Chilenas con derechos: el complejo avance legislativo de la mujer en territorio masculino

    Recién en 1952, el voto en Chile fue universal y completo, vale decir, las mujeres pudieron votar en las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. Fuimos uno de los últimos países del continente. Si bien desde 1989 que las mujeres votan más que los hombres en los comicios, en la composición de la Cámara y el Senado nunca han podido superar más allá del 25% de representación.

    EL voto y el acceso a la educación, dos derechos universales que hoy están plenamente garantizados, en algún momento de la historia de Chile contaron con el impulso de mujeres que desafiaron prejuicios y, aún peor, disputaron el mismo espacio a una histórica mayoría masculina en el Congreso.

    Un buen ejemplo es que hasta el 21 de agosto de 1812, las mujeres no tenían derecho a la educación. Un decreto decidió que los conventos de monjas tendrían escuelas donde la clave de la enseñanza era la religión y aprender los “menesteres de matrona”. 48 años después, en 1860, se aprobó la idea de que la educación fuese gratuita y de acceso para hombres y mujeres, eso sí, con un pequeño matiz: para el género femenino se sustituyeron asignaturas claves para la formación cívica -como el ramo dedicado a la Constitución política- por clases de economía doméstica y de costura.

    Décadas después vendría un nuevo impulso, esta vez para conseguir el derecho a voto. En la primera mitad del siglo XX se formaron al menos dos partidos de mujeres (el Partido Demócrata Femenino y el Partido Cívico Femenino) que apuntalaron una lucha que consiguió sus primeros resultados en 1934, con el derecho a sufragio en elecciones municipales. 98 candidatas se presentaron en esos comicios.

    Ese mismo año, las abogadas Elena Caffarena y Flor Heredia, presentaron un proyecto de ley para permitir la participación completa, a todo nivel. Fueron casi 20 años de lucha -que en 1946 incluyó el ingreso, por primera vez, de una senadora mujer (María De La Cruz Toledo) que al poco tiempo fue destituida en un extraño juicio político- hasta que la iniciativa fue aprobada en 1952. Chile fue uno de los últimos países del continente en otorgar este derecho.

    El regreso de la democracia reveló una tendencia que se mantiene hasta hoy: las mujeres participan en mayor número que los hombres. Es decir, votan más. El problema es que esa tendencia no tiene su correlato en el número de representantes en el Gobierno o el Congreso. La política continuó siendo un territorio de hombres, que no abrió el paso a liderazgos femeninos no sólo en el Parlamento; también en los partidos políticos. En la legislatura que acaba de terminar, el 15,8% de la Cámara de Diputados estaba ocupada por mujeres; en el Senado la misma cifra llegó al 15,7%. Desde 1990 a la fecha, de 27 presidentes que ha tenido la Cámara sólo 3 han sido mujeres. En el Senado, en tanto, la cifra es aún más dramática: de 17 presidencias, solo una mujer -la senadora PS Isabel Allende- llegó a la testera.

    Por ello es que, al igual que la lucha por la educación o el voto, por largos años se discutió una ley de cuotas que permitiera una representación efectiva de la mujer en el Parlamento. Finalmente, en 2017 entró en funcionamiento por primera vez un criterio de paridad en las listas: los elencos al Congreso no pueden tener menos del 40% de un género y no más del 60%. De acuerdo a los últimos datos entregados por el Gobierno, con la nueva disposición -que no es una ley por sí sola sino un artículo dentro de la reforma al sistema electoral, de carácter transitorio hasta 2029- por primera vez en la historia de Chile las mujeres, a partir del 11 de marzo, un 23% del nuevo Senado y el 22,5% de la nueva Cámara estarán ocupadas por mujeres. La cifras aún está lejos del 28,1% que promedia América Latina según datos de la Unión Interparlamentaria.

    Las últimas batallas

    Pese a la histórica baja representación femenina en el Parlamento, en los últimos años, y de la mano de un mayor empoderamiento en todos los planos, las mujeres han comenzado a ganar más batallas. Un buen ejemplo es la creación de la Ley que tipifica el femicidio y la despenalización del aborto en tres causales.

    Anterior a la creación de la Ley 20.480 que tipifica el femicidio y lo reconoce como “la forma más extrema de violencia contra las mujeres”, a ojos del Estado la muerte de las mujeres por violencia de género no tenía una figura penal definida. Esta ley permitió explicitar una triste realidad: desde el 2010 -fecha en que se promulga la ley- a la fecha han muerto más de 300 mujeres víctimas de violencia machista.

    Otra legislación, una más polémica, con posiciones encontradas y con un extenso debate que terminó en una ardua disputa en el Tribunal Constitucional, fue la iniciativa para permitir la interrupción del embarazo en tres causales, que se convirtió en ley en 2017 y que era uno de los compromisos de campaña de la Presidenta Bachelet. Si nos remontamos a la historia del aborto y la mujer en Chile, en 1989 se prohibió todo tipo de aborto, derogando un artículo del Código Sanitario de 1931 que permitía la interrupción del embarazo con fines terapéuticos y no fue hasta el 2015, bajo el segundo gobierno de Bachelet, que el tema volvió a la discusión legislativa.

    Los desafíos en paridad

    En materia de equidad de género, el segundo gobierno de Michelle Bachelet hizo grandes avances, creando el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género reemplazó al Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) y le entregó más herramientas para promover y resguardar los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Si bien en su primer mandato intentó mantener un gabinete paritario, al final de esa administración sólo 8 de los 21 ministros eran mujeres. Hoy termina su segunda administración con sólo nueve mujeres en su equipo ministerial. El Presidente electo no lo hizo mejor, ya que escogió sólo a siete mujeres para su primer equipo ministerial.

    En el Congreso existen varios proyectos para legislar en materia de paridad, que no tan sólo abarca la elección de parlamentarios; también discuten la composición del gabinete ministerial, de los directorios de las empresas públicas o de estamentos como el Tribunal Constitucional.

    Un último dato: en América Latina ya son siete los países que han optado por decretar la paridad en la composición de sus respectivos Congresos. La cuota del 40% les ha parecido insuficiente.

     Fuente: La Tercera