Derecha en la encrucijada: Dar o no sus votos a figura de derechos de agua temporales

Senadores deberán votar figura de 30 años para los nuevos otorgamientos, una vez aprobada la ley, artículo que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Asimismo, tendrán que resolver sobre su extinción en caso de no uso por un tiempo determinado.

De entregar sus votos para los cambios, la oposición validará una idea que han señalado atenta contra la Constitución por calificarla de “expropiatoria”.

Un intenso debate se prevé para el martes 30 de mayo en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, cuando se voten las indicaciones del Ejecutivo al artículo 6º del Código de Aguas, aprobado por la Cámara.

En este, los diputados establecieron una temporalidad máxima de 30 años para los nuevos derechos de agua (la comisión revirtió el nombre de “concesiones”), lo cual elimina la perpetuidad que ampara a los ya otorgados.  En última sesión, del 16 de mayo, los senadores UDI Iván Moreira -en reemplazo de Víctor Pérez- y RN Francisco Chahuan se opusieron a la votación de este artículo, argumentando la ausencia del director de la DGA Carlos Estévez en representación del gobierno.

El problema para los legisladores de Chile Vamos es que, de concurrir con sus votos al cambio, estarían validando la constitución de derechos temporales, lo cual les transformaría legalmente en concesiones.  La derecha ha planteado que esto iría en contra de la Carta Fundamental por ser “expropiatorio”, anunciando reserva de constitucionalidad.

En caso de sancionarse la norma, la comisión deberá resolver además sobre el artículo 6º bis referido a la extinción de los derechos de aprovechamiento, en caso de que su titular no haga un uso efectivo de estos.   Los diputados aprobaron para los consuntivos cuatro años y para los no consuntivos, ocho.  El cálculo se realizaría desde su otorgamiento.

La idea de este mecanismo es corregir lo estipulado en la reforma al Código de Aguas de 2005, que estableció la figura del pago de patentes por no uso del agua. Durante los primeros cinco años el gravamen se multiplica por el factor 1, del sexto al décimo por el 2 y del año 11 en adelante por cuatro, como una forma de desalentar el acaparamiento y la especulación.

En la práctica esto no ha surtido el efecto buscado, ya que existen muchos particulares y empresas que prefieren cancelar los montos establecidos por la patente antes de devolver los derechos que no usan.

En su indicación a lo acordado por los diputados, el Ejecutivo plantea que el plazo de extinción se amplíe a cinco años para los consuntivos y diez para los no consuntivos.

El primer argumento es que el aumento escalonado del pago de patentes por no uso que rige desde la reforma del 2005 se realiza sobre la base de quinquenios.  Es una forma de “mantener una coherencia temporal” explicó en la ocasión la asesora de la Dirección General de Aguas Tatiana Selume.  Además, el gobierno pretende que el cálculo ya no sea desde su otorgamiento sino desde el momento en que aparezca el derecho de aprovechamiento en el listado por no pago de patentes.

Esta propuesta generó una amplia discusión en la sesión del martes 16 de mayo, dado que las senadoras Muñoz y Allende pidieron una aclaración por ello significar en la práctica ampliar el lapso para la extinción por dos vías: aumentar el plazo y la definición del momento en que se comienza el cálculo.

En el debate las senadoras Allende y Muñoz han manifestado también su molestia frente a una indicación del Ejecutivo que propone eliminar aspectos claves de lo aprobado en la Cámara, como la posibilidad de revisión de los derechos en caso de afectarse acuíferos, fuentes superficiales o actividades de subsistencia.

 

Otros cambios

En la última sesión se aprobó una indicación al artículo 5º sobre las aguas reservadas para subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica.  En este caso se incluyó que estas podrán ser siempre -y no solo excepcionalmente- “entregadas a prestadores de servicios sanitarios para garantizar el consumo humano y el saneamiento”, y que esta acción será considerada “aportes de terceros” con un “costo igual a cero”, por tanto no podrá ser contemplada para el cálculo de la tarifa.

Asimismo, se acordó agregar el siguiente inciso: “Lo dispuesto en este artículo no obstará de forma alguna la obligación de las prestadoras de servicios sanitarios de garantizar la continuidad y calidad del servicio, planificando y ejecutando las obras necesarias para ello, incluidas las de prevención y mitigación que correspondiere”.

Y, por último, se aprobó al final del artículo que “los derechos de aprovechamiento que se otorguen sobre aguas reservadas podrán transferirse siempre que se mantenga el uso para el cual fueron originariamente concedidas y sean informadas a la Dirección General de Aguas”, incluyendo su extinción del derecho si no se utiliza en los plazos ya determinados, “las usa para un fin diverso para aquel que han sido otorgadas, o cede su uso a cualquier otro título”.

Desde las organizaciones ciudadanas se monitorea semanalmente las votaciones sobre la reforma al Código de Aguas, lo cual se ha facilitado por el carácter televisado de las sesiones.  Ello, sin duda, contribuye a transparentar cómo votan los senadores que este año van a reelección, como es el caso  de Isabel Allende y Francisco Chahuan, ambos de Valparaíso, región sintomáticamente “inundada” por conflictos por el agua.