¿CUMPLIRÁ BACHELET SU COMPROMISO DE DERECHO AL AGUA?

Por Sara Larraín

La tesis que proviene de la campaña de desinformación realizada por la Sociedad Nacional de Agricultura y que asegura que la reforma les quitará los derechos de agua a campesinos y agricultores, es absolutamente falsa. Pero, como ni los Seremi de Agricultura ni Indap han hecho la pega de exponer a sus beneficiarios de qué se trata la reforma, obviamente la campaña del terror de la SNA se ha desarrollado en el descampado y forma parte de los temas que la oposición está utilizando para captar votos en este periodo eleccionario.

Hace más de una década Chile sufre una megasequía producto de fenómenos climáticos y el calentamiento global, y que impacta a la producción campesina, al riego agrícola, la industria y al agua potable rural y de muchas ciudades. Los últimos 6 años, además del aumento de los conflictos por el agua, el Estado ha gastado más de 92 mil millones de pesos en camiones aljibe para abastecer de agua potable a 175 comunas de Chile. En este contexto, además de las distorsiones en el otorgamiento de derechos de agua, y 36 años de vigencia, el Código de Aguas de 1981 ha resultado obsoleto para enfrentar los actuales problemas de acceso y de seguridad hídrica. Por esta razón, en los últimos años diputados y senadores han presentado decenas de proyectos de ley para modificar el Código vigente.

Además de las promesas de su Programa de Gobierno en materia de aguas, las que incluían una reforma constitucional, la Presidenta Bachelet reforzó su voluntad política en pro de las reformas al régimen sobre acceso y gestión de las aguas. En su primer mensaje a la nación, el 21 de mayo de 2014, explicitó que “debemos proteger los glaciares y definir el acceso al agua potable y al saneamiento, como un derecho humano esencial e irrenunciable, que debe ser garantizado por el Estado”.

Acto seguido, ese mismo año, avanzó en su compromiso patrocinando una de las Mociones Parlamentarias de Reforma al Código de Aguas (Boletín 7543-12) que establece el derecho al agua, los usos prioritarios y limitaciones sociales y ambientales a tales derechos; y, también, la Moción Parlamentaria para la protección de los glaciares. La primera se tramitó en la Cámara, en las comisiones de Recursos Hídricos, de Agricultura, de Hacienda y en la Sala, entre los años 2014 y 2016, pasando al Senado en noviembre del año anterior y votada por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta en agosto de 2017. Hoy su tramitación se encuentra congelada en la Comisión de Agricultura, no solo porque la oposición se opone férreamente a la reforma sino porque también los senadores de la DC se arrimaron a dicho bloque, dejando a la Nueva Mayoría en minoría.

La tesis que proviene de la campaña de desinformación realizada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y que asegura que la reforma les quitará los derechos de agua a campesinos y agricultores, es absolutamente falsa. Pero como ni los Seremi de Agricultura ni Indap han hecho la pega de exponer a sus beneficiarios de qué se trata la reforma, obviamente la campaña del terror de la SNA se ha desarrollado en el descampado y forma parte de los temas que la oposición está utilizando para captar votos en este periodo eleccionario.

Insólito, como muchas cosas en este país, porque la reforma apunta justamente a proteger a los campesinos, al mundo rural, incluidos el agua potable rural y el riego agrícola de otros emprendimientos industriales que compiten por el vital elemento, como son la hidroelectricidad y la minería. ¡Es el mundo al revés!, que explota en su beneficio la oposición.

Estas reformas son claves para corregir las actuales distorsiones en el acceso y gestión de las aguas en Chile y resolver los conflictos por el agua; pero además corresponden a las recomendaciones principales que ha hecho la OCDE a Chile, en la Evaluación de Desempeño de 2016, para que nuestro país alcance estándares mínimos de justicia y seguridad hídrica. Por estas razones es crucial que la Presidenta Bachelet retome sus compromisos con la reforma al Código de Aguas, le ponga “suma urgencia” a la tramitación y ponga a sus ministros y parlamentarios a trabajar para despachar la reforma durante los 3 meses legislativos que quedan en este periodo de Gobierno.
Para los no informados, las principales modificaciones de la reforma en peligro de congelamiento son: 1) el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, el que debe ser garantizado por el Estado; 2) la priorización del uso de las aguas para usos esenciales, como agua potable y actividades de subsistencia; 3) establece condiciones para la sustentabilidad ambiental de las fuentes de agua dulce: protege humedales, limita extracción en acuíferos, constituye caudales ecológicos para todas las futuras concesiones; y para los derechos ya otorgados, cuando se encuentren en áreas amenazadas o degradadas, en áreas protegidas, en caso de las solicitudes de cambio de punto de captación y de permisos para obras mayores; 4) establece la conservación in situ de las aguas en áreas protegidas, mediante la constitución de reservas de agua con fines de conservación y la prohibición de otorgar concesiones en áreas protegidas; 5) cambia el carácter de los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, los que serán temporales y otorgados como concesiones de largo plazo (30 años); 6) establece causales de extinción y caducidad de los derechos de agua en casos de no inscripción, de acaparamiento y no uso de los derechos otorgados y perfecciona del sistema de patentes por no uso; finalmente, 7) facilita y establece plazos para la regularización de los derechos de agua, permitiendo regularizaciones colectivas y plazos diferenciados para el sector campesino.

Estas reformas son claves para corregir las actuales distorsiones en el acceso y gestión de las aguas en Chile y resolver los conflictos por el agua; pero además corresponden a las recomendaciones principales que ha hecho la OCDE a Chile, en la Evaluación de Desempeño de 2016, para que nuestro país alcance estándares mínimos de justicia y seguridad hídrica. Por estas razones es crucial que la Presidenta Bachelet retome sus compromisos con la reforma al Código de Aguas, le ponga “suma urgencia” a la tramitación y ponga a sus ministros y parlamentarios a trabajar para despachar la reforma durante los 3 meses legislativos que quedan en este periodo de Gobierno.

Publicada en El Mostrador