Chile al debe con el Acuerdo de Escazú

    El Acuerdo de Escazú, si bien resuena ahora dado que el gobierno de Chile ha decidido no firmarlo, la verdad es que tiene una historia de larga data que se encuentra fijada en la declaración de Río de 1992 en su principio 10, en donde se plantea que:

    “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” (ONU, 1992)

    Dicho principio es claro, los Estados deben hacerse cargo de la participación, la información y de los procesos de adopción de la decisiones e involucrar en la toma de decisiones a la ciudadanía que es la mejor forma de generar un equilibrio en la sociedad. Cuestión que en Chile no se cumple a cabalidad, lo que queda demostrado ante la falta de normas para la instalación de proyectos de inversión, generando zonas de sacrificio, contaminación de la aguas y la no protección de los activistas socioambientales.

    El Acuerdo de Escazú nace con el fin de operativizar el principio 10, una forma de vincular a los países en torno a dicho principio que ya cumple 28 años. Pero aún con su existencia, hemos tenido que ver cómo los Estados han continuado con la profundización de la oleada extractiva en la región y cómo numerosos activistas han pagado con su vida la defensa ambiental de sus territorios.

    Llegar a materializar el Acuerdo de Escazú, no fue una cuestión fácil. Esto se logró tras 6 años de negociaciones impulsadas por nuestro país en conjunto con Costa Rica, con el fin de profundizar la democracia, participación y justicia ambiental. Cuestión que fue puesta en riesgo por el gobierno actual, ante su negativa a firmarlo y echando por tierra el largo trabajo realizado. Además de poner en riesgo nuestra vocación diplomática de política exterior y cuidado de las relaciones internacionales, ante una negativa inentendible y la exposición a un papelón de marca mayor con el resto de los países de la región.

    Para que el Acuerdo entre en vigor en una primera etapa, se requiere de la ratificación del Acuerdo de parte de 11 países. Hasta ahora 9 países lo han ratificado, entre ellos Ecuador, Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, Uruguay y San Vicente de Granadinas. Otros países como Argentina y México han avanzado en el proceso de ratificación en sus respectivas legislaciones internas, por lo que aún trabajan en ello.

    Con el fin de que el país anfitrión de la COP25 demuestre de hecho su compromiso ambiental con la sociedad, es esencial que Chile ratifique en esta primera etapa. Porque ante la amenaza que significa la crisis climática y ecológica que tensionará aún más nuestra relación con el desarrollo, las inversiones y la visión antropocéntrica que se tiene de la naturaleza, la protección del medio ambiente no la hacen los estados por sí solo. La mejor vía es con la sociedad en su conjunto,

    Por último, firmar el Acuerdo de Escazú es un acto de vanguardia que nos permitirá generar un nuevo contrato social entre el Estado, la sociedad con la naturaleza y el cuidado de nuestro ecosistemas; y así darnos la posibilidad de recuperar zonas en donde la injusticia ambiental a primado pos del extractivismo voraz.

    Fuente: Decodificador