El caso de Ricardo Villalba, el envenenamiento de ríos de Barrick y el inventario de glaciares

    En los últimos dos años el gigante minero Barrick Gold ha derramado cianuro tres veces sobre glaciares cercanos a la mina Veladero, ubicada en la cuenca del Río Jáchal, en la Provincia de San Juan, Argentina. Sin embargo, la multinacional canadiense está quedando totalmente impune y los culpables del desastre son buscados, paradójicamente, entre autoridades ambientales y científicos. Lo peor de todo esto: la cacería de brujas se hace mientras las faenas de Barrick en Jáchal continúan.

    El juez federal Sebastián Casanello apunta sus dardos contra el investigador Ricardo Villalba, quien fue Director del Instituto Argentino de Nieve, Hielo e Investigación Ambiental (IANIGLA) mientras esta institución estaba a cargo de hacer el Inventario Nacional de Glaciares. La investigación, que fue realizada por encargo estatal con el objetivo de proteger estos cuerpos de hielo ante cualquier tipo de amenaza, registró sólo glaciares cuyas superficies fueran mayores a una hectárea, y excluyó algunas formaciones periglaciares. Este criterio metodológico cumple con la norma internacional, pero no satisface a las comunidades afectadas ni al poder judicial.

    La causa que complica a Villalba tiene su origen en una denuncia emitida por la Asamblea “Jáchal No Se Toca”, en la que se acusa incumplimiento de la Ley de Glaciares y que la metodología utilizada en el inventario a cargo de éste habría permitido que Barrick siguiera operando en el área. La asamblea había advertido previamente sobre el riesgo que significaba la explotación minera en la cuenca del río Jáchal y que en su caso era necesario inventariar todos los glaciares asociados al origen del río, incluso los pequeños. La autoridad judicial, por su parte, culpa a Villalba de no prever en su diseño metodológico que áreas acechadas por el extractivismo minero efectivamente requieren inventarios más detallados que los usados para otro tipo de mediciones científicas o en contextos socioambientales diferentes.

    Mientras investigadores e investigadoras de Argentina y el mundo parecieran hacer una defensa corporativa a Villalba tratando de justificar algunas decisiones metodológicas, también parecen minimizar el riesgo de contaminación que está sufriendo la cuenca del río Jáchal por parte de Barrick. Algunos investigadores también alertan sobre la persistencia del riesgo ambiental y la responsabilidad del Estado ya que el actual marco legal no es capaz de impedirlo.

    Precisamente, investigadores, becarios y profesionales del grupo Ciudad y Territorio del INCHIUSA, CCT Conicet Mendoza, expresaron a través de una declaración pública su rechazo al fallo judicial que procesa a Villalba. En su declaración señalan que “Más allá de los argumentos técnicos acerca del límite operacional de relevamiento de los glaciares (mayores a 1 hectárea), esta decisión del Juez Casanello es injusta y forzada pues sus fundamentos no atienden a la distribución de funciones que tienen los organismos científicos y la autoridad de aplicación. En este sentido es vital dejar claro que es falso que el Inventario no se ha realizado. El mismo tiene un avance del 70% y será finalizado antes de 2018. Si la aplicación de la Ley ha tenido dilaciones, no es responsabilidad del IANIGLA, sino de la autoridad de aplicación nacional y por cierto de las provincias involucradas” señalaron.

    También hicieron énfasis en el sobreseimiento de la empresa Barrick en los delitos ambientales por los que estaba imputada. “Esto demuestra claramente que el sector minero queda fortalecido frente a ambos fallos judiciales”. Junto a esto recordaron que el gobierno de Macri en conjunto con el empresariado minero han cuestionado sistemáticamente la Ley de Glaciares vigente, buscando su inaplicabilidad y un obstáculo para su visión del desarrollo.

    Los investigadores además advirtieron que “al destruirse la legitimidad y capacidad institucional, lo que vendrá es menos control, menos protección”.

    Por otra parte, desde la asamblea se acusa mala intención y posibles compromisos de los investigadores con la gran minería, pero no se exige a IANIGLA que, como institución pública llamada a ser un instrumento justamente para la protección de las fuentes del sistema hídrico argentino, se sume al objetivo de evitar que las faenas de Barrick sigan representando una amenaza socioambiental en la zona. Estos inconducentes dimes y diretes sólo son comprensibles en tanto ocurren en un contexto de mucha tensión, pues la contaminación con cianuro afecta la seguridad de muchas personas que dependen del agua del Río Jáchal para vivir.

    De todos modos, tanto investigadores como activistas, advierten que toda esta situación de conflictos y acusaciones podría estar siendo orquestada desde la propia Barrick, en colaboración con el gobierno de Mauricio Macri. Estas sospechas se fundan en que ya está andando un plan que busca acelerar la instalación de la gran minería transnacional en Argentina, por la vía de beneficios tributarios y flexibilización de la legislación ambiental. De hecho, el abogado Enrique Viale sostiene haber accedido al borrador de un decreto, preparado por los ministerios de Ambiente y de Energía del actual gobierno, que apuntaría a hacer más permisiva la Ley de Glaciares. En este contexto, resulta conveniente para los intereses de la industria extractivista que todas aquellas comunidades e instituciones interesadas en la protección y seguridad ambiental estén divididas.

    Ante el evidente conflicto de intereses entre los defensores del extractivismo y todos quienes están interesados en la protección del ambiente y el acceso al agua limpia para las necesidades comunitarias, la supuesta objetividad científica resulta insuficiente: las instituciones especialistas pueden hacer sus estudios sobre la base de criterios abstractos, que pueden terminar favoreciendo a la gran minería transnacional, o hacerlos con mediciones basadas en criterios coherentes con el contexto real de amenazas socioambientales. Este dilema parecía resuelto en la síntesis “conocer para proteger” que motiva a tantas personas a dedicarse a la investigación y al activismo ambiental, pero parece que aún faltan algunas reflexiones colectivas sobre esta idea.

    En conflictos como el que involucra a los investigadores argentinos y la organización socioambiental, la solución pasa necesariamente por la apertura a una discusión profunda de la labor investigativa y su relación con su contexto social. Implica, de este modo, que los sistemas de investigación cientifica y los movimientos sociales ambientalistas tengan la capacidad de dialogar y trabajar en torno a la implementación de políticas ambientales con un mayor grado de conocimiento del medio y el contexto, y que sean capaces de garantizar efectivamente el bienestar de la población. Si este diálogo se interrumpe y la articulación se pierde, el interés extractivista avanzará sin contratiempos por la vía de la flexibilización de la ley ambiental.