Discuten en el Senado proyecto de ley que permite avanzar en erradicación de “zonas de sacrificio” termoeléctrico

 Comisión de Medio Ambiente analizó iniciativa que modifica Ley de Medio Ambiente.

Directores ejecutivos de Chile Sustentable, Sara Larraín, y de la ONG FIMA Chile, Ezio Costa, expusieron sus puntos de vista sobre propuesta legal que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.

  • En general, consideraron que iniciativa es un avance para mejorar la calidad de vida de quienes viven en “zonas de sacrificio” por  contaminación atmosférica.

Una de las primeras iniciativas legales concretas tendientes ir erradicando las “zonas de sacrificio” termoeléctrico dio un nuevo paso el martes 27 de noviembre en el Senado, al discutirse en la Comisión de Medio Ambiente el proyecto que modifica la Ley del Medio Ambiente con el fin de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas.  Concurrieron a la sesión las diputadas Paulina Núñez (RN), autora de la moción, y Catalina Pérez (RD), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, además de los directores ejecutivos de Chile Sustentable, Sara Larraín, y de la ONG FIMA Chile, Ezio Costa.

La iniciativa, que fue aprobada el 18 de octubre por la Cámara de Diputados, consta de un solo artículo que introduce condiciones especiales a todos los proyectos nuevos y ampliaciones, en zonas declaradas como latentes o saturadas por contaminación, mientras no se dicten los respectivos planes de prevención y/o descontaminación.

Lo primero que establece es que todo proyecto requerirá de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental y en el caso de los que “generen emisiones que representen un aporte superior al 1% de los contaminantes, en consideración a la norma ambiental establecida y a la declaración de zona correspondiente, no podrán ser admitidos a tramitación”.   Tampoco podrán acogerse las iniciativas de generadoras de energía a base de combustibles fósiles.  Y, por último, obliga a los organismos del Estado responsables de la evaluación y coordinación de los procesos de evaluación de impacto ambiental a “promover medidas y propuestas dirigidas a prevenir el detrimento de la calidad del aire”.

 

Planteamientos

Durante su presentación, Sara Larraín destacó el avance de la iniciativa porque, a propósito de la crisis Quintero-Puchuncaví, “ha sido muy relevante contar ya con este proyecto en tiempo para hacer frente a este tipo de emergencias”.  Aclaró, eso sí, que esta no es una situación extraordinaria sino “es el riesgo permanente al cual están sometidas todas las poblaciones  en aquellos lugares donde se superan las normas”.

La ecologista expresó que “creemos que el proyecto puede ser perfeccionado, pero es un avance en la legislación ambiental, ya que garantiza el derecho constitucional a vivir en un medioambiente libre de contaminación”.  Esto porque “las personas que viven en zonas saturadas están viviendo en una situación de la norma. La norma es el límite del derecho a no enfermarse”.

En este sentido envió un mensaje al Ministerio de Medio Ambiente, que ha sido reticente a apoyar el proyecto. “Acá no estamos escribiendo de nuevo las reglas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sino se está señalando ‘mire, si usted se demora tres años o diez años, en este período o esta década, van a haber estas condiciones en subsidio de lo que va a establece el plan (de prevención o descontaminación)” puntualizó.

Entre las propuestas está que los proyectos antiguos que no fueron aprobados mediante la Ley de Bases del Medio Ambiente sean obligados a obtener una resolución de calificación ambiental; que cuando se supere la norma se gatille un proceso de actualización de esta; mejorar las normas relativas a dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y material particulado en zonas saturadas por parque industrial; incluir un plazo máximo de tres años entre la declaración de zonas de latencia o saturadas y los respectivos planes de descontaminación.

Ezio Costa, en tanto, planteó la necesidad de “vincular la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental a la emisión de contaminantes respecto de los cuales se ha declarado zona saturada o latente. Eso dejaría fuera varios proyectos”.

Expresó que esta condición perentoria es mejor que el mecanismo de compensación, que han planteado algunos sectores. “No me parece que la mejor forma de hacerlo sea compensando económicamente o solo compensando. Hay una serie de complejidades con la compensación, es mejor establecer este aumento en la rigurosidad, pero sí vincularlo a los elementos contaminantes” indicó, estando de acuerdo con la cláusula de proyectos que no serían acogidos a tramitación. Lo mismo para el caso de las generadoras, recomendando ampliar las nuevas responsabilidades de los servicios públicos no solo a “la calidad del aire” sino a todos los elementos (aire, suelo, agua) por los cuales determinado territorio haya sido declarado saturado.

Sin embargo, la principal carencia del proyecto no está en las condiciones para los proyectos nuevos sino cómo hacerse cargo de los que ya operan y que son los que han generado los problemas de las así llamadas “zonas de sacrificio”.

Parecería más razonable y recomendable poner medidas con respecto de los proyectos que ya están funcionando, además de generar medidas para proyectos nuevos” indicó.  Entre las medidas propuestas está dar un plazo de un año a todos los proyectos que emiten y no tengan resolución de calificación ambiental (RCA) para que se evalúen; que los sí tienen RCA que actualicen sus resoluciones; que luego de declararse zona saturada o latente todos los proyectos en operación se vean obligados a reducir sus emisiones en el mismo porcentaje que se haya superado la noema.

Uno de los argumentos que llamó la atención fue el del subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, quien señaló que el proyecto apuntaría a ayudar a una población de un millón de personas, cuando son 11 millones de chilenos y chilenas los que viven en zonas latentes o saturadas, principalmente por combustión domiciliara.  “Con las medidas de este proyecto lo que estaríamos haciendo es congelar o resguardar la salud de la población de ese millón de personas que viven en zonas industriales y estamos dejando olvidado a todo el resto cuya principal causa de contaminación es la leña” argumentó.

Al respecto, la senadora PPD Ximena Órdenes dijo que, entendiendo la reflexión, tal planteamiento no tiene relación alguna con el proyecto, que está enfocado específicamente a las zonas industriales “y se hace cargo de un vacío”, ya que las termoeléctricas más contaminantes que operan en Chile se instalaron antes de la entrada en vigencia de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y por tanto no cuentan con una resolución aprobatoria.

 

Jueves 13 de diciembre de 2018.

Por Patricio Segura