Balance Ambiental 2016

Lo positivo, lo negativo y lo pendiente

Fiel a la tradición de realizar una memoria anual crítica sobre los hechos más destacados en el acontecer y la política medio ambiental, Chile Sustentable presenta a la opinión pública lo mejor lo peor y lo que queda pendiente en de este año 2016.

Entre los hechos positivos destaca la aprobación en la Cámara de Diputados de la Reforma al Código de Aguas, un avance en la recuperación del agua como buen común y el reconocimiento como derecho humano, también destacamos la aprobación de la Ley REP que reconoce, valida e incluye a los recicladores de base creando una cadena virtuosa, donde estén involucrados todos los actores del ciclo de vida de un producto.

En los hechos negativos, incluimos  la crisis ambiental  provocada por el vertimiento de mortandad de la salmonicultura en la región de los Lagos y Chiloé, el incremento dramático de los incendios forestales en el país, la nube tóxica provocada por incendio en vertedero Santa Marta en la región Metropolitana, la continuidad del proyecto Minera Dominga a pesar de los cuestionamientos y vínculos con el caso Penta y el apoyo irrestricto que recibió del Consejo de Ministros para seguir avanzando. A ello se suma la autorización del Comité de Ministros  del proyecto Central Río Cuervo a pesar de  la oposición de la comunidad local, el riesgo sísmico y su definición territorial turística.

Los invitamos a leer y recordar cada uno de los más importantes hitos de este año y como no, los pendientes para el 2017.

 

LO POSITIVO

  1. Cámara de Diputados aprobó Reforma al Código de Aguas

Tras  cinco años de tramitación  en tres Comisiones , la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código de Aguas que establece el derecho humano al agua que debe ser garantizado por el Estado, la priorización del acceso al agua para consumo humano y saneamiento, preservación de los ecosistemas y las actividades productivas de subsistencia, además de  garantizar los derechos de los pueblos originarios sobre sus aguas y territorios  y priorizar el acceso al agua de campesinos, agricultores INDAP y asociaciones de Agua Potable Rural.

Otros  avances  a destacar es que los nuevos derechos de aprovechamiento  otorgados a partir de la vigencia de la ley, serán concesiones temporales renovables  y no perpetuos como  los actuales. Adicionalmente caducaran  los derechos de quienes los acaparan sin utilizarlos; las  mineras deberán informar y solicitar las aguas halladas. En el ámbito  de protección, se prohíbe extraer aguas que alimenten vegas o bofedales entre Arica y Coquimbo y en humedales amenazados o degradados en todo el país se establece caudal ecológico a todas las nuevas concesiones, y en el caso de los antiguos en cuencas degradadas y amenazadas, áreas silvestres protegidas,  a todos los traslados y a las grandes obras que usan agua como embalses.

Si bien la reforma no es suficiente para resolver los problemas de acceso y protección de las fuentes, constituye un avance clave en la dirección correcta, que debiera ser aprobado por el Senado.                                                                                                                                                   

  1. Se promulgo la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida al Productor

A inicios de 2016, el gobierno  promulgo la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida al Productor (Ley REP) que constituye un avance significativo para aumentar los niveles de reciclaje en nuestro país con inclusión de los recicladores de base.

Desde junio del próximo año,  las empresas productoras  o importadoras de productos prioritarios establecidos en la ley (aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, neumáticos, envases y embalajes), tendrán que impulsar sistemas de gestión de desechos  para la  recuperación y reciclaje de estos, reduciendo el impacto de los basurales y micro basurales.

Con esta Ley REP, se logra que el Estado de Chile reconozca a través de una definición clara a los recicladores de base y se les incluya en los sistemas de gestión. Desde esta perspectiva, se abre una puerta a más de 60 mil recicladores de base que se estiman existen en Chile, para ser capacitados por el Estado  mediante un Programa de Competencias Laborales, con participación del Movimiento Nacional de Recicladores y coordinado por  Chile Valora.

 

  1. Se promulgo reforma que crea institución Coordinadora Independiente del Sistema Eléctrico Nacional.

A mediados de 2016  el Congreso aprobó una reforma a los Centros Económicos de Despacho de Carga (CDEC), instituciones que operan el Sistema Interconectado Norte Grande y el Sistema Interconectado Central, coordinando el despacho de energía de las diversas centrales de generación eléctrica de ambos sistemas. La creación del organismo Coordinador Independiente, permite independizar la operación del sistema eléctrico de las empresas generadoras  que hoy se autorepresentan en el CDEC, e  incorporar representación del Estado y de los consumidores, lo que puede garantizar el interés público. Adicionalmente permite mayor información y transparencia en la operación eléctrica de un sector muy concentrado lo que  ayuda a prevenir la colusión, ya ocurrida en el pasado y muy generalizada en Chile en varios sectores económicos.  

 

  1. Ley de Servicio Sanitarios Rurales a un paso de convertirse en ley.

Tras 8 años de su ingreso al Congreso y luego de ser tramitado en el Senado y la Cámara, fue aprobado a inicios de diciembre en la comisión mixta el proyecto de Ley que Regula los Servicios Sanitarios Rurales, lo cuales son  prestados por cooperativas y comités sin fines de lucro. Se espera su aprobación en  la Sala del Senado  y de  la Cámara de Diputados para ser promulgado a inicios de 2017.

El proyecto beneficia a más de dos millones de usuarios de agua potable rural pues permitirá modernizar la normativa que rige la materia, que incluye la creación de la Subdirección Nacional de Agua Potable Rural, ampliando el área de competencia  de los servicios rurales  no sólo a la provisión de agua potable, sino también al alcantarillado y tratamiento de las aguas.

El proyecto fue ingresado en el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet, el 10 de diciembre de 2008. Lamentablemente, durante la administración Piñera, esta iniciativa no tuvo trámite alguno, por lo que el año pasado el Ejecutivo agilizó la discusión y hoy esta ad portas de ser ley con un texto enriquecido y perfeccionado por los parlamentarios en base al trabajo conjunto de Chile Sustentable y la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU). 

 

  1. Endesa devuelve derechos de agua y renuncia a 5 proyectos hidroeléctricos

Endesa, una de las tres mayores empresas eléctricas que posee alrededor de 70% de los derechos de agua no consuntivos en Chile, (por lo cual lidera el pago de patentes por no uso de derechos de agua), decidió en agosto de este año devolver al Estado los derechos de agua asociados a cinco proyectos hidroeléctricos, tras analizar su rentabilidad e impacto socioeconómico.

Se trata de los proyectos Bardón (río Cautín, Región de la Araucanía) (14 MW), Chillán 1 y 2 (río Chillán, Región del Biobío) (17 MW), Futaleufú (río Futaleufú, Región de Los Lagos) (1.330 MW), Puelo (río Puelo, Región de Los Lagos) (750 MW) y Huechún  en la Región Metropolitana).

Esta decisión fue tomada por el directorio de Endesa para rebajar  el pago de patentes  por no uso,  y en el marco de su decisión de sólo desarrollar proyectos que sean viables técnicamente, económicamente y que cuenten con la aceptación de las comunidades locales, lo cual no se cumplía en el caso de los proyectos anteriores, con alta oposición ciudadana en Puelo y Futaleufú y en caso de territorios indígenas.

 

  1. Gobierno propone protección y valorización de Sitios SIPAN

El Ministerio de Agricultura propuso la protección y valorización de los cultivos tradicionales manejados por comunidades campesinas en el país, a través del establecimiento de una red nacional de Sitios con Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional (SIPAN).

En estos sitios se busca la conservación, uso sustentable y valorización de la biodiversidad de los sistemas campesinos, a través del rescate y difusión de las semillas, prácticas y conocimientos tradicionales  y el fortalecimiento de las estrategias de comercialización.

Los territorios seleccionados para implementar inicialmente SIPAN abarcan 6 comunas en el norte de Chile (General Lagos, Putre, Pica, Huara, Colchane y San Pedro de Atacama), y en el sur la comuna de Alto Bio Bio en la Región de Bio Bio  y tres comunas en la Araucanía: Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue  En el año 2008, el Archipiélago de Chiloé fue reconocido, por la FAO, como un Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

 

 

LO NEGATIVO

 

  1. Grave incremento de incendios forestales provocados por la población.

Un preocupante aumento han registrado los incendios forestales durante el 2016 aumentando en un 51% en comparación con 2015 y los principales focos han afectado a las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Conaf ha establecido que el factor humano sigue siendo el más importante causante de incendios y la mayor preocupación en esta temporada ha sido la simultaneidad de los incendios forestales que es inusual comparado a otros años.

A la fecha ya van más de 23.903 hectáreas afectadas en comparación a las 998 que resultados quemadas en el período anterior en igual misma fecha. De esas 23.903 hectáreas sólo en la región Metropolitana unas 13.000 hectáreas han resultado afectadas en localidades como San José de Maipo, Quebrada de Macul, Lampa, San Pedro y Melipilla.

 

  1. La nueva Crisis del Salmón

Chiloé, Los Lagos y el sur del país enfrentaron en 2016 crisis socioambiental más grave del año. La expansión descontrolada de la industria salmonícola y las malas prácticas ambientales tanto de la empresa como de la autoridad permitiéndoles arrojar toneladas de salmones muertos en el mar, terminaron por contaminar los ecosistemas marítimos del sur de Chile, amenazando la subsistencia de los habitantes del archipiélago de Chiloé y sus fuentes de trabajo.

Desde finales de febrero las firmas salmoneras alertaron sobre la mortandad de 1,5 millones de peces por el afloramiento de algas solicitando autorización para desechar la mortandad. El 4 de marzo la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) autorizó el vertimiento de 9.000 toneladas de salmones muertos en la Región de Los Lagos. La autoridad marítima solicitó un informe técnico a Sernapesca el cual aseguraba que el desecho de pescado muerto “no afectaría el ecosistema acuático, la vida humana en el mar, vías de navegación, ni actividades de otros usuarios marítimos” por tanto fue autorizado.

Tras el vertimiento de salmones muertos al mar comienza la crisis con la aparición de una varazón de moluscos en Ancud y Chonchi, otra varazón de 600 toneladas de sardinas en Queule y la marea roja se extiende por dos meses a lo largo del archipiélago llegando hasta Valdivia.

A pesar del gran movimiento social emanado en la isla, la respuesta del Gobierno fue la entrega de bonos que no fue aceptado por los Chilotes. En la actualidad sólo dos compañías  deberán enfrentar un procedimiento sancionatorio por mantener por más de 20 días los salmones muertos en sus concesiones acuícolas y lo cual se pudo originar diseminación de materia orgánica en descomposición y generación de ácido sulfúrico.

 

  1. Incendio en vertedero Santa Marta provoca crisis ambiental en región Metropolitana.

El año comenzó con una nube tóxica sobre la capital del país, provocada por el incendio en el Vertedero Santa Marta el 17 de enero. El incendió provocó una nube que durante más de dos semanas tuvo a los habitantes de la región Metropolitana y particularmente de las comunas de Pirque, El Bosque, La Florida, San Bernardo, Macul, Buin, Lo Espejo, Talagante y La Pintana con picazón en ojos, nariz y garganta que fueron quienes debieron ser socorridos en servicios de atención primaria de urgencias.

Lamentablemente todo podría haberse evitado, pues según los antecedentes con que cuenta la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), las anomalías comenzaron entre el 11 y el 14 de enero, cuando empleados del vertedero detectaron grietas en la zona en que se depositan los desechos, junto con afloramiento de líquidos. El viernes 15, entre las 18:30 horas y las 19 horas, se produjo el deslizamiento hacia la quebrada El Boldal y el domingo 17 se inició el incendio.

El depósito que comenzó a operar en 2002 y que está ubicado en el límite entre las comunas de San Bernardo y Talagante actualmente enfrenta 12 cargos, uno de ellos “gravísimo”, debido a “incumplimientos a las medidas establecidas en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA)”sin embargo la propuesta de la Comisión Investigadora por incendio en Santa Marta del Parlamento, de crear la figura de delito ambiental no ha sido considerada por el Gobierno.

 

  1. Bloqueo de gobierno a Ley de Protección de Glaciares.

Hace nueve meses duerme en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el proyecto de ley que protege los glaciares aprobado por la Comisión de Medio Ambiente. Este bloqueo en la tramitación,  está en sintonía con la agenda del ministro Rodrigo Valdés, que ha buscado  obstaculizar los proyectos que ponen condiciones sociales o ambientales a la inversión empresarial.

Si bien el Parlamento ha dado señales por más de 10 años presentando mociones en pos de su protección y preservación, lo cierto es que la actual legislación, tal y cual está sólo  prohíbe intervenir los glaciares en reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos nacionales, por lo que los glaciares ubicados entre las  regiones  de Atacama y Maule, con grave estrechez hídrica quedarían  desprotegidos.

Los diputados autores de la Moción de Protección de Glaciares que hoy se tramita, confían revertir esta limitación en la votación en Sala, mediante la reposición e la indicación que protege todos los glaciares del territorio nacional.

 

  1. Nulo compromiso del Gobierno para anular la Ley de Pesca aprobada con cohecho.

Un grupo de parlamentarios presentaron un proyecto de ley que busca anular la Ley de Pesca el que fue declarado admisible por la Cámara de Diputados. Lamentablemente el gobierno está haciendo esfuerzos para frenar su anulación.

La Ley de Pesca fue aprobada el año 2013 durante el gobierno de Piñera. Sin embargo se descubrió corrupción en su tramitación para beneficiar a las grandes pesqueras en detrimento de los pescadores artesanales. Los pescadores se han movilizado y reunido miles de firmas solicitando la anulación esta ley, dado que  “el principio democrático” permite extinguir leyes con “indicios de fraude legislativo”.

Dos querellas  han presentado por parte de pescadores artesanales, recolectores y armadores: la primera por la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales (Fenaspar) por los delitos de cohecho contra el ex senador Jaime Orpis (UDI), la ex diputada Marta Isasi (UDI) y el exgerente de Corpesca Francisco Mujica y quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los mismos. La segunda, por los pescadores artesanales de la zona de Coronel, por cohecho, en contra del senador Patricio Walker (DC).

 

  1.       Aprobación fast track de  Ley de Transmisión Eléctrica, consolida paradigma extractivista  en el sector energético.

La Ley que reformo la  ley eléctrica estableciendo Nuevos Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica fue ingresada al parlamento el 7 de agosto de 2015 y fue despachada en julio de 2016.

El proyecto que  inauguro un nuevo instrumento de ordenamiento territorial “los polos de desarrollo eléctrico” para institucionalizar el extractivismo energético y establecer la prioridad  de los intereses de los inversionistas eléctricos por sobre los  intereses de las comunidades locales. La tramitación, liderada por el ex ministro Pacheco, fue apoyada por senadores y diputados de derecha y parte  de los parlamentarios de la Nueva Mayoría.

No obstante  un importante grupo de parlamentarios en la Cámara de Diputados  logro  reducir los impactos del proyecto y condicionar  la nueva regulación, obligando a que los polos de desarrollo sean sometidos, a evaluación ambiental estratégica  a nivel  provincial;  obligar el cumplimiento de la Ley de Bosque Nativo y las atribuciones de Conaf  en el caso de especies protegidas; la aplicación obligatoria de la  Consulta Indígena conforme lo que establece el Convenio 169 de la OIT.

Respecto de otros puntos controversiales de la Ley de Transmisión, como el uso de la fuerza pública para los estudios  de las  franjas de transmisión realizadas por el Estado,  no se logró eliminar, pero quedó restringido a casos excepcionales, e informar a los afectados sobre los estudios y actividades que involucran, debiendo el ministerio de Energía actuar como responsable y ministro de fe.

El enfoque  de la Ley de Transmisión es extractivista, así como es el enfoque  de  la minería, la pesca industrial,  la actividad  forestal y  agroindustrial; con esta ley se evidencia doctrinariamente la existencia de un  nuevo commodity, el  recurso energético ; y la priorización de su uso por los  inversionistas  en detrimento de los intereses territoriales.

 

7.-TPP y el apoyo irrestricto de Michelle Bachelet.

A pesar que el nuevo gobierno de EEUU, presidido por Donald Trump declaró su rechazo público al Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP) y otros acuerdos comerciales globales, la presidenta Bachelet ha insistido en dar su apoyo para aprobar este tratado que perjudicaría a Chile. La Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP  ha declarado: “Bachelet sigue sin comprender que es el pueblo chileno el que se opone al TPP. Ella pretende imponerlo desde su gobierno”.

El TPP que se ha negociado  durante 4 años , en secreto por  EEUU y 11 países del Pacifico (Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile), ha enfrentado la oposición de la ciudadanía en todos los países ,pues pretende instalar un nuevo piso en la liberación comercial mundial , con nuevos derechos  para  las empresas,  especialmente en Propiedad Intelectual, Servicios, Servicios Financieros, Inversiones, Telecomunicaciones y Compras Gubernamentales, en desmedro de los derechos humanos, las  economías locales y la soberanía de los Estados en su obligación de resguardar el interés público.

 

 

  1. Energía consagrada como nuevo commoditie de exportación.

En febrero de este año comenzó la exportación de 110 MW de electricidad a Argentina desde la recientemente multada Central de GasAtacama,( Endesa), por haber entregado información errada sobre su operación, lo  significó  sobre costos por US$ 260 millones a los consumidores.

Actualmente Chile posee el doble de la capacidad instalada respecto de la demanda eléctrica existente, evidenciándose  sobre oferta tanto en el Sistema Interconectado Central (SIC) como en el Sistema Interconectado Norte Grande (SING). El estancamiento del mercado del cobre, el mayor demandante de energía, hace que esta sobreoferta se proyecte hasta más allá del 2020.

Este escenario hace incomprensible  la propuesta del Ministerio de Energía de expandir la generación eléctrica, salvo que dicha propuesta este orientada a la exportación energética, lo cual implicaría extender el actual modelo extractivista y exportador primario desde el sector minero, forestal y pesquero al  energético.

Este enfoque del gobierno se ha hecho evidente en la elaboración de la Política Energética Regional para Aysén,  donde las organizaciones ambientales, e incluso el senador Antonio Horvath,  han cuestionado la imposición forzada desde el gobierno de propuestas que priorizan la hidroelectricidad a gran escala y la exportación energética.

 

La misma línea se evidencia en la estrategia de  Colbún que  insiste en la gran hidroelectricidad para exportación energética. Antes de finalizar  2016,  la eléctrica del grupo Matte comunicó que priorizara la construcción de  centrales hidroeléctricas con el objetivo de llegar a 70% de energías renovables en su portafolio de generación. Es lamentable que Colbún insista en promover y expandir sus proyectos hidroeléctricos, justificándolos como una energía renovable, limpia, competitiva; no considerando los impactos, y la creciente  oposición  local a  la destrucción de los ríos y la amenaza a otras actividades productivas en las regiones del centro sur  de nuestro país.

 

  1. Comité de Ministros autorizó el proyecto central Río Cuervo

Nuevamente Comité de Ministros dio luz verde a un cuestionado proyecto en Aysén el 18 de enero de 2016. Ante ello, en  septiembre  pasado organizaciones ciudadanas de la región recurrieron al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia para impugnar la decisión que validó la aprobación del proyecto durante el mandato de Sebastián Piñera. La reclamación fue presentada por juristas a nombre de la Comisión Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) y la Corporación por la Defensa de la Flora y la Fauna (Codeff) contra la resolución del Consejo de Ministros.

La Central Río Cuervo deficiente evaluación geológica y sísmica, e  incumple el Convenio 169 de la OIT, sobre consulta a los pueblos originarios que allí habitan. Las organizaciones ciudadanas alegaron que no corresponde avanzar en un embalse de 13 mil hectáreas en una zona de alto riesgo como es la falla Liquiñe-Ofqui, rodeada de volcanes y sin estar definida una Política Energética Regional y al compromiso por una Patagonia sin represas. La deliberación y decisión de  los jueces podría demorar hasta un año.

 

  1. Minera Dominga (vinculada a Caso Penta) avanza mediante compensaciones económicas a la comunidad.

El cuestionado proyecto minero-portuario  localizado  a 30 kilómetros de la Reserva Nacional de Pingüinos de Humboldt se encuentra a la espera de obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) tras el reciente ingreso de  la tercera adenda a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Para aminorar la oposición de la comunidad, la empresa  ha llegado a un  inédito acuerdo con parte de los comuneros, que considera un pago anual de $2.600 millones, a partir del inicio de la producción del yacimiento.

El proyecto ha sido cuestionado por su ubicación y por su  vinculación al caso Penta, dado que la fiscalía evidencio pagos de  Penta al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, cuando éste se encontraba ejerciendo su cargo público y mientras el proyecto Dominga iniciaba su tramitación ambiental.

La Comisión de Evaluación de la Región de Atacama aprobó la RCA del proyecto el 7 de julio de 2015,  pero  en octubre el  Comité de Ministros rechazó los recursos de   reclamación en contra de la Resolución de Calificación Ambienta (RCA) interpuestos por integrantes del proceso de participación ciudadana.

 

  1. Solicitud de patentamiento sobre el Maqui

La Universidad de Talca y Fundación Chile solicitaron al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) derechos de obtentor sobre 3 variedades de maqui, en tanto la Universidad de Santiago de Chile (USACH) solicitó al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) derecho de patente sobre las sustancias antibacterianas y antioxidantes de esta especie.

Ambas solicitudes no constituyen invención alguna, son contrarias a la legislación vigente y se efectuaron sin consentimiento de las comunidades mapuches que son los dueños de este patrimonio ancestral y que está  a disposición de la sociedad chilena para su uso gratuito.

Para defender este recurso ancestral se formó la Coalición en Defensa del Maqui,  conformada por parlamentarios, comunidades mapuches, académicos y ONGs, encabezadas por Chile Sustentable que interpuso dos oposiciones legales a estas solicitudes. Actualmente se está a la espera de una resolución del SAG y de INAPI.

 

 

  1. Se amplía la expansión de cultivos transgénicos con la siembra de algodón transgénico en el norte del país.

Por segundo año  el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) autorizo la liberación de algodón transgénicos en la región de Arica y Parinacota,  ello se suma a la liberación desde hace varios años de maíz, soya y canola transgénica en otras regiones del país. Esta nueva autorización,  representa un grave riesgo de contaminación del algodón tradicional que crece en el norte,  así como de las variedades únicas del  maíz del Valle de Lluta.  Estas semillas son recursos genéticos de gran valor nacional y un patrimonio agrícola y cultural de las comunidades aymara.

Adicionalmente,  aunque el glifosato, (herbicida o mata maleza ampliamente usado en los cultivos transgénicos) se declaró como posible carcinogénico humano; no ha habido ningún avance en detener el impacto negativo hacia los recursos genéticos, hacia otros cultivos y la biodiversidad.

 

 

LO PENDIENTE

 

  1. Retraso en la tramitación de Ley Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Chile tiene una biodiversidad muy valiosa con altos niveles de endemismos (especies que sólo se encuentran en Chile). Sin embargo carece de una ley que proteja esta rica biodiversidad.

N enero de 2011,  el gobierno de Piñera  envió un proyecto de ley  al parlamento para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Dicho proyecto recibió más de 2.000 indicaciones, lo cual  estancó su tramitación.

La Presidenta Bachelet envió un nuevo proyecto de ley en agosto de 2014, el cual contiene serias falencias, por lo que recibió  unas 1.300 indicaciones las que fueron revisadas en la Comisión de Medio Ambiente del Senado., que solicitó al gobierno las acogiese a través de una nueva indicación.  Los temas más críticos , además de la falta de compromiso para el uso sustentable de los recursos naturales, son: la desafectación de áreas protegidas por decreto, y no por ley como establece la Convención de Washington;  las concesiones y levantamiento de infraestructura privada en las áreas protegidas;  la eliminación de la categoría de Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar de la definición de  áreas protegidas; la falta de incentivos para la creación y manejo de áreas protegidas privadas.   La reticencia de los sucesivos gobiernos a legislar adecuadamente sobre esta materia evidencian las restricciones de  una mirada economicista, centrada en la  explotación de los recursos naturales a corto plazo  y de manera insustentable, sin comprender la importancia de proteger y resguardar el patrimonio ambiental del país  para la población actual y las  futuras generaciones.

 

 

  1. Retraso en el envío al Congreso de la Ley de Eficiencia Energética

La Ley de Eficiencia Energética es un compromiso  del  Programa de Gobierno y fue tema destacado en la Agenda de Energía lanzada por la presidenta Bachelet en mayo de 2014.

A pesar de desarrollarse diversas mesas técnicas y reuniones multiactores entre 2014 y 2016,  y de desarrollar una propuesta completa para ingresar al parlamento, el exministro de energía no llego con el proyecto de Ley al Congreso Nacional.

El  nuevo ministro  Andrés Rebolledo, ha conducido un proceso de consultas sobre una eventual tramitación y ha sancionado una versión corta de proyecto de ley original, la cual ha consensuado con diversos sectores productivos. No obstante, restando un año del término del gobierno, dicho proyecto de Ley aun no es enviado a tramitación al Congreso, a pesar de que  actualmente la  Comisión de Energía y Minería del Senado y de la Cámara no tienen proyectos sobre energía en tabla, por lo cual una iniciativa para establecer la Eficiencia Energética por ley  podría tener rápido despacho en el Congreso durante el actual gobierno.

 

  1. Continúa desprotección de las abejas en Chile

Las abejas son esenciales para la polinización en la naturaleza y en la agricultura, no obstante en Chile no se ha avanzado en establecer una norma de protección especial de las abejas, aunque ellas están desapareciendo a tasas alarmantes por  causa del uso de  pesticidas, variedades transgénicas,  enfermedades y el cambio climático.  Actualmente existen  varios proyecto de ley para la protección de las abejas, pero estos no muestran ningún avance dada la nula voluntad política del Ejecutivo. No queda mucho tiempo  para actual, al menos en el corto plazo  el gobierno debería establecer  una regulación  básica   y prioritaria  como es la prohibición de plaguicidas neonicotinoides y de otros insecticidas dañinos para los polinizadores.

 

Balance Ambiental para descargar: Balance Ambiental 2016 de Chile Sustentable