Balance Ambiental 2014-2017: Avances en Biodiversidad y gestión de residuos. Paralisis y Escasa voluntad política en materia de agua y glaciares

    “Chile de todos” fue el slogan utilizado por la campaña de Michelle Bachelet para encabezar un segundo periodo de gobierno. Su programa ambiental expresó énfasis y compromisos en base a la voluntad política de su coalición, sumando luego nuevas promesas, que ahora evaluamos al término de su mandato.

    Los cuatro años del segundo gobierno de Michelle Bachelet fueron intensos en materia ambiental, sumado a que desde sus inicios se destaparon casos de corrupción y financiamiento político asociados a las decisiones sobre medio ambiente y recursos naturales en el mandato del presidente Piñera, en particular aquellos asociados a la Ley de Pesca, Soquimich y el proyecto minero Dominga.

    Entre los logros más destacables del gobierno Bachelet, cabe relevar la recalificación y creación de  nuevas Áreas Protegidas Públicas Terrestres, las que alcanzaron los 4,5 millones de hectáreas, que integran la Red de Parques de la Patagonia y la creación de  nuevas Áreas Marinas Protegidas que  suman 1,6 millones de km2. Ambos logros no estaban incluidos en su programa de gobierno. A estos hay que agregar la aprobación y puesta en marcha de una ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje , una Ley para los Servicios Sanitarios Rurales y la inclusión de un impuesto verde en el marco de la  Reforma Tributaria,  todos los cuales constituyen avances muy significativos en la política ambiental.

    En el ámbito de las decisiones sobre mega proyectos, cabe destacar la implementación de acciones determinantes para prevenir impactos ambientales, entre los cuales destacan: el rechazo del Proyecto Minero Dominga aledaño a tres áreas bajo protección oficial y dos sitios prioritarios (Punta Teatinos hasta Quebrada Honda, e incluyendo Isla Pájaros, Área Marina Punta de Choros, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH), Reserva Marina Isla Choros-Damas e Isla Gaviota),  la cancelación del permiso ambiental del proyecto minero Pascua Lama, de Barrick Gold, que afectó y destruyó glaciares durante las exploraciones; y el rechazo de las reclamaciones del proyecto HidroAysén, todas las cuales fueron celebradas por las comunidades locales y las organizaciones socioambientales locales y nacionales que luchan por protección del patrimonio ambiental en dichos territorios .

    Deficiente desempeño presento la administración Bachelet respecto  de compromisos emblemáticos,  como la aprobación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (incluido en su programa de gobierno), la reforma al Código de Aguas patrocinada por el ejecutivo y la Ley de Protección de Glaciares anunciada como prioridad, en el mensaje presidencial del 21 de mayo de 2014. El gobierno expresó tensiones internas  e insuficiente voluntad política para sacar adelante estos trascendentales proyectos.

     

    PROGRAMA DE GOBIERNO 2014-2018

    En materia medioambiental, el programa de gobierno de Michelle Bachelet planteaba completar la reforma ambiental iniciada en su primer mandato (2006-2010),  con la dictación del proyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; además de “abordar el ordenamiento territorial, en un proceso amplio y convocante con un Plan de Ordenamiento Territorial”; mientras “en materia de fortalecimiento institucional, esbozaba la necesidad de perfeccionar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)” y establecer mecanismos institucionales y recursos para la orientación, mediación y defensa ambiental ciudadana, en orden a facilitar la solución de los problemas ambientales locales.

    También comprometió tramitar una ley general de residuos;  generar un “nuevo plan nacional de cambio climático con una visión transversal e integrada”; estudiar una solución al estatuto jurídico que debe tener CONAF; y reconocer a las aguas como bienes nacionales de uso público, en la Nueva Constitución.

    En referencia a los desafíos de restauración y descontaminación, comprometió avanzar en mecanismos para mitigar los efectos crónicos de la contaminación en la salud, acelerando la elaboración y revisión de las normas vigentes de emisiones atmosféricas  y de las normas de calidad ambiental, además de afinar y actualizar los inventarios de emisiones  a objeto de que se cumplan los planes y medidas de prevención y descontaminación.  También comprometió  impulsar un plan nacional de gestión de situaciones graves de contaminación existente, incluyendo un programa especial de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente para los proyectos emplazados en las zonas más afectadas por cargas ambientales, y recursos para las comunidades afectadas por los costos ambientales.

     

    AVANCES LOGRADOS

    Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida al Productor (REP)

    A inicios de 2016, el gobierno  promulgó la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida al Productor (Ley REP) que constituye un avance significativo para aumentar los niveles de reciclaje en nuestro país con inclusión de los recicladores de base. Desde junio del 2017,  las empresas productoras  o importadoras de productos prioritarios establecidos en la ley (aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, neumáticos, envases y embalajes), tendrán que impulsar sistemas de gestión de desechos para la  recuperación y reciclaje de estos, previniendo la generación de basurales y micro basurales. Con la Ley REP, el Estado reconoce a los recicladores de base y  los incluye en los sistemas de gestión de residuos. Desde esta perspectiva, se abre una puerta a más de 60 mil recicladores de base que se estiman existen en Chile, para ser capacitados y certificados por el Estado mediante un Programa de Competencias Laborales, con participación del Movimiento Nacional de Recicladores y coordinado por  Chile Valora.

    Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 (PANCC)

    Otro compromiso del programa de gobierno logrado fue el nuevo Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que aborda las acciones prioritarias a desarrollar en materia de adaptación, mitigación, medios de implementación y gestión del cambio climático a nivel regional y comunal. El Plan cuenta con 16 objetivos específicos, 30 líneas de acción y propone materializarse a través de 96 medidas para enfrentar  los efectos del calentamiento global en nuestro país. Chile sufre  un calentamiento que sobrepasa  la media global, con efectos extremos  tales como intensas  lluvias en un solo día, mareas rojas, y extensos incendios forestales que han arrasado mas de 600 mil hectáreas en los últimos años. 

    Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA)

    Para resolver el grave problema de la contaminación del aire que afecta a diversas ciudades del país, el gobierno  propuso crear 14 planes de descontaminación atmosférica (PDA) durante su mandato y decretar 6 nuevas zonas saturadas. Al día de hoy, el gobierno ha puesto en vigencia los Planes de Descontaminación de Coyhaique, Osorno, Chillán, Chillán Viejo, Talca ,Maule, Temuco, Padre Las Casas y Andacollo, los que se sman a los anteriores Planes de Descontaminación del Valle Central de O’Higgins,  de la Región Metropolitana, de Tocopilla, de la zona circundante a la Fundición Chuquicamata, de María Elena y Pedro de Valdivia,  de la zona circundante a la Fundición Caletones, la zona circundante a la Fundición Potrerillos, la Fundición Hernán Videla Lira de Enami, y el Complejo industrial Ventanas en la región de Valparaiso. El  PDA de Concón, Quintero y Puchuncaví fue rechazado por Contraloría.

    En cuanto a las zonas saturadas decretadas por el actual gobierno, estas fueron 7: la Región Metropolitana; las comunas de Concón Quintero y Puchuncaví; la Provincia de Curicó; las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Penco, Tomé, Hualpén y Talcahuano; la comuna de Los Ángeles ;la comuna de Valdivia; y la ciudad de Coyhaique.

    No hubo avances con respecto a las normas para controlar los índices de contaminación del aire, ríos, lagos y el mar, pese a  que fueron calificadas como prioridad por el gobierno .Hay que hacer notar que la actualizacion de la norma de residuos industriales liquidos está pendiente desde 2010 y que durante este mandato ocurrieron graves eventos de contaminación hídrica, a causa de emprendimientos industriales, tales como el derrame de 2.400 litros de ácido sulfúrico en caleta Michilla, desde una embarcación de minera Centinela, perteneciente a Antofagasta Minerals  del Grupo Luksic;  la contaminación del Lago Llanquihue por Essal, que descargaba aguas servidas crudas en el lago  hecho denunciado por los habitantes de Puerto Varas , entre otros.

    Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

    La evaluación  del gobierno  en orden a fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) finalizó en noviembre de 2017, con la concreción de una reforma reglamentaria que no fortalece el SEIA sino que lo hace más laxo. Tras un periodo de consulta ciudadana exprés de 20 días, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la modificación de Decreto Nº 40 que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Dicha reforma flexibiliza las condiciones de ingreso de los proyectos de inversión al SEIA; modifica las circunstancias para el requerimiento de Estudio o Declaración de Impacto Ambiental y los requerimientos de contenidos y  criterios para tener en consideración o no las observaciones ciudadanas.

    La reforma se basó en las recomendaciones de una Comisión  Asesora Presidencial  constituida para tal efecto, y que estuvo conformada mayoritariamente por representantes del empresariado, no garantizando equidad en la representación y consideración de las propuestas ciudadanas, razón por la cual fue desahuciada por los representantes de las ONG.  La reforma tampoco consideró las propuestas de  la Comisión Sindical Ciudadano Parlamentaria conformada por ONG, académicos, sindicatos del Ministerio de Medioambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia de Medioambiente y  legisladores de las Comisiones de Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de Diputados con el fin de corregir la falta de representatividad de la comisión oficial.

     

    LOGRO DE AVANCES NO CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO

    Red de Parques de la Patagonia  y donación de la familia Tompkins.

    Durante el mandato de Bachelet concluyó el proceso para viabilizar la donación de la familia Tompkins .al Estado de Chile, de  medio millón de hectáreas de áreas privadas protegidas. Ello permitió anexar áreas protegidas públicas y privadas para crear 3 parques nacionales, para ampliar otros 3 y  articular 17 áreas protegidas en una Red de Parques de la Patagonia, cuya superficie total supera los 4,5 millones de hectáreas  (45.000 kilómetros cuadrados). Dicho proceso culminó con la firma del decreto de creación de la Red de Parques de la Patagonia  el 28 de febrero pasado.

    Creación de nuevas Áreas Marinas Protegidas

    Durante el actual gobierno, también se firmaron  los decretos que crean las nuevas áreas marinas protegidas (AMP)  del Archipiélago de Juan Fernández (450 mil km²)  de Rapa Nui, el Parque Marino  Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez – Paso Drake (100 mil km²),  el área de Seno Almirantazgo y de Tortel, en el marco de la Conferencia de los Océanos, realizada en Nueva York. De esta forma Chile completa 1,6 millones de km² de mar bajo protección oficial,  constituyéndose como el  quinto país tras  EE.UU., Australia, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, con  mayor superficie de áreas marinas protegidas.

    Traspaso de la administración del Parque Nacional Rapa Nui, al pueblo indígena Rapa Nui

    En noviembre de 2017, la presidenta Bachelet, concretó el traspaso de la administración del Parque Nacional Rapa Nui a la comunidad Maü Henua, la cual  administrara autónomamente  el área por 50 años. Si bien el decreto correspondiente al traspaso considera esta administración como una concesión, es la primera vez que un presidente de la República reconoce a un pueblo indígena, el derecho y la capacidad para gestionar terrenos fiscales  que constituyen su propio patrimonio ambiental. Actualmente el Parque Nacional Rapa Nui tiene el estatus de Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) y la administración local del área protegida  ha sido  una demanda de larga data de la comunidad Rapa Nui,  la cual fue enfrentada con el envío de Fuerzas Especiales durante el pasado gobierno de Sebastián Piñera, generándose enfrentamientos entre la policía y el pueblo Rapa Nui.

    Prohibición de Bolsas Plásticas en comunas del borde costero

    Durante 2017 el gobierno ingreso a tramitación legislativa un proyecto de ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas en las zonas costeras del país. Esta iniciativa constituye una aspiración de larga data de las comunidades locales y del movimiento ecologista, y se encuentra en su primer trámite constitucional y busca prohibir el uso de bolsas plásticas en 102 comunas costeras y permite que se sumen otras no costeras mediante ordenanzas municipales. La iniciativa del gobierno  expresa voluntad política e implica un importante avance en la agenda ambiental, no obstante, requiere ampliarse  para cubrir gradualmente todas las comunas del país pues los ecosistemas terrestres, su flora y fauna,  los ríos, quebradas, humedales, etc., tambien sufren  graves impactos por  la carencia de normativa  que restrinja el uso de  bolsas plásticas.

    Ley de Servicio Sanitarios Rurales

    Tras 8 años de su ingreso al Congreso y luego de ser tramitado en el Senado y la Cámara, fue promulgado el 14 de febrero de 2017, el proyecto de Ley que Regula los Servicios Sanitarios Rurales, lo cuales son  prestados por cooperativas y comités sin fines de lucro.

    El proyecto beneficia a más de dos millones de usuarios de agua potable rural pues permitirá modernizar la normativa que rige la materia, que incluye la creación de la Subdirección Nacional de Agua Potable Rural, ampliando el área de competencia de los servicios rurales no sólo a la provisión de agua potable, sino también al alcantarillado y tratamiento de las aguas.

    El proyecto fue ingresado en el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet, el 10 de diciembre de 2008. Lamentablemente, durante la administración Piñera, esta iniciativa no tuvo trámite alguno, por lo que el gobierno de Michelle Bachelet agilizó la discusión y hoy ya es ley con un texto enriquecido y perfeccionado por los parlamentarios en base al trabajo conjunto con la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU) y la ONG Chile Sustentable.

    Reforma que crea la Coordinación Independiente del Sistema Eléctrico Nacional

    A mediados de 2016 el Congreso aprobó el proyeto de  reforma a la institucionalidad eléctrica que opera los  Sistemas Interconectado Norte Grande  e Interconectado Central,  y coordina el despacho de energía de las diversas centrales de generación eléctrica de ambos sistemas. La creación del organismo Coordinador Independiente, permite independizar la operación del sistema eléctrico de las empresas generadoras  que hoy se autorepresentan en los Centros Económicos de Despacho de Carga (CDEC), y permiten incorporar representación del Estado y de los consumidores, lo que ayuda a garantizar el interés público. Adicionalmente permite mayor información y transparencia en la operación eléctrica de un sector muy concentrado lo que  ayuda a prevenir la colusión, ya ocurrida en el pasado y muy generalizada en Chile en varios sectores económicos.  

    Reforma al Sistema de Licitaciones Eléctricas

    El 22 de enero de 2015 el actual gobierno promulgó la ley que perfecciona el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes sujetos a regulaciones de precios tras 6 meses de tramitación. El objetivo de la ley era asegurar el suministro bajo contrato para clientes regulados, mejorar los precios finales, aumentar la competencia y garantizar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia y diversificación del abastecimiento eléctrico. Los beneficios de esta ley se vieron  reflejados en la licitación de octubre de 2015  cuando ingresaron  nuevos actores al mercado eléctrico, adjudicándose la energía a un precio promedio de 79,3 US$/MWh, lo que equivale a un 40% inferior a la oferta del año 2013. Luego en la licitación de agosto de 2016 el precio promedio de megawatt/hora ofertado fue de US$ 47,6. En la última licitación de noviembre de 2017 los precios siguieron bajando y se adjudicó a un valor promedio de US$32,5 MWh, consolidándose la tendencia a la baja en las tarifas eléctricas.

     

    COMPROMISOS NO LOGRADOS POR EL GOBIERNO BACHELET

    Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

    Aunque el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas fue ingresado  a tramitación legislativa en junio de 2014 , no logro ser aprobado durante el mandato. La votación de la ley fue dilatada por las limitaciones del texto, pero también por la falta de liderazgo del gobierno durante su tramitación. No obstante ello los senadores y las organizaciones ciudadanas lograron incluir temas importantes, como restringir la desafectación por ley de los parque nacionales, el reconocimiento de los sitios prioritarios, la creación de áreas protegidas indígenas, el reconocimiento de los sitios Ramsar en categoría de áreas protegidas,  e instrumentos para la protección de humedales, entre otros. Sin embargo aun existen temas pendientes de mejorar que deberán ser discutidos en la Cámara de Diputados, tales como las definiciones de áreas protegidas, el aumento de las prohibiciones en áreas protegidas, el desarrollo de prácticas sustentables en todo el territorio nacional, la protección de los recursos genéticos y de los polinizadores, entre otros. El proyecto debe ser aun aprobado por la Comisión de Hacienda, y la sala del Senado para posteriormente ser votado por la Cámara durante 2018.

    Proyecto de Ley Protección de los Glaciares

    En el mensaje presidencial del 21 de mayo de 2014 Michelle Bachelet anunció la presentación de un proyecto de ley para  proteger los Glaciares y su entorno. Pese al compromiso de la presidenta, de apoyar la moción parlamentaria sobre el tema, el gobierno a través del ministerio de Hacienda, influenciado por las demandas del Consejo Minero y la agroindustria, bloqueó la tramitación de la iniciativa en la Comisión de Hacienda, impidiendo su aprobación y la votación en el pleno de la Cámara. Hasta hoy la Moción (Boletín 9364-12) se encuentra bloqueada en la tabla de dicha Comisión. Esta ley, además de ser un compromiso del actual gobierno, permitiría concretar la protección de este patrimonio ambiental estratégico de reservas de agua dulce, y permitir mayor seguridad hídrica a las poblaciones y  territorios en el contexto de la mayor estrechez hídrica que trae el cambio climático para Chile. Asimismo permitiría concretar el compromiso incluido en el Plan de Acción Nacional frente al Cambio Climático.

    Reforma al Código de Aguas

    La Moción Parlamentaria para reformar el Código de Aguas, (Boletín 7543-12) patrocinada luego por el gobierno en 2014 y aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2016, fue tramitada y aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en agosto de 2017, pasando a la Comisión de Agricultura. Desde esa fecha su tramitación se ha visto obstaculizada y dilatada por los senadores de la oposición, que presiden dicha Comisión, mediante la postergación de las sesiones  y la sobrerrepresentación de gremios agroindustriales en las audiencias públicas.  El gobierno por su parte  ha mostrado débil voluntad política para acelerar la tramitación, no utilizando la prerrogativa de las urgencias legislativas y manifestando contradicción entre los ministerios de Hacienda y Obras Publicas y graves errores políticos del Ministerio de Agricultura al recomendar postergar la votación en el periodo pre-electoral y luego superponer con urgencia de tramitación de la ley que crea el Servicio Forestal. Dichos procedimientos inviabilizaron la conclusión del segundo  trámite constitucional  de la reforma al Código de Aguas durante el actual periodo de gobierno.  Esta situación pone en serio peligro el futuro de la reforma, ya que el presidente electo Sebastián Piñera, ha tomado partido por las demandas de los gremios empresariales, y se ha mostrado crítico a la reforma.