Quédate en casa…sin energía

En esta emergencia sanitaria, se ha discutido sobre la importancia del acceso al agua para combatir el COVID-19. Sin embargo, ¿qué pasa con el acceso a la energía en tiempos de pandemia? ¿Qué tan fácil es decir #quedateencasa si hay hogares que no logran alcanzar un confort térmico para tener un mínimo de bienestar durante las 24 horas del día?

De acuerdo a un estudio de la Red de Pobreza Energética y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, al año 2019 un 66% de los hogares tenía problemas de eficiencia energética asociado a las condiciones de aislamiento en la construcción de sus viviendas. En este mismo estudio se menciona que cerca de un 21% de las personas pasan frío al interior de sus viviendas durante los meses de invierno y un 22,6% de los hogares tienen excesivos gastos en energía que restados a sus ingresos y resto de costos de vivienda, los deja bajo la línea de la pobreza.

En la cuarentena las personas pasan más tiempo en los hogares y por lo tanto utilizan más los servicios energéticos como calefacción y electricidad. Con ello la importancia de contar con un acceso equitativo a una energía de calidad ha aumentado exponencialmente durante la pandemia por COVID-19.

El computador para las clases online o teletrabajo, agua caliente para uso sanitario o cocinar alimentos, son uno de los muchos servicios que día a día brinda la energía en estos tiempos en donde los gastos en el ámbito energético se incrementan al mismo tiempo que aumenta la condición de interrupción laboral y cesantía en las viviendas. Este hecho implica, entre otras cosas, un aumento en la brecha entre los ingresos y los gastos mensuales por uso de energía, y una notable dificultad para pagar las cuentas mes a mes.

A lo anterior se suma el caso de la calefacción que corresponde al 56% de consumo energético de las viviendas a nivel nacional, y especialmente en la zona sur representa el 81%. En este contexto, las personas viéndose privadas de ingresos para pagar un sistema de calefacción limpio como la electricidad, pueden recurrir a la quema de combustibles fósiles de bajo costo y altamente contaminantes, dejándolos expuestos a condiciones deficientes y altamente preocupantes en lo que refiere a contaminación intradomiciliaria, hecho que no hace más que aumentar su vulnerabilidad a sufrir y agravar enfermedades respiratorias, como el coronavirus.

Es clave que el Estado se haga cargo de esta realidad que está pasando en los hogares de Chile pues ¿qué clase de bienestar o cuidado podemos hacer cuando no tenemos energía para mantener abrigada una casa mientras cuidamos a un contagiado por COVID-19? ¿Qué pasa en los campamentos donde casi un 50% de las viviendas está conectada ilegalmente a la electricidad, aumentando el riesgo de accidentes y electrocutación? ¿Qué hacemos con el estrés económico en que hemos puesto a familias empobrecidas que ni siquiera van a poder optar a servicios básicos de calidad?

La energía debe estar al servicio de las personas y pensarse como una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, con ello debemos hacernos cargo de las inequidades en el acceso a la energía que han sido el resultado de la mercantilización de los bienes y servicios energéticos.

Contar con alimentos, con agua y con energía es básico para el desarrollo de un ser humano y son derechos que el Estado debe garantizar hoy más que nunca. Ya se ha avanzado en llevar agua a quienes no poseen, y se ha establecido la campaña de la caja de alimentos  – con todas sus críticas asociadas- , pero en temas de otros servicios básicos, como la energía, el Gobierno ha dejado en entredicho la constitucionalidad y planea vetar la moción parlamentaria que prohíbe el corte de servicios básicos y que busca beneficiar al 60% de la población más vulnerable, o a aquellos trabajadores que, mediante alguna declaración jurada manifiestan que sus ingresos han disminuido, así como también a quienes que se hayan acogido a la Ley de Protección al Empleo.

Esto se suma a la Ley 21.220 relativa al teletrabajo que establece que no se podrá obligar al trabajador a utilizar elementos de su propiedad y que los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del empleador. Las empresas debiesen reconocer entonces los gastos de la electricidad y calefacción de sus trabajadores, y no seguir cargándoles el costo de la pandemia a los trabajadores.

Necesitamos avanzar en dotar al Estado de mayores herramientas para que pueda hacer frente a estas situaciones. A su vez se requiere avanzar en políticas que reconozcan los vínculos entre los problemas sociales y energéticos, de manera que cuando hablemos de transición energética, además de referirnos a los procesos de descarbonización de la matriz, incorporemos los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales relacionados a la energía.  Esta es la transición energética que necesitamos, una transición que promueva un sistema energético más equitativo, menos concentrado, menos contaminante y más democrático que permita sustentar una sociedad justa.

Publicada en El Ciudadano