Agua y desarrollo sostenible

Columna de Sara Larraín

ESTE AÑO el lema del Día Mundial del Agua fue “Agua y Desarrollo Sostenible”, relevando lo esencial de este bien natural para la sobrevivencia y bienestar de la población y el desarrollo. Al respecto, Chile está lejos de incorporar este importante desafío en su política pública. Ha    sobreotorgado y permitido el agotamiento de todas las cuencas del norte y centro del país.

Hoy la sociedad chilena se encuentra convulsionada por conflictos por el agua en los ríos Lluta, Loa, Copiapó, Huasco, Limarí, Choapa, Petorca, Aconcagua, Maipo y Tinguiririca, entre otros, donde se repite la confrontación entre grandes inversiones -principalmente mineras e hidroeléctricas- y las necesidades de las personas y sus actividades económicas locales. La  larga epopeya de Caimanes es uno de los más dramáticos

Desde 2010, el país vive un grave periodo de sequía. Según la Dirección Meteorologíca de Chile existe un déficit pluviométrico importante en los registros tomados en Arica, Calama, Valparaíso, Santiago, Juan Fernández, Curicó, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Balmaceda y Punta Arenas. En  consecuencia con ello, los decretos de Zona de Escasez Hídrica vigentes comprenden las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, en Atacama; La Serena, La Higuera, Vicuña, Coquimbo, Paihuano, Ovalle, Río Hurtado, Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria y  la provincia del Choapa, en Coquimbo; y San Felipe, Panquehue, Llay Llay, Limache, Concón, Putaendo, Santa María, Catemu, Olmué y las provincias de Los Andes, Quillota y Petorca, en Valparaíso; y podrían extenderse a otras regiones.

En este contexto, como si viviera en otro planeta, el Ministerio de Hacienda propone ”agilizar la economía”  facilitando permisos a 18 proyectos de inversión minera (ocho en Antofagasta, seis en Atacama, uno en Arica y tres en Magallanes) mientras la Comisión Chilena del Cobre proyecta aumentos de consumo de agua de la minería  del cobre en 66% entre 2014 y 2025. Insólitamente, sin considerar la sequía estructural,  los decretos de zona de escasez, los malos pronósticos meteorológicos y la indigna situación de casi un millón de chilenos que subsisten dependiendo de camiones aljibe entre Arica y Chiloé.

La presidenta Bachelet consciente de la crisis, comprometió en su campaña y nombró un delegado presidencial para los Recursos Hídricos, pero su informe ha sido ocultado ocho meses a la opinión pública. Comprometió una reforma al Código de Aguas e ingresó un texto al Congreso, pero el proyecto no está a la atura de los cambios legales e institucionales que se requieren y no tiene financiamiento. Finalmente, el 21 de mayo pasado compromertió una ley para proteger los glaciares, pero envió al Congreso un texto que aunque los define como bienes públicos, los condena a ser negociados caso a caso con los intereses mineros, protegiendo sólo los glaciares ubicados en parques nacionales.

Así, Chile avanza con sequía, injusticia, conflictos  por el agua y desesperanza debido a la ausencia de voluntad política para abordar los problemas que aseguren el derecho al agua y la seguridad hídrica.

Fuente: La Tercera