El depredador crecimiento económico neoliberal, zonas de sacrificio y modelos de desarrollo: Desafíos urgentes en Chile

    El modelo económico chileno se ha basado mayoritariamente en el neoliberalismo que promueve un lucro insaciable de grupos económicos a costa de la depredación y sobre explotación de los territorios causado por industrias y actividades extractivas y energéticas, particularmente la minería, las forestales – celulosas, salmoneras, pesca y en energía, hoy, esta última, maquillada con el nombre de “hidrógeno verde”.

    Las formas e intensificación de dicho modelo es herencia de la dictadura militar y que fue administrado por gobiernos democráticos posteriores y que hoy se sigue proyectando, siendo un síntoma de ello el aumento explosivo en la expansión y crecimiento que pretenden grupos económicos de las industrias extractivas.

    En la actualidad los conceptos de crecimiento económico y desarrollo económico son objeto de frecuentes discusiones cuando se usan para caracterizar y calificar los cambios que se producen en la economía de un país.

    En este sentido, el indicador más utilizado para medir el crecimiento económico es el producto interior bruto (PIB), acuñado inicialmente por la economía estadounidense (hoy con un reconocimiento global), ha sido la referencia para medir el crecimiento de una economía, y esto debido a que dicho indicador se encarga de medir, de forma periódica, la producción de toda una economía durante un periodo de tiempo determinado.

    Sin embargo, muchos han sido los economistas que consideran que el hecho de que una economía crezca no quiere decir que esta se desarrolle, por lo que hay que establecer una clara diferencia entre crecimiento económico y desarrollo.

    Para La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en publicación de su revista N° 78, indica: “A nuestro juicio, el desarrollo humano es el objetivo central de la actividad humana y el crecimiento económico un medio que podría llegar a ser muy importante para promoverlo. Al mismo tiempo, los logros en materia de desarrollo humano pueden contribuir de manera decisiva al crecimiento económico. En consecuencia, hay que examinar dos cadenas causales distintas: una de ellas va del crecimiento económico al desarrollo humano, a medida que los recursos provenientes del ingreso nacional se asignan a actividades que contribuyen a este último; la segunda va del desarrollo humano al crecimiento económico e indica de qué manera el desarrollo humano, aparte de ser un objetivo primordial, contribuye a aumentar el ingreso nacional”.

    El crecimiento económico en Chile

    El actual modelo económico en Chile ha privilegiado a grupos económicos a través de la conformación de oligopolios para la operación de actividades, la privatización de recursos naturales a favor de sus intereses, tratados de libre comercio para sus exportaciones, subsidios estatales, desplazamiento de economías locales, degradación ambiental y en diversos lugares, empobrecimiento socio cultural.

    Dicho crecimiento ha inflado los números y en amplios territorios se ha justificado por las fuentes de trabajo que ofrece. Parte importante de los principales grupos económicos en América con mayores fortunas, se encuentran en Chile, entre ellos el grupo Luksic cuyas principales actividades se basan en la minería. También, Angelini, siendo sus principales actividades las forestales, celulosas, minería y pesca. Asimismo, el grupo Matte con forestales, celulosas y energía.

    Actividades económicas desaforadas a favor de grupos económicos como estos, han arrojado a amplios territorios a verdaderas zonas de sacrificio, con grave perjuicio al medio ambiente, a la salud pública, bienestar y patrimonios.

    Según Terram, las zonas de sacrificio, son sectores geográficos de alta concentración industrial, en los que se ha priorizado el establecimiento de polos industriales, por sobre el bienestar de las personas y el ambiente. Concepto acuñado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Las zonas de sacrificio son mayormente lugares de bajos ingresos, en los cuales se han instalado industrias declarando intenciones de desarrollo, además de mejoras en las condiciones de trabajo y vida para sus habitantes. Sin embargo, sus habitantes alegan que la contaminación ha degradado su salud y bienestar, además de deteriorar ecosistemas marinos y terrestres necesarios para su bienestar y desarrollo económico local.

    Dificultades y desafíos que tendrá el gobierno de Gabriel Boric

    El programa de gobierno de Boric, propone el tránsito hacia una nueva matriz productiva, sin embargo, reconoce que dichas medidas no son posibles en el corto plazo y que la primera prioridad del Gobierno debe ser generar empleos. “Lo haremos con una mirada de futuro que se haga cargo de la crisis climática y ecológica, así como del retroceso histórico en la inserción laboral femenina, y que de la mano de las micro y pequeñas empresas avance en la desconcentración del mercado”, señala.

    Entre los principales puntos de la gestión en economía, destacan:

    – Rediseño de los subsidios laborales con un fuerte enfoque en el trabajo femenino, y de los programas de cuidados.

    -Reactivación con las Mipymes.

    – Nuevo régimen de impuesto a la renta.

    – Reducción de exenciones a los sectores de mayores ingresos.

    – Impuestos a la riqueza.

    – Impuestos verdes.

    – Royalty a la gran minería del cobre.

    – Medidas contra la evasión y la elusión.

    – Financiamiento para el desarrollo y la innovación: Banca Nacional de Desarrollo.

    – Una minería para Chile con reducción de impactos.

    Más allá de estos planes, parte de las principales situaciones y dificultades que deberá enfrentar el gobierno de Gabriel Boric con respecto a los impactos causados por actividades económicas neoliberales, se relacionan con:

    -La ausencia del Estado y la urgencia de asumir planes de contingencia y garantizar y reparar derechos humanos en zonas de sacrificio como: Quintero, Ventanas, Puchuncaví; Mejillones, Tocopilla, Huasco, Coronel, entre otros.

    – La inexistencia de un plan integral sobre tratamiento de residuos domiciliarios e industriales en el País, con una severa crisis de la basura, gran parte producida por las mismas industrias y por el sobre consumismo de la ciudadanía.

    – La severa crisis hídrica que enfrentan cientos de miles de personas en territorios de gran parte del País y las dificultades frente a eso para la supervivencia y planes productivos.

    – La implementación (como parte de las oportunidades para transformar el modelo), de los diversos tratados y normativas relacionados con derechos humanos campesinos, pueblos indígenas, medio ambiente, cambio climático, entre ellos: Acuerdo Escazú, declaración ONU derechos campesinos y declaración ONU derechos indígenas. Tratados como el de derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, la resolución de octubre del 2021 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre: Derecho humano el vivir en un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.

    Las economías territoriales

    – La revitalización de las actuales redes de producción comunitaria campesina. El programa de Boric plantea como punto aparte de la economía la política rural y agricultura, indicando: “En línea de apostar por la descentralización y afrontar la crisis climática, la política rural debe contar con una mirada intersectorial y que apueste por la la transformación de los sistemas alimentarios, guiada por los principios de la soberanía alimentaria, hacia patrones más justos, saludables y sostenibles; centrado en los derechos de las personas que viven y trabajan en estos territorios; donde se garantice la conservación y resguardo de los ecosistemas y biodiversidad; que mejoren la calidad de vida, conectividad y accesibilidad; que promueva el resguardo cultural e identitario de estos territorios que han sido dejados en un segundo plano en la planificación territorial y económica del país”.

    La disgregación y el debilitamiento asociativo de sectores productivos rurales, la falta de una política de inserción campesina para abastecer de productos agrícolas a diversas instancias de interés público (hogares, escolaridad Junaeb, programas sociales, instituciones) y el mejoramiento efectivo de una política de agua rural, con usos eficientes y justa distribución, son parte de los desafíos que deberían involucrarse en este punto que es indicado por el programa de Boric y que es parte de la demanda de organizaciones campesinas.

    En el año 2015, diversas organizaciones vinculadas a los derechos campesinos, comunitarios y por la soberanía alimentaria, en una declaración de Chol Chol Mapu, indicaban: “Consideramos de interés público los espacios de encuentro, coordinación y convergencia para profundizar nuestros caminos de autonomía entre las diversas iniciativas y articulaciones que buscan proyectar, fomentar o fortalecer las economías propias, de acuerdo a los intereses y necesidades de quienes habitamos estos territorios, libre de intervencionismos y formas neo coloniales, rechazando a su vez, de manera activa, todo modelo de explotación, dominación y desigualdad, que atropellan los derechos de las personas y de la naturaleza”.

    También señalaron: “Alertamos sobre la extensión e invasión de diversas actividades dañinas que profundizan la crisis de la vida de los territorios, los ecosistemas, las culturas  y la soberanía alimentaria, como ocurre con la agroindustria, la industria forestal y sus plantaciones de monocultivo de especies exóticas como el pino y el eucaliptus, los proyectos energéticos como centrales hidroeléctricas y tendidos eléctricos, la industria salmonera y sus plantas de pisciculturas o la exploración minera que amenazan varias zonas de la denominada Región de la Araucanía (…) Establecemos como pilar fundamental en nuestra acción, la autodeterminación, como derecho matriz de lo colectivo, exigiendo a las diversas instituciones públicas y privadas el respeto a  la integridad cultural de nuestros pueblos, nuestras formas de economía, las semillas ancestrales y campesinas, las aguas, los bosques nativos, indispensables para  la mantención y proyección de nuestra soberanía alimentaria y medicina natural, que beneficia a todas las personas, en la existencia y bienestar para el presente y futuro”.

    La declaración suscrita por: Departamento de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Organización tradicional KiñelWitranMapu, Red de semillas libres Wallmapu, Red de ferias y mercados con identidad, Red de economía solidaria y organizaciones por la defensa de los territorios, señalaron: “Hacemos un llamado a seguir construyendo, intercambiando, proyectando y fortaleciendo nuestra autodeterminación y relaciones interculturales. De la misma forma, presentamos el desafío de seguir coordinándonos para el levantamiento de espacios de convergencia por la defensa de la vida y de  nuestros territorios”.

    Fuente: El Ciudadano