El proyecto hidroeléctrico que pone en riesgo el abastecimiento de agua en la capital de Chile

    Un «controvertido» contrato entre dos empresas podría agotar las existencias de agua previstas para abastecer a unos siete millones de chilenos.

    Chile se enfrenta a su peor sequía en más de medio siglo. Desde hace diez años el 72% de su superficie se encuentra en estado de escasez hídrica y 156 de 345 comunas presentan altas probabilidades de desertificación. Entre las zonas en riesgo hídrico se encuentra la capital de Chile, Santiago, ciudad en la que dos empresas privadas trabajan para sacar adelante un proyecto hidroeléctrico que pretende hacer uso de la ya escasa agua potable en la zona.

    Hoy, el 23% de los chilenos se abastecen del agua que proporciona el complejo integrado por el río Maipo y el acueducto Laguna Negra. Estas fuentes suponen casi un cuarto del agua potable de la vertiente occidental de Los Andes, lo que las convierte en las más importantes de Chile. A pesar de la situación de sequía por la que atraviesa la zona, la empresa norteamericana AES Gener S.A. -hoy Aes Andes- y Aguas Andinas -la empresa encargada del suministro en la ciudad- pretenden poner en marcha el proyecto hidroeléctrico de Alto Maipo.

    Ubicado al sureste de Santiago, el plan incluye la construcción de tubos para captar agua en distintas cuencas del Maipo. Después, se conducirían a través de un sistema de túneles de 70 kilómetros de extensión y dos millones de metros cúbicos de volumen hacia dos centrales eléctricas: Central Alfalfal 2 y Central Las Lajas. Al final del proceso, el proyecto contempla devolver el agua captada al río Maipo.

    En este sentido, la ONG Justicia y Reparación presentó esta semana una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo de esta denuncia es intentar salvaguardar el abastecimiento de agua potable de los más de siete millones de habitantes de la capital de Chile.

    Como se explica en el documento consultado por EL ESPAÑOL, las centrales pueden tener «graves consecuencias». En primer término, restará aguas prístinas a la cuenca para devolver, en su lugar, aguas con altas concentraciones de sedimentos, porque «llegarán irremediablemente enturbiadas» tras entrar en los túneles y generar electricidad en las centrales. Esto, recoge el texto, dificultará de manera significativa la producción de agua potable a partir de estos afluentes y dará lugar a riesgos de suspensión de servicios.

    Según lo expuesto, la ONG considera que el proyecto Alto Maipo degradará la calidad de las reservas estratégicas de agua cristalina de Santiago y, sobre todo, ante eventos de contaminación, turbiedad extrema o fallos estructurales de las obras de producción y distribución de agua potable.

    Obras del proyecto Alto Maipo. 

    Obras del proyecto Alto Maipo. No Alto Maipo

    Con esta medida cautelar, las partes denunciantes piden así a la CIDH que tramite en su totalidad este documento y disponga que el Estado de Chile suspenda el inicio de las operaciones del proyecto Alto Maipo, al menos de manera temporal por «el daño irreparable que el mismo representará para la vida, la integridad y salud de los habitantes de la cuenca del río Maipo».

    Además de esto, piden que ordene al Estado la creación de una mesa de trabajo integrada por autoridades públicas y representantes de AES Andes, Aguas Andinas y organizaciones de la sociedad civil a efectos de iniciar un diálogo sobre la protección y sostenibilidad de la cuenca del río Maipo.

    Un contrato «controvertido»

    El inicio de las operaciones estaba previsto para el mes de diciembre de este año, pero según cuenta a este periódico Mario Candia, abogado de Justicia y Reparación, el proyecto finalmente entraría en funcionamiento en el mes de marzo. Cuenta que hace tan sólo dos semanas, el tribunal ambiental de Chile aprobó el proyecto. Por este motivo, la ONG ha pedido recientemente a la CIDH que haga uso de la facultad que le confiere el artículo 25 de su Reglamento porque «la inmediatez del daño potencial no admite demora».

    Este artículo propone que en caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas.

    Candia asegura que tienen esperanzas con que finalmente se tomen medidas para evitar que este proyecto salga adelante. Sin embargo, reconoce que en Chile «hay problemas con la tramitación ambiental» y están a la espera de lo que decida hacer la Comisión. En esta misma línea, Juan Pablo Orrego, presidente de ONG Ecosistemas, cuestionó en un comunicado que «en Chile ha habido denegación de justicia constante respecto a Alto Maipo» y califica de «nefasto» y «arriesgado» el proyecto.

    Entre otras cuestiones, denuncian además la existencia de un contrato «controvertido». Según reza el documento de la medida cautelar, AES Gener S.A. firmó un contrato con la empresa Aguas Andinas para obligar jurídicamente a esta última a dejar de utilizar aguas cristalinas de la cuenca para la elaboración de agua potable a través de las tres potabilizadoras (Vizcachas, Vizcachitas y La Florida).

    Es decir, con lo acordado, Aguas Andinas, la empresa encargada de proveer de agua potable a la población de Santiago, se obligó a entregar a Alto Maipo parte de las aguas que administra. En el trato se ofrecían 2,5 metros cúbicos por segundo provenientes de Laguna Negra a cambio del 50% de la electricidad generada en las centrales.

    Un recurso que, como denuncian desde la ONG Justicia y Reparación, fue otorgado por el estado chileno a la empresa Aguas Andinas con un único propósito: proveer de agua potable a Santiago. Algo que se complica aún más en época de escasez. De hecho, el pasado 6 de agosto de este año, la empresa ya declaró una «alerta temprana preventiva» en los afluentes del Maipo. Como aseguró en su día, ya en el mes de agosto había «una profunda escasez hídrica que afecta a las principales cuencas de la Región Metropolitana».

    Así las cosas, la validez del contrato firmado por las empresas AES Gener S.A. y Aguas Andinas aún se encuentra sujeta a discusión en tribunales. Por este motivo, algunos como Nathalie Joignant, activista y portavoz de No Alto Maipo, insisten en la «inviabilidad» de este proyecto y remarcan a la CIDH la necesidad de tomar «cartas urgentes» en este caso tras haber agotado las vías nacionales.

    Fuente: El Español