A cuenta de los usuarios: Senado entrampa proyecto que baja ganancias de eléctricas en US$1.200 millones

    Si de aquí a fines de diciembre no se aprueba la Ley Corta de Distribución Eléctrica, las empresas asegurarán otros cuatro años con el actual marco tarifario, evitando una rebaja de sus ganancias de US$1.200 millones. El monto equivale al costo total de la “agenda social” que impulsa el gobierno para aplacar las protestas. El debate está frenado por reparos de los senadores Provoste y Guillier, que piden cambios estructurales al sistema de distribución. Ambos han sido asesorados por el ex jefe de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero: el mismo que diseñó el cálculo de tarifas que se quiere modificar, y que inicialmente incluía los polémicos medidores inteligentes.

    Lea aquí la reacción de la senadora Yasna Provoste a este reportaje y aquí la respuesta de CIPER.

    Si el Congreso no aprueba la Ley Corta de Distribución antes de que finalice este año, las empresas distribuidoras de electricidad evitarán una rebaja de US$1.200 millones en sus ganancias, financiadas por las cuentas que pagan los usuarios. Esto, que va en sentido contrario de las demandas de la ciudadanía y de las políticas que se están implementando tras el estallido social de octubre, podría ocurrir debido a que la norma está entrampada en la Comisión de Minería y Energía del Senado y es probable que no alcance a ser promulgada en diciembre.

    CIPER revisó las actas de la comisión y pudo establecer que, principalmente, son dos los senadores que han empantanado el debate: Yasna Provoste (DC) y Alejandro Guillier (independiente opositor). Ambos han sido asesorados por Andrés Romero, ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el segundo gobierno de Bachelet, y quien en paralelo es socio de la consultora Valgesta, que presta servicios a empresas eléctricas que podrían verse beneficiadas con las ganancias que están en juego.

    Romero fue uno de los principales impulsores de los “medidores inteligentes”, que se instalarían con cargo a los usuarios (con un costo de US1.000 millones), medida que fue abortada tras la publicación de un reportaje de CIPER en marzo de este año (vea esa investigación).

    DICIEMBRE, EL PLAZO FATAL

    Las protestas que se iniciaron el mes pasado, empujadas por las alzas que han ahogado a los chilenos, obligaron al Presidente Sebastián Piñera a anunciar el martes 22 una “agenda social” con urgencia. La primera medida que envió al Congreso fue congelar la última alza de las tarifas de la luz (de 9,2%) que había empezado a regir a inicios de octubre. La iniciativa fue rápidamente revisada y aprobada por la Comisión de Minería y Energía del Senado.

    Sin embargo, en esta misma instancia descansa desde hace más de un mes la Ley Corta de Distribución, propuesta por el Ministerio de Energía y la CNE. Entre otros aspectos, la iniciativa busca disminuir entre dos y cuatro puntos porcentuales la rentabilidad asegurada a las empresas distribuidoras, que actualmente es de 10%. Además, pretende excluir a las compañías del proceso de cálculo de las tarifas.

    Con estas dos modificaciones, las distribuidoras dejarían de recibir unos US$1.200 millones de ganancias en cuatro años, monto que saldría directamente del bolsillo de los consumidores, con cargo a la cuenta mensual.

    Crédito: Migrar Photo

    Para hacerse una idea, la cifra equivale al costo total de la “agenda social” anunciada por Piñera para aplacar las protestas, según el cálculo informado por el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Por otra parte, la suma que deberá destinarse a las reparaciones del Metro (US$300 millones), es apenas un cuarto de las ganancias que obtendrían las distribuidoras eléctricas si se aplaza la discusión parlamentaria más allá de diciembre.

    La urgencia que le imprimió el gobierno al proyecto de ley –caratulado con discusión inmediata­– se debe a que su aprobación tiene que quedar lista antes de que se inicie el 2020. De lo contrario, las tarifas de distribución eléctrica que regirán por los próximos cuatro años, se calcularán con la actual tasa del 10% de rentabilidad asegurada y las empresas seguirán participando decisivamente en la definición de los precios. Esto es lo que provocaría que las compañías obtengan alrededor de US$1.200 millones en ganancias durante el próximo cuatrienio, de acuerdo con los cálculos que ha hecho el actual secretario ejecutivo de la CNE, José Venegas.

    Inicialmente, el proyecto fue aceptado transversalmente en la Cámara de Diputados y pasó al Senado en septiembre pasado. Ahora se encuentra bajo revisión de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, compuesta por Álvaro Elizalde (PS), Alejandro García Huidobro (UDI), Rafael Prohens (RN), Alejandro Guillier y Yasna Provoste.

    Tanto Provoste como Guillier, así como el gremio de las empresas distribuidoras y una consultora, han manifestado dudas respecto de la normativa, dilatando la discusión.

    LAS DUDAS QUE RETRASAN EL PROCESO

    A través de su oficina de comunicaciones, la senadora Provoste indicó que “existe transversalidad” en la comisión respecto a rebajar las ganancias de las empresas distribuidoras de energía. Los puntos en discusión, dijo, son otros dos. El primero, “que la Ley Corta no rebaja de forma importante las tarifas eléctricas, que fue su objetivo principal según lo planteado por el gobierno”. En todo caso, una rebaja más significativa ya se generó con la norma destinada a estabilizar el precio enviada por Piñera en medio de las protestas.

    El segundo punto, sostuvo la parlamentaria, es que la iniciativa tampoco “soluciona el fondo del deficiente sistema de distribución (…). Nuestra discusión con el gobierno es por su obsesión de sacar en un par de sesiones el proyecto, y no discutir a fondo algunos temas que pueden ser un grave perjuicio para la gente. Le vamos a bajar $300 o $400 a las personas en su cuenta, pero a cambio vamos a tener un peor servicio del que tenemos hoy”, agregó, aludiendo a que una rebaja en las ganancias de las compañías limitaría su capacidad de inversión en la mejora del sistema de distribución.

    Para evitar que esta preocupación entorpezca la tramitación de la Ley Corta, y que con ello las empresas aseguren otros cuatro años de ganancias millonarias a costa de los consumidores, el equipo de la senadora dice haber “planteado una serie de opciones al gobierno para incluir la rebaja en una Ley Larga, que sí introduzca modificaciones sustanciales al sistema”.

    En la oficina del senador Guillier informaron a CIPER que efectivamente estaba siendo asesorado por Andrés Romero y que una de las principales preocupaciones del parlamentario era revisar en detalle el proyecto, para no repetir lo que sucedió cuando se aprobaron los “medidores inteligentes” sin tener en consideración el impacto en los usuarios.

    El senador Guillier dijo a CIPER que le parece “un chantaje” que el gobierno insista en que debe aprobarse con urgencia la Ley Corta bajo el argumento de que, en caso de no hacerlo de aquí a fin de año, las empresas eléctricas obtendrían US$1.200 millones de ganancias con cargo al consumidor.

    Además, al igual que Provoste, el ex candidato presidencial aseguró que la rebaja tarifaria planteada en el proyecto “tendrá un impacto insignificante” en las cuentas de luz y que su interés está en reformar “el modelo completo” de la distribución de energía: “El sistema requiere de inversiones, y parece que la autoridad quiere ir en sentido totalmente opuesto”.

    “Yo tampoco quiero permitir un nuevo proceso tarifario de distribución bajo las actuales normas, pero creo que de aquí a 2020 hay tiempo suficiente para modificar el sistema, si es que el gobierno realmente quiere legislar sin letra chica (…) El proyecto de Ley Corta, definitivamente quedó corto y debemos ir ya a la modificación estructural del sector”, concluyó Guillier.

    El asesor Andrés Romero, por su parte, respondió por escrito las consultas formuladas por CIPER. Respecto a su vínculo con los senadores Provoste y Guillier, el actual socio de Valgesta afirmó que ambos “me pidieron hace unas semanas mi opinión –ad honorem– del proyecto de Ley Corta de Distribución, la cual se las entregué de manera personal el lunes 30 de septiembre. El mismo día el ministro (Juan Carlos) Jobet me invitó a su oficina para conocer mi opinión del mismo proyecto de ley”.

    Consultado por el contenido de aquellas opiniones, y sus principales aprehensiones con el proyecto, Romero señaló:

    Comparto el objetivo de reducir la tasa de rentabilidad de la industria de la distribución e introducir mejoras al proceso de tarificación de las compañías distribuidoras. Pero esta ley no lo hace de manera adecuada. Mi principal preocupación a esa fecha es que la Ley Corta no bajaba las tarifas de manera significativa en el corto plazo, y a su vez puede empeorar la calidad del servicio de suministro eléctrico (…) El Ministerio está preocupado para que la baja de rentabilidad se aplique en el próximo proceso tarifario, comparto esa preocupación, (pero) podemos buscar fórmulas para lograr ese objetivo sin renunciar a hacer una buena política pública”.

    Por último, el ex secretario ejecutivo de la CNE sostuvo que su labor “representa una opinión técnica independiente” y que “si el hacer consultoría en el rubro eléctrico impidiera dar opiniones, las cuales son una más dentro de las que se piden por parte de los senadores o el gobierno, inhabilitaría a todos los expertos del sector a participar del debate de políticas públicas“.

    VAD INTERPERÍODO

    Las tarifas que pueden cobrar las empresas por distribuir energía son fijadas por la CNE de forma cuatrienal, lo que se le denomina Valor Agregado de Distribución (VAD). Para definirlo, la CNE usa como parámetro los costos de una teórica “empresa modelo”, bajo el supuesto de que opera de manera eficiente en un escenario de competencia ficticio.

    La definición de esas tarifas queda a cargo de un consultor externo, a través de un estudio que es licitado por la CNE. Luego, las cifras son contrastadas con las que presentan las distribuidoras, que realizan sus propios estudios de costos. El resultado es un informe técnico que se construye sobre la base de coeficientes: dos tercios para las cifras de la CNE y un tercio para las de las empresas.

    La Ley Corta de Distribución propone eliminar este proceso y establecer un único estudio de costos a cargo de la CNE. En este escenario, las empresas pueden hacer observaciones a las bases de licitación y si existen discrepancias, podrían acudir a un “panel de expertos que deberá aprobar la propuesta de la CNE o los reparos de las compañías, pero no buscar un punto medio.

    Esta modificación busca que las firmas no presenten sus propuestas con números inflados. En marzo pasado, para el reportaje sobre los medidores eléctricos, la ex directora subrogante de la CNE, Carolina Zelaya, dijo a CIPER que las distribuidoras “tratan de que sus precios sean los más altos posibles y nosotros tratamos de bajarlos, pero la verdad es que hay incentivos súper perversos”.

    Cuatro días antes del término del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el 7 de marzo de 2018, el VAD anotó un cambio inédito ampliamente favorable para las empresas: el Ministerio de Energía promulgó el decreto supremo 5T, que estableció un nuevo cálculo tarifario en medio del cuatrienio. Se le denominó VAD Interperíodo, y fue la primera modificación tarifaria de distribución fuera del plazo que estableció la Ley General de Servicios Eléctricos. Su origen es un acuerdo unánime entre las empresas distribuidoras y la CNE –entonces dirigida por Andrés Romero–, que pactó un nuevo estudio de tarifas.

    Además de incluir la implementación de los cuestionados “medidores inteligentes” con cargo a los clientes, el VAD Interperíodo “amarró” un aumento de tarifa cercano al 20% en la distribución de energía, en circunstancias que un 9% ya es considerado como un éxito entre las distribuidoras. Esta alza se aplicó únicamente al ítem de distribución, que compone el 20% total de la cuenta de electricidad que paga el consumidor (el resto se divide entre generación, 70%, y transmisión, 10%).

    La tramitación exprés de este decreto se efectuó mientras la CNE estaba a cargo de Andrés Romero, quien en abril de 2018, a un mes de que el Ministerio de Energía dictara dicha medida, ingresó como socio director a la empresa consultora Valgesta, que presta servicios a representantes gremiales del rubro (como la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA) y a grandes generadoras, como Colbún y AES Gener. Es decir, a las compañías que antiguamente fiscalizaba.

    Valgesta ha acudido a la Comisión de Minería y Energía del Senado a presentar su opinión. Representada por Romero y su socio Ramón Galaz, ha planteado que la Ley Corta debe revisarse con sumo cuidado –para evitar lo sucedido con los “medidores inteligentes”– y que su entrada en vigencia solo significaría una baja marginal –de un 3%– en la cuenta del consumidor. De todas formas, el actual secretario ejecutivo de la CNE, José Venegas, ya había explicado en El Mercurio que este último punto “no es del todo cierto”, ya que más allá del precio, también importa “si estamos pagando cosas que no se deberían pagar”. Lo lógico es que, aunque sean $400 pesos, el usuario no tiene por qué regalarlos.

    Seguir atado a esta tasa (de rentabilidad de 10%) o con este procedimiento (de 2/3 y 1/3 para calcular la tarifa) no está bien. Evidentemente, interviniendo la distribución, que tiene un 20% de incidencia en las cuentas, no se va a poder paliar lo que pasa con lo restante, pero eso no significa que no se tenga que hacer; a la larga, estos cambios producen eficiencia tarifaria y benefician a los consumidores”, agregó Venegas.

    En la misma entrevista, Venegas explicó que bajar la tasa de rentabilidad asegurada de 10% a 6% “implica unos US$600 millones de ganancias (menos) para las distribuidoras”. Y aseguró que sacar a las empresas de la fórmula de cálculo de la tarifa (quitarles el tercio que hoy se les concede), “puede pesar eso mismo, unos US$600 millones”. De ahí que se hable de una ganancia de US$1.200 millones en caso de que no se apruebe la norma.

    Esto, sin perjuicio de que el ex ministro de Energía, Máximo Pacheco, explicó a CIPER en marzo de este año (vea ese reportaje) que si bien la rentabilidad asegurada mediante la fórmula de la “empresa modelo” es de un 10% anual, “en la práctica, para las empresas reales es de un 15%. Porque la ‘empresa modelo’ y sus costos son distintos de la empresa real”.

    “Nunca la CNE ha tenido acceso pleno a toda la información de costos de las distribuidoras, por tanto la ‘empresa modelo’ está llena de supuestos. Y los supuestos son  conservadores, la empresa real lo hace mejor que la ‘empresa modelo’. De manera que la rentabilidad que se les asegura es mayor”, complementó Pacheco.

    Valor Agregado de Distribución (VAD) por Área Típica (área de concesión) en los últimos procesos tarifarios. En rojo, las tarifas propuestas por las empresas, y en azul, las de la CNE. Haga click en la imagen para revisar el documento completo. Fuente: Ministerio de Energía.

    José Venegas planteó a CIPER que la urgencia para aprobar la Ley Corta se basa, principalmente, en que “no es aceptable” seguir con una fórmula de cálculo de tarifas que se creó hace 30 años –cuando se privatizaron los servicios básicos– y que buscaba dar seguridad a los inversionistas: “Eso correspondía a un país con otros niveles de riesgos”. Respecto de este punto, en un reciente reportaje de CIPER sobre las alzas que asfixiaron a los chilenos antes del estallido de octubre, el investigador académico Diego Pardow señaló que los mecanismos para fijar tarifas deben abandonar la lógica de la “protección de las inversiones”, para pasar a la “protección de la eficiencia”.

    Según los cálculos de Venegas, aprobar la ley “va a conducir a una rebaja en la tarifa de distribución que, si bien no será tan baja como la que logramos con la estabilización de precios de generación, sería en torno al 4% o 5%. No es una gran cantidad, pero hay que legislarlo”.

    Martes 5 de octubre de 2019

    Fuente: CIPER