Cambios al SEIA: ¿Con quiénes y para qué?

El Gobierno trascendió que creará una comisión transversal para una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esta iniciativa es parte de los compromisos de campaña de Michelle Bachelet, donde asegura impulsará “los cambios necesarios que aseguren a todos los ciudadanos, organizaciones y empresarios una institucionalidad validada desde el punto de vista técnico”.

El rol del SEIA es evaluar proyectos públicos y privados, estableciendo condiciones y requisitos para prevenir daños ambientales y asegurar la protección de comunidades y del patrimonio ambiental  del país.

Actualmente el SEIA sufre una crisis de legitimadad por no suspender la evaluación de  proyectos mal elaborados, carentes de información de base, con datos erróneos o incompletos y por carecer de procedimientos tempranos y vinculantes de participación ciudadana y condiciones de ordenamiento territorial.

Tampoco es vinculante la fundamentación técnica de los servicios públicos cuando se rechazan proyectos. Prueba de ello es que proyectos rechazados luego son aprobados por el Comité de Ministros, donde priman los intereses productivos.

Por ello es tan preocupante la nómina de la comisión para la reforma del SEIA, la cual   según trascendidos está compuesta únicamente por dirigentes empresariales: Joaquín Villarino del Consejo Minero; René Muga de la Asociación de Generadoras; Javier Hurtado de la CChC; Javier Vega de Sofofa, Paulina Riquelme de Sonami; Álvaro Sapag de Quiñenco y un sólo representante de organizaciones ciudadanas. De confirmarse esta nómina del tipo “gato cuidando la carnicería”, la reforma estaría creada para facilitar aún más las inversiones a costa del medioambiente y la salud de la población; lo que redundaría en mayor crisis y deslegitimación del SEIA y judicialización.

Transitar hacia una mayor validación de la evaluación ambiental requiere equidad en la representación del comité asesor e incorporar temas claves: la participación ciudadana informada y vinculante; la eliminación del Comité de Ministros; e incorporar el ordenamiento territorial, con criterios y condiciones de localización en la base de la evaluación ambiental de los proyectos.

Fuente: Estrategia