El negocio de la sequía II: Las redes políticas del “barón del aljibe” en el Biobío

La sequía se ha convertido en una penuria para más de 400 mil ciudadanos y en un lucrativo negocio para unos pocos. Un empresario del Biobío tiene desde hace siete años el monopolio del reparto de agua en camiones aljibe en esa región. El influyente dirigente camionero Germán Faúndez se ha beneficiado con contratos de la Intendencia y el Serviu regional por más de $24 mil millones desde 2010. CIPER investigó sus redes políticas: allí destaca el diputado Cristián Campos (PPD), cuya cuñada, concejala PPD por Talcahuano, es jefa de la unidad que gestiona los contratos con Faúndez y otros proveedores.

Vea también: El negocio de la sequía: el puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte $92 mil millones

Como ustedes saben, todos los problemas se vinieron a raíz del reportaje de CIPER, que fue un reportaje que nos perjudicó como empresa (…) Tenemos que cambiarle el rumbo al enfoque y eso significa que vamos a repartir estanques a familias (…) vamos a beneficiar con estanques de 200 y 500 litros (…) Con unos 100 estanques repartidos en la región le vamos a cambiar la cara a este reportaje perjudicial y de ser, según el reportaje, una empresa de lucro, pasamos a ser una empresa de lucro igual, pero una empresa que se preocupa de la gente.

La cita corresponde a un audio revelado el 6 de junio por el diario La Tribuna (Biobío). Allí se escucha a una ejecutiva de la sociedad Antártida de Chile,  dedicada a la distribución de agua potable en camiones aljibe y propiedad del empresario penquista Germán Faúndez Fuentes, instruir a un grupo de choferes repartir gratuitamente estanques de almacenamiento de agua a un centenar de vecinos de la región.

Entrega-de-aguaUna estrategia para sacudirse de un reportaje de CIPER publicado el 21 de marzo, en el que se reveló que de los $92 mil millones que el Estado ha invertido en los últimos siete años para contratar camiones aljibe que suministren agua a 400 mil personas, $23 mil millones habían ido a dar a manos de Germán Faúndez, a través de dos de sus empresas: Antártida de Chile y Transporte y Logística Chile.

Faúndez –quien desde al menos 2010 concentra el 25% del gasto fiscal a nivel nacional en este ítem– opera como el titular exclusivo de los millonarios contratos que la Intendencia del Biobío ha adjudicado para el reparto de agua en todas las comunas de la región (ver reportaje).

El reportaje de CIPER también provocó una reacción de la Intendencia del Biobío. A fines de mayo pasado, y por primera vez en los últimos siete años, el gobierno regional le adjudicó un contrato de transporte y distribución de agua potable a una empresa que no pertenece a Faúndez. A la Constructora Regional Chile y por $800 millones se le entregó el suministro de agua potable con camiones aljibe (por tres meses) a los vecinos de las comunas de Arauco, Lebu, Cañete, Los Álamos y Tirúa.

Ese contrato le significó a Faúndez perder cinco de las más de 40 comunas donde el millonario negocio de reparto de agua está bajo su control. La pérdida del monopolio no duró mucho tiempo. Un mes después de la adjudicación, el contrato con Constructora Regional fue revocado. La decisión fue confirmada a CIPER por autoridades de la Intendencia del Biobío, las que acusan a la empresa de “incumplimientos”. Los representantes de esa empresa declinaron referirse al tema.

Tras el abrupto término de ese contrato, la indagación de CIPER arroja que la distribución de agua potable en esas comunas fue reasignada a empresas de Germán Faúndez.

Faúndez, controlador de más de una decena de sociedades, la mayoría constituidas en los últimos cinco años, es un empresario influyente en la Octava Región. Desde hace varios años lidera la Federación de Empresarios de Transporte de Carga por Carreteras y la Asociación de Dueños de Transportadores de Contenedores de la Región del Biobío. Desde su posición de empresario y dirigente gremial, Germán Faúndez ha forjado vínculos con distintas autoridades de la región, entre los que destacan el diputado Cristián Campos (PPD) y el senador Alejandro Navarro (PAIS), ambos parlamentarios por la Octava Región.

Diputado Cristián Campos.

Diputado Cristián Campos.

Esas redes políticas le han dado frutos. En 2015, por ejemplo, Cristián Campos envió un oficio a la Contraloríapara que el órgano fiscalizador se pronunciara sobre los motivos por los que la Intendencia y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Biobío, mantenían millonarias deudas (cerca de $7 mil millones) con dos empresas de Concepción: Transporte y Logística Chile, dedicada a la distribución de agua potable en camiones aljibe y de propiedad de Faúndez, e Inversiones Chile. El dueño de esta última, que opera en el rubro de la construcción y que figura con dos contratos por cerca de $1.000 millones con el Serviu regional, es el mismo Faúndez (ver el oficio).

-Faúndez me comentó que se había reunido con varias autoridades y que tenía un conflicto, porque se le adeudaban dineros por unos servicios que había prestado y, obviamente, así como hago tantos oficios para otras personas, también lo hice para él -puntualizó el diputado Campos a CIPER.

Cristián Campos -44 años y diputado desde 2010- ha tejido una vasta red de nexos políticos en la Región del Biobío, los que cruzan al Seremi de Transporte y llegan hasta la propia intendencia, donde su cuñada es jefa de Administración y Finanzas (también concejala PPD, el mismo partido de Campos, por Talcahuano), área que gestiona y fiscaliza los millonarios contratos con Faúndez para la distribución de agua potable en las cuatro provincias de la región.

FIN AL MONOPOLIO

El 31 de mayo pasado, la empresa Constructora Regional fue seleccionada por la Intendencia del Biobío para proveer el abastecimiento de agua en camiones aljibe en las comunas de Arauco, Cañete, Lebu, Los Álamos y Tirúa. En el portal Mercado Público aparece que esa empresa presentó su propuesta el 18 de mayo, quedando en evaluación junto a otras dos ofertas, una de ellas del empresario transportista Germán Faúndez.

Desde 2010 y hasta esa fecha, la totalidad de los contratos para la distribución de agua en la región –una de las más golpeadas por la crisis hídrica que desde hace años azota al país– fueron adjudicados por trato directo a dos empresas de propiedad del dirigente gremial Germán Faúndez: Transporte y Logística Chile y Empresas Antártida de Chile.

distribucion_agua_4Solo entre ambas concentraron más del 25% de los $92 mil millones que el Estado ha invertido a nivel nacional en los últimos siete años para enfrentar la falta de agua en 175 comunas de todo el país. Lo grave es que la indagación de CIPER indica que en esos mismos siete años la Intendencia del Biobío no ha ejercido control sobre los recursos invertidos para el pago de camiones aljibe en la región. Un ejemplo: según datos entregados por la propia intendencia a CIPER, en 2013 se gastaron $3.533 millones en el arriendo de camiones aljibe para abastecer a 45.341 personas con agua potable. Al año siguiente, el monto casi se duplicó –llegó a $6.562 millones–, pese a que el suministro solo cubrió a 41.784 personas, 3.500 menos que en 2013.

Tras la publicación de la primera parte de este reportaje, CIPER solicitó por Ley de Transparencia la copia de todos los contratos adjudicados por la Intendencia del Biobío a Germán Faúndez. La revisión de esos documentos arrojó nuevos datos.

La primera sorpresa fue que Faúndez no solo consolidó su monopolio sobre la distribución de agua potable con camiones aljibes a través de dos de sus empresas (Transporte y Logística Chile y Antártida de Chile). Desde septiembre de 2016, el empresario penquista opera en ese negocio del agua con una tercera sociedad: Tierra de Chile, constituida en agosto de 2015 con su esposa y su hijo, con un capital de $50 millones. El 21 de septiembre de 2016 la Intendencia y Tierra de Chile firmaron contrato para el reparto de agua durante tres meses (septiembre, octubre y noviembre), en 11 comunas de las provincias de Concepción y Arauco. El monto del contrato, entregado al margen de licitación pública, fue de $662,5 millones (ver documento).

En ese contexto, el ingreso de Constructora Regional al mercado rompía el histórico monopolio del clan Faúndez en el negocio del reparto de agua en el Biobío. El 30 de junio, sin embargo, la intendencia decidió rescindirles el contrato. CIPER consultó por los motivos de la decisión y la respuesta fue que la empresa no había acreditado una serie de exigencias, y que “algunos documentos se encontraban vencidos, tales como revisiones técnicas de los vehículos y certificados de sanitización” (ver respuesta de la Intendencia del Biobío).

Desde la intendencia señalaron que el contrato había sido readjudicado a la empresa que en el proceso original de postulación había quedado “en segundo lugar”: Tierra de Chile, propiedad de Germán Faúndez.

ALJIBES, CAMPAMENTOS Y ALDEAS

La nueva indagatoria de CIPER arrojó otras sorpresas respecto de sus contratos con instituciones del Estado. Además de hacerse del monopolio del lucrativo negocio de la distribución de agua potable en el Biobío, su especialidad son los “trabajos de emergencia” para organismos públicos. De ello da cuenta un contrato adjudicado por el Serviu a Inversiones Chile en noviembre de 2012 para la erradicación y cierre de 67 aldeas en varias comunas de la región. El monto: $1.140 millones, fondos que le fueron asignados por trato directo, al igual que los más de $23 mil millones transferidos a tres empresas de Faúndez desde la intendencia para el reparto de agua.

Germán Faúndez en una reunión en la Intendencia del Biobío.

Germán Faúndez en una reunión en la Intendencia del Biobío.

CIPER encontró además un segundo contrato entre Inversiones Chile y el Serviu regional: en agosto de 2013 se benefició de una licitación pública por $150 millonespara la “Mantención y Reparación de Aldeas” en las comunas de Arauco, Cañete y Lebu (ver documento). A esa licitación, Faúndez se presentó señalando que su empresa, constituida dos años antes (junio de 2011), contaba con “amplia experiencia en trabajos de emergencia, tanto en aldeas como en campamentos, y otras tareas encomendadas por la Onemi”.

La “experiencia” invocada por Faúndez quedó en entredicho en la ejecución de los trabajos. La Contraloría levantó una serie de cuestionamientos que quedaron consignados en el informe con el que respondió al requerimiento ya mencionado del diputado Campos sobre las razones del no pago de deudas a dos empresas de Faúndez.  En ese informe (3 de noviembre de 2015) se señala que Inversiones Chile ejecutó los trabajos ordenados por el Serviu en noviembre de 2012 sin haber formalizado contrato alguno con la entidad pública.

“El Serviu de la Región del Biobío, durante el año 2013 utilizó los servicios de la empresa en análisis, sin formalizar administrativamente el respectivo requerimiento”, se lee en el informe.

No obstante operar al margen de la regulación administrativa, el 8 de julio de 2014 Inversiones Chile emitió una factura por $1.140 millones, la que fue aprobada por el Serviu del Biobío. Pero la factura no pasó los controles de la intendencia regional, responsable de allegar los fondos al Serviu para el pago. La razón: “La ausencia de un contrato de ejecución de obras en el que se establecieran los trabajos a desarrollar, la cantidad y el precio, entre otros, sin lo cual no era posible determinar el monto a pagar por las labores efectivamente ejecutadas”.

Tras el rechazo de la intendencia a finiquitar el pago, se procedió a verificar la ejecución de los trabajos. “Algunas aldeas no se encuentran erradicadas en su totalidad, quedando obras no terminadas”, fue una de las principales conclusiones del informe técnico realizado. En virtud de las carencias y errores en la ejecución del contrato, finalmente, Faúndez solo recibió $851 millones de los $1.140 millones que había facturado.

PADRINO POLÍTICO

Pamela Cortés Cisternas es jefa de Administración y Finanzas de la Intendencia del Biobío, una pieza clave en la gestión de los contratos del gobierno regional con proveedores. Uno de ellos es Germán Faúndez, con adjudicaciones por más de $23 mil millones. La indagación de CIPER indica que fue esa misma funcionaria quien notificó a los representantes de Constructora Regional el cese de su contrato a fines del mes pasado, lo que dio paso una vez más a la entrega de ese  trabajo a Faúndez.

Pamela Cortés (al centro), junto al diputado Campos (a su izquierda).

Pamela Cortés (al centro), junto al diputado Campos (a su izquierda).

Pamela Cortés es cuñada del diputado Cristián Campos (PPD), quien haciendo uso de sus facultades parlamentarias envió en 2015 un oficio a la Contraloría para destrabar los millonarios pagos que dos entidades públicas de la región adeudaban a Germán Faúndez. El vínculo de Campos y Cortés no es solo familiar. La jefa de Administración y Finanzas de la intendencia es también concejala PPD por Talcahuano y el diputado fungió como su “padrino político” durante la exitosa campaña que en 2016 la convirtió en autoridad edilicia de esa comuna de la Octava Región.

Pamela Cortés está emparejada con el Seremi de Transportes del Biobío, César Arriagada (PPD), un histórico colaborador de Cristian Campos. De hecho, Arriagada relevó a Campos en su rol como administrador de la Municipalidad de Hualpén, cuando el hoy diputado se postuló en 2009 al Congreso.

Fue precisamente en el ejercicio de sus labores como administrador municipal de Hualpén que Cristian Campos fue acusado por el Ministerio Público de apropiarse de dineros fiscales por la vía del pago de horas extraordinarias sin respaldo. Fue formalizado en agosto de 2014, cuando pactó con la Fiscalía la suspensión condicional del proceso, tras la devolución de $4,6 millones.

El diputado Cristián Campos fue consultado por CIPER sobre su relación con el empresario Germán Faúndez, calificada por varios actores importantes de la región como “fluida”. Junto con descartar un nexo “especial” con Faúndez, Campos afirmó:

-Lo que pasa es que conozco a todos los actores de la región. Él es el presidente del gremio de los camioneros, y si me pregunta por el presidente de la Cámara de Comercio también lo conozco. Los conozco a todos.

Respecto del oficio que envió a Contraloría solicitando respuesta por los millonarios pagos adeudados a Faúndez, Campos señala que en el ejercicio de su cargo es usual que reciba a personas de la región para conocer sus inquietudes:

Germán Faúndez (Fuente:  Revista Nos)

Germán Faúndez (Fuente: Revista Nos)

-Faúndez me pidió una audienciaYo atiendo lunes y viernes a todo el mundo, así que no tengo problema en hacer ese tipo de consultas y peticiones, más allá de la persona que lo esté solicitando. Usted puede revisar, he enviado cerca de 200 oficios consultando por cosas específicas para distintas personas que me lo han solicitado.

La página web de la Cámara de Diputados registra todas las audiencias públicas de Campos desde marzo de 2015 a la fecha (cumpliendo con el dictamen de la Ley de Lobby). En ese periodo no hay registro de que el diputado haya recibido a Germán Faúndez.

A pesar de no aparecer registrado en sus audiencias, el diputado Campos también afirmó a CIPER que algunas veces ha recibido al empresario Faúndez acompañado de Juan Araya (presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones), quienes le plantearon el tema “del impuesto específico” y que, en el último tiempo, había escuchado su postura sobre “el tema del cobro de los peajes, de cómo eso afecta la actividad que ellos realizan”.

Cristián Campos insistió que no tiene mayor vínculo con Faúndez, aunque dijo conocerlo incluso desde antes de que fuese electo diputado (2009). Versiones recogidas por CIPER señalan haberlos visto comiendo junto a otras personas en el “Tiralomo”,  una conocida parrillada de Concepción:

-Yo he ido a reuniones con Germán, pero también con otros empresarios del mismo sector, Marcos Vergara, por ejemplo, que lo conozco muy bien y que es del mismo rubro. No tengo problema en decir que como Concepción es tan chica, las reuniones se han hecho en mi oficina o en un restorán.

PARA EVENTOS SOLIDARIOS RECURRIMOS A ÉL

El senador por la Octava Costa, Alejandro Navarro (PAIS), conoce a Germán Faúndez desde aproximadamente una década. “Esporádicamente, en temas especiales que tienen que ver con eventos solidarios en beneficio de los  habitantes de la región, recurrimos a él”, dijo a CIPER.

Senador Alejandro Navarro.

Senador Alejandro Navarro.

A fines de 2014, el senador hizo entrega de sillas de ruedas en Concepción y Chillán, las que fueron donadas a la comunidad por una fundación estadounidense. En el acto de entrega en la comuna de la Séptima Región, el senador agradeció a Germán Faúndez: “Las sillas fueron traídas desde Estados Unidos y gracias al apoyo del dirigente Germán Faúndez, presidente de la Federación de Transportistas de la Región del Biobío, llegaron hasta acá”, dijo en esa oportunidad.

Navarro, a su vez, ha apoyado causas del dirigente transportista en varias instancias. Figura junto a Faúndez en una demanda por $150 millones –a la que también se sumó la Asociación de Defensa de los Derechos de los Consumidores del Biobío– contra la sociedad Camino de la Madera, por el mal estado de la carretera del mismo nombre que está bajo su concesión. También, desde al menos 2011, ha acusado la existencia de un “cartel del combustible” en la Región del Biobío, problema que fue tratado en una sesión especial del Senado el 19 de abril de 2012. Al día siguiente, en Concepción, Navarro dio una vocería junto a Germán Faúndez donde criticaron “la fijación y regulación de precios”.

Meses antes, en diciembre de 2011, Navarro y Faúndez se habían reunido para “dar a conocer los beneficios de la aprobada ley de reintegro de impuesto específico del petróleo diesel para empresas de transporte de carga”, según la propia página web del senador (ver aquí).

Consultado respecto de los millonarios dineros transferidos por la intendencia a empresas ligadas a Faúndez para el reparto de agua en camiones aljibe, Navarro señaló: “He sido crítico de esa transferencia”.

Aun así, el senador Navarro acompañó en 2015 a Faúndez y otros transportistas a una reunión con el intendente del Biobío, Rodrigo Díaz Worner, para que el organismo público acelerara los pagos que se le adeudaban al empresario por trabajos de distribución de agua. “Fui a esa reunión para evitar un corte del servicio producto del no pago”, señaló a CIPER.