¿Y la ministra de Medio Ambiente?: canciller Allamand notifica que el Gobierno de Piñera no firmará el Acuerdo de Escazú

    El canciller dijo ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la posición del Gobierno “no ha cambiado” y que “el acuerdo es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito”, indicó. “¿Para quién no es conveniente? ¿Para Chile o para las empresas contaminantes que reciben menos fiscalizaciones que una fonda en Fiestas Patrias?”, replicó el Champion de Escazú para América Latina y el Caribe, Sebastián Benfeld. Los dichos de Allamand además fueron rechazados por los senadores de oposición, mientras las comisiones de medioambiente de doce partidos, desde la DC al Frente Amplio, advirtieron que de “no firmar el acuerdo, el Gobierno debe hacerse cargo de las consecuencias que traería la falta de seriedad en sus políticas multilaterales”. Además, desde el mundo ambientalista interpretan el anuncio desde Cancillería como una clara señal del rol preponderante de RR.EE. respecto a esta temática medioambiental, relegando a la cartera de Carolina Schmidt a una función secundaria.

    Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el canciller Andrés Allamand ratificó la negativa del Gobierno de Sebastián Piñera de suscribir el Acuerdo de Escazú, el primer pacto latinoamericano que busca garantizar acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.

    Según notificó el ministro, la posición del Gobierno “no ha cambiado”. “El acuerdo, en opinión del Gobierno y como está planteado, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito”, indicó.

    Entre los motivos esgrimidos por el canciller, están las “vaguedades” que, a juicio del Ejecutivo, se presentan en algunos principios del acuerdo y la potencial judicialización que podría generar la suscripción del convenio.

    Según expresó el titular de RR.EE., están agotando las instancias para evaluar la conveniencia del acuerdo, viendo los casos comparados de los países vecinos y argumentos que se han dado –sobre todo en México y Perú– y analizando cómo cambiaría el acuerdo de Escazú las leyes ambientales a nivel nacional. “Estamos agotando, en estos días, el análisis de cuatro aspectos que van al fondo del debate”, indicó.

    El pacto, impulsado en un comienzo por Chile y Costa Rica, tiene como fecha para su entrada en vigencia el próximo 26 de septiembre y los países de la región tienen hasta ese día para ratificar su suscripción.

    Los dichos de Allamand fueron rechazados por los senadores de oposición. “Yo lo lamento, pero le quiero decir que más temprano que tarde Chile va a suscribir y ratificar ese tratado, eso se lo garantizo”, dijo el PPD Ricardo Lagos Weber.

    Mientras, el senador RD Juan Ignacio Latorre también cuestionó la postura del Gobierno, señalando que “los tratados de libre comercio sí son convenientes para Chile, pero los tratados de Justicia Ambiental no son convenientes para el país. Este Gobierno es una vergüenza”.

    Por su parte, el diputado de Convergencia Social Diego Ibáñez indicó que “las razones para no firmar son poco claras, confusas, no dejan satisfecho a nadie. El acuerdo de Escazú nos invita a democratizar la información ambiental, instalar mecanismos sólidos de participación ciudadana en proyectos que involucren impacto ambiental y aumentar la protección sobre las y los activistas ambientales en una región particularmente acechada por la persecución de liderazgos ecologistas”.

    “Escazú es más y mejor democracia. Mientras los demás países de la región adhieren, Chile los mira en silencio, ¿a qué le tiene miedo el Gobierno?”, cuestionó el parlamentario.

    Medio Ambiente relegado

    La declaración de Allamand es la última palabra del Gobierno, tal como adelantó ayer el subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo, ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

    En dicha instancia, convocada para “recibir a la ministra del Medio Ambiente, a fin que informe las razones por las que persiste la decisión adoptada por el Gobierno de Chile en cuanto a no suscribir aún el Convenio de Escazú”, se esperaba la presencia de la ministra Carolina Schmidt. Sin embargo, la discusión no pudo tener lugar, pues la secretaria de Estado se excusó, aduciendo motivos de fuerza mayor y en su reemplazo asistió el subsecretario.

    En la sesión, Naranjo hizo ver que la respuesta final la tiene el canciller Andrés Allamand, en su asistencia a la Comisión de RR.EE del Senado de este martes, pues es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que aconseja al Presidente en materias de tratados y acuerdos internacionales.

    Desde el mundo ambientalista interpretaron esto como una clara señal del rol preponderante de Relaciones Exteriores respecto a esta temática medioambiental, relegando a la cartera del Medio Ambiente a una función de asesoramiento técnico sin potencial de decisión en relación con el tratado.

    En tanto, el Champion de Escazú para América Latina y el Caribe, Sebastián Benfeld, cuestionó la actitud del Gobierno y dijo que “durante la sesión de hoy el ministro señaló que la firma de Escazú no es conveniente. ¿Para quién no es conveniente? ¿Para Chile o para las empresas contaminantes que reciben menos fiscalizaciones que una fonda en Fiestas Patrias? Los jóvenes ya nos cansamos de los abusos ambientales y de que se sigan priorizando los negocios de unos pocos por sobre las vidas de muchos”.

    “Estamos a menos de 20 días de que termine el plazo final para firmar, hay poco tiempo, pero hay tiempo, y ese tiempo es: ahora. Espero que el ministro recapacite y se comprometa con una transición justa y transparente, firmando el Acuerdo de Escazú hoy”, explicó a El Mostrador.

    Declaración opositora

    En tanto, mediante una declaración pública, las comisiones de medioambiente de doce partidos de la oposición, desde la DC al Frente Amplio, solicitaron al Ejecutivo que suscriba el pacto.

    Asimismo, señalaron que de “no firmar el Acuerdo, el Gobierno debe hacerse cargo de las consecuencias que traería la falta de seriedad en sus políticas multilaterales”.

    “El Acuerdo de Escazú viene a saldar una deuda de justicia con la ciudadanía que cuida del medio ambiente, a protegerla y a garantizar sus derechos”, y acusan que esta es “la última oportunidad que tiene este Gobierno de demostrar su compromiso en la defensa de los derechos a la participación de la ciudadanía y liderazgo internacional en la crisis climática y ecológica”, sostienen.

    Igualmente mencionan en el escrito que Latinoamérica se ha constituido como “la región más peligrosa del mundo para ser activista medioambiental, donde más de 200 personas fueron asesinadas en 2019”, destacando el caso de la activista Macarena Valdés. Frente a esto, aseguran que el pacto de Escazú viene a reforzar “la protección de los dirigentes sociales y ambientales, la autonomía y participación de la ciudadanía”.

    Firman la declaración Convergencia Social, Revolución Democrática, Fuerza Común, Partido Comunes, Partido Liberal, Partido Federación Regionalista Verde, Partido Comunista, Partido Progresista, Democracia Cristiana, Partido Radical, Partido Socialista y Partido Por la Democracia.

    Fuente: El Mostrador