Diputados socialistas de la región Metropolitana entregaron señal política contra proyecto Dominga

    Invitados por organizaciones de la comuna de La Higuera, Daniel Melo y Leonardo Soto –ambos representantes de distritos ubicados en la Región Metropolitana–, abordaron el caso en el marco de una gira por la zona. Dispararon contra Andes Iron y las autoridades locales, incluyendo al intendente Claudio Ibáñez, y anunciaron apoyo total hacia los opositores a la iniciativa minero-portuaria. Eso sí, los argumentos que entregaron dejaron un amplio margen de dudas.

    La conferencia se efectuó en un conocido café de La Serena. En la mesa principal se ubicaron el vocero de la Federación de Pescadores de La Higuera, Gabriel Molina; el presidente de la Junta de Vecinos nº3 de Los Choros, Aliro Zarricueta; los diputados Daniel Melo y Leonardo Soto, y el presidente del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (Modema), Andrés Álvarez.

    Fuerte y claro fue el mensaje político que entregaron los diputados socialistas Daniel Melo y Leonardo Soto, ambos de la Región Metropolitana, durante una conferencia de prensa ofrecida en La Serena el viernes 9 de diciembre, junto a dirigentes locales de la comuna de La Higuera. Su planteamiento fue de oposición total al proyecto minero y portuario Dominga, que la compañía Andes Iron pretende desarrollar en ese territorio, y cuyo estudio de impacto ambiental (EIA) se encuentra en tramitación desde septiembre de 2013.

    Los destinatarios del mensaje no eran sólo los representantes de la empresa; también las autoridades locales.

    A la cita, iniciada cerca de las 18:00 horas, llegaron solamente tres medios de comunicación, entre ellos Semanario Tiempo. Los parlamentarios fueron acompañados por Andrés Álvarez, presidente del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (Modema); Aliro Zarricueta, presidente de la Junta de Vecinos nº3 de Los Choros, y Gabriel Molina, vocero de la Federación de Pescadores de La Higuera.

    Melo abrió los fuegos explicando que fueron invitados por “la comunidad de Punta de Choros” y que durante el transcurso de ese día habían recorrido el área que sería afectada por la iniciativa. “Lo que encontramos es la vulneración de un conjunto de derechos ciudadanos, a la participación, a una justa tramitación y además, a los derechos que tienen las comunidades a definir su propia calidad de vida. Vemos en el proyecto Dominga la posibilidad de generar un impacto negativo en este ecosistema tan frágil”, señaló.

    Luego agregó: “Creemos que este proyecto debiera ser rechazado por la Comisión Regional (de Evaluación Ambiental). Si esta situación fuera adversa, queremos comprometer nuestro apoyo al trabajo que vienen realizando las comunidades para pedir la nulidad de la tramitación ambiental y ver los recursos de protección que podamos interponer si se le da curso”.

    Su colega reforzó la embestida. “Comprobamos que toda esta zona tiene una severa amenaza a su existencia”, dijo, detallando que Dominga implica el riesgo de “la destrucción de esta comunidad en sus modos y costumbres”.

    Soto llamó a las autoridades regionales a “tener una intervención mucho más activa de lo que ha sido hasta ahora”, empezando por recorrer la zona, para que así “puedan comprobar in situ, de cara a las comunidades afectadas, el impacto que puede tener este proyecto. Creo que desde la Plaza de Armas de La Serena, desde las oficinas en que se encierran a veces las autoridades, no están en capacidad de conocerlos”.

    Incluso acusó “severos problemas de hostigamiento policial hacia varias comunidades, como también hostilidades entre vecinos, propiciadas por autoridades que no hacen bien su trabajo”.

    Melo y Soto fustigaron el hecho que el intendente regional, Claudio Ibáñez, no los hubiera recibido ese día a ellos y a un grupo de dirigentes, en circunstancias que –aseguraron– se había concertado anticipadamente una entrevista. A cambio, fueron recibidos por el gobernador de Choapa, Patricio Trigo, en calidad de intendente subrogante. “Le expresamos –a Trigo– nuestra molestia porque el intendente titular no asistió a esta reunión, que había sido preparada con más de una semana de anticipación; sólo 20 minutos antes se nos informó que no iba a estar. Creemos que es una falta de respeto a la preparación de esta reunión, a las comunidades afectadas, que viajaron desde la costa hasta acá, y a nosotros que venimos de Santiago, y no se compadece con el trato que ha recibido la empresa, que ha sido recibida en numerosas oportunidades, en persona, por el intendente”, disparó Soto.

    EXTRAÑOS ARGUMENTOS

    Los parlamentarios metropolitanos dijeron ser parte de un núcleo de diputados interesados en materias medioambientales, con participación en comisiones que han investigado diversos proyectos privados y públicos. Asimismo, dijeron propiciar una mejora integral en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para lo cual estarían trabajando en la formulación de propuestas.

    En la oportunidad, sin embargo, resultó curiosa la entrega de argumentos confusos o francamente erróneos acerca de la iniciativa de Andes Iron. Por ejemplo, Melo apuntó a que el proyecto fue presentado en forma fraccionada, lo cual constituiría una infracción a las normas del SEIA; un hecho que calificó como un “vicio”. La afirmación es, al menos, llamativa, por cuanto desde su primera presentación el EIA explica que Dominga “se trata de un proyecto minero y portuario, de extracción y procesamiento de hierro con cobre como subproducto, y abarca desde la extracción de mineral hasta el embarque de concentrado para comercialización, incluyendo todos los procesos e instalaciones asociadas”. Los documentos abordan tanto los rajos desde los cuales se extraería el mineral hasta el puerto de embarque, pasando por el sistema de espesado, filtrado, almacenamiento, así como las obras para la captación, desalinización e impulsión de agua de mar, entre otros detalles. O sea, el estudio se refiere a todas las partes del proyecto y no a una fracción del mismo.
    Soto, por su parte, insistió en la existencia de “indicios claros que la agricultura se va a acabar, toda vez que el consumo de agua de este proyecto es capaz de secar toda la cuenca”, pese a que el proyecto estipula que toda el agua a utilizar en las faenas provendría de una planta desalinizadora y no de una fuente de agua dulce. Aun más, en la misma conferencia los diputados resaltaron la propuesta de dicha planta como otro aspecto negativo, por su emplazamiento y las salmueras que produciría.

    Por otra parte, el entusiasmo de los parlamentarios por vincular al proyecto con el denominado “Caso Penta” –apuntando a ese nexo como razón válida para no otorgarle una resolución de calificación ambiental– llevó a que Soto afirmara que “el dueño del grupo Penta estuvo en la Penitenciaría de Santiago, cumpliendo condena por fraude al Fisco, por fraude tributario e indicios de corrupción”. Algo imposible, pues no ha habido juicio y, por tanto, no existe condena alguna.

    Fuente: Semanario Tiempo