Impuesto y marco jurídico: Lo que falta para acelerar la descarbonización de Chile

Pese a que 2020 fue un buen año para las energías limpias, falta por avanzar para ser un país carbono-neutral. El 2020 fue un año de avances en el plan descarbonizador de la matriz energética impulsado por el gobierno. En la última medición de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la generación a carbón bajó de 37% a 35% y sumó un descenso de cerca de cinco puntos en cinco años.

Mientras que la participación de las plantas de energías renovables como solares y eólicas subió a un 14% de la matriz, más que triplicando los gigawatts generados hace un quinquenio. Si se suma la hidroeléctrica, la cifra llega al 41%. Y las futuras inversiones pretenden llevar ese porcentaje al 70% para el 2030: de los US$28 mil millones que comprende la cartera de proyectos del Ministerio de Energía, el 98% corresponde a renovables. 

Estos avances han sido posibles por la baja en los costos de producción de energías renovables no convencionales (ERNC), la llegada de inversión extranjera y las ventajas competitivas del país para producir energía sobre la base de la radiación solar y el viento. Todos estos factores dejan a Chile bien ubicado para cumplir la meta de carbono-neutralidad en 2050.

Pero los expertos explican que hay dos variables que podrían acelerar el logro de este objetivo.

Pese a que reconocen que las posibilidades de avanzar topan con la necesidad de mantener centrales de base que funcionen de manera más estable (y ahí el gas natural y el carbón seguirán siendo relevantes) y con que se requiere avanzar en infraestructura para la distribución de la energía generada por las ERNC, coinciden en que la inexistencia de un marco jurídico y una baja carga tributaria a las emisiones de carbón ralentizan la tarea.

Es la economía…

Alemania comenzó el 2021 aplicando una importante medida para acelerar la descarbonización de su matriz energética: aumentó su impuesto a las emisiones de CO2 hasta US$30 por tonelada. 

A la fecha y sin modificación desde el 2017, el llamado ‘impuesto verde’ en nuestro país es de US$5 por tonelada de CO2 emitido, cuatro veces menor que lo recomendado por el Acuerdo de París para 2020. Según un estudio del Banco Mundial, entre los países que aplican este tributo, el de Chile está entre los más bajos.

Para Juan Pablo Montero, doctor en Economía del MIT y académico de la UC, el impuesto es ‘ridículamente bajo’, mientras que corregir su valor es una de las vías más importantes para acelerar el paso a energías limpias. ‘Hoy tenemos tecnologías contaminantes como el gas, carbón y petróleo, que no están incorporando todos los costos que deberían. Si colocamos los impuestos en los lugares y a los valores correctos, la descarbonización va a ocurrir automáticamente’, asegura el académico.

‘Siempre estamos evaluando alternativas para acelerar la transición energética, y los instrumentos económicos, como el impuesto verde’, dice el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. Aunque desde el Gobierno las prioridades en temas impositivos están radicadas en eliminar ciertas exenciones que revisa una comisión convocada por el ministerio de Hacienda.

Marco jurídico

Si bien la meta de la descarbonización de la matriz energética del país es clara, el proceso avanza sin un marco jurídico que lo ampare. Hasta ahora las salidas de las generadoras de carbón como Bocamina I y Tarapacá han ocurrido tras negociaciones bilaterales entre las empresas y el Gobierno, y mediadas por el Coordinador Eléctrico Nacional. En los que son las generadoras quienes fijan las condiciones y acuerdan con el Gobierno los mecanismos y plazos de los cierres de las centrales.

Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras Chile, explica que estos acuerdos bilaterales quedan sellados en contratos. Y que son todo el respaldo que se necesita. ‘Una vez firmado, es ley y la empresa no lo puede romper, porque afecta su reputación’, asegura.

Pero las firmas y compromisos no logran convencer a Jorge Andrés Cash, ex fiscal del Ministerio del Medio Ambiente, quien advierte que la descarbonización de la matriz ‘debe convertirse en una política de Estado a largo plazo, y con seguridad jurídica. Una medida tan relevante no puede sustentarse en un compromiso privado sin un sustento legal’.

Un primer paso en ese sentido es el proyecto de Ley de Cambio Climático que ingresó al Congreso en enero de 2020. Aprobada en general en el Senado, pero sin mayores avances en su discusión legislativa, la iniciativa busca establecer un marco jurídico que permita asignar responsabilidades específicas en la aplicación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, con miras en establecer los lineamientos para una política de Estado a largo plazo.

Para Carlos Barría, , jefe de la División de Estudios y Políticas de Energía, la moción llega a ‘institucionalizar los compromisos realizados desde el Acuerdo de París, estableciendo disposiciones específicas para cada ministerio y su campo de acción’.

Fuente: La Segunda