Estado de Reserva Estratégica: ¿Subsidio a las termoeléctricas a carbón?

    Chile es altamente dependiente de combustibles fósiles. En el caso de la generación eléctrica, hasta 2019 el país mantuvo 28 termoeléctricas a carbón, con una capacidad instalada de 5.500 MW; que durante los últimos años suministraron entre el 38% y 40% del consumo eléctrico nacional. Estas centrales están localizadas en  ciudades (Tocopilla, Mejillones , Huasco, Puchuncavi y Coronel) que están  declaradas latentes o saturadas por  contaminantes atmosféricos  y sujetas a planes de prevención o descontaminación.

    En junio de 2019, el Presidente Piñera anunció un cronograma de descarbonización del sector eléctrico al año 2025, que incluyó el cierre de las 8 termoeléctricas a carbón más antiguas (1.047 MW: 19% de la capacidad instalada a carbón). Cinco meses después, en el contexto de la COP 25 en Madrid, el Ministro de Energía, anticipó el cierre de 4 de dichas unidades e incluyó el cierre adicional de 2 centrales, lo cual elevó el compromiso gubernamental al retiro de 10 centrales (1.405 MW, equivalente al 25,5% de la capacidad a carbón) al 2025.

    El cierre de las 17 carboneras restantes (75% del parque carbonero), de acuerdo al anuncio del gobierno,  debería ocurrir antes del año 2040, pero no  estableció ningún cronograma específico  de retiro, sino que dejó la decisión a futuras negociaciones entre las empresas y los próximos gobiernos.

    Actualmente en Chile, luego del cierre de tres carboneras en 2019, (Tocopilla U12, U13 y Tarapacá), continúan en operación 24 centrales a carbón, propiedad de cuatro empresas: 15 de la norteamericana AES-Gener, 6 de la francesa ENGIE; 2 de la italiana ENEL y 1 de la chilena COLBÚN.

    Subsidio a las centrales a carbon que aceptan ser incorporadas en Cronograma de Cierre de UGC.

    El anuncio del cronograma de descarbonización de 2019, incluyó el compromiso del gobierno, de modificar el “Reglamento de Transferencia de Potencia entre Empresas Generadoras”, para incluir un nuevo estado operativo el “Estado de Reserva Estratégica (“ERE”), para beneficiar a las generadoras a carbón que comprometieran retirar y desconectar sus unidades del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

    Conocido el borrador de  modificaciones  a dicho Reglamento en enero de 2020, se evidenció que el texto incluye un pago a dichas centrales  del  60%  del  pago por potencia,  hasta por 5 años despues de su retiro del SEN, “por el servicio de estar operativas al momento en que se les llama a despachar energía al sistema eléctrico”; para lo cual contradictoriamente, aunque estan retiradas de la operación (en virtud del cronograma de cierre) , se les pone un plazo de 60 días para entrar en operación.

    Junto con hacer observaciones  al borrador del reglamento en el plazo oficial, queremos alertar a la autoridad, que la propuesta de modificación del Reglamento de Transferencia de Potencia, relativo a la ERE (Art 13 (j), 26, 27,28, 57, 63, 64 , 67 entre otros), no corresponde a un mecanismo de remuneración de respaldo del sistema eléctrico, sino una compensación para las  unidades de generación a carbón que acuerdan voluntariamente retirarse  de dicho sistema, en el contexto del Plan de Descarbonización. En consecuencia, dicho pago significa un subsidio de todas las generadoras que acceden a la remuneración por servicio de respaldo o suficiencia, (incluidas las que operan en base a energías limpias), en beneficio de las termoeléctricas a carbón.

    En el contexto de las prioridades de  descarbonización  del país, de la transición justa  y de la transparencia del mercado eléctrico, la propuesta de pago por “Estado de Reserva Estratégica” (ERE) incluida en el borrador de modificación del Reglamento de Transferencia de Potencia, implica las siguientes distorsiones a la regulación y al mercado eléctrico:

    • El estado operativo descrito en la definición de ERE (Art 13 ( j), no constituye un aporte a la suficiencia del sistema eléctrico, tal como se determina el cálculo del aporte de suficiencia (servicio de respaldo) en la legislación vigente sobre el mercado de potencia (Art 72-17 inc, final, Art 149 inc.cuarto, Art 162 ); por tanto sería una distorsión  de mercado remunerar un servicio de respaldo no disponible;  lo cual además requiriría modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para viabilizar dicha remuneración.

    Al contrario, tal como la misma autoridad reconoce “la incorporación del ERE en el reglamento, no tiene otro fin  que impulsar el proceso de retiro o reconversion de centrales a carbón, con la meta de retiro total al año 2040, teniendo como objetivo la carbono neutralidad al 2050 (www.energia,gob.cl/consultas-publicas/reglamento-de-transferencias-de-potencia). En consecuencia, ERE es un estado no operativo (sino de retiro) que no cumple las condiciones de operación para recibir un pago por servicios de respaldo del SEN.

    • El estatus de ERE, solicitado por los titulares de las unidades generadoras a carbón que postulan a dicho estatus, no aparece respaldado  por ningún informe de análisis técnico del  Coordinador Eléctrico Nacional, en cuanto a los atributos de dichas centrales como aporte al respaldo y  seguridad del sistema eléctrico.   Más bien debido al estado de superhabit de la capacidad instalada actual del sistema eléctrico (25.000 MW), con respecto a la demanda  total (11.000 MW equivalentes), dichas centrales parecen ser completamente prescindibles como respaldo del sistema eléctrico.
    • Actualmente, el Coordinador Eléctrico Nacional es la autoridad que calcula el pago por potencia, de acuerdo con las unidades que realizan aportes de suficiencia al SEN. Es decir, dicho pago es justificado técnicamente por el Coordinador, mediante un estudio de seguridad del sistema.

    Más allá de las atribuciones que entrega la legislación vigente (LGSE Art 72 y 149) al Coordinador para reconocer y remunerar el servicio de suficiencia; hoy la autoridad, mediante la modificación al reglamento de potencia, está proponiendo que el generador que se auto-postula para acogerse al estado de ERE,  reciba una remuneración por servicio de suficiencia, aunque dichas centrales estén comprometidas en el plan de cierre ya autorizado por la CNE.

    Esto, además de ser contradictorio con los requisitos de respaldo para la seguridad del sistema, tiene el agravante de remunerar unidades que superaron su vida económica y están en franca obsolecencia tecnológica, en el contexto de un parque eléctrico excedentario.  Tal es el caso, por ejemplo, de las centrales Tocopilla 14 y 15, Ventanas 1, Ventanas 2 y Bocamina 1,  (que han operado durante 43 y 60 años respectivamente) que fueron incluidas en el cronograma de retiro al 2025, y que deberían salir del SEN para dar cabida a unidades más nuevas, eficientes y menos contaminantes,  claves para la seguridad del sistema eléctrico.

    Estudios recientes de la CNE además, evidencian que las centrales a carbón comprometidas  para ser retiradas al  año 2025, no son necesarias para las necesidades de respaldo  del SEN en diversos escenarios de operación.

    • La creación del estatus de ERE para remunerar servicios de suficiencia de centrales carboneras antiguas con compromiso de cierre, constituye  una distorsion de mercado y una discriminación  económica con el conjunto de las unidades generadoras que operan en el Sistema Eléctrico Nacional, las que no tendrían dicho beneficio.

    Dicho estatus de reserva ad-hoc para carboneras, además, contradice la neutralidad tecnológica establecida en la LGSE (Art 72-1 y 2) para remunerar las transferencias de potencia entre centrales que operan simultáneamente en el sistema eléctrico bajo supervisión del Coordinador.

    La creación del estatus de ERE para remunerar eventuales servicios de suficiencia de aquellas centrales carboneras que anunciaron su retiro en virtud del Plan de Descarbonización, perjudica  a todas las centrales del sistema que ofrecen dicho servicio, ya que se les rebaja el pago por potencia que estas debieran recibir, a efectos de remurerar a las ERE.  La  remuneración de potencia a centrales que se han postulado a ERE constituye un enriquecimiento  de los generadores en base a  carbón, a costa de los demás actores que si aportan suficiencia al sistema eléctrico.

    Especialmente preocupante es el caso de energías limpias como las hidroélectricas, que deberán subsidiar un respaldo sucio al sistema, el cual además es  claramente innecesario.

    • Dado que el estatus de ERE es un mecanismo inadecuado introducido por la ex ministra Jiménez, para “compensar” a aquellas empresas que comprometieron el cierre de sus antiguas centrales a carbón en los Acuerdos de Descarbonización de junio de 2019, dicha compensación debe estar fuera de la remuneración por potencia, y en ningun caso debería aplicarse a centrales de mas de 24 años de operación, que ya sobrepasaron por lejos el período de recuperación de su inversión, de acuerdo a la regulación vigente.

     

    • Existe una clara contradicción entre las políticas en curso para acelerar la descarbonización y el instrumento de ERE (incluido en la reforma del reglamento de pago por potencia del sector eléctrico) que subsidia a las centrales generadoras en base a carbón. Las primeras se orientan a acelerar el retiro de la generación electrica mediante carbón al año 2025, mientras la ERE pretende remunerar hasta por 5 años un pago por un respaldo inexistente en el caso de las carboneras que serán cerradas entre 2020 y 2025, lo cual promueve su presencia en el SEN en lugar de desincentivarla.

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