El Agua debe ser un bien público

En Chile no es un bien nacional de uso público, aunque así lo declara el Código de Aguas.

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El Agua en Chile no es un bien nacional de uso público, aunque así lo declara el  Código de Aguas, pues tras 33 años de aplicación de dicha norma, el agua terminó siendo parte de un régimen de propiedad privada y especulación financiera. Un ejemplo: el Tribunal de Libre Competencia reconoció que sólo 3 empresas poseen más de 80% de los derechos de agua (no consuntivos).

Este modelo de gestión del agua ha generado graves impactos en el territorio nacional: desecamiento de ríos, vegas y otras fuentes de aguas superficiales; descenso en el nivel de las aguas subterráneas y con ello el avance de la desertificación y los conflictos por el agua. Todos ellos asociados a la expansión minera, hidroeléctrica y forestal que afectan a  comunidades y economías locales, desde la región de Tarapacá hasta la de Los Ríos.

No es posible que en Chile las industrias intensivas en el uso de agua se instalen y degraden las cabeceras de cuenca; no es razonable que en Antofagasta se robe agua potable; no es aceptable que la agricultura de subsistencia sea asfixiada por la minería y la agroindustria o que miles de chilenos entre Atacama y Chiloé estén bebiendo agua de camiones aljibe. Hemos llegado a un punto en que la institucionalidad y el Código de Aguas deben ser sustancialmente reformados, a pesar de las presiones de grandes mineras,  hidroeléctricas y agroexportadoras, únicas cómodas con esta normativa.

Chile suscribió la Carta Fundamental de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que reconocen el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano fundamental. Además suscribió la resolución de Naciones Unidas que establece el derecho humano al agua y al saneamiento como un derecho esencial y su ejecución es vinculante.

El agua es un bien fundamental para la vida de los humanos y el medioambiente que nos sustenta, por ello el negocio del agua debe acabar. Una reforma sustantiva al Código debe priorizar la asignación del agua para usos esenciales como agua potable, saneamiento, producción de alimentos y mantención ambiental de las cuencas.  Debe terminar con el secretismo y privilegio de las aguas del minero, establecer mediciones y estándares de eficiencia para las industrias y poner fin a la especulación del agua como bien económico transable.

Fuente: Estrategia