Energía: Cambio de rumbo

La agenda energética, junto a la reforma tributaria han sido las protagonistas en los primeros meses del gobierno de Michelle Bachelet. La primera, generó un golpe de timón a pocos días de la toma del mando, cuando los ministros anularon el pronunciamiento parcial del Comité de Ministros de Piñera sobre las reclamaciones contra la aprobación de HidroAysén, (consistente en cinco mega represas en los ríos Baker y Pascua en la Patagonia chilena). Semanas después vino el lanzamiento de la nueva Agenda Energética elaborada por el ministro Máximo Pacheco; y finalmente el 10 de junio pasado, invalidó en forma unánime el permiso ambiental de HidroAysén, concedido irregularmente en mayo de 2011.

FOTO-SARA-2Lo acontecido respecto de HidroAysén expresa un cambio de rumbo en las decisiones gubernamentales en materia energética y ambiental y permiten “deshidroaysenizar” el debate nacional sobre el futuro de nuestro desarrollo energético.

La resolución de los ministros puso luz roja a la discrecionalidad y vicios administrativos en las aprobaciones ambientales de los proyectos; y al mismo tiempo evidenció la inviabilidad política de seguir imponiendo megaproyectos sobre las comunidades locales y a las regiones, sin contar con la licencia social de sus habitantes. Este hecho es muy relevante, pues permite colocar el interés público y la deliberación democrática sobre el desarrollo nacional, por sobre la llamada “dictadura de las inversiones”, frecuentemente utilizada por nuestros gobiernos.

Por esta misma razón, es muy importante darle una mirada a la Agenda Energética de Michelle Bachelet, no solo desde una mirada técnica sobre la composición, diversificación, costos y seguridad de la matriz energética, sino también desde la mirada política, para auscultar los factores de equidad, sustentabilidad ambiental y democracia de la propuesta. Este análisis es crítico para dar legitimidad al futuro desarrollo eléctrico.

La agenda energética de Bachelet

El 15 de mayo la presidenta Bachelet presentó al país la “Agenda de Energía”, la que prioriza siete áreas de la política pública: el nuevo rol del Estado; reducción de precios y mayor competencia; desarrollo de recursos propios; transmisión; eficiencia y gestión de la energía; impulso a la inversión; participación ciudadana y ordenamiento territorial. Una revisión de la propuesta permite valorar algunas medidas, así como alertar sobre la inconveniencia de otras.

La mayor virtud de la Agenda es que compromete un nuevo rol del Estado en la orientación del desarrollo energético. Esto incluye la creación de una unidad de coordinación regulatoria; una de participación y diálogo; y el fortalecimiento de las divisiones de prospectiva, de acceso y de equidad. También compromete fortalecer institucional y presupuestariamente a ENAP para su operación en el mercado energético; promete desplegar el Ministerio de Energía en todas las regiones del país y transformar el Centro de Energías Renovables en un Centro de Fomento e Innovación en Energía Sustentable, incorporando generación distribuida, redes inteligentes, y un programa estratégico en desarrollo solar.

En cuanto a medidas específicas de la Agenda, es destacable el compromiso de corregir las actuales distorsiones del mercado, reduciendo en 30% los costos marginales de la energía en el SIC, al año 2017; además promete reformar el Sistema de Licitaciones para sincerar precios y generar competencia entre las generadoras.

También es positivo, y responde a las demandas ciudadanas, el compromiso de una meta de reducción de 20% del consumo esperado de energía al año 2025, mediante un Plan Nacional y una Ley de Eficiencia Energética.

Pero la Agenda Energética de Bachelet tiene aspectos preocupantes. Entre ellos cabe destacar la priorización de las grandes hidroeléctricas y termoeléctricas que exhibe el Plan de Obras vigente, que incluye centrales a carbón como Guacolda 5 y Cochrane 1 y 2; hidroeléctricas como Alto Maipo 1 y 2, y Ñuble, lo cual implica que no habrá ningún cambio en la matriz eléctrica durante el actual gobierno.

A ello se suma, la priorización y facilitación de las grandes hidroeléctricas, para lo cual el gobierno expresa que realizará un ordenamiento territorial en las cuencas (a cargo de los ministerios de Obras Públicas, Medioambiente y Economía); lo cual resulta un absurdo, dado que los derechos de agua para la generación hidroeléctrica ya han sido otorgados por el Estado a las empresas eléctricas, y especialmente a Endesa, Colbun y Gener, hoy propietarias de 80% de ellos, según lo constatado por el Tribunal de Libre Competencia.

La Agenda Energética también incluye reformas legales para facilitar las inversiones, pero no incluye ni detalla procesos de participación ciudadana para legitimar democráticamente el desarrollo eléctrico, para revertir la inequidad socio ambiental y los errores del pasado. Por ello preocupa que los aspectos más débiles de la Agenda sean los asuntos de participación ciudadana, la cual queda reducida a estándares para información y diálogo, gestión de conflictos y consejos consultivos; nada es vinculante.

El Ordenamiento Territorial propuesto en la Agenda, está limitado a la hidroelectricidad, y será realizado por una mesa interministerial. El mensaje de la Agenda indica que promoverá el estrujamiento de todas la cuencas con alguna disponibilidad hídrica del país para dedicarlas a la industria de la generación. La hegemonía hidroeléctrica en todas las cuencas de Chile, impuesta desde el gobierno central, y en base a la propiedad de los derechos de agua que poseen especuladores y empresas ajenas al territorio que desean explotar, no es una propuesta aceptable para las comunidades y las regiones. El nuevo gobierno debe revisar y reestructurar su propuesta en materia de ordenamiento territorial y participación ciudadana. Es claro que el rol del Estado, sin la gente y las regiones, no garantiza un desarrollo eléctrico para el bien común y el interés público.

¿Cuál será la matriz en 2025?

Durante la última década en Chile han aumentado los conflictos socio ambientales vinculados al desarrollo de proyectos de generación eléctrica, especialmente porque los proyectos se pretenden ubicar en áreas pobladas, áreas saturadas, de prioridad turística, áreas de protección ambiental o en territorios indígenas. Estas manifestaciones expresan mayor conciencia e involucramiento de los ciudadanos en las decisiones sobre el desarrollo local y los territorios.

Actualmente los chilenos rechazan la instalación de Centrales termoeléctricas en zonas saturadas de contaminación (Guacolda IV -Huasco; Campiche-Puchuncaví; Santa María y Bocamina II en Coronel) y denuncia la nula preocupación de las empresas y el Estado por los impactos socio-económicos y ambientales de los proyectos energéticos sobre la agricultura, turismo, pesca artesanal; comunidades indígenas, áreas protegidas, culturas y modos de vida locales. No están dispuestos a continuar aceptando en sus territorios mega proyectos energéticos para alimentar grandes centros urbanos o productivos (minería), ubicados a grandes distancias, lo cual en los hechos los condena a una pérdida de soberanía sobre sus aguas y sus territorios.

En diversos foros como la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria, mesas regionales de energía y movimientos sociales como el de Aysén y Magallanes han propuesto: implementar planes regionales estratégicos de desarrollo eléctrico, con criterios de Soberanía Energética. Es decir incentivar la generación de energías renovables no convencionales (ERNC) a nivel local y regional mediante generación distribuida; gestionar democráticamente los proyectos incentivando la asociatividad; priorizar el incentivo a la autogeneración domiciliaria y comercial de pequeña escala; incorporar las externalidades en las diversas opciones energéticas y establecer consultas vinculantes a las comunidades sobre el desarrollo de proyectos en sus territorios.

Una política y una matriz energética coherente con estas demandas, debe optar por las energías renovables no convencionales que están distribuidas, son limpias y permiten generar beneficios para las comunidades y las regiones; y cumplir con la reciente Ley 20/25 que obliga a incorporar entre 4.000 MW y 5.000 MW de proyectos ERNC al año 2025.

A ello hay que sumar la energía que podemos obtener del ahorro realizado por programas de eficiencia; los cuales según el Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética, nos permitiría evitar la construcción de 2.700 MW, es decir lo que prometía generar HidroAysén. De esta manera las ERNC y la Eficiencia Energética nos permitirían disponer de 6.700 a 7700 MW en la próxima década (entre hoy y 2025), lo cual es más de lo que requiere el país en el periodo; y más aún puede ser muy excedentario si logramos frenar la pretendida expansión minera.

El desarrollo de las ERNC, la generación residencial y la eficiencia energética, son también los pilares de la ciudadanía y soberanía energética, pues permite a los ciudadanos, organizaciones, comunidades y ciudades auto generar independizándose del mercado eléctrico y por tanto desmercantilizar los servicios energéticos; permite reducir las emisiones contaminantes e impactos ambientales sobre las comunidades y ecosistemas haciendo posible mayor justicia ambiental; y permite reducir los gases de invernadero y adaptarse responsablemente al cambio climático.

Para institucionalizar un cambio de rumbo en materia de desarrollo energético, también hay que agregar a estas decisiones sobre la matriz eléctrica una activa agenda legislativa. En ella deben priorizarse las reformas a la Ley General de Servicios eléctricos y al mercado eléctrico: regular la gestión de la demanda y las metas de eficiencia energética; establecer orientaciones para diversificar y descarbonizar la matriz e internalizar los costos de las termoeléctricas; regular la producción y uso sustentable de la leña; y regionalizar y democratizar las decisiones sobre el desarrollo eléctrico.

*Columna escrita por Sara Larraín, Directora Chile Sustentable, publicada en Le Monde Diplomatique, Julio 2014
*Fotografía gentileza Revista Nueva Minería y Energía