Cristián Franz, las redes del superintendente de Medio Ambiente que tendrá la última palabra sobre lo que ocurrió en Quintero

El Presidente afirmó que espera contar con los resultados finales sobre responsabilidades la próxima semana, lo que pone un reloj sobre el abogado que llegó en 2014 a la Superintendencia.

«La ministra, en base a un preinforme de la superintendencia, dijo que había presunciones de que Enap podría tener responsabilidad. Yo como Presidente prefiero esperar los resultados más definitivos de los estudios que se están llevando a cabo, y esperamos tenerlos la próxima semana».

Con estas palabras de Sebastián Piñera, emitidas a El Mercurio el pasado domingo, el Mandatario apuntó directamente a la labor del superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, quien debe zanjar, finalmente, cual fue el origen de las emisiones que afectaron a Quintero-Puchuncaví y dejaron más de 300 personas intoxicadas.

Más aún considerando que el análisis preliminar, que fue Enap, le ha valido fuertes críticas a la ministra del ramo, Carolina Schmidt, y que ha puesto un punto de presión sobre el Gobierno.

Dos días atrás, la autoridad ambiental ya se había referido al conflicto, dibujando un plazo que encaja apenas con el entregado por el Presidente. «Dije la semana pasada: esto no va a tomar menos de dos semanas. Estamos entrando a la segunda semana. Yo creo que estamos cerca, pero no me voy a cazar con un día», afirmó Franz.

Nombrado por Bachelet, ratificado por Piñera

Fue en octubre de 2014 cuando la entonces Presidenta Michelle Bachelet nombró al abogado de la U. de Chile, Cristián Franz Thorud, como superintendente de Medio Ambiente, quien lideraba de manera provisional el organismo desde marzo de ese año.

Con postítulos en Derecho Internacional Ambiental, Ecología, Responsabilidad Civil Extracontractual y Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, obtenidos en Chile, Costa Rica y EE.UU., Franz se impuso en un concurso realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). De más de 200 postulantes, quedaron sólo 11 candidatos.

Tras pasar por una entrevista con el Consejo de ADP en Pleno, la Mandataria recibió una terna y luego de examinar las calificaciones y argumentos, procedió al nombramiento. Su cargo se podía renovar después de tres años, un máximo de dos veces.

A principios de 2018, con el cambio de Gobierno, la Superintendencia recibió una visita de la recién nombrada Ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos. «Como ministerio, tenemos una muy buena evaluación del trabajo de la Superintendencia de Medio Ambiente. Por lo tanto ha sido nuestra decisión confirmar al superintendente en esta labor», afirmó.

Al abogado se le reconoce una amplia trayectoria de casi 30 años, en los cuales ha desarrollado su actividad profesional dentro y fuera de Chile, en el sector público y privado. Sin embargo, fuentes cercanas al organismo aseguran que el perfil de Franz es «más político que técnicos» y que no ha generado grandes cambios en la superintendencia.

Desde el Congreso, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Catalina Pérez (RD), señala que ven la labor ejercida por Franz «con preocupación». «En los últimos cinco años de su gestión, esta zona de Quintero y Puchuncaví suma 132 fiscalizaciones de la SMA, sin embargo tiene una sola multa, y lamentablemente él no ha señalado ninguna palabra respecto de la falta de atribuciones y recursos asignados a la superintendencia», dice a Emol.

«Siendo que además todas las ONG y el mundo académico coinciden en que efectivamente las atribuciones de la superintendencia y su capacidad de fiscalización es muy baja en nuestra legislación actual, yo deduzco que hay una conformidad del superintendente con cómo está pensada hoy día la SMA», menciona, añadiendo de que se trata de un contexto especial debido a que pronto se discutirá una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Superintendente y ex asesor

Dentro de su círculo de hierro está David Silva Johnson (PS), su jefe de gabinete, quien fue oponente de Joaquín Lavín en las elecciones municipales de Las Condes y también concejal en Providencia, donde llamó la atención por su propaganda en postura yogui. Y es que el abogado, que tiene un máster en Políticas Públicas en Londres, fue instructor de yoga especializado en India, además de vegetariano.

También tiene como mano derecha a su esposa, Antonia Urrejola, abogada en Derechos Humanos que formó parte del comando indígena durante la campaña de Bachelet, además de jefa de gabinete de José Miguel Insulza en la OEA. Actualmente se desempeña como relatora de la Comisión Interamericana de DD.HH. para Nicaragua.

En conjunto, el matrimonio constituyó una sociedad llamada Los Chungungos Ltda en 2004, que controló hasta el 2015 el 40% de los derechos sociales del Grupo Alianza, según La Tercera. La firma ha realizado asesorías ambientales y sociales a empresas como Barrick Gold, Collahuasi, Antofagasta Minerals, Agrosuper y Electro Austral.

En el caso de Barrick Gold, sus proyectos Cerro Casale y Pascua-Lama causaron polémica. Mientras el primero fue suspendido por la propia empresa tras notar que el costo de construcción había sobrepasado lo previsto, Pascua-Lama fue paralizado por la superintendencia en mayo de 2013 por daños medioambientales.

Multas récord

Ha sido precisamente la resolución de clausura total y definitiva de Pascua-Lama, en enero de este año, uno de los grandes hitos de su gestión al mando del organismo fiscalizador. En la oportunidad, aclaró que «no pusimos un candado a ese territorio» y que «si la compañía quiere desarrollar un proyecto diferente (en el mismo lugar), está en su legítimo derecho de planificar uno».

Antes, en marzo de 2015, cursó contra el proyecto minero Caserones, de la japonesa JX Nippon Mining, la segunda sanción más alta de la historia: 14.745 UTA (hoy correspondientes a más de $8 mil millones). «Este es un llamado de atención, sin duda (…) la fiscalización ambiental en Chile sólo va a aumentar. Este es un proceso irreversible», aseguró.

Sólo en su primer año, Franz tuvo la labor de culminar el proceso sancionatorio contra Bocamina II y levantar cargos contra AngloAmerican por El Soldado y Los Bronces, de $2.690 millones y US$7,6 millones respectivamente.

Pese a esto, la emergencia en Quintero-Puchuncaví es quizás la prueba más grande que ha debido enfrentar en su gestión de casi cuatro años y que incluye a dos gobiernos.

Por Consuelo Ferrer

Martes 4 de septiembre de 2018.

Fuente: Emol.com