Compensación No es Asociatividad

El Estado debe tener reglas para un trato entre inversionistas y comunidades.

Sara Larraín

El Estado debe tener reglas para un trato entre inversionistas y comunidades con condiciones de justicia ambiental, participación vinculante y co-beneficios.

Desde la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 1997, se estableció el concepto de “compensación” para denominar las acciones que deben realizar los inversionistas para compensar el impacto que provoca su proyecto en el territorio de emplazamiento. Tras años de una aplicación insuficiente del SEIA y ante el rechazo creciente de las comunidades locales a los proyectos mineros y energéticos, el gobierno de Michelle Bachelet incluyó en su Agenda de Energía la propuesta de estudiar y definir mecanismos para que las comunidades reciban parte de los beneficios de los proyectos energéticos que se instalen en sus territorios y en particular la presentación de una Ley de Asociatividad para este fin.

En las mesas de trabajo impulsadas por el Ministerio de Energía, sostuvimos que una Ley de Asociatividad debiera apuntar a un proceso de dialogo y asociación entre las comunidades y los inversionistas, con el objetivo de que los emprendimientos sean compatibles con el ordenamiento y vocación de cada territorio y coherente con el plan de desarrollo local establecido por las propias comunidades.

Establecer una Ley de Asociatividad que sólo busque compensar monetariamente el deterioro ambiental que provocan los proyectos eléctricos, a través de mecanismos tipo “pagar por entrar”, la creación de un fondo concursable o un pago de patente municipal, no es asociatividad. Ello sería una ley de homogenización de compensaciones con el objeto de destrabar proyectos energéticos sin un enfoque asociativo real entre comunidades y empresas, sin un ordenamiento territorial, sin participación vinculante, y sin conducir al bienestar de la comunidad y la sinergia con el desarrollo local.

El Estado debe establecer reglas para un nuevo trato entre inversionistas y comunidades locales con condiciones de justicia ambiental, participación vinculante, co-beneficios y honrar el legítimo derecho de la ciudadanía de determinar cómo vivir en su territorio sin el fantasma del neo-colonialismo de las empresas apoyadas por las estructuras de gobierno.

Fuente: Estrategia