Declinación de ONGs a participar en Mesa de Asociatividad

Chile Sustentable,, Fundación Ecosistemas, Terram, Observatorio Ciudadano y Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén

El motivo de la presente es agradecer la invitación que se nos ha hecho  para participar en el “Taller sobre Política de Asociatividad para el Desarrollo Energético en Chile”.

Al respecto, declinamos de concurrir a dicha iniciativa del Ministerio de Energía, por cuanto la asociatividad como mecanismo para resolver problemas de legitimidad y gobernanza  territorial  no es compatible con  las políticas públicas intervencionistas y extractivistas, que el Ministerio de Energía ha diseñado e Impulsado en las legislaciones recientes. Es el caso de la ley de transmisión eléctrica , que facilita la intervención de las empresas eléctricas en los territorios.

Las estrategias de asociatividad deben tener como base el ejercicio y respeto de los derechos humanos, altos estándares de transparencia y equidad,  y deben entregar a las comunidades un rol  preponderante en la expresión de sus demandas  para mejorar sus condiciones de vida.

Tal como señalamos en el documento “Ley de Asociatividad: análisis critico y propuestas de la sociedad civil”, enviado al Ministerio de Energía en el mes de noviembre del año pasado, las organizaciones ciudadanas tenemos la convicción de que cualquier política pública en la materia debe  fundarse en :

  1. Un enfoque de derechos humanos, y por tanto los acuerdos y mecanismos deben estar basados en el reconocimiento, respeto y ejercicio de estos derechos.
  2. Las propuestas de negociación entre empresas y comunidades, debieran cautelar que esté previamente garantizado: el ejercicio y respeto de los derechos económicos, sociales y culturales; la protección de la propiedad pública o comunitaria (soberanía) sobre el territorio y los bienes comunes susceptibles de afectarse; y la participación vinculante de la comunidad en la toma de decisiones sobre el uso del territorio, los recursos naturales y los bienes comunes en cuestión.
  3. El Estado debe constituirse en “el garante” de los derechos individuales y colectivos, y de los bienes públicos.
  4. Las estrategias de asociatividad deben 
ser consecuencia del reconocimiento y respeto de los derechos de las personas y de sus territorios.

La trayectoria del Ministerio de Energía durante el actual gobierno no se ha caracterizado por  el reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades locales. No ha asumido un rol de garante, sino el de promotor de diversos tipos de intervención en favor de los inversionistas. Esto se ha evidenciado en los casos del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo,  del proyecto de transmisión Cardones- Polpaico, de la central hidroeléctrica Río Cuervo, por nombrar algunos; al igual que el proceso que está llevando adelante en la definición de la Política Energética Regional de Aysén.

 

Creemos que el diseño de una Política de Asociatividad para el desarrollo energético en Chile requiere de señales claras sobre el rol del Estado y en particular del Ministerio de Energia, que privilegien los derechos de participación de las comunidades locales y regionales, el consentimiento previo, libre e informado,  y la asociación justa entre empresas, Estado  y comunidades. Temas que no vemos posible de  abordar en el taller al cual se nos invita.

Le saludan cordialmente.

Sara Larraín, Chile Sustentable

Juan Pablo Orrego, Fundación Ecosistemas

Flavia Liberona, Terram

Nancy Yáñez, Observatorio Ciudadano

Patricio Segura, Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén