El «inexcusable retraso» de tres años de la Subsecretaría del Medio Ambiente en decretar zona de latencia por dióxido de azufre a Catemu

    A fines de mayo, la Subsecretaría del Medio Ambiente informó, con bombos y platillos, el ingreso a Contraloría de la declaratoria de latencia por S02 para la comuna de Catemu. De alguna manera, se celebró la pertinencia y oportunidad con que la autoridad ambiental ejercía su función, ya que, a partir de ese minuto, se iniciaría un largo camino para elaborar un Plan de Descontaminación para la comuna, que convive con la fundición de cobre de Chagres, principal emisora del gas tóxico, desde hace 104 años. Sin embargo, lo que la comunidad expuesta al dióxido de azufre no sabía, era que dicha declaración fue emitida luego que la propia Contraloría evacuara un demoledor informe contra la autoridad ambiental por retraso «inexcusable» y falta de «diligencia», pues las evidencias sobre la contaminación de Catemu databan desde hacía tres años y nada habían hecho. “El retraso significa una medida de desprotección, dado que las emisiones sulfurosas normalmente van aparejadas con otro tipo de contaminante, y eso forma partículas ácidas, que son muy dañinas, alteran y rompen las vías respiratorias”, aseguran expertos. La compañía minera Anglo American –propietaria de la fundición– no desconoce su responsabilidad en las emanaciones de S02, pero argumenta que «no es que nos estemos acercando peligrosamente al 100%, hoy estamos más cerca del 80%. Esa explicación faltó, decir que estamos aproximándonos a bajar del 80”.

    Hace algunas semanas, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) presentó ante la Contraloría General de la República (CGR) la declaratoria de zona latente por dióxido de azufre (SO2) –diario y anual– para la comuna de Catemu, en la Región de Valparaíso. La noticia tomó por sorpresa a la compañía minera Anglo American, que opera en Catemu la Fundición Chagres, principal emisora del gas tóxico. Pero no solo a ellos, la comunidad agrícola de Catemu también quedó sorprendida al enterarse que las emanaciones estaban muy cerca del umbral del peligro, por lo que celebró la pertinencia y oportunidad con que la autoridad ambiental decretó la zona de latencia de SO2, ya que, al menos, a partir de ese minuto se iniciaría un largo camino para elaborar un Plan de Descontaminación para la comuna que convive con la fundición desde hace 103 años.

    Lo que no sabía la comunidad es que los niveles de SO2 de una de las cuatro estaciones de monitoreo que tiene la fundición hacía por los menos 3 años que estaban en niveles preocupantes y que la declaración de latencia solo vino después que la propia Contraloría acusara a la Subsecretaría del Medio Ambiente (SMA) de una «lentitud inexcusable» para decretar zona saturada por (partículas) MP10 a las comunas de Catemu, La Calera, La Cruz, Llay-Llay y Quillota; y, específicamente, de latencia por SO2 a Catemu. En otras palabras, la autoridad ambiental demoró tres años para «hacer la pega».

    El pasado 11 de mayo, la Contraloría evacuó un informe de seguimiento al reporte de la Investigación Especial Nº9 de 2018 –que había detectado los peligrosos niveles de contaminación por dióxido de azufre–, en el que sostuvo que los organismos encargados de las políticas medioambientales, así como de gestionar los planes de descontaminación, mostraron una «lentitud inexcusable en su labor y falta de coordinación entre ellos» para desarrollarla. Y se dio 20 días de plazo a la SMA para tomar acciones e informar. Ese deadline se cumplió el 31 de mayo, mismo día del ingreso de la declaratoria, que con tanta publicidad la autoridad ambiental dio a conocer.

    “El retraso significa una medida de desprotección”, asegura Mauricio Ilabaca, presidente del Departamento de Medioambiente del Colegio Médico y exdirector del Sesma (1994-2000). “Sabemos que un lugar que está expuesto a contaminación permanente en el tiempo por sobre la norma, significa un riesgo de exposición que, en función de la cantidad de personas expuestas, va a haber una expresión de mayor cantidad de enfermedad conforme avanza el tiempo”, puntualiza.

    El epidemiólogo explica que “en este caso, las emisiones sulfurosas de dióxidos de azufre normalmente van aparejadas con otro tipo de contaminante, y eso forma partículas ácidas, que son muy dañinas, porque alteran y rompen las vías respiratorias, modificando la capacidad de defensa del aparato respiratorio, y permite la entrada de virus y bacterias y genera enfermedades, problemas respiratorios agudos, crónicos, como asma, bronquitis obstructiva. Entonces, tenemos una situación de sobremortalidad que puede estar ocurriendo por esta sobreexposición a partículas ácidas. Pero también puede haber otro tipo de partículas que pueden provocar problemas crónicos degenerativos, y son los ocasionantes de enfermedades como el cáncer”.

    *Ver informe de seguimiento al reporte la Investigación Especial Nº9 de 2018

    La latencia de Catemu

    Catemu es parte del Valle del Aconcagua, pero el humo contaminante de la chimenea de la Fundición Chagres, que data de 1917 y que ahora pertenece a la minera Anglo American, no es solo una nube que tapa la visión hacia los alrededores. Sus habitantes han visto por años que “los alambres, las estructuras metálicas, duran muy poco, porque hay lluvia ácida, ya que el contacto del SO2 con partículas de humedad en el aire se transforma en ácido sulfúrico y eso es un potente corrosivo, y estamos al lado del río Aconcagua”, relata Paola Rodríguez, vocera de la organización local “Catemu en Movimiento”.

    La defensora medioambiental agrega que “en Catemu, todo el mundo sabe que respiramos veneno, porque tenemos la chimenea ahí echando humo día y noche, aunque no es el único foco de emisiones, porque hay hartas mineras que se dicen pequeñas, pero no lo son. Estamos como acostumbrados a que en todas las familias haya personas enfermas de cáncer, con problemas respiratorios, cardiovasculares. Pero hay una relación un poco conflictuosa con las mineras y la fundición, porque ellos destacan mucho su rol de que son dadores de trabajo y prosperidad, y buenos vecinos que financian programas de ayuda, como vales de cilindros de gas en las juntas de vecinos como hace unos días”.

    Alex Galleguillos, doctor en Ingeniería Sanitaria y miembro de la organización ciudadana “Catemu con todos”, coincide en el diagnóstico: “Este es un tema gravísimo. Existe una ausencia total del Estado, es un notable abandono de deberes de parte de las autoridades. El informe de la Contraloría, en los primeros párrafos, habla de cuidar la salud de las personas, viviendo en un ambiente libre de contaminación, que es elemento básico establecido en la Constitución y un derecho humano a nivel internacional. Pero, además, la norma que existe en Chile es como de la Edad Media”.

    Falta de oportunidad de actuar de la subsecretaría (SMA)

    Entre muchas observaciones puntuales del Informe de Seguimiento señalado, contenidas en 23 páginas, la Contraloría observó que en relación con la declaratoria de zona saturada por MP10, “la Subsecretaría del Medio Ambiente (SMA) no adoptó con la debida diligencia las medidas instruidas para los procedimientos administrativos correspondientes, así como las coordinaciones necesarias con otros órganos de la administración del Estado y decretar oportunamente la declaración de zona saturada”.

    Establece que, si bien el 11 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial el decreto Nº107 de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente, que declaró zona saturada por MP10, “el procedimiento administrativo de declaratoria no fue instruido con la oportuna ni debida diligencia por parte de la SMA, considerando los requerimientos efectuados por parte de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso que databan, a lo menos, del año 2012”.

    Pero también esta resolución del órgano contralor destaca el manejo de los plazos e indica que “de acuerdo a los registros, la planificación indica que el proceso de declaratoria de zona latente y saturada por SO2 tenía como fecha estimada de término febrero de 2021 y para el proceso de formulación del anteproyecto y proyecto la fecha de término es agosto de 2022. Ambos no concluidos al día de hoy, prorrogado hasta abril de 2021 y una nueva solicitud de ampliación de plazo hasta diciembre de 2021, lo que ha hecho que no se cuente con una declaratoria de zona SO2”.

    Esto fue lo que determinó entonces que la CGR ordenara al Ministerio del Medio Ambiente concluir a la brevedad con el procedimiento y que adoptara las medidas necesarias para avanzar en la tramitación del plan de prevención y descontaminación ambiental, debiendo acreditarlo en 20 días hábiles. O sea, el 31 de mayo, como finalmente se concretó.

    Y lo que es peor. La “SMA contaba con informes de latencia desde el año 2009 que daban cuenta de la calidad del aire y no se había efectuado la correspondiente declaración de zona de saturación”, asegura Contraloría.

    El propio contralor, Jorge Bermúdez, el 7 de junio pasado, en su presentación ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado sobre las medidas en materia ambiental adoptadas por la CGR e Informe Final N° 280/2020 a la Superintendencia del Medio Ambiente, expuso estos datos y la situación de Catemu entre los casos que considera más graves. “Se constató que la Subs. M.A. no adoptó con la debida diligencia las medidas para iniciar los procedimientos administrativos y declarar, oportunamente, como zona saturada o latente, a las comunas de Quillota, Catemu, La Calera, La Cruz y Llay-Llay. Pese a que desde el año 2009 existía información sobre el monitoreo de concentraciones de calidad del aire de material particulado respirable MP10 que daban cuenta de que la norma primaria para dicho contaminante se encontraría en estado de saturación y/o latencia”.

    Victoria Gazmuri, seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, explica que “el documento emitido por Contraloría determina acciones correctivas del pasado y hoy, gracias a la gestión y liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente, hemos ido avanzando sustancialmente en aquello. Cabe señalar que para declarar una zona es importante el informe técnico de la Superintendencia del Medio Ambiente, que da cuenta del cumplimiento normativo, y para estimarlo se requiere tres años de mediciones generadas por las estaciones de monitoreo, para determinar si se supera o no la norma. En el caso de registrarse sobre 80% del valor de la norma, se da inicio a la declaratoria de zona según corresponda (saturada o latente) y posteriormente un proceso de elaboración de Plan de Prevención y Descontaminación, según corresponda”.

    Para el alcalde electo de Catemu, Rodrigo Díaz, quien asumirá el gobierno local el próximo 28 de junio, “el informe es claro, y lo que denuncia son irregularidades en la fiscalización de los organismos pertinentes medioambientales. Y en ese sentido, nos preocupa mucho, porque eran deficiencias que todas las ONG ambientalistas venían denunciando hace mucho tiempo. Este informe saca al pizarrón a la subsecretaria del Medio Ambiente, acusándola de no haber vigilado que se cumplieran los protocolos y/o acuerdos para la mitigación de la contaminación que se determinó en 2018, cuando se nos declaró zona saturada de PM10, esas medidas no se supervisaron, no sabemos si se aplicaron o no”, alega.

    A regañadientes 

    En cuanto a la Superintendencia del Medio Ambiente, en una de las láminas de la presentación usada por el contralor Bermúdez ante los senadores, se indicaba: “Se constató que la SMA (Superintendencia), a abril de 2018, y no obstante haber sido requerida por el M.M.A. (Ministerio), no había emitido los informes de evaluación del cumplimiento de las normas de calidad del aire de MP10 y de SO2”.

    Por eso muchos apuntan a que el escenario actual es responsabilidad de Estado y no solo de un Gobierno en particular.

    De hecho, el exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, manifiesta que “nuestro mea culpa es que no se decretó zona saturada (de PM10) a tiempo, no se entregaron informes o, como dice el informe, que no se coordinó debidamente para decretarlo. Entonces en 2018 Contraloría dice ‘cometieron este error’, y estábamos en ello, pero cambió Gobierno. Y ahí se decreta zona saturada, pero no se hizo la Resolución de Inicio, y al ver el expediente dice que en diciembre 2018 se declara zona saturada, se publica en 2019, pero la orden era de julio de 2018. Eso es una demora inexcusable. Lo obvio es que sean trámites complementarios, inmediatos el uno del otro”.

    “Acá hay una responsabilidad de la superintendencia, que hace esto a regañadientes. Ya pasó la situación de Puchuncaví, en donde la Corte Suprema dictamina que simplemente no se estaba haciendo cargo de las atribuciones que se le entregaron. Porque la superintendencia está armada para hacer resoluciones de calificación ambiental, pero en manejar datos y ver saturación, aunque ha ido mejorando, hay problemas”, concluye Mena.

    Con tirabuzón o no, lo concreto es que cuatro días después de la entrega de este informe de seguimiento hecho por Contraloría, la Superintendencia del Medio Ambiente notificó el levantamiento de 10 cargos contra la Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero, que tiene el proyecto Mina Uva, localizado en la comuna de Catemu, y el 31 de mayo salió la declaratoria de latencia por SO2 en la zona por parte de la subsecretaría.

    Sin embargo, ya no hay credibilidad, precisan en la zona. Paola Rodríguez, de «Catemu en Movimiento», plantea que, “como vecinos, sentimos que ni siquiera en estas declaraciones de latencia podemos confiar tanto, porque las estaciones de monitoreo son de Anglo American –responsable de las estaciones Catemu, Lo Campo, Santa Margarita, Romeral y El Arrayán–, y ellos deciden en qué lugar se ubican geográficamente. Hay ausencia total del Estado. ¿Por qué tenemos que confiar en los datos que entrega la misma empresa? ¿Tenemos que confiar a ciegas?”, cuestiona.

    El superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de La Maza, asume que “estos informes demuestran vulnerabilidades de nuestra institucionalidad, por cierto. En este caso muestra que el procedimiento, que en este informe se enfoca a la comuna de Catemu, pero es un tema que aplica a muchas comunas en todo el país, habla de tiempos de tramitación para la declaración de zonas saturadas, que es una obligación del Ministerio del Medio Ambiente, que muestran retrasos. Y en el caso de Catemu, lo que faltaba era la declaración de zona de latencia por SO2, que felicitamos haya sido ingresada hace unos días. Pero estos hechos son bastante antiguos”, recalca.

    De La Maza también asegura que “desde que asumimos (en diciembre de 2019) vimos esta dificultad con los informes de la superintendencia, en lo que tiene que ver con evidenciar saturación o latencia, y buscamos una solución integral, que vino por dos vías. Primero, establecimos una instrucción general que obliga, tanto a empresas privadas como a organismos públicos que mantengan información de calidad del aire, a reportarla en línea a la superintendencia. Eso elimina las dilaciones que hubiera en el pasado en la entrega de información. Lo segundo es que estamos automatizando el procedimiento para sacar estos informes de calidad del aire, y romper esta lógica de priorización en que se abordaban de acuerdo a las capacidades de cada servicio. Estamos apuntando a una transparencia activa hacia la ciudadanía, para que pueda ejercer sus derechos, y conocer el estado del medioambiente y del aire que respira”.

    Pero insiste en que se necesita, además, que no solo se cuente con reportes de las empresas, sino una tercera parte que verifique que esta información es precisa y de calidad, para lo cual se está montando un laboratorio. “Esas son las capacidades que se requieren para hacer una gestión ambiental seria. Acá tenemos brechas, tenemos que mejorar, pero para eso se requieren buenas políticas públicas y los recursos adecuados para su implementación”, señala.

    Exposición nociva 

    Según indica en su prólogo el Quinto Reporte del Estado del Medio Ambiente 2019, preparado por el ministerio: “El año 2018, más de 9 millones de habitantes del país se encontraban bajo exposición de concentraciones promedio de material particulado fino (MP2,5) superiores a la norma, estimándose alrededor de 3.640 casos de mortalidad prematura por enfermedades cardiopulmonares, asociadas a la exposición crónica a este contaminante, entre otros impactos”.

    “Pero en ninguna parte del desarrollo del libro se menciona o sugiere un plan de acción para abordar ese tema. Y creo que el dato está subestimado. De hecho, el CR2 de la Universidad de Chile dijo que eran más de 4 mil. Entonces, que se muera esa cantidad de gente por la contaminación, y no perturba en lo más mínimo a la autoridad medioambiental, ¿en qué país estamos?”, se pregunta el biólogo Gerardo Guzmán.

    Y recuerda: “La contaminación no duele, y cuando de repente te gatilla una enfermedad, ya es tarde. Por eso veo que, donde hay claramente una política de Estado en Chile es en el ámbito medioambiental, nada cambia, independientemente del gobierno de turno. Y la población que vive en torno a una fundición de cobre lo pasa aún peor, porque hay una norma que es un traje a la medida”.

    Recalca esto porque, además del material particulado, las fundiciones emiten una cantidad alta de arsénico, mercurio. Y la norma de emisión para fundiciones publicada en 2013, documento sobre el cual se establecen las directrices, fue elaborado sobre la base de 11 criterios, y el número 1 es que la norma no puede poner en riesgo la viabilidad de las fundiciones de cobre.

    “Ese fue el primer criterio. Nada que diga que la gente no se enferme y muera producto de las sustancias tóxicas que elimina en cantidades muy altas una fundición de cobre. Ahí queda clarito para dónde va la cosa. En la Fundición Chagres la norma permite descargar 35 toneladas de arsénico al año, pero no tiene o adjunta el documento que indique que esa cantidad de arsénico en el Valle de Aconcagua es inocua, tanto para los cultivos como para el agua, o para la salud de las personas. No hay nada de eso. Es un escándalo, por decirlo de forma elegante. La vida de la población vale casi cero”, subraya Guzmán.

    El doctor Mauricio Ilabaca, por su parte, reitera que “si no declaras una zona como latente, estás omitiendo las acciones preventivas y protectoras. Eso significa dejar a la población circundante expuesta a no tener medidas de control que permitan proteger su salud. Lo triste es que nuestro país pretendió cumplir con una nueva institucionalidad, para intentar cumplir con los compromisos de la OCDE, y fue el gatillante de que Chile se apurara con esta modificación de la institucionalidad ambiental, que se suponía iba a dar solución a muchos problemas, y hoy estamos con los mismos vicios que existían antes: falta de voluntad y falta de interés. Y donde al parecer siguen primando los intereses de desarrollo económico por sobre el interés de proteger la salud de las personas”, plantea.

    Anglo American: «No están aumentando peligrosamente los niveles, vamos disminuyendo»

    Cuando el lunes 31 mayo el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ingresó a la CGR la declaratoria de zona latente por dióxido de azufre (SO2) diario y anual para la comuna de Catemu, la seremi del Medio Ambiente, Victoria Gazmuri, aseguró que “en relación a las principales fuentes emisoras de este contaminante presentes en la zona se identifica principalmente a la Fundición (de cobre) Chagres”, de Anglo American.

    René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente de la minera, considera que estos “son temas sensibles para toda comunidad, y efectivamente aquí ha habido una preocupación muy importante por parte de la fundición de ir cumpliendo con toda la normativa de emisiones que la regula y, por lo tanto, cuando se declara una medida como la de zona de latencia, sin dar el debido contexto e información adecuada a la comunidad, para que se interprete de manera correcta, ahí hace falta una mayor preparación de todos los actores involucrados”.

    La gerenta de Sustentabilidad de Fundición Chagres, Kattherine Ferrada, por su parte, dice que “entendemos lo relevante que es para la calidad del aire, somos una de las principales fuentes y no lo vamos a desmentir porque nuestro proceso genera SO2. Hemos invertido en los últimos diez años en procesos que nos permiten hoy decir a ciencia cierta que este año salimos de latencia de la norma diaria, y el próximo año de la norma anual. Porque no es que nos estemos acercando peligrosamente al 100%, hoy estamos más cerca del 80%. Esa explicación faltó, decir que estamos aproximándonos a bajar del 80”.

    «El decreto –agrega Ferrada– lo que hace es abrir un proceso normado y ordenado, incluido proceso de consulta ciudadana, todos pueden aportar antecedentes. Esto significa que en conjunto vamos a construir este Plan de Prevención, no de Descontaminación en el caso de SO2, y nos permitirá ver si las medidas que estamos tomando son las que permiten que este alejamiento siga y a salir a zona no clasificada», sostuvo la gerenta de Sustentabilidad.

    Fuente: El Mostrador