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Para hoy a las ocho de la mañana, en el Tribunal Oral de la ciudad de Ovalle, estaba presupuestado el inicio del juicio en el cual la Fiscalía y Minera Los Pelambres buscarán demostrar que cuatro abogados y un dirigente de la localidad de Caimanes se concertaron para conseguir dinero de la compañía a cambio de entregar su aprobación al tranque de relaves El Mauro, de su propiedad.
Los cargos que se les imputan a estas personas son prevaricación, suscripción engañosa de documentos, asociación ilícita y desórdenes públicos.
Este proceso ha despertado gran expectación no sólo local sino también nacional, pues según estimaciones este litigio, que data del año 2008, podría transformarse en uno de los más largos en la historia de la zona. Esto, pues se considera la intervención de más de 200 testigos, entre los que se cuentan ejecutivos de la empresa minera, expertos ambientales, abogados, pobladores, autoridades, funcionarios públicos y policías.
Cabe recordar que en el año 2003 la minera inició la tramitación medioambiental del tranque El Mauro, que requería para la operación de sus faenas. Tres años después la Corte de Apelaciones falló en contra de empresa, poniendo en jaque sus operaciones futuras.
Ante ello, en mayo de 2008, Minera Los Pelambres llegó a un acuerdo extrajudicial con los dueños de los terrenos donde se emplazaría el tranque y los habitantes de Caimanes. Esto implicó una suma de 23 millones de dólares, 18 de ellos para Víctor Ugarte, dueño de las tierras y 5 millones de dólares para 117 habitantes de la comunidad.
Sin embargo, posteriormente una parte del pueblo manifestó su desacuerdo con este procedimiento, generando con ello una serie de acciones judiciales cruzadas, que se estiman en más de una treintena.
Esto llevó a que en agosto de 2009, Minera de Los Pelambres se querellara contra los abogados y el dirigente social que lideraron este movimiento, hecho que deriva en el juicio que se iniciará el día de hoy.
Según la postura de la minera, los ilícitos fueron cometidos con la finalidad de engañar a los pobladores de Caimanes y obtener un provecho económico de diversas acciones interpuestas con el objeto de paralizar la operación del tranque. Algo que ha sido rechazado por los abogados y por la misma comunidad.
Para este proceso se espera que concurra gran cantidad de público, por lo que se informó que se han tomado las medidas necesarias y se habilitará una sala especial en el Juzgado de Garantía de Ovalle.