7 Tazas, modelo de privatización de nuestros parques nacionales

    El pasado fin de semana el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward junto a la subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, firmaron un convenio que entrega parte del Parque Nacional Radal 7 Tazas a manos de privados bajo el “nuevo modelo de concesión”, establecido en la Ley de Turismo (Ley 20.423 de 2010).

    Este traspaso, fue el trámite final  de  la licitación  realizada por el pasado gobierno para la realización de actividades turísticas  al interior del  único Parque Nacional que posee la región del Maule.

    “Las Bases Especiales de la Propuesta Pública para la Concesión de Uso Oneroso en el Área de Desarrollo de Turismo Sustentable, Parque Nacional Radal Siete Tazas. Región Del Maule” publicada en octubre de 2017 establece como objetivo de la licitación, la ejecución de proyectos turísticos, en forma compatible con los instrumentos de manejo y los objetos de conservación del área protegida, promoviendo el desarrollo socioeconómico local.

    También establece que tanto en la unidad 1 Radal, que comprende 2,74 hectáreas y la unidad 2 Siete Tazas, Parque Inglés y El Bolsón que comprenden 36,65 hectáreas, en el marco de la concesión se podrá hacer un uso máximo del 80% de la superficie otorgada, por 10 y 25 años respectivamente.

    La concesión  anunciada con bombos y platillos por el nuevo gobierno, fue justificada por  el ministro de Bienes Nacionales como una vía para  aprovechar el Parque Nacional  “entregar en concesiones territorios para poder ser bien aprovechados”.

    Mientras para la subsecretaria de Turismo , la concesión  sería una vía de inversión privada para poner los parques a disposición de la oferta turística: “entendemos que vía concesiones es que vamos a lograr que la oferta que viene de los privados responda a los estándares que nosotros como gobierno queremos darle a los turistas”, una visión que claramente es compartida con el gobierno anterior que dejó cimentada esta concesión, no obstante  alejarse  del espíritu de la creación y tipificación de las  áreas protegidas.

    Los parques nacionales forman parte del registro de Áreas Protegidas del Estado, establecidos por el Decreto Supremo Nº40 de 2013. En  el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental se define a las áreas protegidas como “porciones de territorio, delimitadas geográficamente y establecidas mediante un acto administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental”, por tanto su objetivo establecido legalmente es la protección y preservación de la biodiversidad y no el aprovechamiento como destino turístico, como señalan el ministro Ward y la Subsecretaria Zalaquett.

    Esta es la cuestión esencial que está hoy en discusión en el país, a propósito de las concesiones turísticas al interior de las áreas protegidas. Las áreas protegidas son espacios naturales prioritarios y representativos del patrimonio ambiental del país,  y han sido seleccionados por la sociedad en su conjunto y validados por los científicos, para garantizar la preservación de la diversidad de la vida animal y vegetal en condiciones de bienestar.

    Así como el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su preservación, la cual permite además la provisión de funciones y servicios ambientales para sostener a las sociedades humanas.

    Esto fue entendido a medias por la Presidenta Bachelet, quien en junio del 2014, ingresó el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con  el cual  se pretende completar la institucionalidad ambiental y mejorar las condiciones en la gestión y conservación de la biodiversidad de Chile.

    Sin embargo, a este proyecto de Ley no se le dieron las urgencias de tramitación necesarias, por lo cual hoy lleva más de 4 años en el Senado  y  se mantiene entrampado en la Comisión de Hacienda del Senado.

    El nuevo gobierno, hasta ahora, tampoco ha apurado  la causa y peor aún se ha mostrado ambiguo en su posición sobre quien quedará a cargo de la gestión de las áreas protegidas ¿el ministerio de Medio Ambiente o seguirán bajo el ministerio de Agricultura?

    Esta lucha feudal por el botín de las áreas protegidas, cuyo presupuesto es paupérrimo ha perjudicado la tramitación y se arriesga su fracaso si el gobierno de Sebastián Piñera no le pone urgencia.

    Lo que requiere el país es una buena ley que asegure la protección de la biodiversidad y las áreas protegidas y después se puede ver quien se hará cargo de su gestión, y con qué presupuesto.

    Lo que queda en evidencia hoy es la falta de voluntad política, del gobierno anterior y del actual gobierno para proteger, en serio, las áreas de mayor valor ambiental del país.

    Sorprende por ejemplo, la incoherencia  del gobierno pasado,  pues si bien se  destacó a nivel mundial por la creación de importantes parques marinos, por la  notable iniciativa de la Red de Parques de la Patagonia y la formulación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad, por otro lado inicia la privatización de terrenos dentro de las áreas protegidas, a traves de la licitación  de servicios turísticos mediante concesiones  de largo plazo.

    La concesión firmada la semana pasada por  Felipe Ward y Mónica Zalaquett, enajena territorios protegidos para servicios turísticos, sin esperar las regulaciones que establecerá la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para el desarrollo y la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas.

    Preocupa que no haya un informe técnico de CONAF (actual encargado de las áreas protegidas del Estado), que explique las razones para concesionar parte de un Parque Nacional a privados; que defina si se ajustan el plan de manejo del Parque y la concesión, la cual habla de mejorar la infraestructura, incrementar la oferta de servicios y potenciar la llegada de turistas, pero que en ningún caso se refiere a cómo asegurar la protección de esta área.

    También resulta incoherente que  en el contexto de la plena discusión del Proyecto de Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas que se supone establecerá o modificará las condiciones de administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se comience con este tipo de concesiones turísticas por 25 años, lo cual deja amarrada la forma de gestión del Parque 7 Tazas y eventualmente de otras áreas protegidas.   

    Las autoridades han justificado  el proceso concesional al interior de las áreas protegidas, argumentando  un modelo turístico sustentable y en pos del desarrollo socioeconómico local.

    Sin embargo, la licitación no permitió presentar propuestas al Comité de Amigos de la Naturaleza Radal 7 tazas, y no se informó, excluyendo manifiestamente a los habitantes locales que viven del turismo en esta misma zona, y que hoy reclaman con justa razón.

    El gobierno, debe priorizar el beneficio de las economías locales en aquellas áreas donde se localizan los Parques Nacionales y otras áreas protegidas, pues es la forma más segura, equitativa y sustentable de protegerlas.

    Pero también debe dar prioridad y urgencia a la tramitación al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pues es allí donde deben establecerse las condiciones para la adecuada gestión de los parques nacionales, (incluidas las condiciones para las visitas turísticas) y no en una Ley que tiene como objetivo solo promover la oferta turística.

    Fuente: Cooperativa