Columna de SL: Probidad Ambiental, el Gobierno o el Poder Judicial

    FOTO Sara Larraìn para columnas

    Estrategia, 17 de octubre 2013

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    Durante los últimos años, varios proyectos, especialmente energéticos y mineros, han sido llevados a la Justicia por organizaciones y comunidades locales obteniendo fallos a favor de los demandantes. Entre ellos destacan el complejo termoeléctrico Castilla, el megaproyecto hidroeléctrico Río Cuervo y la explotación minera Pascua Lama, aprobados o desarrollados en un marco de irregularidades y ausencia de fiscalización gubernamental que obliga a las comunidades afectadas al camino judicial.
    Además de los casos emblemáticos existen otros recientes que expresan vicios semejantes: irregularidades en el proceso de evaluación; grave incompatibilidad territorial con derechos de comunidades indígenas u otras actividades económicas; severa degradación ambiental por pérdida de patrimonio natural o contaminación.
    El primer vicio esta claramente expresado en el caso de la termoeléctrica Parinacota. El fallo de la Corte de Apelaciones de Arica indica que el director regional del SEA, vulneró la normativa al autorizar la modificación del proyecto mediante una mera “opinión” y no por la vía de un estudio de impacto ambiental.
    El segundo queda ejemplificado en la tala sin autorización, de un bosque de araucarias y lengas en la zona de Lonquimay, región de la Araucanía, para construir un camino de explotación maderera. La Corte Suprema acogió una demanda por daño ambiental y ordenó medidas de reparación. Similar vicio prometía el proyecto hidroeléctrico El Rincón, que pretendía intervenir el río Truful-Truful en la zona de Melipeuco.
    En todos los casos se evidencia la disfuncionalidad de la administración pública para garantizar que las actividades económicas se desarrollen dentro del marco jurídico vigente. Al parecer la administración del Estado no está dando el ancho para cumplir la ley. ¿Será, entonces, que los jueces deberán suplir a la autoridad ambiental?