DIA MUNDIAL DEL AGUA: LAS TAREAS PENDIENTES EN CHILE

Por Sara Larraín

    El 22 de marzo de cada año, la comunidad internacional conmemora el Día Mundial del Agua, con el objeto de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la urgencia de avanzar hacia una gestión sustentable del agua.  Este Día del agua fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 47/193), en respuesta a la solicitud de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro en 1992.

    A este llamado de atención se suma en 2010   el mandato de la Resolución 87 de la Asamblea General de la ONU que establece el derecho humano al agua potable y saneamiento como un derecho humano esencial y fundamental para el ejercicio de los demás derechos; por lo cual debe ser garantizado por el Estado. A este mandato se suman los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) acordados por Naciones Unidas en su agenda 2030, donde en particular del ODS 6, se refiere al acceso al agua, su gestión integrada, sustentable y participativa y la cooperación para proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua.  

    En este contexto es importante revisar los desafíos de Chile en materia de políticas de acceso, protección y gestión de recursos hídricos, especialmente en un escenario de escasez e inseguridad hídrica, generada principalmente por factores antropogénicos como la sobreexplotación, contaminación y el cambio climático.

    Al respecto, la OECD en su segunda evaluación ambiental, dada a conocer en junio de 2016, alerta sobre “la escasez de agua y la contaminación” en las zonas de Chile “donde se concentran la minería y la agricultura”, y destaca que existen “distorsiones en la asignación y el comercio de derechos de aprovechamiento de aguas” y afirma que “la falta de una gestión integral de los recursos hídricos trae aparejada la sobreexplotación de algunos acuíferos y exacerban los conflictos locales”.

    Dicho organismo internacional llama a Chile a “adoptar un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los recursos hídricos” y recomienda diseñar e “implementar nuevas reformas del régimen de asignación de aguas, con el fin de asegurar la imposición de límites efectivos y exigibles a las extracciones, que reflejen las exigencias ambientales y ecológicas y la necesidad de un uso sostenible”. También llama al gobierno a “establecer usos esenciales del agua (agua potable saneamiento y protección de ecosistemas) a los que se otorgue alta prioridad;”

    Finalmente la OECD recomienda al gobierno a evitar la asignación excesiva en cuencas y acuíferos en los que los derechos de uso del agua excedan la capacidad sostenible del cuerpo de agua. Es decir órganos políticos como la ONU y órganos económicos como la OECD llaman a Chile a realizar reformas profundas en las políticas, regulaciones y gestión del agua.

    Similares demandas, como  el derecho humano al agua, la recuperación del agua como bien público, la gestión local y participativa, la protección de glaciares, ríos y humedales, se han instalado crecientemente  como plataforma de demandas ciudadanas bajo el lema de “defensa del agua y de la vida”. Pero nuestro país está lejos de poder asumir dichos objetivos y responder a las demandas ciudadanas. Aunque  las reformas al Código de Aguas aprobadas en la Cámara de Diputados en 2016  constituyen un importante  avance  al reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento; en establecer usos prioritarios  para las funciones, y actividades de subsistencia, sustentabilidad ambiental de las fuentes  de agua y  establecen caudales ecológicos y reservas para esos fines, priorizando el acceso  al agua  para  agua potable rural, comunidades campesinas e indígenas.  La reforma es tímida al condicionar los derechos de agua existentes a caducidad o extinción solo por no inscripción y no uso; y  terminar con el otorgamiento de derechos perpetuos solo para nuevas solicitudes, las que serán concesiones a 20 y 30 años, prorrogables si se cumplen determinadas condiciones.

    Pero dichas reformas ahora deberán ser votadas en cuatro comisiones del Senado: de Agua, Agricultura, Hacienda y Constitución, lo que de por si constituye un proceso retardatorio de las reformas, que desconoce la urgencia y los conflictos que enfrenta el país en materia de acceso, protección y gestión del agua.  Por ello el desafío hoy, es evitar que en el Senado se reviertan los avances logrados en la Cámara de Diputados para reformar el Código de Aguas.  Adicionalmente, en un año de elecciones presidenciales y parlamentarias, es importante exponer ante el país a quiénes votan y cómo votan.  Estos son los desafíos que nos recuerda a los ciudadanos, la conmemoración del Día Mundial del Agua.

    Publicado en Estrategia