Vea el reportaje de CNN Chile respecto de las debilidades del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que dejó en evidencia el revés sufrido por Xstrata y su proyecto hidroeléctrico en Aysen,  Río Cuervo.

La Tierra tarda un año y medio en regenerar los recursos que la población mundial consume en doce meses, algo que no es sostenible a largo plazo y que debe ser asumido y modificado por los jefes de Estado que acudirán a la cumbre de desarrollo sostenible Rio+20.

Así lo advirtió hoy el Fondo Mundial para la Naturaleza, (World Wide Fund, conocido por sus siglas WWF) al presentar su informe “Planeta Vivo 2012″, en el que hace una evaluación del estado de nuestro mundo, señala las presiones a las que está sometido y detalla soluciones para mejorarlo.

El texto afirma que de 1970 a 2008 la biodiversidad en el mundo se ha reducido un 30 por ciento, y un 60 por ciento de ella se ha perdido en los trópicos, en países muy poco desarrollados.

La demanda de recursos naturales se ha duplicado desde 1966, y actualmente el mundo tarda un año y medio en regenerar lo que consumimos en doce meses.

De hecho, si todos consumiéramos como un estadounidense medio, necesitaríamos cuatro planetas para soportarlo.

“Vivimos como si tuviéramos otro planeta disponible, estamos usando un 50 por ciento más de recursos de los que el Planeta puede ofrecer. Tenemos la capacidad de ofrecer agua, comida y energía a los 9.000-10.000 millones de personas que vivirán en la Tierra en 2050, pero sólo si todos, gobiernos, empresas, y ciudadanos modificamos nuestro comportamiento”, advirtió en una rueda de prensa Jim Leape, director general de WWF Internacional.

Leape considera que ese cambio puede producirse en la cumbre de la ONU conocida como Rio+20 -que se celebrará dos décadas después de la Cumbre de la Tierra, la primera gran reunión que trató sobre la degradación del planeta y cómo modificar dicha tendencia- aunque es consciente que la tarea no va a ser fácil.

“Este desafío es tan trascendental que no podemos dejar el cambio sólo a los individuos, los gobiernos tienen que actuar y el momento es ahora. No estamos donde deberíamos estar en cuanto a la negociación, pero falta aún un mes y debería hacerse todo el esfuerzo necesario para lograrlo”.

Para evaluar el estado del planeta se han usado dos herramientas, el Índice Planeta Vivo, que evalúa la salud de los ecosistemas de la Tierra; y la Huella Ecológica, la demanda y uso de recursos por parte de los humanos en comparación con la capacidad de regeneración de los mismos, que se concreta en el área de tierra realmente disponible para producir recursos renovables y absorber las emisiones de CO2.

Los diez países con mayor huella ecológica del mundo son Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Estados Unidos, Bélgica, Australia, Canadá, Holanda e Irlanda; España se sitúa en el puesto 25.

“Puede sorprender ver a países como Dinamarca, conocidos como ecológicos, estar en una posición tan alta, pero es que la huella toma en cuenta las importaciones y su coste, y éste puede ser muy alto para el medio ambiente”, explicó Gemma Cranston, de la Red Global de la Huella Ecológica, co-editora del informe.

Los países ricos tienen en promedio cinco veces más impacto que los menos desarrollados, pero el mayor declive en biodiversidad lo padecen las naciones pobres, que según el informe “subsidian el estilo de vida de los países ricos”.

Para poder reducir el impacto de nuestro patrón de consumo sobre la Tierra deberíamos reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles y sustituirlos por energías renovables, disminuir y mejorar el consumo de agua, producir más eficientemente, intentar comprar productos que hayan sido fabricados o creados de forma sostenible, y acabar con los subsidios, sugiere WWF.

PRESENTACION EN CHILE

La presentación del informe se realizó en forma simultánea en todo el mundo, escogiéndose a Valdivia para su lanzamiento en Chile.

Este reporte constituye actualmente el diagnóstico más relevante respecto al estado ambiental del planeta. Es elaborado por WWF, la organización mundial de conservación, en colaboración con la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL, por sus siglas en inglés) y la Red Global de la Huella Ecológica (Global Footprint Network), a quienes se suma este año la Agencia Espacial Europea (ESA).

Irina Montenegro, Coordinadora de la Unidad de Planificación de la Conservación de WWF Chile sostuvo que una de las conclusiones más importantes del informe es que el planeta se demora 1,5 años en recuperar los recursos que se consumen por los habitantes de éste en un año.

La representante de WWF Chile aseguró que el informe sitúa a Chile como el segundo país en Latinoamérica con mayor huella ecológica. La huella ecológica es uno de los principales indicadores utilizados en el Informe Planeta Vivo, el cual en su edición 2010 mostraba una alarmante duplicación en la demanda de recursos naturales desde 1966, lo que implica en la práctica que la Humanidad está utilizando 1.5 planetas para satisfacer sus necesidades. Asimismo, el reporte puso en evidencia una disminución de 30% en las especies de vertebrados a partir de 1970.

La segunda barrera de hielo más grande del mundo también se derrite

Un grupo de organizaciones sociales de Chiloé denunciaron a Conaf que una empresa agrícola estaría sustituyendo bosque nativo por plantaciones de especies exóticas, principalmente eucaliptus. Además, no estaría respetando zonas de protección de cursos de aguas, haciendo caso omiso a la legislación forestal vigente.

De acuerdo a lo señalado por el ingeniero forestal Javier Sanzana, quien pertenece a la Asociación de ingenieros forestales por el bosque nativo, recibieron información de distintos campesinos de Ancud, que daban cuenta de esta irregularidad, lo cual pudieron constatar en terreno.

Sanzana, explica que se trata de la empresa agrícola El Brinzal, la cual tiene dirección comercial en Viña del Mar, la que está comprando desde el año pasado distintas propiedades en Chiloé, principalmente en Ancud.

El profesional indicó además que le han presentado a Conaf esta situación, pues desde el punto de vista legal está prohibido cortar bosque nativo para plantar eucaliptus y, además, esto se está haciendo muy cerca de los ríos y esteros, lo que también está prohibido por ley.

Al respecto el director de Conaf, Jorge Aichele, indicó que pudieron verificar esta situación por lo que ahora el proceso está en tribunales, ya que existen plantaciones que datan de hace varios años.

Además indicó que a nivel provincial se ha conversado con los representantes de la empresa, sin embargo en estos casos lo que se hace es fiscalizar, constatar y entregar los antecedentes al tribunal para que ellos apliquen las sanciones correspondientes.

Fuente: Radio Biobio

“La querella criminal interpuesta por el ex ministro del interior contra el dirigente y vocero de  MODATIMA,  Rodrigo Mundaca, intenta silenciar las voces que defienden el acceso equitativo al agua en Chile y amedrentar a quienes denuncian los abusos en el uso  del agua en momentos que la población y los pequeños agricultores sufren un tercer año de sequía”.

Así lo expresó Sara Larraín, directora de Chile Sustentable y miembro de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, entidad que agrupa a cincuenta organizaciones ciudadanas que defienden el acceso al agua como un derecho humano universal.

Larraín agregó que “la querella contra el dirigente de Petorca intenta coartar la libertad de expresión de las organizaciones sociales, ya que usa como medios de prueba las declaraciones de Rodrigo Mundaca en los medios de comunicación locales y  nacionales; en un contexto donde existen investigaciones  de la Dirección General de Aguas sobre irregularidades cometidas por la empresa del ex -Ministro, en las captaciones de agua en su predio en la zona.

La ecologista destacó que esta querella de Pérez Yoma no es la única, ya que en  2008, aun como  Ministro del Interior, realizó una querella criminal por injurias contra el presidente de Modatima, Hugo Díaz. 

“Por esta razón vamos a apoyar a Rodrigo y a  su organización Modatima,  y a todos quienes luchan por la defensa del agua en el país: no es posible que por alzar la voz a favor de los derechos básicos de las personas se sufra persecución” agregó  la directora de Chile Sustentable.

Como secretario de Modatima, Rodrigo Mundaca expresó en distintos medios de comunicación las sospechas, compartidas por el grueso de la comunidad local,  de usurpación ilegal de aguas en terrenos de el ex secretario de Estado, Edmundo Pérez Yoma, las que afectaban las cuencas de los ríos la Ligua y Petorca, en la región de Valparaíso.

PRESENTACIÓN EN CONTRALORÍA

eN TANTO, AYER MARTES 15 DE MAYO,

ntegrantes del Movimiento por la Defensa del Acceso al Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima) expusieron frente al Contralor Ramiro Mendoza la usurpación ilícita de aguas,  por parte de políticos y empresarios, sobre terrenos de las cuencas de los ríos Ligua y Petorca, produciendo una mayor escasez del recurso hídrico en la zona.

Esto se suma a una declaración pública de la organización, aparecida hace algunos días, donde aseguran que el problema se encuentra “confirmado por decenas de resoluciones de la Dirección Regional de Aguas” y que, al ser el agua un derecho humano, quienes la usurpan “cometen delitos de lesa humanidad”.

El movimiento también acusa que la Dirección General de Aguas, DGA, ha seguido entregando derechos de aprovechamiento, después que ella misma declarará, en 2004, agotados los ríos Ligua y Petorca en la Región de Valparaíso.

En este sentido la diputada PPD Cristina Girardi, quien encabeza la recientemente creada Bancada Transversal del Agua, recalcó que le habían enviado un oficio al Contralor hace un mes para que fiscalizara las acciones de la DGA en cuencas agotadas y que durante esta cita se llegó a un acuerdo.

La parlamentaria opositora detalló que el Contralor se comprometió hacer un programa de fiscalización que “lo trabajemos en conjunto, incluso con la DGA. Ellos van a citar a la DGA, lo van a poner en conocimiento de esta fiscalización y nosotros vamos a tratar de orientar con él la fiscalización que se tiene que hacer a lo largo de todo Chile de cómo hoy se están otorgando derechos en lugares donde la gente no tiene agua para tomar, para el alcantarillado, donde la gente está defecando en bolsas y claramente los que se están aprovechando del recurso agua son las grandes empresas y dejando de lado la posibilidad del recurso de agua para la vida”.

Modatima responsabiliza además al Código de Aguas de 1981 de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, dando origen al mercado del agua, y otorgarle al Estado “la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de agua a privados (…) en detrimento de la satisfacción de las necesidades de agua de riego o bebida para la población.”

Respecto a la querella, Mundaca manifestó estar tranquilo para enfrentar la acción judicial, ya que, según él se trata de “una querella que busca silenciar la lucha por el agua, que a mi juicio atenta contra dos principios que son básicos. El principio de la defensa que tenemos todos los ciudadanos en torno a un delito tan atroz como es la usurpación de agua y la libertad de expresión. Sin embargo, la querella nos encuentra en un muy buen momento. Nuestra organización está de pie, está luchando”.

Junto con Pérez Yoma, otras personas que han sido involucradas en la usurpación de aguas en la zona son el diputado DC Eduardo Cerda, el ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli, y el empresario vitivinícola Aurelio Montes.

En la Cámara de Diputados, la Comisión Investigadora de extracción ilegal de Aguas y áridos de los ríos del país ya finalizó su trabajo y su informe será presentado próximamente a la sala para ser discutido y votado.

Fuentes: El Martutino y Radio Universidad de Chile

Como poco transparente y poco representativo calificaron las organizaciones el proceso que condujo el Gobierno para definir una “posición país” a exponer en la Cumbre de Río de Janeiro, la que se realizará del 20 al 22 de junio próximo.

Esta información fue requerida vía Ley de Transparencia, después de que el subdirector de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del ministerio de Relaciones Exteriores, Waldemar Coutts, afirmó en un reciente seminario en la Cepal que “Chile construyó su posición-país a través de un ejercicio inclusivo, coordinado por la Cancillería y el ministerio de Medio Ambiente, con la participación activa de los sectores público, privado, academia y sociedad civil”.

Sobre esto, el presidente de la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales ACCIÓN, Martín Pascual, dijo que “tienen una lista de aproximadamente cinco organizaciones de la sociedad civil que efectivamente participaron en algunos de los encuentros que convocaron, pero algunas de esas organizaciones nos han hecho ver que concurren frente a una invitación, pero eso no significa que avalen lo que allí está contenido”.

“Nosotros creemos que no hay una posición país, sino una posición de Gobierno, que insiste en una idea de privilegiar los elementos del crecimiento por sobre los de la sustentabilidad y la equidad”, agregó.

Pascual añadió que la postura de nuestro país apunta a la vieja idea de que a Chile, como país en vías de desarrollo, no se le pueden plantear tantas exigencias y que se le debe dar la oportunidad de desarrollarse para después cumplir con los estándares. Además, el texto afirma que en Chile se está trabajando por las energías limpias.

“Nosotros discrepamos con esta postura, creemos un país en el estado de desarrollo que tiene Chile puede tener un cuidado mayor sobre temas medioambientales”, afirmó.

Con esto coincidió Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA): “Los países menos desarrollados no podemos cometer los errores que llevaron a los países industrializados y que nos tienen en esta situación de crisis ambiental”, afirmó.

Para Cuenca, hay destrucción del medioambiente que es irreparable, por lo que se debe actuar desde el principio de la prevención, con la lógica de que siempre, incluso desde el punto de vista económico, es mucho más barato prevenir que intentar recuperar lo que está perdido.

En este sentido, advirtió al Gobierno que no lograrán dejar afuera el real pensamiento de las organizaciones: “Si los gobiernos no quieren escuchar, bueno, el conjunto del movimiento social tiene la libertad para generar los mecanismos de presión social y hacerse escuchar. Lamentablemente hoy día los gobiernos, en este caso el chileno, no está dando cuenta de esta oportunidad que tendríamos de generar un debate, generar conciencia y movilizar muchas voluntades en nuestra sociedad en función de construir efectivamente un camino al desarrollo sustentable”, dijo

Lucio Cuenca comentó que se están realizando una serie de actividades, seminarios y encuentros, además de organizar la Cumbre de los Pueblos, donde, durante los días previos a la Cumbre Oficial, entre el 15 y el 20 de junio, organizaciones de todas partes del mundo irán a Río para demostrar que los gobiernos no están dando cuenta de las necesidades reales de los ciudadanos.

Fuente: Radio Universidad de Chile

Una delegación de vecinos de Totoral y Copiapó llegará a los Tribunales de Justicia para escuchar los alegatos del Consejo de Defensa del Estado, la empresa MPX y la Comisión Regional de Medio Ambiente de Atacama, contra la resolución unánime de la Corte de Apelaciones de Antofagasta favorable a las organizaciones sociales de la región de Atacama.

Los vecinos habían solicitado hacerse parte de los alegatos para presentar ante el máximo tribunal los argumentos de vida que respaldan su lucha, cuestión que bajo mandato comunitario esperan operativizar este día miércoles.

Lugar: Compañía c/ Bandera Hora: 13:30hrs

Contactos: Juan Morales Castro, 7-6164240. 

Verónica González Correa, 6-4949988

COMUNICACIONES OLCA

Fue terminada la reunión de este lunes para tratar el tema zona franca que el pleno de la Mesa del Movimiento por Aysén, liderada por Iván Fuentes, decidió enviar al Presidente Sebastián Piñera una carta para informarle sobre las “trabas innecesarias para un correcto y diligente proceso de negociación entre la mesa y su gobierno”.

Son cuatro los temas presentes en la misiva que fuera ingresada este mediodía en la gobernación de Aysén: la votación del proyecto río Cuervo, el lento avance de las negociaciones, la persecución y el hostigamiento de dirigentes y ciudadanos, y una “campaña comunicacional engañosa” de la intendenta Pilar Cuevas.

“Hay varias cosas que no están funcionando de manera coordinada” explicó Fuentes.

 Los planteamientos

La misiva espera respuestas concretas de parte del Primer Mandatario “previo a su Mensaje Presidencial del 21 de Mayo”.  En este sentido barajan la posibilidad de trasladarse ese día hasta el Congreso Nacional en caso de no obtener respuesta.

El primer punto se relaciona con la votación y aprobación del proyecto río Cuervo el 8 de mayo, donde solicitan que el Presidente se pronuncie “sobre la voluntad de esperar el resultado de la consulta regional antes de tomar cualquier otra decisión aprobatoria o de rechazo sobre HidroAysén y Energía Austral, sea en la Comisión de Evaluación Ambiental regional o el Comité de Ministros”.  También piden “una señal clara por parte de su gobierno, en el sentido de establecer las responsabilidades administrativas, judiciales y políticas de todos los involucrados(en la aprobación declarada ilegal por la Corte Suprema)”, dirigiendo sus dardos hacia Sernageomin, el Servicio de Evaluación Ambiental, la seremi de Minería Victoria Moya y la intendenta Pilar Cuevas.  Por último, requieren que se realicen “auditorías independientes” a las evaluaciones ambientales de HidroAysén y Energía Austral como insumo para el proceso de consulta.

Hugo Díaz, de la Agrupación Wallmapu, se mostró molesto por “enterarnos por la prensa que la iniciativa había sido reimpulsada no habiendo justificación si cuando decidieron suspender el proyecto fue una decisión más que nada política”.  Al respecto Iván Fuentes cuestionó que antes de realizar la consulta regional la intendenta Pilar Cuevas resolviera sobre río Cuervo: “el gobierno debe ser más cauto, más prudente porque venimos saliendo de una movilización y no pueden estar desafiando las voluntades de nuevo”.

Sobre el avance de las negociaciones, la carta pide que “instruya a quienes deben coordinar con las autoridades sectoriales nacionales para que se agenden a la brevedad los puntos que aún no se han abordado”.

“Estamos a 90 días de haberse formado este movimiento y todavía nos faltan varios temas importantes, queremos que esto se apure, está la comunidad un poco inquieta por la demora” explicó la concejala de Aysén y presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Aysén, María Inés Oyarzún.

El movimiento también reclama por “denuncias por parte de vecinos y pobladores, además de dirigentes del movimiento, que están sufriendo acoso laboral en su desempeño en instituciones públicas, hostigamiento por parte de efectivos policiales y discriminación en su postulación a proyectos del Estado”, solicitando que “se establezcan claramente las responsabilidades judiciales, administrativas y políticas frente a la brutal represión sufrida durante 40 días por nuestra gente”, en especial con relación a los heridos y a quienes han sido querellados por autoridades de gobierno.   “Están desafiando las voluntades de la gente y para nosotros como mesa de trabajo, y en mi caso particular, me hace muy difícil mantener la buena relación cuando le están dando a nuestra gente” expresó Fuentes.

Sobre Pilar Cuevas acusan que estaría “realizando una campaña comunicacional engañosa para mostrar a la ciudadanía una serie de acciones que se sustentarían en acuerdos con el movimiento, en circunstancias de que no representan el espíritu de lo acordado (por ejemplo las becas de estudio) o ni siquiera han sido abordados (por ejemplo bono de leña)”.  Ante esto solicitan “que las autoridades regionales no engañen a la ciudadanía, y que la implementación de cada uno de los acuerdos respete lo que se ha logrado”.

El vocero puso como ejemplo el publicitado bono leña: “Aparecen de un día para otro repartiéndola y no conversando, no sabemos a quiénes y cómo la van a dar” indicó.  La presidenta de Fenats Marjorie Aravena ahondó: “Nosotros nunca pedimos un metro de leña por cuatro meses, ni la articulación de cómo iba a ser entregada, y en este minuto el mediano y el pequeño campesino están siendo obviados”.  El problema radica en que el subsidio a la leña aún no se negocia y el gobierno simplemente se adelantó.

Temas faltantes

Aunque han pasado dos meses de negociaciones, aún restan muchos temas en los cuales alcanzar acuerdos.  Ellos son zona franca con combustibles, rebaja gas licuado, subsidio a la leña, sueldo mínimo regionalizado, nivelación asignación de zona, estabilidad laboral, pensión regionalizada, situación de trabajadores eventuales, consulta ciudadana sobre proyectos hidroeléctricos, proyecto de Ley Aysén Reserva de Vida, regionalización recursos naturales, profundización de sistema de plebiscitos mediante modificaciones legales, reducción del costo de la electricidad y el agua potable, zona franca en general y construcción definitiva Camino Longitudinal Austral y otros temas de obras públicas.

Más informaciones:

Iván Fuentes 8 1302927

Marjorie Aravena 7 6694918

María Inés Oyarzún 7 8871403

Hugo Díaz  8 4541901

La jefa de la bancada de diputados DC, Carolina Goic y el diputado de esta bancada,Patricio Vallespín, integrante de la Comisión de Recursos Naturales, dieron a conocer hoy la propuesta de esta bancada en materia de impuestos verdes, asegurando que los anuncios del Gobierno en este ámbito “no aportan a enfrentar la desigualdad en forma integral y no apoyan en nada a la sustentabilidad del desarrollo, pues los llamados impuestos verdes son irrelevantes y no pertinentes.”

Entre las propuestas, en las que se destacan los aportes de los economistas Miguel Márquez y Hernán Frigolet, entre otros académicos, se incluye un impuesto a las emisiones de carbono (CO2) que busca mejorar los procesos productivos; y una política pública integral de tratamiento de los combustibles que compense los impactos medioambientales gravando a todos los usuarios sin exclusión.

Al respecto, la diputada Goic explicó que “lo que el Presidente anunció, en su ajuste tributario, es insuficiente e insignificante, tanto en términos conceptuales como en recaudación”. Para el diputado Vallespín, en tanto, “la propuesta del Gobierno en impuestos verdes se preocupa más de la pulga en la oreja que del elefante en el living que está destruyendo nuestra casa, el ambiente y el planeta.”

Por ello, la bancada espera que el Presidente considere su propuesta y la incluya en los anuncios del 21 de mayo. En términos generales, proponen:

1) Impuesto Verde a las emisiones de Carbono (CO2): Establecer un impuesto verde a las emisiones de CO2, de manera de mejorar todas las actividades y procesos productivos.
2) Impuesto Verde a los Combustibles en forma integral: Se propone un sistema de impuesto específico que compense los impactos medioambientales por tipo de combustible que grava a todos los usuarios sin exclusión. La compensación ambiental, en una estimación preliminar que se enmarca en los parámetros de la recaudación actual, y considera además la problemática de congestión que incrementa la contaminación vehicular en zonas urbanas. Se obtiene así un sistema que permite mantener la recaudación actual, ampliando la base de aplicación del impuesto a todos los sectores de la economía que utilizan combustibles.
3) Impuestos Verdes para corregir el crecimiento del parque vehicular insustentable
Se propone:

a) Que los automóviles deban pagar un impuesto en función del consumo de combustible, que pudiera ir desde un 5% a un 25% del valor del vehículo, dependiendo directamente del consumo (caso de Reino Unido).

b) Que al momento de la compra del vehículo se deba pagar un impuesto progresivo si las emisiones son mayores a XX gramos de CO2 por kilómetro, es decir, se castiga al vehículo ineficiente, y, por el contrario, se recibe un incentivo si las emisiones son menores al valor que se fije (en el caso de Francia pagan un impuesto adicional los vehículos con emisiones sobre 160 gramos de CO2 por kilómetro y reciben un incentivo, pagan menos, los que emiten menos de 140 gramos de CO2 por kilómetro.

Fuente: camara.cl

“Desde aquí puedo ver la huella de la humanidad, incluidos los incendios forestales, la contaminación del aire y la erosión”. La frase de André Kuipers, astronauta holandés, no corresponde a una observación personal, sino que a parte del discurso con que hoy presentó -desde la Estación Espacial Internacional- la segunda edición del Informe Planeta Vivo (2012).

El estudio, realizado por la ONG World Wildlife Found (WWF), la Sociedad Zoológica de Londres y la Red Global de la Huella Ecológica, mide cómo ha disminuido la biodiversidad planetaria en los últimos 38 años y rankea a 150 países del mundo, según su huella ecológica. Esta establece la relación de eficiencia que existe entre su demanda por recursos naturales y la capacidad de cada territorio para satisfacerla.

El informe analiza la cantidad de agua y tierra que se ocupan en seis áreas productivas: pesca, ganadería, agricultura, terrenos para construir, industria forestal y emisiones de C02. A eso se suma cómo se hacen cargo de los desechos que con ello generan. La idea es obtener un indicador que muestra si estamos o no sobreexplotando nuestros recursos naturales. En este caso, la medida es en hectáreas y el fin es mostrar cuántas de ellas consume un ciudadano de ese país para sustentar su estilo de vida.

Según el ranking, los cinco países con peor huella ecológica en el mundo son Qatar (11,6 has), Kuwait (9,72), Emiratos Arabes Unidos (8,44), Dinamarca (8,25) y Estados Unidos (7,19). Eso significa que son las naciones que más presionan a sus ecosistemas. Chile (3,24) aparece como el tercer país con peor huella en la Latinoamérica, por detrás de Uruguay (5,08) y México (3,30), que lideran la zona. Eso significa que mientras un ciudadano de Qatar usa 11,6 hectáreas para mantener su estilo de vida, un uruguayo 5,08 y un chileno 3,24 hectáreas. El promedio del mundo y de Latinoamérica es 2,7 ha, siendo las naciones desarrolladas las que lucen una peor huella promedio: 5,6 ha.

Forestal, CO2 y pesca

A nivel global, el informe dice que -actualmente- estamos usando 50% más de los recursos que la Tierra tiene. Y si seguimos a este ritmo, para el 2030 se necesitarán dos planetas para abastecer a la humanidad. “Es como si el sueldo anual de una persona se le acabe en junio, a la mitad del año, y de ahí en adelante empiece a vivir a crédito”, dice Bosshard.

Si se miran las cifras nacionales, nuestro país está al límite de sobreexplotar sus recursos naturales, ya que las cifras revelan que existe una muy pequeña brecha entre la huella que produce (o como explota sus recursos) y la biocapacidad que tiene (la cantidad de recursos que dispone). “Chile está justo en el punto de equilibrio. Estamos pasando al otro lado, en una tensión”, explica Bosshard. Esto, porque mientras usamos 3,24 hectáreas per cápita para tener nuestro estilo de vida (huella ecológica), nuestra biocapacidad es de 3,74 hectáreas. “Eso significa que falta muy poco para que usemos más de lo que tenemos”, dice Bosshard.

En el caso de Chile, el 23% de nuestra huella ecológica proviene del CO2 que emitimos; el 28% de la demanda de recursos forestales; el 17% de los cultivos, y un 19% viene de los recursos pesqueros. Por ello, la industria salmonera y forestal chilena son tomadas como casos de estudio por el informe global, que indica que si estas áreas quieren evitar grandes impactos ambientales y el agotamiento de sus recursos naturales, deben hacer cambios. Para ello, recomiendan a ambas certificar sus procesos para hacerlos más amigables con el medioambiente, un camino en el que ya están trabajando, junto a WWF, revela el informe.

El estudio también establece el Indice Planeta Vivo Global, que revela que entre 1970 y 2008 se registró una disminución del 30% en los ecosistemas del planeta, específicamente, en 9.000 poblaciones de más de 2.600 especies. Dos ejemplos: los tigres han disminuido su población en 70% desde 1970, mientras que la biodiversidad de las zonas tropicales, un 60%.

Fuente: La Tercera

A pesar de que el proyecto de Ley ni siquiera ha ingresado oficialmente al parlamento, el gobierno prosigue con la planificación de las concesiones eléctricas.

Hoy La Tercera incluye un articulo donde consigna que este año, el gobierno tendrá listo el catastro de terrenos fiscales que podría licitar para la instalación de proyectos eléctricos. Según informó el subsecretario de Bienes Nacionales, Juan Carlos Bulnes, están en proceso de levantamiento de información para determinar las zonas y predios factibles de entregar a desarrolladores de centrales.

“Nuestro aporte consiste en identificar terrenos idóneos para el desarrollo de energías y ponerlos a disposición de quienes quieran tener emprendimientos. Estamos pensando en un modelo en el que todos puedan acceder a los terrenos fiscales”, dijo.

Aunque en el gobierno se trabaja en las definiciones “finas” del modelo, Bulnes señala que entre las opciones se consideraría la entrega de terrenos por hasta 30 años en concesión a los privados. A esto se sumaría el cumplimiento de exigencias, como que quienes se adjudiquen los predios deben desarrollar efectivamente las centrales y en plazos definidos de antemano, y que el Estado cobre una renta por el uso de los terrenos. El cumplimiento se cautelaría a través de boletas de garantía.

Este modelo se ha usado con las licitaciones de terrenos para la instalación de parques eólicos y solares en el norte, principalmente, entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama, donde la autoridad ha definido como licitables unas 500.000 hectáreas para estos fines. A la fecha, 244 empresas han manifestado su interés por hacerse de predios, representando una capacidad instalada de unos 10.000 megawatts, explica Bulnes.

“No queremos prohibir el desarrollo de energías en sectores que los técnicos y las empresas privadas identifiquen que son idóneos. Lo que queremos es definir ciertas áreas que tienen especial potencial y creemos que esto facilitará la entrada de nuevos actores al mercado energético”, dijo.

Una vez que se identifiquen los terrenos se llamará a licitación pública para su adjudicación. Pero el Estado no intervendrá en las decisiones de los privados respecto de las tecnologías posibles de instalar en ellos.

El próximo año, el gobierno tendría listo el modelo final de las licitaciones. En una primera etapa se consideraría sólo la entrega de los paños, mientras que en el futuro se les agregaría la obtención de algunos permisos específicos, haciendo más expedita la construcción de centrales. Enfatiza que el hecho de que sea el Estado el que licite los terrenos entregaría mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

“Nuestra tarea es poner a disposición los territorios fiscales. Es posible que en el futuro veamos la posibilidad de licitar territorios conjuntamente con algunos permisos asociados, no todos, y que eso facilite el trabajo, en una acción coordinada de todos los servicios. Aunque es imposible contar con todos los permisos”, dijo.

Las empresas deberán seguir realizando la tramitación de los proyectos ante la autoridad ambiental, pues los requerimientos para las distintas tecnologías, por ejemplo, termoeléctricas o parques eólicos, son distintos y deben ajustarse a las zonas en que finalmente se emplacen.

Actualmente, el Fisco es propietario del 51% del territorio nacional, equivalente a unos 38,5 millones de hectáreas. El 20% del total del territorio nacional, unos 15 millones de hectáreas, corresponde a áreas protegidas, como parques nacionales o reservas.

Fuente: La Tercera

Cientos de peces muertos, principalmente roncadores, lisas y algunos pejerreyes, se ven flotando a lo largo de la desembocadura del lago Vichuquén, un par de kilómetros antes de la barra de arena que divide el lago y el mar, en la VII Región.

Luis González, administrador de la Reserva Laguna Torca, ubicada junto al lago, informó que el 9 de mayo un grupo de niños vio decenas de peces muertos en el estero, y con el pasar de los días, ha ido aumentando el número. El hecho fue denunciado el viernes por Carabineros a la Fiscalía de Licantén y el fiscal José Alcaíno solicitó diligencias al Servicio de Salud del Maule y a la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI , cuyos funcionarios tomarán muestras hoy.

Lugareños coinciden en que fenómenos similares se han visto antes, especialmente en años de sequía. De hecho, en octubre la fiscalía investigó la muerte de decenas de peces, y concluyo que no había existido participación de terceras personas ni agentes contaminantes.

Ayer, la bióloga marina Polín Villegas, quien trabaja para Servicio País en Vichuquén, visitó el lugar y señaló, en términos preliminares, que se aprecia que “el agua presenta un proceso de anoxia (falta de oxígeno) en el sistema lacustre; hay sedimento de barro en putrefacción y los peces pudiesen haberse visto afectados por ello”.

Agregó que “pensamos que pudiese deberse a la falta de intercambio del agua del lago con agua del mar, a raíz de una barrera que existe en la desembocadura, que no se ha abierto desde septiembre (…). El lago necesita de este intercambio de aguas para renovar las cantidades de oxígeno y los nutrientes”.

Por su parte, el alcalde de Vichuquén, Román Pavez, señaló que “temo que la falta de oxígeno en el agua y la presencia de peces muertos pueda generar bacterias que afecten a la población. Además, cualquier cosa que afecte a la flora y fauna incide directamente en el turismo”. Por ello, el edil se contactó con las autoridades de gobierno, a fin de “encontrar pronto una solución a esta barrera de arena que impide el recambio de aguas”.

Fuente: La Tercera

Reconocido internacionalmente como la voz más importante del pensamiento alternativo a las grandes represas, el ecologista y experto en temas energéticos Patrick McCully, llegará hasta la capital para asistir al seminario “Chile, ¿en la dirección correcta? La matriz energética que el país necesita”.

Mientras en Chile se llevan adelante distintos proyectos hidroeléctricos, desde San Francisco, Estados Unidos, surge la voz discrepante de McCully, quien asegura que “las represas no deben considerarse una fuente de energía limpia” frente al cambio climático.

Autor del libro Ríos silenciados: ecología y política de las grandes represas, el especialista expondrá sobre la salud de los ríos, el medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades afectadas por las grandes construcciones hidráulicas en el mundo.

El evento -que se realiza en el marco del lanzamiento de la plataforma comunicacional Reserva de Vida- se realizará el jueves 17 de mayo, en el Campus Santiago de la Universidad de Talca, Québec 415, esquina Condell (altura estación Metro Salvador), comuna de Providencia.

La participación de la casa de estudios maulina en esta actividad forma parte de su política de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), a través de la cual se hace cargo de las inquietudes y necesidades de los temas presentes en la agenda de una sociedad en permanente cambio.

En la oportunidad, también intervendrá Sebastián Vicuña, miembro de la Comisión Asesora del Gobierno para el Desarrollo Eléctrico (CADE) y Director Ejecutivo del Centro de Cambio Global UC, quien expondrá sobre las conclusiones del informe de la CADE en temas de medio ambiente, sociedad y desarrollo eléctrico.

El seminario, patrocinado por Unesco, contempla además la asistencia del vicerrector de Reconstrucción de la Universidad de Talca, Carlos Torres; Rodrigo Castillo, Director ejecutivo de las Empresas Eléctricas; Iván Couso Salas, Director Ejecutivo del Programa de Seguimiento Legislativo en Minería y Energía Sustentables (PSL); ambientalistas de Panguipulli  y representantes de comunidades mapuche.

La actividad será transmitida vía streaming (distribución multimedia) a través de la página web de la Universidad de Talca, www.utalca.cl, de manera que toda persona interesada pueda asistir al evento de forma virtual, desde cualquier lugar del planeta.

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Cientos de ayseninos se reunieron en la capital regional, exigiendo la realización de consultas ciudadanas en pos de participar y ser tomados en cuenta por la autoridad al momento de tomar decisiones para la región.

Con vítores contrarios a la decisión de las autoridades regionales de aprobar el proyecto, se realizó la marcha regional “Plebiscito ¿quién decide, ellos o nosotros?” durante la tarde del sábado en Coyhaique.

A la cita acudieron cientos de vecinos y pobladores de la capital regional y también provenientes de Puerto Aysén, Valle Simpson, Chile Chico, Puerto Río Tranquilo y Caleta Tortel, entre otras localidades, se movilizaron por las calles de la ciudad, a juicio de los convocantes, “para dar cuenta de la lucha que está dando la región para participar activamente en decisiones tan importantes como la eventual construcción de mega proyectos hidroeléctricos, específica-mente las represas de HidroAysén y Energía Austral, en pleno proceso de calificación ambiental”.

Tras la decisión de dar luz verde al proyecto emplazado en las cercanías de Puerto Aysén, de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) regional, presidida por la intendenta Pilar Cuevas, quienes aprobaron por unanimidad el proyecto río Cuervo de Energía Austral, el cual se pretende emplazar en las cercanías de Puerto Aysén sobre la falla geológica activa Liquiñe-Ofqui, se convocó a una movilización para este sábado.

El escenario cambió totalmente luego que la tarde de ese viernes la tercera sala de la Corte Suprema decidiera la ilegalidad de la resolución de calificación ambiental, debido a que en el Informe Consolidado de Evaluación sobre el cual votó la CEA no se incluyó la exigencia de Sernageomin de realizar estudios de suelo previo a la votación y que permitan garantizar la integridad física y síquica de los vecinos de Puerto Aysén, y su derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

El fallo emanado desde la Corte Suprema en Santiago, nace de un recurso de protección presentado por la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente en representación de cinco puertoayseninos.

Asamblea para reforzar el movimiento

Una asamblea se realizó la noche del sábado tras la marcha regional convocadas por organizaciones en contra de los proyectos megaelectricos, en donde las agrupaciones reafirmaron su compromiso con la Coordinadora Regional Anti Represas, entidad que se conformó hace algunas semanas con el objetivo de generar sinergias entre todas las organizaciones de Aysén que se oponen a las iniciativas hidroeléctricas, activando acciones conjuntas en pos de evitar su materialización.

En la jornada, que se extendió hasta las 03:00 horas de este domingo, participaron unos 60 dirigentes de toda la región, ocasión en que se sentaron las bases de la articulación regional de reforzamiento del Movimiento Ciudadano Patagonia sin Represas. Por lo pronto, el primer objetivo coyuntural será el trabajo de movilización social con miras a la decisión que el Comité de Ministros debe adoptar con relación al proyecto HidroAysén, y la presentación de recursos que establezcan las responsabilidades judiciales, administrativas y políticas por la ilegal decisión adoptada por las autoridades regionales.

Durante la asamblea convocada por la Coordinadora Regional Anti Represas, que busca articular a todas las organizaciones locales que se oponen a los proyectos de HidroAysén y Energía Austral, se agendó además una nueva reunión para las próximas semanas, con el fin de continuar con acciones tendientes a evitar la concreción de estas iniciativas.

El senador Antonio Horvath, pedirá al Senado investigar la actuación de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región que aprobó el proyecto hidroeléctrico Río Cuervo.

El parlamentario añadió que la solución no sólo pasa por la salida de la intendenta Pilar Cuevas, como lo solicitaron parlamentarios del PPD, sino que deben existir resoluciones de fondo.

“Voy a postular como parlamentario, que a través del Senado, formalmente, se investigue el actuar de cada una de estas personas. En HidroAysén sucedió algo peor, cambiaron los informes de servicios competentes, lo que es un delito”, dijo Horvath.

“Queremos que se investigue en profundidad, no basta con cambiar a la intendenta, aquí hay que hacer algo más profundo”, enfatizó el parlamentario.

El parlamentario además aseguró que el fallo de la Corte Suprema, que acogió un recurso de protección contra el proyecto, debe servir para cambiar la institucionalidad medioambiental.

“El hecho que la Corte Suprema haya puesto esto en su lugar es un campanazo de advertencia para, no solamente que las personas del gobierno regional sean investigadas, sean cambiadas, sino para que hagamos un esfuerzo mayor y cambiemos la ley de bases y la institucionalidad ambienta”, añadió.

Reacción de Patagonia sin Represas

Por su parte el secretario ejecutivo de Patagonia sin Represas, Patricio Rodrigo, reiteró su satisfacción por el fallo de la Corte Suprema, y a su juicio, las autoridades no pueden desestimar argumentos técnicos en la tramitación de este tipo de iniciativas.

“Aquí no (debe haber) más una autoridad política desconociendo elementos técnicos que son gravitantes para la vida de las personas, tenemos que proteger la naturaleza y también la vida de las personas, así que nos alegra este fallo”, manifestó.

Fuente: El Divisadero

Cuando en 2010 se dieron a conocer los resultados del Censo Mundial de Vida Marina, muchos científicos se emocionaron. En esas cifras había 10 años de duro trabajo, minuciosa exploración y uno de los proyectos más ambiciosos realizados por la ciencia en los últimos años. Dos mil 700 investigadores de 80 países y 540 expediciones catastraron más de 250 mil especies marinas en todo el globo, de las cuales seis mil no estaban registradas en ningún libro de ciencia.

Chile no estuvo ajeno a la iniciativa. En nuestro país se descubrieron 15 nuevas especies y se censaron 10.201 en la zona de la corriente Humboldt. Una cifra que según Víctor Gallardo, oceanógrafo de la U. de Concepción y uno de los 23 científicos nacionales que participaron del censo internacional, corresponde a menos del 1% de las especies que hay en nuestro mar.

Por lo mismo, y tras su experiencia como vicepresidente del catastro internacional, Gallardo y un grupo de 62 científicos de 20 universidades del país elaboraron un proyecto para realizar en Chile el primer censo de la vida marina. El proyecto -que requiere una inversión de 157 millones de dólares- ya ha sumado apoyo y colaboración de instituciones como la Woods Hole Oceanographic Institution (EE.UU.) y del Ministerio de Medio Ambiente. Tal como la investigación mundial, durará 10 años y, de reunirse los fondos, partirá en 2013.

Un mundo desconocido

Según el oceanógrafo de la U. de Concepción, hoy conocemos alrededor de seis mil especies marinas. Eso significa -afirma- una especie cada 600 km2, contando toda la superficie del mar territorial y presencial de Chile. “Es decir, un desconocimiento total”, dice Gallardo.

Y aunque el objetivo principal de la investigación es justamente llenar ese vacío, no es el único. El proyecto contempla la creación de una base de datos con la información recolectada, una red de expertos nacionales e internacionales sobre la biodiversidad marina nacional, la adquisición de un catamarán científico para la zona austral, la creación de museos y espacios de difusión y un banco de datos genético con todas las muestras que se recolecten. “Esto puede ser altamente relevante no sólo desde el punto de vista científico, sino económico. Los recursos genéticos que tenemos pueden ser una fuente de ingresos importante en el futuro, y mientras más pronto comencemos con esto, mejor”, dice Gallardo. Pero para eso, añade, hay que descubrir qué vive en nuestro mar. Y no se trata sólo de peces, moluscos o crustáceos. También de cientos de miles de bacterias, las que producen enzimas que pueden usarse en la industria. De hecho, productos tan comunes como los detergentes usan derivados de enzimas marinas, así como también lo hacen fármacos contra el cáncer.

La información también estará disponibles para docentes y alumnos a través de libros, imágenes y videos.

Apoyos

El proyecto ya fue presentado formalmente al Ministerio del Medio Ambiente, que le entregó su respaldo y se comprometió a ayudar a gestionar fondos ante entidades internacionales de modo que la investigación se inicie en 2013. “En esta materia estamos al debe. De hecho, en biodiversidad, el Estado no ha hecho un esfuerzo de la magnitud de lo que hoy se plantea desde los tiempos de Claudio Gay, en el siglo XIX. Por lo que es doblemente inédito lo que se pretende hacer”, dice Leonel Sierralta, jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.

De allí que el ministerio no sólo respalde la iniciativa, sino que esté gestionado cooperación internacional, de la empresa privada y de otros ministerios. La idea es incluir parte de los fondos en la partida presupuestaria 2013. Por el momento, se alista una entrevista con el Presidente para mostrarle el proyecto. Gallardo y sus colegas están seguros de que la elaboración de un catastro definitivo del mar chileno es crucial y que mientras antes se haga, mejor para el país y su desarrollo.

Fuente: La Tercera

La decisión que tomó el viernes la Tercera Sala de la Corte Suprema respecto a la paralización del proyecto hidroeléctrico Río Cuervo –que se emplaza en la Región de Aysén e involucra una inversión estimada de US$733 millones–, es el pan de cada día que está viviendo el sector eléctrico, y que en un mediano plazo vulnera la seguridad energética de Chile, considerando la fuerte demanda que impulsa el acelerado crecimiento del país. Es así como la judicialización de los proyectos se está transformando en la principal amenaza para el futuro abastecimiento de electricidad a nivel nacional.
Según el reporte del sector eléctrico de la consultora Systep, correspondiente al mes de abril, los proyectos en estudio de impacto ambiental suman 23.442 MW y representan US$43.571 millones.

Para el Sistema Interconectado Central (SIC) totalizan 17.569 MW, con una inversión de US$28.280 millones, mientras que en el SING alcanzan los 5.873 MW, que equivalen a una inversión de US$15.291 millones.

Los casos emblemáticos de centrales entrampadas en procesos de judicialización o que están siendo cuestionadas por las comunidades son el proyecto hidroeléctrico HidroAysén (2.750 MW), la termoeléctrica Castilla (2.350 MW), Punta Alcalde (740 MW), Campiche (270MW), el proyecto hidroeléctrico Achibueno (135 MW), las termoeléctricas Pacífico (350 MW) y Patache (110 MW), el Parque Eólico de Chiloé (112 MW), además del citado proyecto Río Cuervo (640 MW). Todas estas iniciativas bajo amenaza suman cerca de US$12.000 millones.

Este escenario energético es altamente complejo, sobre todo porque  el 2011 se vio afectado por una sequía prolongada, por un retraso en la puesta en servicio de centrales y de infraestructura de transmisión y la quiebra de Campanario Generación, entre otros, que pusieron en aprietos la operación y seguridad del sistema.

Pero eso no es todo. Chile importa el 72% de los insumos para producir la energía que consume, según antecedentes de la CNE. Sin embargo, en los próximos 20 años la demanda eléctrica crecerá 3,2 veces. Eso implicará que en el principal sistema eléctrico del país (SIC), que va desde Taltal a Chiloé y abastece al 93% de la población, pasará de unos 7.500 MW a cerca de 22.000 MW.  En el Norte Grande, en tanto, la demanda se duplicará, lo que significa pasar de 2.000 MW a 3.750 MW en el mismo período.

Escenario energético

Y la oferta viable tampoco hace que el panorama se vea mejor, pues los proyectos que actualmente están en construcción agregarán a la matriz apenas 2.296 MW. Colbún es el actor que más está contribuyendo  al crecimiento de ésta, con un 35% de la capacidad de generación en construcción, seguida por Endesa con un 15,2% y AES Gener con un 11,8%.

“Las tres empresas principales del sector están aportando un 62% de la nueva capacidad, lo que representa un porcentaje inferior a  su cuota actual de mercado cercana al 80%”, comentaron analistas.

La preocupación de Hugh Rudnick, director de Systep, es “que el rechazo a los proyectos de generación y las dificultades en transmisión se transformen en algo sistemático, lo que afectaría seriamente cualquier política de desarrollo de la matriz de abastecimiento eléctrico que se quiera implementar”.

Por su parte, Javier Giorgio, vicepresidente de Operaciones de AES Gener, planteó respecto a la institucionalidad ambiental que “lo importante es que sea lo más objetiva posible, porque nosotros pensamos que la energía tiene que ser sustentable no sólo operacionalmente”. Además, el ejecutivo recuerda la judicialización del proyecto Ventanas IV, que estuvo detenido por 18 meses, “afortunadamente entrará en operaciones el próximo año”, manifestó.

Durante la junta de accionistas del grupo Enersis, Ignacio Antoñanzas, gerente general de la compañía, expresó que “existen muchas trabas en la institucionalidad de los proyectos. Los hidroeléctricos tramitan entre tres y cuatro años, a diferencia de los térmicos, que salen rápidamente adelante, pero son de carbón y diésel”, afirmó el ejecutivo.

En tanto, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, es enfático: “La libertad de empresa sólo será posible con un involucramiento del Estado en materia eléctrica”.

Judicialización existe por errores de las empresas

Ignacio Toro, director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), manifestó que luego de un año en entrada de operaciones de la institución han avanzado en consolidar el nuevo proceso de evaluación.
“En el sector de energía hemos reducido los días hábiles de promedio de 181 en el 2008 a 173 en el 2011. Sin duda, junto a la minería son los sectores más complejos, pero estamos avanzando”, señaló.
Sin embargo, a juicio de la autoridad los inversionistas requieren mejorar el proceso de revisión de los proyectos. “Si hay proyectos en proceso de judicialización es por errores técnicos y de procedimiento reglados”, detalló.

Asimismo, Toro manifestó que no todos los titulares son iguales, algunos se esfuerzan por saber qué deben mejorar y en qué están fallando. Mientras otros, reaccionan impetuosamente. “Los errores son la metodología de los proyectos, graves errores técnicos y falta de profesionales en los proyectos”, aseguró.

Además, agrega que la institución está intentando acercarse a los inversionistas a través de capacitaciones y una política de puertas abiertas.

“Para este año estimamos aprobar 1.000 declaraciones de impacto ambiental y entre 40 y 80 estudios”, detalló.

Para Toro, los proyectos que están entrampados en procesos judiciales tienen las razones suficientes para estar en ello,  aunque asegura que la energía que proporcionarán es vital para el desarrollo y crecimiento del país.

Fuente: Estrategia

La discusión respecto a los vegetales genéticamente modificados y el impacto en la agricultura tradicional ha vuelto a estar en el debate de la opinión pública. Y es que el presidente Piñera, en su programa de gobierno, contemplaba avanzar en la incorporación de estas tecnologías impulsando la discusión que hace varios años se encuentra entrampada en el Senado.

Fue el ex ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, quien introdujo indicaciones a dicho proyecto y le dio prioridad en la gestión de su cartera. Los tiempos legislativos y las prioridades del gobierno han cambiado y al parecer, la incorporación de los vegetales genéticamente modificados al consumo libre de los chilenos, ya no tiene urgencia.

Hace un par de meses, el actual titular de Agricultura, Luis Mayol, reconoció que el Ejecutivo y su cartera, definieron renovados lineamientos legislativos en los que no se encuentra el proyecto de transgénicos. No obstante, otro punto de la discusión, donde tanto privados como organismos no gubernamentales se encuentran entrampados en tribunales, es la divulgación de la ubicación exacta de estos cultivos a lo largo del país.

Desde las ONG han manifestado su preocupación sobre este tema, aludiendo a que tanto el proyecto del gobierno como la masificación por parte de las empresas agrícolas de este cultivo, no busca la regularización de los vegetales genéticamente modificados sino que apunta a liberalizar los cultivos transgénicos lo que afectaría el patrimonio genético de las especies nativas chilenas.

Actualmente, según datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la superficie sembrada con vegetales transgénicos a nivel país a 2011 alcanza las 21.054,5 hectáreas, siendo las regiones de O’Higgins y del Maule las zonas con mayor presencia de este tipo de cultivos, con 6.751 y 6.992, respectivamente. Respecto a los tipos de cultivos que cuentan con mayor presencia en el país, según el informe anual medioambiental del INE 2010, el Maíz, Raps, Cebada y Soya son los más representativos. El informe muestra que estas siembras se despliegan en 13.658; 2.618,3; y 3.615,1 hectáreas, respectivamente.

Fuente: Diario Financiero

Luego que el martes la Comisión de Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén aprobara la central hidroeléctrica Río Cuervo, esta tarde la Tercera sala de la Corte Suprema decidió paralizar las obras de ese proyecto.

En fallo dividido los ministros Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y Alfredo Pfeiffer (suplente), acogieron el recurso de protección presentado por organizaciones ecologistas y ciudadanas en contra del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de Aysén por la aprobación del Informe Consolidado del Estudio -ICE- de Impacto Ambiental de Río Cuervo.

El fallo determina el actuar ilegal del SEIA al aprobar el Informe Consolidado desconociendo un Informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que recomendaba no aprobar un estudio de suelo.

“Que en estas circunstancias, el ICE adolece de ilegalidad por haber ignorado la recomendación del Sernageomin y no contener el estudio de suelo indicado, que, a juicio de esta Corte, resulta imprescindible para que el proyecto pueda ser sometido a la aprobación o rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental. Por tanto, la situación descrita refleja la infracción de los artículos 24 y 27 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, otorgando mérito suficiente para acoger la acción constitucional impetrada”, dice el fallo.

La resolución agrega: “La ilegalidad descrita constituye una amenaza a las garantías constitucionales de los numerales 1 y 8 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues al proceder como se ha hecho, el medio ambiente protegido por el ordenamiento jurídico se ve amenazado por el proyecto en cuestión, sin que se adopten medidas claras, específicas y efectivas de mitigación o compensación. Lo mismo sucede con la integridad física de las personas que viven en las comunas donde se emplaza el proyecto”.

La decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Carreño y Pierry, quienes fueron del parecer de confirmar la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que había rechazado el recurso.

Tras el fallo, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín,aseguró a CNN Chile que este ”es un tremendo logro para la ciudadanía”. Mientras que el secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo, hizo un llamado al gobierno para que se haga cargo de una nueva política energética.

“El país necesita una nueva política eléctrica y no dejar todo en manos del mercado, sino que haya una planificación de donde conviene y de donde no conviene hacer centrales de generación”, dijo Rodrigo.

El proyecto
La central Río Cuervo se encuentra a 46 kilómetros de Puerto Aysén y contempla una inversión de US$733 millones y una generación de 640 MW.

La central Río Cuervo, Cóndor y Blanco, son parte de un gran proyecto hidroeléctrico de la compañía Energía Austral, la que es controlada en un 51% por la australiana Origin Energy y en un 49% Xstrata Cooper.

Fuente: DF

“Vuelva la semana entrante, cuando pueda dar explicaciones”.

Con esta frase del Diputado Juan Carlos Latorre al Ministro de Energía Jorge Bunster se dio por cerrado, al menos esta semana, la vista del proyecto de concesiones eléctricas que el Gobierno deseaba ingresar a la Cámara de Diputados.

¿La razón? El libelo es casi un gemelo del proyecto de Fast-Track eléctrico que el actual gobierno ya había intentado ingresar al Senado en septiembre de 2010 sin éxito.

El problema es que la actual administración al parecer habría olvidado retirarlo formalmente, por lo cual aún aparecía en trámite. Toda una falta de pericia, a juicio de algunos asesores.

GRAVE RETROCESO

Anunciado a principios de mayo, este proyecto busca hacer más expedito el proceso de concesión eléctrica, precisando       las causales de impugnación, de manera de resguardar la agilidad del procedimiento y evitar dilaciones en la tramitación que efectúa la SEC al tener que pronunciarse. Asimismo, establece  quiénes pueden presentar observaciones u oposiciones. También, en caso de haber conflictos entre diferentes tipos de concesión, se establece un sistema de arbitraje en caso que pueda suscitarse un conflicto entre los titulares de una concesión eléctrica y titulares de otros tipos de concesión, como por ejemplo las mineras y de geotermia.

Además, introduce la posibilidad de dividir la solicitud de concesión para proyectos de grandes longitudes, como las licitaciones troncales, a efectos de que el otorgamiento de la concesión en su integridad no dependa de contingencias específicas dadas en puntos específicos del trazado que no entorpezca al resto de las áreas de concesión.

Debido a esto, ha sido ampliamente criticado por Chile Sustentable, Greenpeace Chile, Ecosistemas y Terram, junto a otras organizaciones ciudadanas y profesionales que forman parte de la CCTP por considerar que “limita la  participación ciudadana, impone un procedimiento de evaluación veloz, autoriza la división de proyectos y reduce la posibilidad de ir a juicios. Todo un retroceso”, indicó Sara Larraín, de Chile Sustentable.

De forma adicional, hay que destacar que el ingreso de este proyecto a la cámara de diputados también se consideró como una maniobra gubernamental para bloquear la vista de la Ley 20/20, aprobada en 2011 por unanimidad en el senado, ya que su ingreso vía urgencia simple, postergaba la vista de esta ley que fomenta el uso de ERNC.

Fuente: Equipo Chile Sustentable.

Durante una presentación ante la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados ocurrida ayer miércoles, la organización internacional de conservación marina Oceana pidió el cierre de la fundición de cobre de Codelco Ventanas.

La petición tuvo lugar después que expusiera los resultados del estudio que demostró que los recursos marinos de consumo humano del sector de Ventanas, estaban contaminados con metales.

“Para evitar que la situación se siga agravando es indispensable cerrar la fundición de Codelco y no autorizar la entrada en operación de nuevas fuentes contaminantes como las termoeléctricas Campiche y Energía Minera, entre otras medidas que recomendamos a la Comisión”, puntualizó el director ejecutivo de Oceana, Alex Muñoz.

A fines de marzo pasado Oceana, bajo la supervisión del laboratorio GCL de Fundación Chile, realizó unmuestreo en mariscos (almejas, lapas, locos y jaibas) en 4 puntos aledaños a la localidad de Ventanas para determinar la posible contaminación con metales.

Dentro de los resultados más alarmantes el estudio demostró que el 100% de las especies analizadas estaban contaminadas con cobre, arsénico y cadmio.

A juicio de Oceana, no se pueden seguir tolerando estos niveles de contaminación en una zona poblada, cuyo ecosistema marino solía ser muy productivo antes de la instalación de estas industrias.

Para la organización, las autoridades de gobierno deben elaborar cuanto antes un plan integral para terminar con la contaminación en Puchuncaví.

Al respecto el Director de Oceana recalcó que “ningún gobierno en Chile ha tomado medidas efectivas para abordar la situación de Ventanas y Puchuncaví y eso ha permitido que las empresas contaminantes actúen con total impunidad.”

“El Gobierno debe asumir su responsabilidad y desinstalar situaciones tan injustas como la de Ventanas y del resto de las localidades convertidas en zonas sacrificio”, agregó.

Fuente: Radio Biobio