dolmestch, vocero titular de la Corte Suprema, calificó este lunes como preocupantes las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien sostuvo en el diario El Mercurio que acataba, pero no compartía el racionamiento del fallo de la Tercera Sala del tribunal que paralizó la construcción del proyecto termoelétrico Central Castilla y que este ponía en entredicho a la institucionalidad ambiental.

En este sentido la ministra insistió en que “la Corte Suprema puede fallar como quiera, yo estoy discutiendo solamente el racionamiento que se utilizó en el fallo”.

“La verdad es que para mi es necesario defender la institucionalidad ambiental que tanto ha costado crear, acabámos de terminar con el Consejo de Ministros para la Sustentabiidad el nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, hemos trabajado para profesionalizar y tecnificar el sistema de evaluación de impacto ambiental, estamos haciendo un gran esfuerzo para que las decisiones sean menos discrecionales, de manera que exista más garantía, por lo tanto yo como ministra de Medioambiente, me parece que es mi deber defender la institucionalidad ambiental”, agregó.

Fuente: La Tercera

Gobierno revisa leyes y decretos medioambientales tras caso Castilla

sta semana, ministros de la Segpres y de Medio Ambiente recibirán las primeras sugerencias de cambios.

El fallo que rechazó el megaproyecto Castilla no sólo ha generado críticas y preocupación empresarial. También ha llevado al Ejecutivo a una completa y exhaustiva revisión de leyes, reglamentos, decretos y ordenanzas medioambientales a objeto de introducir cambios que otorguen mayor certeza jurídica, dijeron altas fuentes de La Moneda.

Tras un primer análisis, esta semana los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, recibirán de sus asesores una serie de propuestas de cambios. La intención es proponer las modificaciones en un plazo cercano a un mes.

Una de las transformaciones en estudio consiste en entregar al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) la facultad de determinar si una actividad industrial es contaminante, molesta o inofensiva, la que hoy está radicada en las secretarías ministeriales de Salud. El cambio requeriría cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (Oguc). Según una fuente, traspasar la definición de este tipo de aspectos al SEA radicará las discusiones futuras en los nuevos tribunales medioambientales, restringiendo con ello el tipo de recursos que puedan llegar a la Corte Suprema.

En el caso de Castilla, la Suprema cuestionó que una Seremi de Salud haya calificado como molesto el proyecto, revirtiendo una decisión anterior que lo había considerado contaminante.

En círculos de gobierno dicen que la revisión considera todo tipo de documentos: desde reglamentos sanitarios hasta la nueva ley que se propone para regular el borde costero. También se evalúa una Ley de Ordenamiento Territorial que entregue a las regiones la obligación de definir las zonas del territorio donde se pueden instalar industrias. Esta iniciativa, sin embargo, no genera consenso en el Ejecutivo, aunque ha ganado terreno tras el caso Castilla. E independiente de la ley, por ahora se está trabajando en un catastro meramente informativo, sin carácter vinculante, que precise zonas susceptibles de instalar proyectos.

Corte Suprema

La decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que el 28 de agosto rechazó el proyecto termoeléctrico controlado en 75% por la brasileña de Eike Batista, MPX, y en 25% por la alemana E.On, fue criticada por la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez (ver nota secundaria), en intervenciones que fueron autorizadas por el gobierno a efectos de manifestar el malestar del Ejecutivo.

Las palabras de Benítez imputando errores en el fallo de la Suprema molestaron al máximo tribunal del país. Los magistrados, reunidos ayer en sesión de Pleno Ordinario, discutieron los dichos de la ministra. Trascendió que habría sido el mismo presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, quien habría solicitado en la mañana de ayer analizar las declaraciones. Sin embargo, no se alcanzó el quórum de 11 ministros para redactar una declaración y se convocó para hoy a una sesión extraordinaria con ese fin.

“Es preocupante, porque se inició ya una conversación y va a obtenerse alguna decisión”, dijo el vocero titular de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, a la salida de la reunión. En ese sentido, aseguró que la determinación de la Tercera Sala había sido la correcta, ya que fue resuelta en consideración del recurso de protección previamente interpuesto. “Las acciones tienen todas un procedimiento y tienen todas una competencia, y esto se resolvió por la vía del recurso de protección, de tal forma que esto está perfectamente bien”, apuntó.

Fuentes cercanas a tribunales dijeron que existe molestia entre los magistrados e indicaron que este tipo de reacciones por parte de los jueces sólo se registran en pocas ocasiones. Cuando existen críticas, son respondidas por el vocero del máximo tribunal o su presidente, y sólo cuando el tema genera preocupación entre los magistrados se decide responder en conjunto.

El diputado del PS Alfonso de Urresti señaló que la ministra había sobrepasado sus atribuciones al opinar sobre un fallo de un poder del Estado que es independiente, y pidió citar a Benítez a la comisión del ramo en la Cámara de Diputados.

Quien respondió fue el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Aseguró a 24 horas que “los fallos son piezas jurídicas obligatorias para los ciudadanos, pero son perfectamente opinables y comentables por un ministro de Estado, siempre bajo la premisa del respeto”.

“La intromisión se daría en una hipótesis distinta, si la causa estuviera abierta. Pero este es un fallo que se encuentra ejecutoriado, es una ministra que lo ha hecho con respeto”, aseguró el Vicepresidente de la República.

La última palabra

Los expertos coinciden en que las autoridades pueden opinar, pero con mesura. El constitucionalista Patricio Zapata dijo que “todas las personas tienen derecho a una opinión sobre las decisiones de los tribunales de justicia”. Sin embargo, agregó que “tratándose de los titulares de los otros poderes del Estado, es importante que ese derecho se ejerza con prudencia, de manera de no configurarse algún tipo de presión indebida”.

Por su lado, Julián López, penalista y socio de Harasic & López, apuntó que “como principio, en materia de resolución de conflictos, la última palabra les corresponde a los jueces y hay que respetar que esa es la última palabra. Siempre cabe la posibilidad de criticar las resoluciones de los jueces, pero cuando un poder del Estado interfiere en las atribuciones de otro, me parece que entramos en terrenos sumamente riesgosos”.