Buscan adecuar plan ambiental de Huasco tras crisis en Quintero y Puchuncaví

Senadora Yasna Provoste y el alcalde Rodrigo Loyola se reunieron con el contralor general Jorge Bermúdez, quien sentó jurisprudencia administrativa quien dio dictamen que implica que los planes de descontaminación deben considerar las emisiones reales que ocasionan las situaciones de latencia o saturación.

La senadora Yasna Provoste y el alcalde de Huasco Rodrigo Loyola se reunieron con el contralor general Jorge Bermúdez en el marco de la adecuación de Plan Ambiental Preventivo de Huasco. Esto debido a que el programa fue tomado razón por Contraloría en julio de 2017, sin mayores observaciones, pero tras la crisis de Quintero y Puchuncaví, Bermúdez sentó jurisprudencia administrativa emitiendo un dictamen que implica que los planes de descontaminación deben considerar las emisiones reales que ocasionan las situaciones de latencia o saturación y no las emisiones aprobadas por las RCA de cada fuente.
“En la práctica se está dando una situación en que con el Plan de Prevención, las fuentes contaminantes pueden emitir aún más toneladas anuales de material particulado, que las emitidas en la época en que Huasco Norte se determinó como zona latente de Mp10. En esas condiciones no es más que un plan en el papel, pero en la realidad es bien ineficiente a la hora de reducir emisiones, de ahí la importancia de aplicar el dictamen del Contralor Bermúdez”, dijo Carlo Mora, abogado que asesora en materia ambiental a la comuna.
El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola , manifestó su confianza en que tanto Contraloría como el Ministerio de Medio Ambiente dispondrán de las medidas correctivas por el bienestar de la gente de Huasco.
“Hay un dictamen vigente y como tal, obligatorio para el Ministerio, por lo que hemos planteado al Contralor, y oficiamos también a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, puesto que a casi un año del dictamen, aun no se han efectuado las correcciones al plan, y corresponde adecuarlo, tanto en cuanto a plazos, así como en relación a las emisiones reales que ocasionaron la riesgosa situacio´n ambiental de latencia”.
Consultado el edil sobre la diferencia de criterios en el máximo órgano de control y la dificultad que representa la toma de razón ya aprobada, Loyola fue claro en su posición:
“Más allá de las cuestiones técnicas, aquí sólo existe un criterio, uno que es de justicia ambiental, protector de los derechos de las personas y de las instituciones ambientales, que es el que estableció el Contralor General, que además está vigente y por lo tanto el Ministerio debe acatarlo. Creemos que una toma de razón no es justificación para mantener en el tiempo una situación injusta y vulneratoria para toda una comunidad inocente”.
Miércoles 26 de diciembre de 2018.
Fuente: Soychile.cl