Crisis en Quintero: diputados apuntan a dos exministros por fallido plan descontaminador

Acusan responsabilidad política de titulares del Medio Ambiente y sus subalternos en el gobierno de Michelle Bachelet, y un actuar “errático” de la actual administración.

La comisión de la Cámara de Diputados que investigó la crisis ambiental en Quintero y Puchuncaví remontó las causas de esta situación a “acciones y omisiones del Estado desde que se fundó su parque industrial” en 1961. Pero atribuyó responsabilidades políticas a autoridades del gobierno de Michelle Bachelet por la falta de un plan descontaminador actualizado en la zona.

“Las responsabilidades políticas en relación al fallido plan de descontaminación atmosférica se concentran en el Ministerio del Medio Ambiente, representado para estos efectos por los exministros Pablo Badenier y Marcelo Mena, sus respectivos subsecretarios Marcelo Mena, Cristián Gutiérrez, Jorge Canals y los jefes de la división de Calidad del Aire, Germán Oyola y Andrés Pica”, señala el informe.

Aprobado ayer por 131 votos contra cero por la sala de la Cámara, este también acusa “un actuar errático e insuficiente” de la actual administración desde el inicio de la emergencia por intoxicaciones, que partió el 21 de agosto. “Sin perjuicio de responsabilidades políticas particulares, que corresponderían tanto al gobierno central como al regional”, el informe atribuye la inadecuada respuesta inicial a una “debilidad institucional del Estado”, carente de planes, equipos fiscalizadores y de medición adecuados, lo que explica una gestión “a ciegas”.

La comisión, presidida por el diputado del Movimiento Autonomista, Diego Ibáñez, fue constituida el pasado 5 de septiembre luego de iniciarse los episodios de contaminación masiva en la población aledaña a la bahía de Quintero. Fusionó su labor con otra de similar objetivo que había sido creada antes.

Un propósito fue aclarar la responsabilidad de que la emergencia sorprendiera a la zona sin un plan de descontaminación atmosférica actualizado, ya que el que preparaba el gobierno anterior fue objetado por la Contraloría General de la República. Aunque no hubiera evitado esa crisis, atribuida a gases de hidrocarburos no regulados por el plan, según el informe, sí la habría mitigado ya que debía controlar emisiones de dióxido de azufre que también habrían contribuido a la emergencia.

La comisión compartió el criterio de Contraloría de que las medidas, construidas durante la gestión del ministro Badenier a partir de un inventario de emisiones potencial y no real, impedían que el plan cumpliera su finalidad. Revisar las observaciones de Contraloría correspondió a la gestión del ministro Mena.

“La decisión técnica y política de no subsanar el inventario de emisiones fue de él”, señala el informe, que enfatiza que tampoco lo hizo cuando Contraloría negó la toma de razón, pese a comprometerse a ello ante la comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Para los diputados, su actitud es incomprensible toda vez que Badenier aclaró a la comisión que era posible de hacer ante el Consejo de Ministros.

El informe establece que ello puede configurar un incumplimiento legal susceptible de acusación constitucional, pero que los plazos para establecer ese tipo de sanciones están vencidos. Y acusa a las empresas de no invertir suficientemente en mejorar sus tecnologías ante normas y fiscalizaciones “laxas”.

La comisión elaboró, además, una batería de 23 recomendaciones, entre las cuales destacan ampliar las normas a más contaminantes atmosféricos, crear planes de descontaminación de agua y suelo, y cerrar a la brevedad siete termoeléctricas de más de 40 años que existen en el país.

“Varias de las iniciativas propuestas son de competencia del Presidente Piñera. Es muy necesario homologar al estándar internacional la norma chilena en aire, suelo y agua”. DIEGO IBÁÑEZ Presidente de la comisión.

Viernes 25 de enero de 2019.

Fuente: Economía y Negocios / El Mercurio