Columna de Sara Larraín para Estrategia: Bachelet y la Ciudadanía Empoderada

    Sara

    Sara Larraín, directora ejecutiva Chile Sustentable

    17 de diciembre de 2013

     

    Bachelet encabezará un segundo periodo acompañada de una Concertación ampliada con el Partido Comunista, en lo que hoy se denomina Nueva Mayoría. No obstante este argumento, la coalición de gobierno deberá enfrentar una ciudadanía empoderada y con demandas profundas que apuntan a cambios estructurales en lo económico, social, político y ambiental. 
    En el ámbito económico, si bien se coincide con una reforma constitucional y la eliminación del FUT, la ciudadanía apunta a la creación de un régimen distinto de acceso y gestión de los recursos naturales y territorio condicionado a un ordenamiento territorial, a la participación vinculante de la ciudadanía y al establecimiento de un royalty para cada uno de los bienes públicos sean mineros, hídricos o pesqueros.

    LINK : http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=8659
    Los debates y el programa de Bachelet parecieron recoger las demandas para una educación gratuita y de calidad, el derecho a la salud y las reformas al régimen previsional, pero nunca se entró en detalles. Por lo tanto, para conocer el rango y la amplitud que contendrán dichas reformas habrá que esperar que se conozcan los proyectos de ley para abordarlos.

    El frente socioambiental es el que guarda mayores incógnitas en el contexto del nuevo gobierno. No sólo porque durante el primer gobierno de Bachelet se aprobaron proyectos conflictivos como las centrales Campiche en Puchuncaví y Alto Maipo en San José de Maipo, ambas de Aes Gener (con directivos muy vinculados a la Concertación), sino también, porque se aprobaron con graves irregularidades cometidas o amparadas por su gobierno.
    Por lo tanto, en el nuevo gobierno de Bachelet deberemos estar muy atentos a la calidad de la democracia de sus propuestas. Ya que en el extractivismo desatado de agua y minerales que seca y destruye los territorios; la imposición de proyectos mineros y energéticos que erosionan las economías locales; el doble estándar con que el aparato publico trata los derechos de las personas y comunidades y los derechos de los inversionistas está el núcleo más duro de la antidemocracia en Chile.