Al menos 17 derechos de los niños se violan en Quintero

Estudio solicitado por la Defensoría de la Niñez a la PUCV da cuenta de que además de no vivir en un medioambiente libre de contaminación, no les creen sus relatos.

La Defensoría de los Derechos de la Niñez encargó a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso un estudio para identificar cómo afecta la contaminación industrial de la zona de Quintero y Puchuncaví en la vida de niños, niñas y adolescentes, trabajo efectuado por el Grupo de Estudios de la Niñez, de la Escuela de Trabajo Social, cuyos resultados fueron entregados ayer en el Salón de Honor del plantel y que arrojaron que se están vulnerando, al menos, 17 derechos humanos de los niños, siendo el más importante el de vivir en un medioambiente libre de contaminación, aunque también se destacó la vulneración al derecho a ser escuchados y validados, puesto que muchas veces se desacreditaron sus versiones cuando tuvieron intoxicaciones.

Tras la presentación, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, comentó que entre las vulneraciones de derechos constatadas por el estudio están «las restricciones que han vivido en el contexto de la educación, por los procesos de contaminación, la imposibilidad de jugar, de utilizar las áreas libres, sólo por nombrar algunas. Lo que se releva en este estudio, en definitiva viene a afianzar aún más aquella declaración muy potente que ha hecho la Corte Suprema con un fallo en que ha establecido la vulneración de derechos humanos respecto de niños, niñas y adolescentes de la zona».

Una de las situaciones más llamativas que reveló el estudio cualitativo efectuado por la PUCV -que se basó en las experiencias de 50 niños y adolescentes de entre 9 y 17 años que acudieron a hospitales por síntomas de intoxicación- fue la desacreditación de sus relatos, puesto que cuando llegaban con síntomas de intoxicación a los recintos asistenciales «muchas veces les decían que era un invento o una psicosis colectiva, lo que ha sido muy violento para ellos», destacó la defensora.

«Ellos llegaban a los consultorios y no les creían que lo que estaban sufriendo tenía que ver con los procesos de contaminación. Por lo tanto, lo que evidencia este estudio también, es cómo desde el mundo adulto finalmente seguimos desacreditando aquellas versiones que los niños entregan, y eso tiene un impacto muy negativo en el ámbito sicológico y también en el ámbito del desarrollo, porque en definitiva, eso potencia esta sensación de esperanza, de que finalmente da lo mismo, no hay que hacer nada porque nada va a cambiar, porque nunca ha cambiado y porque nunca nadie ha hecho nada para que cambie».

En cuanto a las principales conclusiones arrojadas por el estudio, Muñoz detalló que «tienen que ver con la necesidad de que el Estado responda en su rol de garante de derecho, cosa que hasta el momento no ha hecho respecto de niños, niñas y adolescentes de la zona, y cuando hablamos del Estado no hablamos de una entelequia que no tiene órganos determinados, sino que hablamos del Ministerio de Medio Ambiente, de la Superintendencia de Medio Ambiente, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, hablamos de, precisamente, acciones concretas que se tienen que llevar a cabo en relación con el sistema de Evaluación Ambiental, con acciones que vienen recomendadas por la universidad, a través de la Escuela de Trabajo Social, que fue la que lideró el estudio».

Lamentan ausencias

En ese sentido, señaló que los ministros de Salud, Medio Ambiente y Educación estaban invitados a la presentación del estudio pero no acudieron, lo que lamentó, destacando que para enfrentar el tema se requiere voluntad política. Por lo mismo agradeció la presencia de parlamentarios.

«Nosotros esperamos, realmente, que se tome el peso debido a esta situación y que la voluntad política esté destinada a que, con la máxima urgencia que una situación de la gravedad de esto amerita, se tomen las medidas y las acciones pertinentes», planteó la defensora.

Por otra parte, Muñoz adelantó que «lo que vamos a hacer como Defensoría de la Niñez es generar no sólo un seguimiento, que ya hemos iniciado respecto del cumplimiento de las acciones ordenadas por la Corte Suprema, sino también de aquellas medidas que efectivamente tengan una incidencia en mejorar las condiciones de salud delos niños, niñas y adolescentes de esa zona, pero también las condiciones de vida que hoy día están enfrentando, restituyendo efectivamente el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación».

Si bien la exposición del estudio no contó con autoridades designadas, como hizo notar Muñoz, sí hubo presencia de autoridades electas, como los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) e Isabel Allende (PS), los diputados Diego Ibáñez (FA) y Carolina Marzán (PPD), y el consejero regional Manuel Millones (UDI).

La primera en tomar la palabra tras la presentación fue Carolina Marzán, quien sostuvo que «si bien la autoridad local no es la que toma decisiones y es el gobierno central, me parece que la autoridad local es justamente la que está en terreno para representar a las personas y debería estar presionando en Santiago para que esos derechos no sigan siendo vulnerados, y en ese sentido la autoridad local ha sido débil, contradictoria y no ha sido representativa de lo que está pasando acá, y que no esté hoy día me hace pensar que hay desidia, hay desinterés».

Por su parte, el diputado Diego Ibáñez, presidente de la Comisión Investigadora de Quintero y Puchuncaví, criticó que «aquí, lamentablemente, hay una indolencia, a mí me hubiese gustado que estuviera acá la ministra Schmidt, el ministro Mañalich, la ministra Cubillos, porque aquí tampoco se le dio a los adolescentes la posibilidad de dar la PSU en su momento en tiempo especializado, y recordemos que el peor puntaje PSU de esta región lo saca, precisamente, Quintero y Puchuncaví».

Citarán a ministro

Por otra parte, Ibáñez lamentó que «estamos a casi a un año de las crisis que arrojaron miles de intoxicados, y la Comisión de Salud en su totalidad, la Comisión de Medio Ambiente en su totalidad, y la comisión investigadora que se armó producto de los casos de intoxicación, le solicitamos al exministro de Salud, Emilio Santelices, que hiciera exámenes toxicológicos a toda la comunidad, particularmente a los niños, y hasta el día de hoy, a casi un año, no existe un examen».

Al respecto, precisó que «los exámenes no se han hecho porque hoy día en la glosa presupuestaria no está contemplado Quintero como una prioridad, y eso lo vamos a debatir en la Comisión de Salud, de hecho hemos conversado con los diputados de oposición, vamos a citar al ministro Mañalich para que dé explicaciones respecto del caso y por qué hoy día para el Estado de Chile no es una prioridad la niñez en Quintero y Puchuncaví».

En esa línea, la diputada Marzán planteó que «como parlamentarios, nosotros oficiamos y solicitamos que se hicieran, y pedimos explicaciones de por qué no se han hecho exámenes de metales pesados en los niños, y la respuesta fue que no era pertinente, que había que tener sintomatología. Yo creo que con este estudio salta a la vista».

«La desacreditación, cómo a los niños no se les creen sus síntomas, incluso personas cercanas, pero también las autoridades». Claudia Espinoza, Académica Trabajo Social PUCV

«Los niños tienen una sensación de que su experiencia es negada, en una suerte de efecto ‘Pedrito y el Lobo». Edgardo Toro, Académico Trabajo Social PUCV.

JUDICIALIZAN VARAMIENTOS DE CARBÓN

Un recurso de protección contra las empresas AES Gener, Puerto Ventanas y las que resulten responsables de la seguidilla de varamientos de carbón en la playa de Ventanas, fue presentado ayer en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, buscando establecer las responsabilidades y que a través de la vía legal se limite la producción de las industrias que estarían provocando la contaminación. Fue presentado por el senador y miembro de la comisión de salud Francisco Chahuán, el concejal de Quintero Felipe Vergara, más dirigentes sociales y del comercio de ambas comunas, quienes exigen que las empresas corrijan sus procesos productivos.

 

Sábado 3 de agosto de 2019.

Fuente: El Mercurio de Valparaíso.