Constitucionalidad de Reforma al Código de Aguas

Chile sufre una gravísima crisis hídrica tras 10 años de sequía. Desde Atacama al Maule están con decretos de escasez hídrica y se prevé ello continuará a pesar de las lluvias recientes, debido al prolongado déficit hídrico de la zona norte, centro y centro sur del país y las proyecciones de inseguridad hídrica para Chile, confirmada por las instituciones internacionales que afirman que será el país de la región más afectado por escasez hídrica.

Chile también enfrenta una crisis en la gestión, distribución y gobernanza de las aguas, lo cual no solo es desde hace varias décadas un argumento ecologista, sino también hoy un diagnóstico del establishment encabezado por el mismo Banco Mundial y la OECD, que han alertado sobre “la escasez de agua y la contaminación” en las zonas “donde se concentran la minería y la agricultura”; las “distorsiones en la asignación y el comercio de derechos de aprovechamiento de aguas”; problemas de institucionalidad y gobernanza, donde  “la falta de una gestión integral de los recursos hídricos trae aparejada la sobreexplotación de algunos acuíferos y exacerban los conflictos locales”.

En particular la OECD en su evaluación de desempeño, ha llamado a los gobiernos de Chile, a  evitar la asignación excesiva en cuencas y acuíferos en los que los derechos de uso del agua excedan la capacidad sostenible del cuerpo de agua.

Destacando la necesidad de “adoptar un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los recursos hídricos”; la urgencia de “implementar nuevas reformas del régimen de asignación de aguas, con el fin de asegurar la imposición de límites efectivos y exigibles a las extracciones, que reflejen las exigencias ambientales y ecológicas y la necesidad de un uso sostenible”. “Establecer usos esenciales del agua (agua potable, saneamiento y protección de ecosistemas) a los que se otorgue alta prioridad ”.

Asimismo ha solicitado  expandir las normas de calidad de las aguas y monitorear la contaminación del suelo y “la extracción de agua para proteger los ecosistemas, en particular los humedales” y acelerar la regularización y un registro transparente de los derechos de uso del agua y reforzar las medidas de fiscalización y las sanciones aplicables a las extracciones ilegales.

Todas estas recomendaciones han sido incluidas en la Reforma al Código de Aguas  que lleva 9 años de tramitación en el Congreso hoy está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado y que es urgente aprobar para responder estructuralmente a la urgencia sanitaria que implica la Pandemia por Covid 19, garantizar el derecho humano al agua y resolver la distribución,  el sobre otorgamiento, la sobre explotación y la mercantilización del agua. Además de enfrentar con mejores regulaciones la vulnerabilidad hídrica que trae el cambio climático.

La Reforma prioriza los usos privilegiando el consumo humano y actividades de subsistencia; avanza en la protección de acuíferos, caudal ecológico, áreas protegidas y humedales; establece concesiones de uso temporal de las aguas con condiciones ambientales y permite extinguir los derechos de agua de quienes no los utilizan, acaparándolos y especulando con este bien público.

Lamentablemente, diversos intereses económicos liderados por la agroindustria y la minería han torpedeado constantemente el avance de la reforma.

El argumento más reiterado ha sido el de la inconstitucionalidad de los cambios, a pesar de que todos los académicos y expertos constitucionalistas Emilio Pfeffer , Arturo Fernandois, Tatiana  Celume, José Antonio Ramírez, que expusieron en la Comisión de Constitución del Senado, han dejado en claro que los cambios que se introducen en la Reforma, incluida la temporalidad de las nuevas concesiones ; las condiciones de aprovechamiento para la sustentabilidad de las fuentes;  la caducidad y extinción en caso de no inscripción y no uso, no colisionan con la carta fundamental y son coherentes con las reglas sobre bienes públicos y la función social de la propiedad establecidas en la propia Constitución.

Los juristas recomendaron pequeños ajustes procedimentales que no alteran el fondo de la reforma.

Al ser las aguas bienes nacionales de uso público “es el legislador el que tiene la atribución, completa, para poder regular cómo va a ser el otorgamiento de este derecho.

Si quiere hacerlo temporal, si quiere sujetarlo a condiciones, si quiere darle una extensión más o menos amplia, o sujetarlo a ciertas cargas”. Por esta razón la  Reforma al Código de Aguas si es constitucional,  refuerza que el agua es un bien público, propiedad de todos los chilenos; en función del interés público, establece usos prioritarios como el abastecimiento de agua potable, saneamiento, actividades de subsistencia y protección de las fuentes y ecosistemas.

También exige condiciones sociales y ambientales para el aprovechamiento de las aguas, asegurando agua para las personas, los campesinos, las comunidades indígenas, las asociaciones de agua potable rural; establece mayor protección de los humedales y  las áreas protegidas y  establece  los procedimientos para extinguir y caducar los derechos de agua de quienes solicitaron este bien público, pero no lo inscribieron y no lo utilizan, perjudicando a todos los chilenos.

La Reforma, ya aprobada por las Comisiones de Agricultura y Recursos Hídricos del Senado,  no puede seguir siendo demorada por el Ejecutivo en la Comisión de Constitución, alegando una inconstitucionalidad que no existe, en el contexto de la urgencia de una gestión más equitativa y ambientalmente  sustentable del agua en el contexto de la Crisis Sanitaria y el Cambio Climático.

Además va en la línea de lo que los chilenos consideran  como esencial para enfrentar la crisis hídrica.

La Encuesta realizada por el gobierno a través de  la Mesa Nacional del Agua,  muestra que el 81% de los chilenos piensa que para superar la sequía hay que aumentar la protección de ríos, lagos y mejorar la fiscalización y 98% que la prioridad de uso del agua debe ser para consumo humano.

Estas prioridades, además del estatus del agua como bien público, están incluidas en la reforma que  deberá votar el Senado.

Es hora que el gobierno mejore su gestión y permita que avancen los proyectos de ley esenciales para el bien común de  todas y todos los chilenos. Enfrentar, la vulnerabilidad hídrica, la crisis sanitaria, y responder a las demandas sociales, a las recomendaciones de la OECD y a las restricciones que trae el cambio climático, requiere aprobar hoy la Reforma al Código de Aguas.

Fuente: Cooperativa