Diputado Jorge Insunza (PPD) vota con la derecha para mantener privilegios de mineras sobre las aguas

Junto a diputados de la UDI y RN rechazó indicación que obligaba a las empresas mineras a informar y solicitar el uso de las  aguas, tal como deben hacerlo los demás sectores productivos.

Una fuerte división se produjo el miércoles último en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados durante la votación de las reformas al  Código de Aguas,  cuando parlamentarios de la nueva mayoría propusieron terminar con el régimen de propiedad  de “las aguas del minero”, privilegio que ha impedido que el Estado acceda a la  información  sobre los recursos hídricos que usan las mineras en sus áreas de concesión.

La propuesta de los diputados Yasna Provoste (DC), Cristina Girardi (PPD) y Daniel Núñez (PC), apoyada por los PS Raúl Saldívar y Luis Lemus, buscaba eliminar la figura excepcional establecida en el artículo 56 del Código de Aguas que entrega automáticamente a las mineras “los derechos de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores”, en los territorios de su concesión, sin ninguna obligación de informar a la autoridad ni solicitar su uso temporal, como se exige  a los demás sectores productivos.

La propuesta fue rechazada por  los integrantes de la Alianza Sergio Gahona (UDI), Andrea Molina (UDI), Pedro Álvarez-Salamanca (UDI) y Jorge Rathgeb (RN), a quienes se sumó el  PPD Jorge Insunza.   Se abstuvo el DC Mario Venegas.  Ante el empate, la iniciativa fue rechazada.

Fue esta la segunda ocasión en que Jorge Insunza votó con la derecha en la reforma al Código de Aguas.  Previamente lo hizo con el objetivo de fortalecer “el derecho real” sobre los recursos hídricos, en tanto hoy fue para mantener el privilegio de “las aguas del minero”.  Para las organizaciones esta situación es paradójica considerando que el parlamentario representa una zona gravemente afectada por la minería, como son las comunas de Salamanca y Los Vilos, donde se ubica la minera Los Pelambres del grupo Luksic que hoy está en conflicto con el poblado de Caimanes.

Es muy lamentable que, aunque todos declaramos que hay que eliminar el privilegio de que las aguas halladas sean prácticamente propiedad de las concesiones mineras y la urgencia de que las empresas estén obligadas a informar y solicitar permiso para usarlas, luego voten lo contrario y perdamos la indicación” explicó la diputada Girardi.

En su opinión esto demuestra un “doble estándar” ya que “estamos todos de acuerdo en que hay que redactar de una manera distinta la forma en que las mineras utilizan las aguas, pero siempre manteniendo la potestad del Estado de permitirles usarlas o no, junto con definir prioridades de uso”.

Para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, existe una contradicción en la decisión adoptada por la comisión, ya que  la eliminación de las “aguas del minero” del artículo 56, fue incluida en la moción original de los parlamentarios y aprobada en 2013.  Todos, y en forma transversal votaron por eliminar ese  privilegio para la industria minera, obligando a la minería a someterse al mismo procedimiento que todos los otros sectores productivos.  “Esto es muy relevante porque el espíritu de la reforma es entregar al Estado la potestad de resguardar el bien de uso público que es el agua, para resguardar su calidad  y priorizar  los usos esenciales. Pero hoy la Alianza junto al PPD Jorge Insunza  han votado por mantener ese privilegio”indicó.

Agregó que “es  inexplicable la falta de coherencia de algunos diputados de la Nueva Mayoría. Hoy se perdió una indicación clave que permite al Estado  tener información completa sobre el agua existente en  cada cuenca en las regiones mineras”.

La diputada Yasna Provoste en tanto, presidenta de la comisión, también expresó su contrariedad, señalando que de todas formas se buscarán con el Ejecutivo los mecanismos que permitan terminar con este articulado pro minería.  “Esperamos que no sea la intención del gobierno mantener estos privilegios a un sector fuertemente cuestionado por la constante tensión que mantiene con las comunidades, específicamente por el agua.  Es el Estado el que debe decidir sobre las concesiones y esperamos que el Ejecutivo esté disponible para, con una nueva redacción, terminar con dicha inequidad” indicó.

Previo a la votación de la modificación al artículo 56 se aprobaron diversos cambios que paradójicamente sí apuntan a cambiar la figura actual de propiedad perpetua sobre las aguas por la de concesión temporal. Idea matriz que, contradictoriamente, no se mantuvo en lo concerniente a la minería.