Paciencia que vale oro: el ingeniero que esperó dos décadas para hacer caja con el agua de la Patagonia

La historia del proyecto hidroeléctrico Los Maquis, emplazado en un sector de Aysén con emblemáticas cascadas, es un crudo ejemplo sobre cómo opera el mercado del agua en Chile, dice el autor. Según documenta, operaría con derechos de aguas que Enrique Valdivieso Valdés obtuvo entre 2001 y 2003, para complementar un proyecto hotelero y turístico, comprometiéndose a respetar el entorno y “el sustento de las comunidades”. Hoy, el proyecto hidroeléctrico entorpece el acceso al agua de pobladores y la ampliación futura del sistema de agua potable rural del pueblo.  La central es construida por Edelaysén. Valdivieso fue director de Sernageomín, gerente general de Enami y director de la Zona Franca de Iquique durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

A dos mil kilómetros al sur de Santiago la vida en Puerto Guadal, localidad de poco más de 400 habitantes a orillas del lago General Carrera, en Aysén, transcurre con tranquilidad.  Sus pobladores, en su mayoría descendientes de colonos, no saben que desde principios de la década del 2000, al menos, el empresario santiaguino Enrique Valdivieso Valdés ha buscado otro destino para uno de sus más emblemáticos atractivos: la cascada y los pozones del río Los Maquis.

Tal es su desconocimiento que, ingenuamente, a mediados de 2019 la Agrupación Gremial de Turismo local ideó diversas mejoras a implementar en los sectores de acceso a esos parajes. Mal que mal, según la legislación chilena, los ríos, cascadas y lagos son bienes nacionales de uso público. De hecho, sus dirigentes sostuvieron conversaciones con el propietario del terreno. No sabían que ya había otros planes para el sector.

Desde enero Edelaysén ejecuta, sin evaluación ambiental, el proyecto “Rehabilitación Mini Central Hidroeléctrica Los Maquis 2 x 500 kW” (1MW), que se presenta como el mejoramiento de una instalación ya existente.  Esta tesis ha sido aceptada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para el cual “es posible concluir que las modificaciones al proyecto propuestas no constituyen cambios de consideración[1]. Esto, en circunstancias que la generadora original operaba en los años 80 con una turbina de solo 380KW y previo a la legislación medioambiental.

Las obras, a cargo de OBE Chile por mandato de la eléctrica, han generado un fuerte cuestionamiento de una parte de la población.  El principal, que las faenas obviaron que la Ley de Bases del Medio Ambiente dice expresamente en su Artículo 10 letra p) que debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) todo proyecto en “áreas colocadas bajo protección oficial”. La central Los Maquis se construye dentro de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) Chelenko, por lo cual debió evaluarse con declaración o estudio de impacto ambiental.

La comunidad levantó una página en Facebook, ha concretado diversas movilizaciones y logró, a fines de junio, truncar las intenciones de Edelaysén de reiniciar en julio las faenas paralizadas a mediados de marzo producto de la crisis sanitaria. Mediante cartas y en una tensa reunión en la escuela local, decenas de vecinos y vecinas dejaron en claro que no aceptarían el ingreso de un centenar de trabajadores, la mayoría de ellos externos a la región.

Desde marzo se tramita una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente que ya suma más de medio centenar de personas, cuestionando a Edelaysén por eludir el SEIA, además de omitir información en la consulta de pertinencia ante el SEA. Por la misma fecha, ocho vecinos ingresaron ante este último organismo un recurso pidiendo la nulidad de la resolución mediante la cual se autorizó a la eléctrica iniciar obras sin evaluación ambiental.

Pero no es el único pendiente.

El 13 de noviembre pasado Inversiones El Chabunco, que como se explicará es heredera de los derechos de agua para la operación de la generadora, ingresó dos solicitudes a la Dirección General de Aguas (DGA) para trasladar los puntos de captación y restitución de sus dos autorizaciones originales[2], y cuyo usufructo entregó en 2018 a Edelaysén. Hasta hoy, tales traslados (tramitados bajo los expedientes VT-1103-8 y VT-1103-9) no han sido aprobados.  En la práctica, la compañía comenzó a construir sin contar con los derechos de agua que harían posible la operación de la central.

La jurisprudencia, tanto de la Dirección General de Aguas[3] como de la Corte Suprema[4], ha determinado que los traslados operan como nuevas solicitudes, incluyendo un nuevo análisis de caudal ecológico. Actualmente, solo los adjudicados en 2003 cuentan con un mínimo legal de 36 l/s, aunque la empresa ha comprometido dejar pasar 336 l/s extra para fines escénicos. Un acto que, de no existir una resolución en contrario de la DGA o una resolución de calificación ambiental que así lo determine, dependerá de la voluntad de la compañía.

El 3 de agosto de este año el Departamento de Agua Potable Rural de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) de Aysén informó, ante una solicitud vía Ley de Transparencia, que los derechos de agua de Inversiones El Chabunco han echado por tierra las posibilidades de un grupo de familias de acceder a agua para su consumo desde el río Los Maquis.  El organismo reconoció que existe una “demanda de pobladores que se encuentran en la periferia de la localidad y que no se encuentran conectados al sistema de agua potable rural (APR) de la localidad… una de las alternativas considerada deberá ser, evaluar al Río Los Maquis como alternativa para la instalación de una captación superficial”. 

Luego que la DOH realizara la consulta a la DGA, se le informó que “no existe disponibilidad para constituir derechos de aprovechamiento de agua sobre el Río Los Maquis, lo que limitaría la opción de evaluar la construcción de un sistema gravitacional que pueda abastecer a las familias del sector alto de Puerto Guadal y al propio sistema APR. Lo anterior implica que sólo será posible evaluar los costos de reevaluación del recurso desde el lago General Carrera, lo que podría volver inviable el proyecto[5].

Me excuso.

Como en una predecible mala película, ya revelé el final.  Porque la historia partió mucho antes. Hace dos décadas, al menos.

EL FUTURO ESTÁ EN EL AGUA

En enero de 2001 el ingeniero Enrique Valdivieso Valdés adquirió a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), mediante licitación pública[6], un total de 8,74 hectáreas donde se emplazan las antiguas instalaciones de una central hidroeléctrica que operó en el río Los Maquis.

Por aquella época Corfo era heredera de los últimos activos de la Empresa Minera de Aysén, creada en 1963. A su alero operó, en sus postrimerías, Mina Escondida, en las cercanías de Puerto Guadal.  Fue esta una fugaz faena de cobre de la francesa Comiplo, que funcionó en los 50[7].  Tras esporádicos intentos de reabrir, su último esfuerzo lo dio en 1984 bajo el control de Corfo, cerrando definitivamente en 1986[8]. En su última etapa la energía eléctrica la obtenía de la central hidroeléctrica Los Maquis, con una turbina Pelton de 380KW.

El predio fue registrado a nombre de Valdivieso en 2001[9]. Y también los 500 litros por segundo del río (constituidos en 1985 a favor de la Empresa Minera de Aysén[10]), incluidos en el paquete privatizador del gobierno de Ricardo Lagos[11].

Con esos activos en su poder (terrenos, instalaciones y 500 l/s permanentes y continuos), el ingeniero solicitó el 19 de julio de 2001[12] nuevos derechos de agua en el mismo sector: 2 mil l/s permanentes y continuos.  Luego de un análisis le fueron otorgados un promedio anual de 400 l/s permanentes y discontinuos (concentrados de octubre a diciembre) y 992 l/s eventuales y discontinuos (distribuidos irregularmente durante el año). El 20 de noviembre de 2003 la DGA emitió la resolución 647 materializando la propuesta[13].

La tramitación no fue fácil.

El 15 de noviembre de 2001 el director de la DGA de la época, Humberto Peña, envió un memorándum a la directora de Fronteras y Límites, María Teresa Infante, consultando su opinión sobre el requerimiento[14]. En su respuesta, del 21 de noviembre de ese año, la autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores contestó favorablemente “en el entendido de que el aprovechamiento de las aguas, como las obras que se construyan para tal efecto o las faenas de exploración, según el caso, no afectarán Áreas Silvestres Protegidas, ni causarán daño al medio ambiente dentro o fuera de ellas, como tampoco al patrimonio arqueológico y cultural del país ni al sustento de las comunidades que dependen de los recursos involucrados[15] (sin énfasis en el original).

La prevención no era casual.

En la declaración jurada que Valdivieso adjuntó a su solicitud afirmó que estos derechos “no comprometerán áreas silvestres protegidas y que fuera de dichas áreas no se causarán daños al medioambiente ni al patrimonio cultural o al progreso de la zona a sus pobladores, no se destruirán sitios arqueológicos y no se afectará la supervivencia de los poblados cercanos a los sectores involucrados[16] (sin énfasis en el original).

El 10 de julio de 2003, Peña consultó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la pertinencia de acceder a la entrega de los caudales solicitados[17]. En 1996 la Comisión Preventiva Central, mediante oficio 992/636, había recomendado a la DGA “que, en general, se abstenga de aprobar nuevos derechos de aprovechamiento no consuntivos, mientras no esté en vigencia un mecanismo legal y/o reglamentario, según corresponda, que asegure un adecuado uso de las aguas, a menos que se trate de proyectos específicos de interés general que así lo justifiquen[18].

Para resolver, el 26 de julio de 2003 el jefe el Área Eléctrica de la CNE Rodrigo Iglesias inquirió ante el requirente sobre su proyecto e intenciones.   Pasados 17 años, lo afirmado por Valdivieso en su respuesta dista bastante de lo que en definitiva ocurrió[19]:

La central Los Maquis junto al proyecto de hotelería busca beneficiar a la zona dando un auge turístico y tener en una misma mano el interés de mantener la cascada y al mismo tiempo aprovechar el recurso hídrico del río”.

Los derechos son estrictamente necesarios para la ampliación de la central y como soy el propietario de los terrenos circundantes donde estoy desarrollando un proyecto turístico, en que se aprovecha el paisaje de la caída de agua existente en el río Los Maquis, será una obligación el mantener el caudal del río, con esto el proyecto turístico se verá doblemente favorecido ya que no sólo podrá controlar el caudal sino que se evitará que en el futuro alguien disminuya el caudal bajo el límite mínimo permitido”.  

“Es por esta razón que el dueño de la central debe ser el mismo dueño del entorno ya que de esta manera se logrará la preservación de las caídas de agua que son un atractivo turístico de la zona”.

Y ofrecía un cronograma concreto: iniciar en 2003, terminar en 2005. Ante tales fundamentos, el secretario ejecutivo la CNE, Luis Sánchez Castellón, recomendó aprobar la solicitud. Con algunas salvedades:

Es menester señalar que la conclusión a que ha llegado esta Comisión en relación al proyecto hidroeléctrico analizado, supone la efectiva realización de este, en la forma y plazos propuestos.  En este orden de ideas, es recomendable -en nuestro concepto- que el Director General de Aguas, en caso de conceder derechos no consuntivos de aguas asociados al proyecto referido en lo procedente, establezca una fórmula jurídica que asegure el uso efectivo de los derechos concedidos, en el plazo y para los fines específicos y concretos que fueron solicitados[20].

En estas casi dos décadas, Enrique Valdivieso no desarrolló el proyecto energético, tampoco el hotel ni emprendimiento turístico alguno. Y la DGA, en contraste con lo que exigiera la CNE, nunca estableció “una fórmula jurídica que asegure el uso efectivo de los derechos concedidos, en el plazo y para los fines específicos y concretos que fueron solicitados”.

Lo más cercano a la “fórmula” fue la modificación del Código de Aguas de 2005, que estableció pago de patente por no uso de derechos. Sin embargo, aplica solo a los permanentes iguales o superiores a los 500 l/s promedio anual. En este rango solo calzan los derechos que para la DGA aún permanecen a nombre de la Empresa Minera de Aysén, por 500 l/s (transferidos a Valdivieso en 2001).

Sin embargo, y a pesar de haberse comenzado a aplicar el pago en 2010, a estos derechos solo se les exigió cancelar 14,43 UTM anuales (unos $ 650.000) recién en 2013 y hasta 2016. En circunstancias que hasta enero de este año no había obra alguna que diera cuenta del posible uso real actual del recurso[21] (se mantenían las antiguas, pero inutilizadas).

Por 15 años estos activos se mantuvieron intocados, sin utilizar. Hasta que con el ministro de Energía de Michelle Bachelet, Máximo Pacheco, llegaron aires de cambio a favor de las energías renovables. El 2 de marzo de 2017 Enrique Valdivieso Valdés y Eugenio Valdés Covarrubias constituyeron Inversiones El Chabunco SpA.  El primero, como representante legal de Inversiones Puerto Guadal. El segundo, como representante legal de Inversiones Los Maquis.  Como suplentes quedaron sus respectivos hijos (Valdivieso Pérez, Valdivieso Puga).

Dentro de su amplio rango de objetos sociales está, precisamente, la “compra, venta arrendamiento, subarrendamiento, cesión del uso y/o goce a cualquier título de toda clase de bienes raíces o muebles, y de toda clase de derechos de aprovechamiento de aguas…”.[22]

A los dos meses (el 15 de junio), los derechos de aprovechamiento inscritos en 2001 a nombre de Enrique Valdivieso fueron vendidos por este a El Chabunco por un total declarado de 340 UF (unos 10 millones de pesos)[23].

Al margen de la escritura aparecen el usufructo y servidumbre eléctrica a favor de Edelaysén, inscritos en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico en 2018[24]. Perteneciente al Grupo Saesa –trasnacional canadiense propiedad de Ontario Teachers Pension Plan Board y Alberta Investment Management Corp–,  Edelaysén es la eléctrica monopólica que opera en Aysén.

UN PARÉNTESIS DE SERVICIO PÚBLICO

En los 15 años de espera Valdivieso no se paralizó.  Con el advenimiento del primer gobierno de Sebastián Piñera tuvo la oportunidad de dedicarse a la labor pública. El 20 de enero de 2011 el Mandatario designó al ingeniero civil mecánico como director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin)[25]. Su labor en esta función no lo alejó de la región de Aysén. A solo dos meses de asumido, visó la “Ampliación Proyecto Dagny” de la Compañía Minera Cerro Bayo Ltda., controlada por la canadiense Mandalay Resources[26] y que opera en las cercanías de Chile Chico.  La autorización tendría una validez de cuatro años.

Pasó poco más de un lustro y la faena se hizo tristemente conocida cuando a mediados de 2017 dos trabajadores quedaron atrapados en los túneles de la Delia 2 (nombre público del yacimiento), tras sufrir una inundación al ceder sus paredes y vaciarse en sus galerías la laguna adyacente.  Los cuerpos de los mineros nunca fueron encontrados.  Por este hecho la compañía paralizó sus operaciones y fue sancionada por los organismos fiscalizadores.

A raíz del accidente, la autorización suscrita por Valdivieso en 2011 fue sujeto de escrutinio público.

En julio de 2017 The Clinic relató que “durante el mandato del hoy candidato presidencial de Chile Vamos, Compañía Minera Cerro Bayo Limitada obtuvo los permisos para echar a andar su proyecto minero y casi dos años después le compró a Inversiones Bancard S.A. -una empresa que pertenece en un 50% al family office del expresidente-, un terreno contiguo de 662 hectáreas”, agregando que los permisos “fueron firmados por el entonces director nacional de Sernageomin, Enrique Valdivieso Valdés, quien al año siguiente renunció para asumir como gerente general de Enami.  En esa época el ministro de Minería, superior jerárquico de Sernageomin, era Laurence Golborne, formalizado por delitos tributarios”.

En Enami, donde llegó en enero de 2012, Valdivieso duró poco.  Renunció el 1 de abril de 2013[27], para asumir el 25 de julio de ese año en el directorio de la Zona Franca de Iquique para cubrir la vacante dejada por Ignacio Briones Rojas[28].  El actual ministro de Hacienda.

De regreso al sector privado, Valdivieso mantuvo sus vínculos con sus antiguos superiores.

En el marco de la investigación del caso Penta por corrupción política y evasión de impuestos, donde el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner fue formalizado por “lavado de activos, delitos tributarios y cohecho”, el ingeniero civil testificó a favor de su ex jefe el 25 de febrero de 2015[29].  Así quedó consignado en la formalización que realizó la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

SUEÑOS LOCALES, NEGOCIOS NACIONALES

Hoy resulta inexplicable que Edelaysén haya avanzado en la construcción de la central hidroeléctrica sin contar con los derechos de agua ni la autorización para la bocatoma (en trámite bajo el expediente VC-1103-7) necesarios para materializar la iniciativa. Y que nuestra institucionalidad ambiental lo permita.  Una apuesta que puede complejizarse si, en definitiva, la DGA rechaza ambas solicitudes o modifica sustancialmente los caudales de forma que sea inviable la operación del proyecto según lo planificado.

Hace pocos días el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, Léo Heller, señaló que “el gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud”.

Por ello, el 25 de agosto un grupo de vecinos, junto a las corporaciones Costa Carrera y Codesa, ingresaron escritos ante la DGA solicitando que en los traslados evalúe nuevos caudales ecológicos y que incluso considere reservas excepcionales para asegurar el consumo humano y la protección de los ecosistemas, según permite el Código de Aguas pero supeditado a la voluntad del Presidente de la República. Requieren, asimismo, aforos reales, dado que las proyecciones sobre el río Los Maquis se basan en campañas de los años 1997 y 1998, ajustadas mediante proceso de comparación con el caudal del estero El Baño, a unos 100 kilómetros de distancia, según se desprende del Informe Técnico 188 de la DGA de 2002[30].

Hoy, la eléctrica aguarda el término de la crisis sanitaria para reiniciar faenas.  Una nimiedad en comparación con las dos décadas que ha esperado Enrique Valdivieso Valdés para cumplir su sueño. Un sueño que, para la comunidad local, se puede transformar en la pesadilla de no poder acceder al agua y perder un ecosistema y paisajes con los que han convivido armónicamente por generaciones.

 (*) Patricio Segura Ortiz es periodista, integrante del movimiento Aysén Reserva de Vida y secretario de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa).Vive en las cercanías de Puerto Guadal.