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El Ministro de Economía y potencial candidato presidencial, Pablo Longueira, descalificó la aplicación de la consulta a los Pueblos Originarios en la discusión sobre la Ley de Pesca que intenta privatizar los peces, a pesar que el Estado de Chile está obligado a aplicarla tal como lo mandata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En declaraciones realizadas este martes a Radio del Mar, luego de la sesión del pleno del senado donde se analiza la idea de legislar sobre estas materias, Longueira afirmó que “esta no es una ley que afecte directamente a los Pueblos Originarios. Esta es una regulación de un sector de la economía. Por lo tanto, no corresponde la Consulta”.

Longueira contra Tribunal Constitucional e Instituto de Derechos Humanos

Las confrontacionales declaraciones de Longueira entran en contradicción directa con lo expresado minutos antes en el pleno del senado por Antonio Horvarth, presidente de la Comisión de Pesca, y lo que han señalado el Tribunal Constitucional (TC), y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Mientas el TC fue claro en señalar en la sentencia rol 309 del año 2000 que el Art., 6 del Convenio 169 de la OIT es una norma autoejecutable y que “introduce un nueva norma que debe ser observada en el proceso legislativo”, el INDH aseguró en su Boletín N° 8091-21 del 17 de agosto de 2012 que “toda medida legislativa o administrativa debe ser consultada cuando ésta afecta la propiedad, uso u ocupación, y/o explotación de los recursos naturales, en este caso de los marinos, que hace parte del hábitat de los pueblos indígenas, y el Estado debe garantizar el ejercicio de ese derecho”.

A pesar de las directas y contundentes posiciones de estas instituciones estatales, el Ministro de Economía continúa dando una interpretación equivocada y mañosa del Convenio 169 de la OIT, llegando incluso a afirmar que es la Ley Lafkenche la que debe regular los temas de los recursos marinos para los pueblos originarios.

De manera arrogante y autoritaria afirmó a Radio del Mar que “Ellos tienen una Ley de la cual yo tuve en el senado el voto que permitió que se aprobara la Ley Lafkenche. No corresponde la consulta cuando es una regulación de carácter nacional de un sector de la economía. Si fuera una Ley que afectara directamente a los Pueblos Originarios, tendríamos que hacer la consulta. Por lo tanto aquellas materias propias del sector pesquero para los Pueblos Originarios las tenemos que resolver dentro del marco de la ley Lafkenche y no dentro del marco de una regulación general”, aseguró Longueira.

Frente a las palabras del ministro y principal impulsor de esta ley que intenta entregar de manera gratuita y a perpetuidad los recursos pesqueros a siete clanes familires industriales, los dirigentes de los pueblos originarios reaccionaron de inmediato repudiando la interpretación de Longueira.

Rechazo de los Pueblos Originarios

Respecto a la declaración de Longueira acerca de que los temas pesqueros para los Pueblos Originarios deben ser abordados por la Ley Lafkenche, Sergio Millaman, del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche afirmó que “el ministro habla desde la ignorancia, la Ley Lafkenche regula el acceso a la administración espacios costeros, pero no regula el acceso a los recurso hidrobiologicos. La Ley Lafkenche, junto con el Convenio 169 reconocen los derechos de los pueblos indígenas al mar y sus recursos, la Ley Longuiera y su tramitación inconsulta, violan estos derechos”.

Millaman agregó que “la Ley de Pesca, debe ser consultada, la privatización de los peces vulnera el derecho de los pueblos indígenas al desarrollo económico, a la realización de sus actividades tradicionales de subsistencia y al acceso y protección de los recursos existentes en sus territorios, derechos consagrados en los artículos 6, 15, 17, 22, 27 y 28 del Convenio 169 de la OIT y en la declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”.

El no respetar la obligación de consultar, vulnera el derecho el derecho de igualdad ante la ley, constituye un acto flagrante de discriminación y racismo hacia los pueblos indígenas, que vulnera el estado de derecho y compromete internacionalmente a Chile.

Pero existe además jurisprudencia internacional respecto a la obligación de los Estados de realizar este tipo de consulta a los Pueblos Originarios. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanoos señaló en su última sentencia de junio de este año (Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245) que los Estados tienen “la obligación de consultar a los Pueblos Indígenas sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos reconocidos en la normativa interna e internacional, así como la obligación de asegurar los derechos de los pueblos indígenas a la participación en las decisiones de los asuntos que conciernan a sus intereses está en relación directa con la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Interamerica de Derechos Humanos(artículo 1.1).”

Para Millaman “es un hecho indesmentible que para los pueblos Rapa-Nui, Kawesqar, y las identidades territoriales del Pueblo Mapuche (Mapuche-Lafquenche y Mapuche-Huilliche), el mar está integrado a sus territorios ancestrales y actuales y practican actividades de extracción de recursos hidrobiologicos como parte de sus actividades tradicionales, por tanto esta ley debe ser consultada, sobre todo porque esta ley que impulsa el ministro longueria busca consolidar un modelo extractivo que está despojando de los recursos pesqueros a los pueblos indígenas”