El Servicio de Evaluación Ambiental ha decidido poner término al proceso de evaluación del proyecto “Sistema de Impulsión de Agua Lequena – Ujina” con el cual Minera Collahuasi pretendía concretar el contrato sustraído con Aguas Antofagasta (en los tiempos en que era Essan) y extraer agua desde el río Loa para sus operaciones mineras en Pica, Región de Tarapacá.

La resolución, firmada por Juan Carlos Monckeberg, Director Ejecutivo (S) Servicio de Evaluación Ambiental, indica que el proyecto contenía imprecisiones y falta de información relevante, en cuanto a eventuales alteraciones de disponibilidad de agua para consumo humano. “De los antecedentes expuestos, es posible concluir que el uso actual del agua captada en Lequena está destinado a abastecer de agua potable a la población de diversas localidades. En consecuencia, la ausencia de información a este respecto impide identificar potencialesimpactos que podrían producirse en relación a la disponibilidad del recurso para consumo humano y evaluar la posible alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, en los términos de la letra”, indica el documento.

Agrega que debe considerarse la existencia del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Alto El Loa, que comprende el área rural de las comunas de Calama y Ollagüe, representando una extensa zona andina en la cual habitan un total de 1.210 personas aproximadamente. “Esta ADI está ligada a las etnias atacameñas y quechuas que habitan la cuenca del río Loa, subdividida en las comunidades atacameñas de Caspana, Conchi Viejo, Lasana, Ayquina-Turi, Taira, Cupo, Toconce, San Francisco de Chiu-Chiu y las comunidades quechuas del pueblo de San Pedro Estación y Ollagüe, conformando un espacio territorial de homogeneidad cultural y ecológica”.

Se consignan reparos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,  que es enfática en señalar que “un aumento de extracción podría afectar no sólo la calidad de vida de las personas indígenas dependientes de este río, ya sea como agua potable para las comunidades y asociaciones indígenas de la comuna de Calama, y del uso que le dan para la agricultura, además de comunidades indígenas que se abastecen de agua a lo largo de su recorrido (…)”.

Por último, indica que el EIA carece de información asociada a la eventual afectación de los bofedales Ujina, La Represa, Mal Paso y Sapunta, todos con resolución DGA que establece áreas deprotección para los acuíferos que alimentan vegas y bofedales de la Región de Antofagasta.

REACCIONES

El Alcalde de Calama Esteban  Velásquez manifestó su plena satisfacción y dijo que “este es un logro de la ciudadanía que sacó la voz ante aquel proyecto que ponía en riesgo la fuente de vida del desierto más árido del mundo, como lo es nuestro río”.

El intendente de la región de Antofagasta, Álvaro Fernández explicó que técnicamente esta resolución pone término en forma anticipada a este proceso por falta de información relevante especialmente en el tema hídrico. “Como lo he señalado confiamos en la institucionalidad ambiental que apunta hacia el bien común y así se está haciendo en este proceso de evaluación”.

Fernández aclaró que los motivos de la resolución se deben a que el titular no incorpora en la línea base el estudio de la disponibilidad de agua y el uso de agua que son, entre otros, datos fundamentales. Sino más bien se entregaron antecedentes respecto al ducto físico y a los efectos de su construcción en el tramo.

“Esta medida se toma en virtud a los cambios que se realizaron en materia institucional en medioambiente, ya que antes no se podía hacer, y es bueno porque permite a las empresas desde un comienzo enterarse sobre cuáles son los déficit de sus proyectos y también permite a los servicios no desgastarse en análisis inconducentes”.

Según el proyecto, el agua sería adquirida por Minera Collahuasi a la empresa Aguas Antofagasta en virtud de un contrato privado que data del año 2003 y de abastecimiento suscrito entre ambas partes en el 2008.

Ahora, la empresa minera tiene cinco días hábiles para presentar un recurso de reposición.

Fuente: El Nortero

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCION

REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Pone término a procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto”SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUA LEQUENA – UJINA .”
Resolución Exenta Nº 82/2012
Santiago, 2 de Febrero de 2012

VISTOS:
1. El Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA) del proyecto “Sistema de Impulsión de Agua Lequena – Ujina” (en adelante el Proyecto), presentado por el señor Juan Carlos Palma Irarrázaval, en representación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM (en adelante CMDIC), con fecha 07 de Diciembre de 2011.

2. Las observaciones y pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participan en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº81-EA/2011 sobre el EIA, por Dirección Regional CONAF, Región de Antofagasta, con fecha 21/12/2011; Oficio Nº360951211 sobre el EIA, por Dirección Regional SERNAPESCA, Región de Tarapacá, con fecha 23/12/2011; Oficio Nº330223911 sobre el EIA, por Dirección Regional de Pesca, Región de Antofagasta, con fecha 26/12/2011; Oficio Nº0009 sobre el EIA, por Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con fecha 06/01/2012; Oficio Nº044 sobre el EIA, por Gobierno Regional, Región de Antofagasta, con fecha 09/01/2012; Oficio Nº14 sobre el EIA, por SEREMI Energía Región Antofagasta, con fecha 18/01/2012; Oficio Nº5.7/009 sobre el EIA, por Comisión Chilena de Energía Nuclear , con fecha 18/01/2012; Oficio Nº85 sobre el EIA, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Tarapacá, con fecha 19/01/2012; Oficio Nº142 sobre el EIA, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 20/01/2012; Oficio Nº120 sobre el EIA, por SEREMI de Salud, Región de Tarapacá, con fecha 19/01/2012; Oficio Nº97 sobre el EIA, por Ministerio de Energía, con fecha 23/01/2012; Oficio Nº070 sobre el EIA, por Ilustre Municipalidad de Calama, con fecha 23/01/2012; Oficio Nº23 sobre el EIA, por SEREMI de Agricultura, Región de Tarapacá, con fecha 11/01/2012; Oficio Nº4298 sobre el EIA, por Dirección Regional, SERNAGEOMIN, Región de Tarapacá, con fecha 26/12/2011; Oficio Nº021 sobre el EIA, por Dirección Regional de Turismo, Región de Tarapacá, con fecha 25/01/2012; Oficio Nº32 sobre el EIA, por Dirección Regional de Obras Hidráulicas, Región de Tarapacá, con fecha 25/01/2012; Oficio Nº409 sobre el EIA, por Dirección de Obras Hidráulicas, con fecha 25/01/2012; Oficio Nº4-EA/2012 sobre el EIA, por Dirección Regional, CONAF, Región de Tarapacá, con fecha 25/01/2012; Oficio Nº014/2012 sobre el EIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 06/01/2012; Oficio Nº02/12 sobre el EIA, por Dirección Nacional de Vialidad, con fecha 25/01/2012; Oficio Nº13 sobre el EIA, por SEREMI Energía Tarapacá, con fecha 18/01/2012; Oficio Nº35 sobre el EIA, por SEREMI MOP, Región de Tarapacá, con fecha 26/01/2012; Oficio Nº1073 sobre el EIA, por Servicio Agrícola y Ganadero, con fecha 26/01/2012; Oficio Nº89 sobre el EIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Tarapacá, con fecha 26/01/2012; Oficio Nº120287 sobre el EIA, por Subsecretaría del Medio Ambiente, con fecha 27/01/2012; Oficio Nº1225 sobre el EIA, por Servicio Nacional de Pesca, con fecha 27/01/2012; Oficio Nº107 sobre el EIA, por Ministerio de Bienes Nacionales, con fecha 27/01/2012; Oficio Nº16 sobre el EIA, por Dirección General de Aguas, con fecha 27/01/2012; Oficio Nº87 sobre el EIA, por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 27/01/2012; Oficio NºORD. DOH II Nº 081 – 5484994 sobre el EIA, por Dirección Regional DOH, Región de Antofagasta, con fecha 27/01/2012; Oficio Nº61 sobre el EIA, por Servicio Nacional Turismo, Dirección Nacional, con fecha 26/01/2012; Oficio Nº55 sobre el EIA, por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 12/01/2012; Oficio Nº4-EA/2011 sobre el EIA, por Corporación Nacional Forestal, Dirección Ejecutiva, con fecha 27/01/2012; Oficio Nº01652 sobre el EIA, por Servicio Nacional de Geología y Minería, con fecha 26/01/2012; Oficio Nº304 sobre el EIA, por Subsecretaría de Pesca, con fecha 27/01/2012; Oficio Nº091 sobre el EIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 30/01/2012; Oficio Nº466 sobre el EIA, por División de Norma, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con fecha 27/01/2012; Oficio Nº0475 sobre el EIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 27/01/2012; Oficio Nº286 sobre el EIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 30/01/2012; Oficio Nº163 sobre el EIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 31/01/2012; Oficio Nº B32_380 sobre el EIA, por Departamento de Salud Ambiental, Ministerio de Salud, con fecha 27/01/2012; Oficio Nº 068 sobre el EIA, por Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con fecha 01/02/2012; Oficio Nº882 sobre el EIA, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta., con fecha 29/12/2011; Oficio Nº2 sobre el EIA, por Dirección Regional de Aguas, Región de Tarapacá, con fecha 02/01/2012; Oficio Nº6 sobre el EIA, por Dirección Regional SAG, Región de Tarapacá, con fecha 05/01/2012; Oficio Nº14127 sobre el EIA, por Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con fecha 26/12/2011; Oficio Nº029 sobre el EIA, por Dirección Regional, SEC, Región de Tarapacá, con fecha 17/01/2012; Oficio Nº15 sobre el EIA, por SEREMI del Medio Ambiente, Región de Tarapacá, con fecha 12/01/2012; Oficio Nº057 sobre el EIA, por SEREMI de Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 24/01/2012; Oficio Nº057 sobre el EIA, por SEREMI de Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 24/01/2012.

3. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación ambiental del EIA del proyecto “Sistema de Impulsión de Agua Lequena – Ujina”.

4. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley Nº 20.417; el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Artículo N° 2º del D.S. Nº 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (en adelante RSEIA); en la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el Decreto Exento N° 101 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el orden de subrogancia del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental; y en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:
1.    Que, con fecha 07 de diciembre de 2011, se presentó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Sistema de Impulsión de Agua Lequena – Ujina” ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.
2.    Que, el Proyecto corresponde a la construcción y operación de un sistema de conducción de agua, junto con el sistema de impulsión asociado (una estación de bombeo de baja presión y tres de alta presión) y obras complementarias para abastecimiento eléctrico, tales como líneas de transmisión (83 km de línea de 110 kV y 5.7 km de línea de 23 kV) y las correspondientes subestaciones transformadoras de bajada, además de una mini central de generación hidroeléctrica de 1 MW de potencia. Las instalaciones y obras del Proyecto se ubicarían entre el sector de Ujina (faena minera de Collahuasi), comuna de Pica, y en el sector de Lequena (obras de conexión a cañería existente), comuna de Calama.
3.    Que, el EIA del proyecto “Sistema de Impulsión de Agua Lequena – Ujina”, presentado por el señor Juan Carlos Palma Irarrázaval, en representación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, presenta errores, omisiones o inexactitudes susceptibles de ser subsanados mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, entre las que se encuentran las siguientes:

a)    El Titular omite información relevante en la descripción de Proyecto.
•    No se entrega la ubicación (coordenadas de los vértices), ni la superficie de emplazamiento de varias de las obras de infraestructura consideradas.
b)    El Titular presenta errores, omisiones e inexactitudes en la información de línea de base presentada en relación a la flora y vegetación.
Al respecto, CONAF señala en el Ord. N°4-EA/2011, de 27 de enero de 2012, que:
•    “Mediante inspección en terreno realizado por profesionales de esta Corporación se verificó la presencia de ejemplares de Azorella compacta bajo la proyección de los trazados de obras en las unidades 78, 70 y 69, información no proporcionada en el EIA”.
•    “Producto de las campañas en terreno realizadas por profesionales de esta Corporación se detectó inconsistencias de la información proporcionada en la línea base respecto a la presencia de Azorella compacta, a modo de ejemplo, en la Tabla 2.6-4 se presenta a la unidad 167-A con una densidad de llaretas igual a 0,00 individuos por hectárea, sin embargo, en terreno se verificó la existencia de la especie en dicha unidad”.
Dicho Servicio requiere que el Titular realice “un levantamiento exhaustivo de la presencia de la especie Azorella compacta en el área de influencia del proyecto, identificando los ejemplares a ser afectados directamente, así como aquellos a los que se les alterará el hábitat”.
Por otra parte, el Ministerio del Medio Ambiente pone en evidencia, mediante el Ord. N°120287, de 27 de enero de 2012, que existen imprecisiones en la línea de base de flora y vegetación, ya que el Titular establece que el Proyecto abarca  dos de las formaciones vegetacionales definidas por Gajardo (1994) y cuatro de los pisos vegetacionales definidos por Luebert y Pliscoff (2006), mientras que el análisis elaborado por el Ministerio indica que el área de influencia del Proyecto se ubica sobre tres formaciones vegetacionales y cinco pisos vegetacionales.
De la misma forma, el Servicio Agrícola y Ganadero, mediante el Ord. N°1073, de 26 de enero de 2012, solicita incluir dentro de la línea de base a la sp. Opuntia conoidea,  especie amenazada según el Boletín N° 47, de 1998, del Museo Nacional de Historia Natural.
c)    Los aspectos señalados anteriormente dan origen a falencias en cuanto a la evaluación de los impactos ambientales.
•    De manera general, se debe considerar la localización y superficie de las obras para evaluar el impacto de la afectación de todos los componentes de flora, vegetación y fauna.
•    El Titular debe rectificar el análisis realizado en el componente vegetación, en el sentido que debe evaluar el impacto sobre el componente vegetación nativa, considerando todas las formaciones a afectar identificadas en la línea base del proyecto. En el caso particular de la especie Azorella compacta, es preciso subsanar las inconsistencias detectadas durante la inspección en terreno y realizar una evaluación de la afectación de los individuos que no han sido identificados.
•    El Titular debe evaluar el impacto que generará el Proyecto sobre la especie Opuntia conoidea, clasificada como rara según  el Boletín N° 47, de 1998, del Museo Nacional de Historia Natural.
d)    Las medidas de mitigación propuestas no son adecuadas.
•    Considerando los impactos significativos que podrían producirse sobre la especie Opuntia conoidea, es necesario que el Titular presente las medidas de mitigación que correspondan para hacerse cargo de dicho impacto.
•    Considerando los impactos significativos que podrían producirse sobre la fauna silvestre, es necesario que el Titular presente las medidas de mitigación que correspondan para hacerse cargo de dicho impacto.
•    La colecta de germoplasma y aclimatación propuesta en relación a la afectación de la especie Azorella compacta carece de toda información y condiciones que permita evaluar su idoneidad.
e)    No fueron identificados todos los Permisos Ambientales Sectoriales, y existen falencias en los antecedentes presentados en algunos de los que fueron identificados.
•    El Titular debe establecer si realizará obras de regularización y defensa de cauces naturales a las que se refiere el segundo inciso del artículo 171 del Código de Aguas, en los cauces y/o quebradas de escurrimiento que se verán afectadas por el trazado del acueducto, en cuyo caso debe solicitar el Permiso Ambiental Sectorial del Artículo N° 106 del D.S. N° 95/2001 Reglamento del SEIA. De la misma forma, el Titular debe indicar si las instalaciones asociadas a la línea de alta tensión implican modificación de cauces o de quebradas intermitentes, a objeto de evaluar la aplicabilidad del mismo permiso.
•    En caso que la construcción de los elementos estructurales de hormigón o la instalación subterránea del acueducto o alguna otra actividad considerada en el Proyecto, involucre la extracción de áridos desde algún cauce, quebrada y/o quebradilla, el Titular deberá solicitar el Permiso Ambiental Sectorial del Artículo N° 89 del D.S. N° 95/2001 Reglamento del SEIA.
•    El Titular, en el Capítulo 10, numeral 10.3.5, señala las construcciones sobre las cuales se solicitará el Permiso Ambiental Sectorial del artículo N° 96 del Reglamento del SEIA. Al respecto, existen otras obras a las cuales también les es aplicable dicho permiso y que no han sido consideradas.
•    El Titular deberá presentar todos los antecedentes correspondiente a los Permisos Ambientales Sectoriales del Artículo N° 91 y 93 del Reglamento del SEIA, ya que lo presentado no permite evaluar el otorgamiento de dichos permisos sectoriales.
4.    Que, el artículo 15 bis de la Ley Nº 19.300, incorporado por la Ley Nº 20.417, establece que, “si el Estudio de Impacto Ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación que no pudiere ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, el Director Regional o el Director Ejecutivo, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento”.
5.    Que, sin perjuicio de lo señalado en el Considerando 3 de este acto, corresponde señalar que el EIA del proyecto “Sistema de Impulsión de Agua Lequena – Ujina” carece de información relevante y esencial para la evaluación de los potenciales impactos asociados al recurso hídrico, la cual no es susceptible de ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones.

El Titular señala en su EIA que “el Proyecto considerará la construcción y operación de un sistema de impulsión y conducción de agua que la transportará desde una conexión a la cañería existente de ADASA en Lequena, hasta las instalaciones de Collahuasi en el sector de Ujina (…), para el abastecimiento de sus faenas mineras, por una vida útil de 25 años. Los recursos hídricos contemplados en este EIA no consideran extraer recursos adicionales a aquellos que históricamente han sido captados en Lequena y que son objeto del mencionado Contrato de Suministro. Igualmente conforme a lo señalado, tampoco se afectan recursos hídricos o derechos de terceros” (énfasis agregado).

La argumentación señalada por el Titular no puede ser considerada como una justificación plausible para no referirse a la evaluación del recurso hídrico en el EIA, para una vida útil de 25 años de las faenas mineras del Titular. En efecto, el EIA no incluye ningún antecedente de respaldo que permita asegurar que “no se extraerán recursos adicionales a los que históricamente han sido captados en Lequena”, y tampoco que no se afectarán los recursos hídricos, ya que dichos potenciales impactos no son evaluados en el EIA. Dicha ausencia de información, impide a este órgano analizar adecuadamente si el Proyecto genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, en especial, de sus literales b), c) y d). Por consiguiente, tampoco es posible para este órgano calificador, determinar si el Estudio contiene medidas adecuadas para hacerse cargo de estos efectos, características o circunstancias, en caso de existir.

La falta de información, a este respecto, ha sido comunicada por algunos Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) que participan del presente proceso de evaluación, a saber:
•    La Dirección General de Aguas, mediante Ord. N°16 de 27 de enero de 2012, que se refiere a la ausencia de “(…) todos los antecedentes técnicos que permitan corroborar la captación de los 500 l/s declarados en el presente EIA, es decir, demostrar que las condiciones de extracción y caudal pasante en el río no se modificarán respecto de lo realizado por la sanitaria”.
•    El Ministerio del Medio Ambiente, mediante Ord. N°120287 de 27 de enero de 2012, señala que “el Titular no presenta en su EIA ni en los antecedentes del mismo, información alguna relativa a la captación histórica del recurso hídrico en Lequena, que fundamenten lo aseverado por él, en orden a que el proyecto no afectaría tales recursos. Lo anterior, resulta esencial por cuanto esta omisión impide considerar la eventual ocurrencia de impactos así como su debida evaluación, con el fin de determinar los efectos sobre dicho componente; más aún, considerando que tal afectación podría menoscabar un área altamente sensible en materia de recursos naturales y biodiversidad, como lo es la cuenca del río Loa. Sobre el particular, cabe insistir que la falta de información esencial y relevante para la evaluación es absoluta en esta materia” (énfasis agregado).
•    El Servicio Nacional de Turismo, mediante Ord. N°61 de 26 de enero de 2012, solicita al Titular “entregar información de detalle que permita relacionar la captación de aguas sobre el río Loa con los usos del agua que actualmente se realizan en dicho lugar y con los caudales efectivos que están siendo actualmente captados por ADASA. Si bien el EIA, señala que los derechos de agua que el titular impulsará hacia el sector de Ujina en la Región de Tarapacá están bajo un contrato de suministro de aguas con ADASA, y que el valor de suministro será de un máximo de 550 l/s, se solicita al titular señalar cual es la porción del caudal total que este proyecto utilizará (…) para efectos de proteger igualmente la condición y valor paisajístico y turístico del área de influencia directa e indirecta del proyecto”.
•    La Municipalidad de Calama, en su Ord. N°070 de 23 de enero de 2010, expone que “la minera Collahuasi, en su Estudio de Impacto Ambiental, dentro de sus líneas de base de dicho proyecto, no menciona un efecto ambiental determinante para dicho proyecto, el cual es qué efectos producirá desviar 500 l/s de agua desde el Rio Loa, hacia Collahuasi”.
•    La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, mediante Ord. N°068 de 01 de febrero de 2012, expresa que “el desarrollo de este proyecto no se pronuncia sobre el abastecimiento del Recurso Hídrico de la región y a consecuencia de lo mismo, no asegura el desarrollo sustentable, ni la calidad de vida de las personas que la habitan, ni la preservación de los ecosistemas únicos presentes en el territorio”.
Habiéndose identificado la falta de información relevante o esencial, resulta fundamental establecer las implicancias que ésta podría tener en cuanto a la evaluación de los impactos ambientales del proyecto. Es este sentido, existirían al menos cuatro impactos que no estarían siendo adecuadamente abordados en el EIA:

a)    Alteración de la disponibilidad de agua para consumo humano:

De acuerdo a lo señalado por el Titular en el Capítulo N°2 del EIA, apartado 2.10.2.1.a), en el cual se refiere a la infraestructura sanitaria, “en la Región de Antofagasta, la captación y distribución del agua potable está a cargo de la empresa Aguas de Antofagasta S.A. (ADASA). Para abastecer de agua potable a los clientes, la empresa cuenta con un complejo sistema que se encuentra desplegado a lo largo y ancho de la II Región”. Posteriormente, y en relación a las captaciones de Lequena, Toconce, Quinchamale y Puente Negro, señala que “el agua obtenida de estas 4 captaciones es destinada al consumo de los habitantes de las ciudades de Calama, Tocopilla, Mejillones, Pedro de Valdivia, María Elena, Coya Sur y Antofagasta”.

De los antecedentes expuestos, es posible concluir que el uso actual del agua captada en Lequena está destinado a abastecer de agua potable a la población de diversas localidades. En consecuencia, la ausencia de información a este respecto impide identificar potenciales impactos que podrían producirse en relación a la disponibilidad del recurso para consumo humano y evaluar la posible alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, en los términos de la letra c) del artículo 11 de la Ley 19.300.

A mayor abundamiento, es preciso considerar la letra e) del artículo 8 del Reglamento del SEIA, que se refiere a la evaluación de la “dimensión del bienestar social básico, relativo al acceso del grupo humano a bienes, equipamiento y servicios, tales como vivienda, transporte, energía, salud, educación y sanitarios” (énfasis agregado).

b)    Alteración de la disponibilidad de agua que sustenta sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

De acuerdo a la información que obra en el Estudio de Impacto Ambiental y a los antecedentes del área de influencia, debe considerarse la existencia del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Alto El Loa, que, según expone el Titular en la línea de base de medio humano, comprende el área rural de las comunas de Calama y Ollagüe, representando una extensa zona andina en la cual habitan un total de 1.210 personas aproximadamente. Esta ADI está ligada a las etnias atacameñas y quechuas que habitan la cuenca del río Loa, subdividida en las comunidades atacameñas de Caspana, Conchi Viejo, Lasana, Ayquina- Turi, Taira, Cupo, Toconce, San Francisco de Chiu-Chiu y las comunidades quechuas del pueblo de San Pedro Estación y Ollagüe, conformando un espacio territorial de homogeneidad cultural y ecológica. Las principales actividades económicas de estas comunidades, según señala el Titular en la Tabla 2.8-42 (Caracterización Rubros Económicos de Comunidades Indígenas del ADI Alto El Loa), son el cultivo de hortalizas, maíz, alfalfa, y la ganadería, siendo los dos últimos las más importantes. Como se aprecia, estas actividades son directamente dependientes de la disponibilidad de agua y, en consecuencia, la ausencia de información relativa a esta materia impide identificar potenciales impactos que podrían producirse en relación al lo señalado en la letra c) del artículo 11 de la Ley 19.300, respecto de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

Para evaluar lo anterior es preciso considerar la letra a) del artículo 8 del Reglamento del SEIA, que se refiere a la evaluación de la “dimensión geográfica, consistente en la distribución de los grupos humanos en el territorio y la estructura espacial de sus relaciones, considerando la densidad y distribución espacial de la población; el tamaño de los predios y tenencia de la tierra; los flujos de comunicación y transporte”, ya que las comunidades indígenas residentes se emplazan en sectores aptos para la agricultura de subsistencia, la cual está en estricta dependencia de la cantidad de agua disponible.

De igual forma es preciso considerar la letra d) del artículo 8 del Reglamento del SEIA, que se refiere a la dimensión socio-económica, considerando la “presencia de actividades productivas dependientes de la extracción de recursos naturales por parte del grupo humano, en forma individual o asociativa”, puesto que las comunidades indígenas residentes se han desarrollado históricamente en base a la agricultura de subsistencia, la cual está en estricta dependencia de la cantidad de agua disponible.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es enfática en señalar que “un aumento de extracción podría afectar no sólo la calidad de vida de las personas indígenas dependientes de este río, ya sea como agua potable para las comunidades y asociaciones indígenas de la comuna de Calama, y del uso que le dan para la agricultura, además de comunidades indígenas que se abastecen de agua a lo largo de su recorrido (…)”.

Asimismo, la citada Corporación señala que “(…) el proyecto en sí, pasa por campos de pastoreo y agricultura de uso ancestral de las comunidades indígenas de Ollagüe, Conchi Viejo y Taira (…)”.

c)    Alteración de la disponibilidad de agua en el cauce y cuenca del río Loa.

Cabe hacer presente que la ausencia de información impide dar cuenta de potenciales impactos que podrían producirse en relación a lo señalado en la letra b) del artículo 11 de la Ley 19.300, respecto de los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. Al respecto, la Dirección General de Aguas cumple con solicitar al Titular “caracterizar el área situada aguas abajo de dicha captación, identificando los potenciales impactos sobre la cantidad del agua mediante la realización de un balance hídrico para los caudales del río Loa. Lo anterior se solicita con el fin de evaluar todos los impactos implicados y de definir adecuadamente el alcance y la extensión del área de influencia del proyecto”.

d)    Afectación de acuíferos protegidos por la Dirección General de Aguas.

Por último, el EIA carece de información asociada a la eventual afectación de los bofedales Ujina, La Represa, Mal Paso y Sapunta, todos con resolución DGA que establece áreas de protección para los acuíferos que alimentan vegas y bofedales de la Región de Antofagasta.

Al respecto la Dirección General de Aguas, en su Oficio Ord. N° 16 de 27 de enero de 2012, señala que “(…) el titular del proyecto no prevé ningún tipo de afectación para los acuíferos que recargan los bofedales mencionados. Sin embargo, este Servicio considera necesario que el proponente sustente su planteamiento con información hidrogeológica más detallada, tal como manifiesta tener en la página 17 del mismo Capítulo, con el objeto de validar y demostrar la no afectación de estos sistemas.”

Lo anterior, a juicio de este Servicio, es relevante para evaluar los potenciales efectos adversos significativos sobre el agua, en los términos del artículo 6 letra n.1) y del artículo 9, ambos del Reglamento del SEIA.
6.    En conclusión, respecto de la carencia de información expuesta, a continuación se presentan los tres requisitos copulativos que exige la aplicación de lo indicado en el artículo 15 bis de la Ley Nº 19.300, a saber: (i) qué la información no esté incluida en el EIA; (ii) qué la información faltante sea relevante o esencial para que los servicios puedan realizar la evaluación de un proyecto; y (iii) que dicha carencia no pueda ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones.

En efecto, no se presenta información alguna de línea de base en relación al recurso hídrico en los términos antes expresados.

La relevancia de identificar adecuadamente los impactos ambientales sobre el componente agua se fundamenta, en la especie, en la escasez del recurso hídrico en la Región. Prueba de ello es que la Dirección General de Aguas, mediante Resolución Nº 197 de fecha 24 de enero del 2000, declaró el agotamiento del río Loa y sus afluentes en la II Región. Ello, por lo demás, es refrendado en el pronunciamiento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Asimismo, el agua es considerada un recurso estratégico para la Región de Antofagasta, lo cual queda de manifiesto a través del pronunciamiento emitido por el Gobierno Regional de Antofagasta, en el cual se indica que “este proyecto no asegura la protección del recurso hídrico de la región, definido en la Estrategia Regional de Desarrollo en el objetivo General N°1 del Lineamiento N°3, Región Sustentable”, por lo que dicho organismo emite su pronunciamiento de forma desfavorable.

Por otra parte, la ausencia de información es considerada esencial para la evaluación, ya que, tal como se ha expuesto, no es posible realizar una evaluación de los potenciales impactos ambientales que podrían generarse en relación a la letra b), c) y d) del artículo N°11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, ni cómo éstos podrían evolucionar en función de la vida útil del proyecto. A mayor abundamiento, tampoco se dispone de información de línea de base para asegurar que el abastecimiento de los 25 años declarados de vida útil en el EIA no generen alteración de los sistemas de vida y costumbre de los grupos humanos.

Para subsanar lo anterior se requeriría como mínimo realizar un levantamiento de línea de base, una evaluación de los potenciales impactos y, si corresponde, proponer medidas de mitigación, reparación y/o compensación, junto con el respectivo plan de vigilancia asociado.

Del análisis del EIA se concluye que el Proyecto presentado se enmarca en la construcción del acueducto, trazado eléctrico y obras asociadas, desde la Región de Antofagasta a la Región de Tarapacá, pero no incluye un aspecto fundamental, esto es, la evaluación ambiental del recurso hídrico ante el nuevo escenario que genera el EIA.

Sin perjuicio de lo anterior, y considerando que el aspecto omitido es parte fundamental del Proyecto, esta Dirección Ejecutiva estima que subsanar dicho aspecto implicaría cambios sustantivos en la definición del EIA.

Por todo lo anterior, se estima que las falencias presentadas no son susceptibles de ser subsanadas mediante aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones en la presente evaluación.
7.    Que, en razón de lo indicado en los Considerandos N° 5 y 6 del presente acto, corresponde poner término al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Proyecto y hacer devolución de los antecedentes al Titular.

RESUELVO:
1. PONER TÉRMINO al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del EIA del proyecto “Sistema de Impulsión de Agua Lequena – Ujina”, iniciado mediante presentación efectuada el 7 de diciembre de 2011 por el señor Juan Carlos Palma Irarrázaval, en representación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 bis de la Ley Nº 19.300, por los fundamentos señalados en los considerandos N°5 y 6 de la presente resolución.

2. Se hace presente que en contra de esta resolución se podrá deducir recurso de reposición dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación, ante esta Dirección Ejecutiva, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 15 bis de la Ley Nº 19.300.

Notifíquese y Archívese

Juan Carlos Monckeberg Fernandez
Director Ejecutivo (S)
Servicio de Evaluación Ambiental

SHB/ASA/PGM/MPG/PWH

Distribución:
•    Juan Carlos Palma Irarrázaval
•    Corporación Nacional de Desarrollo Indigena, Región de Tarapacá
•    Dirección Regional, CONAF, Región de Tarapacá
•    Dirección Regional, SEC, Región de Tarapacá
•    Dirección Regional, SERNAGEOMIN, Región de Tarapacá
•    Dirección Regional de Aguas, Región de Tarapacá
•    Dirección Regional de Obras Hidraulicas, Región de Tarapacá
•    Dirección Regional de Turismo, Región de Tarapacá
•    Dirección Regional de Vialidad, Región de Tarapacá
•    Dirección Regional SAG, Región de Tarapacá
•    Dirección Regional SERNAPESCA, Región de Tarapacá
•    Gobierno Regional, Región de Tarapacá
•    Ilustre Municipalidad de Pica
•    SEREMI de Agricultura, Región de Tarapacá
•    SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Tarapacá
•    SEREMI del Medio Ambiente, Región de Tarapacá
•    SEREMI de Salud, Región de Tarapaca
•    SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Tarapacá
•    SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Tarapacá
•    SEREMI Energía Tarapacá
•    SEREMI MOP, Región de Tarapaca
•    Dirección Regional CONAF, Región de Antofagasta
•    Dirección Regional de Pesca, Región de Antofagasta
•    Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta
•    Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta
•    Dirección Regional DOH, Región de Antofagasta
•    Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
•    Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta.
•    Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
•    Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta
•    Gobierno Regional, Región de Antofagasta
•    Ilustre Municipalidad de Calama
•    Oficina Regional CONADI, Región de Antofagasta
•    SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta
•    SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta
•    SEREMI de Medio Ambiente, Región de Antofagasta
•    SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta
•    SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
•    SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
•    SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
•    SEREMI Energía Región Antofagasta
•    Comisión Chilena de Energía Nuclear
•    Consejo de Monumentos Nacionales
•    Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
•    Corporación Nacional Forestal, Dirección Ejecutiva
•    Departamento de Salud Ambiental, Ministerio de Salud
•    Dirección de Obras Hidraúlicas
•    Dirección General de Aguas
•    Dirección Nacional de Vialidad
•    División de Norma, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
•    Ministerio de Bienes Nacionales
•    Ministerio de Energía
•    Ministerio de Vivienda y Urbanismo
•    Servicio Agrícola y Ganadero
•    Servicio Nacional de Geología y Minería
•    Servicio Nacional de Pesca
•    Servicio Nacional Turismo, Dirección Nacional
•    Subsecretaría del Medio Ambiente
•    Subsecretaría de Pesca
•    Superintendencia de Electricidad y Combustibles
•    Superintendencia de Servicios Sanitarios
C/c:
•    Expediente del Proyecto “SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUA LEQUENA – UJINA .”
•    Archivo Servicio de Evaluación Ambiental Dirección Ejecutiva

El documento original está disponible en la siguiente dirección url:http://firma.e-seia.cl/89/d8/1520d3aa018cfd0c1a34db1455ed44459a5c

Ante el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó, luego de más de seis meses de deliberación, tres de los numerosos recursos de protección interpuestos por la comunidad de la región de Atacama, donde se denuncian las irregularidades y arbitrariedades cometidas por la autoridades en el proceso de evaluación y aprobación de un mega proyecto de energía a carbón que amenaza las garantías ciudadanas establecidas en la Constitución, declaramos:

1. Lamentamos la sentencia que desestima los recursos de protección interpuestos por las organizaciones de pescadores artesanales de la Región de Atacama, relativos a la construcción del proyecto Puerto Castilla, que se pretende instalar en las costas de Bahía Chascos, comuna de Copiapó. La función central de este puerto, es recepcionar el carbón que necesitaría Termoeléctrica Castilla para operar.

2. Aclaramos que la pretendida “luz verde” de la que se ufana la empresa del millonario brasileño Eike Batista en los medios de comunicación, luego de publicado este fallo, más que posibilitar la termoeléctrica más grande de Latinoamérica, lo único que hace es demostrar que este puerto sí está íntimamente relacionado al megaproyecto Central Termoeléctrica Castilla, cuestión denunciada hace años por las comunidades y siempre desestimada por la empresa, y que sin duda representa una perversión al espíritu de la ley ambiental chilena, pues presentar desagregados los proyectos (como hizo MPX), impide una evaluación completa del impacto de estas dos gigantescas obras, lo que morigera significativamente el real costo ecológico que se producirá en un sector ambientalmente muy frágil.

3. Los recursos de protección presentados por la Junta de Vecinos de Totoral, con el apoyo de numerosas organizaciones sociales y ambientales, contra el Seremi de Salud de Atacama por otorgar la calificación de industria molesta a la Central Termoeléctrica Castilla y contra la Comisión de Evaluación ambiental de la III Región por aprobar la misma termoeléctrica, no han sido fallados. Son recursos con argumentos jurídicos que dan cuenta de la arbitrariedad e ilegalidad con la que operaron las autoridades regionales a favor de la empresa MPX.

4. Pese a que es de suyo incomprensible que un recurso de protección que afecta a las comunidades de Copiapó se tramite ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a más 500 kilómetros del lugar donde viven los directamente afectados, estamos optimistas en relación a que la justicia actuará apegada a la institucionalidad jurídica nacional, y por lo tanto, a favor de los habitantes del pueblo de Totoral, quienes hace más de 400 años residen en la zona ubicada a escasos kilómetros de donde pretende construirse el mega proyecto contaminante.

5. Confiamos en que los tres recursos fallados serán apelados oportunamente por los abogados que representan a las organizaciones de pescadores artesanales, sabemos que están trabajando en ello y que se pronunciarán antes del 4 de febrero.

6. Denunciamos que la pretendida “luz verde” a la Central Castilla que ha profusa y maliciosamente difundido la empresa titular del proyecto en los medios de comunicación, se trata de una construcción comunicacional para engañar a la opinión pública y confundir a las comunidades que se resisten a la muerte de su hábitat y sus formas de vida, y de este modo paralizar lucha. Sin embargo, nosotros, las comunidades, ya no caemos en estas maniobras y hoy más que nunca reiteramos nuestra convicción por la vida y la defensa de nuestros valores y entorno ecológico y social.

Junta de Vecinos de Totoral

Observatorio latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

La Federación Nacional de Productores de Fruta mostró preocupación por la escasez hídrica y acusó falta de medidas para reducir los efectos de la problemática, que, aseguran, podría dividir al gremio.

Desde la Dirección General de Aguas, dijeron que el incremento del robo de agua agrava la sequía en las regiones más afectadas del país.

Falta de construcción de embalses, pérdida de agua lluvia y nula recarga de acuíferos. Dicha falta de política de Gobierno es la que denuncia la Federación Nacional de Productores, por la escasez hídrica en el país.

El presidente del gremio empresarial, Antonio Walker, dijo que no se ha invertido para almacenar el agua, enfatizando que se encuentran “preocupados”, ya que se pueden ocasionar problemas internos.

Según datos proporcionados por la Dirección General de Aguas, hay un aumento de un 18% en el número de las denuncias por robo de agua, intervención de cauces y cambios en los puntos de captación.

Las principales alzas están en las regiones más secas, como Valparaíso, El Maule, Coquimbo, Atacama y O’Higgins.

La Ministra subrogante de Obras Públicas, Loreta Silva, dijo que el Gobierno esta actuando para afrontar la problemática.

La escasez de agua ha afectado también el consumo de agua en los hogares, y la autoridad confirmó que hay menos disponibilidad en los sectores rurales.

Una de ellas, sería la Provincia de Petorca, en Valparaíso, donde un auditor de La Radio, Ricardo Sanhueza, denunció que todas las noches, de 12 a 6 de la mañana no cuentan con suministro de agua potable.

El Subgerente de Servicio al Cliente de la Empresa Sanitaria de Valparaíso (Esval), Andrés Nazer, indicó que hubo una disminución en las napas de Cabildo, que abastecen a la zona, pero descartó un eventual racionamiento de agua.

El Gobierno envió un proyecto de Ley que aumenta las sanciones a quienes extraen agua ílicitamente, contemplando un pago de 200 millones de pesos, como máximo, en caso de delito. Actualmente, la multa más alta son 800 mil pesos.

Fuente: Radio Biobio

En el día mundial de los humedales, la agrupación ambientalista Talcahueño llamó a las autoridades a trabajar en una estrategia regional para proteger estos terrenos que albergan una gran biodiversidad de ecosistemas.

El humedal Perales de Talcahuano fue el lugar elegido para celebrar el día mundial de los humedales, ya que sólo en el Gran Concepción existen más de 10 mil hectáreas de terrenos que reúnen estas características, aunque según la Coordinadora Ambiental Talcahueño la cifra podría ser mucho mayor.

La agrupación ha liderado varias iniciativas para educar a la comunidad y ahora solicitaron que el Ministerio del Medio Ambiente cree una estrategia regional para proteger los humedales, así lo señaló Hernán Pino, concejal de Talcahuano e integrante de la agrupación ambientalista, el trabajo ya tendría avances.

Estos lugares son un gran ecosistema y el hábitat para muchos seres vivos, el secretario de la Coordinadora Talcahueño, Alejandro Gaete, destacó las cualidades del humedal Perales.

Una ruta turística de los humedales es la apuesta de la agrupación ambientalista , para fomentar así su conservación.

Fuente: Radio Biobio

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó una serie de recursos de protección presentados por pescadores y agrupaciones medioambientales contra el proyecto del puerto Castilla, desde el cual se pretende abastecer a la central termoeléctrica Castilla, que se ubicará en la región de Atacama.

La decisión de las juezas Cristina Araya, Virginia Soublette y Dora Mondaca, establece que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en la decisión de la Comisión Regional del Medio Ambiente al aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que permiten que la construcción del terminal se materialice.

“Que según se ha sostenido reiteradamente por la jurisprudencia, se entiende que existe arbitrariedad cuando se está en presencia de un acto u omisión caprichoso, irracional, ilógico o carente de razonabilidad, lo que en la especie no se produce si se tiene en consideración que de acuerdo a lo ya expuesto los recurridos actuaron dentro del marco legal a que están sujetos, en el ámbito de sus facultades y su resolución ha sido fundada en informes técnicos emanados de las autoridades administrativas que la ley dispone al efecto”, dice el fallo.

Con esto se da luz verde a dicho terminal portuario, desde el cual se abastecería al proyecto de seis plantas termoeléctricas y una desaladora en las costas de la región de Atacama, a 150 kilómetros de una zona de conservación marítima (Reserva Nacional Pingüino de Humboldt).

Fuente: EMOL

Continúan las reacciones adversas al nombramiento de Orlando Baesler Heger como seremi de Vivienda al interior de la coalición de Gobierno. A las críticas de la idoneidad del nuevo seremi para el cargo, realizadas por el diputado UDI David Sandoval, se suman los cuestionamientos del senador RN Antonio Horvath.
Ambos parlamentarios consideran que el gobierno no los está escuchando, Antonio Horvath cuestionó la experiencia que puede tener en el servicio público el nuevo Seremi, quien según el senador, hace 25 años trabajó en el municipio de Cochrane.  “Estimo que a los parlamentarios sencillamente el Gobierno no los está escuchando, esto lo hablé con el Ministro, con el Subsecretario, desde luego con la Intendenta y me parece que es un error, porque es una persona que está muy alejada de las pistas de los servicios públicos hace muchos años. Lo conocí como director de Obras Municipales en Cochrane prácticamente hace 25 años y hay personas que califican como para efectivamente cumplir con los cambios prometidos”, manifestó.

“Los que lo nombraron se harán responsables”

Horvath agregó que este es nuevo error del gobierno y dijo que Orlando Baesler es una persona que no cuenta, ni va a trabajar con los parlamentarios de la región. “Las personas que lo nombraron se harán responsables, nosotros empujaremos por el bien de la región y creo que aquí alguien va a tener que responder por las cosas que está haciendo, sencillamente es una persona que no cuenta, ni va a trabajar con los parlamentarios de la región de Aysén, creo que es un error más que está cometiendo el Gobierno”, indicó.

El senador Antonio Horvath además dijo que el seremi Orlando Baesler debe inhabilitarse de inmediato frente al tema de Energía Austral.  “Como ha ocurrido con otras autoridades, que en el fondo están siendo juez y parte, eso es un grave error y no sólo un error, sino que una ilegalidad y es romper con la institucionalidad, entonces ya la gente no tiene confianza en nada”, expresó.

Sin duda que el nombramiento del arquitecto Orlando Baesler se ha transformado en uno de los más polémicos, sobre todo porque los cuestionamientos en menos de 24 horas han sido diversos y venidos desde distintos sectores de gobierno.

Fuente: Radio Santa María

Con un ritual andino de “pago a la tierra”, unos 300 manifestantes iniciaron hoy la “Gran marcha nacional del agua” en la región peruana de Cajamarca, el centro de una corriente de oposición a la minería que, según organizaciones campesinas y sociales, pone en riesgo las reservas de agua del país.

Mientras un grupo de pobladores presentó ofrendas a la tierra alrededor de una laguna que será drenada de ejecutarse el proyecto minero Conga, uno de los organizadores de la manifestación, el exsacerdote Marco Arana, aseguró a los periodistas que ésta se realizará de forma pacífica.

Los organizadores plantean que los manifestantes lleguen de diversos puntos del país en una caminata hacia Lima el 9 de febrero próximo, para después desarrollar un foro sobre la problemática del agua en todo el Perú.

La movilización también fue secundada en la región norteña de La Libertad, donde un grupo numeroso de campesinos inició hoy una marcha hacia la ciudad de Trujillo desde las provincias andinas de Huamachuco y Santiago de Chuco.

La marcha es organizada por comunidades indígenas, organizaciones sociales y otros gremios, para exigir al Gobierno que preserve las fuentes de agua y manifestar su oposición a la minería, sobre todo cuando esta se realiza en las cabeceras de cuenca.

El ministro de Energía y Minas de Perú, Jorge Merino, afirmó hoy, sin embargo, que hay agua de sobra en la región de Cajamarca, donde se planea ejecutar el proyecto Conga.

Según el ministro, que compareció en una rueda de prensa ante corresponsales extranjeros en Lima, el Gobierno está trabajando para construir represas junto a una empresa privada, con lo cual se garantizará por mas de 30 años el agua en la ciudad de Cajamarca.

Merino señaló que la marcha nacional del agua “no contribuye” al desarrollo del país y reiteró que “llama la atención que haya otras autoridades que congregan una marcha del agua cuando en Cajamarca sobra el agua”.

El proyecto Conga, a cargo de la empresa Yanacocha, la primera productora de oro en Suramérica, plantea una inversión de 4.800 millones de dólares y se mantiene suspendido desde la huelga de once días que realizaron los cajamarquinos en noviembre pasado.

La protesta culminó con la declaración del Estado de emergencia en tres provincias de Cajamarca tras un infructuoso diálogo entre representantes del Gobierno y los manifestantes.

El proyecto contempla drenar cuatro lagunas que se encuentran en cabeceras de cuenca, dos de ellas para extraer oro y las otras dos para vaciar los relaves.

Un informe extraoficial del Ministerio del Ambiente señaló su preocupación por las aguas subterráneas de la zona, al supuestamente encontrarse dentro de un ecosistema “vulnerable”.

Fuente: Terra

A través de una misiva dirigida al superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, HidroAysén informó que el hermano de la primera dama, Eduardo Morel Montes, renunció a su cargo en la empresa.

Morel se desempeñaba como director suplente del director titular, Bernardo Larraín Matte y dejó su cargo debido a que renunció a Colbún, compañía que junto a Endesa es propietaria del proyecto HidroAysén.

El texto señala que la renuncia del hermano de Cecilia Morel “fue comunicada y aceptada en la sesión ordinaria nº78 del directorio de Centrales Hidroeléctrica de Aysén S.A. celebrada el lunes 30 de enero de 2012″.

Su alejamiento de la entidad coincide con la última etapa de la tramitación ambiental que enfrenta HidroAysén.

Fuente: La Tercera

La iniciativa es impulsada por el ministro de Agricultura, Luis Mayol, y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Felipe Martin.

La campaña busca potenciar los distintos programas que ambas entidades han implementado para apoyar a los agricultores afectados por la sequía que afecta al país, en especial a las regiones tercera, cuarta y quinta. Además, está orientada a concientizar a la ciudadanía en general sobre el buen uso del agua.

El ministro Mayol sostuvo que no dejarán ninguna alternativa sin estudiar, por ello se encuentran trabajando en proyectos como el bombardeo de nubes, la carretera del agua y la infiltración de acuíferos para crear embalses subterráneos. Además, el secretario de Estado adelantó que durante este año trabajarán en tres proyectos piloto, “para ver cómo nos resulta”, sostuvo.

Esta campaña fue duramente criticada por la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, ya que a su juicio es sólo una solución parche, y apuntó que “todo el mundo sabe, tanto en la campaña entiende que el cambio de ampolletas no soluciona el problema. Cada ciudadano debe ser responsable, pero hoy la ocupación de recursos hídricos va por la minería, que no tiene normas de eficiencia en el uso de recursos hídricos”.

La ambientalista reiteró sus críticas a la minería, sector económico que utiliza grandes cantidades de agua para sus procesos productivos y que se beneficia de la actual legislación, señaló Sara Larraín, quien recalcó que “en este momento en la quinta, tercera y cuarta región, la competencia es con la minería. Lo que ocurraeen el mercado del agua es que las sanitarias intentaron vender las aguas servidas, y es lo que está haciendo Aguas Antofagasta, que venden el agua para industrias mineras”.

La ambientalista agregó que el estado chileno no tiene una política hídrica, además de cerrarse a realizar cambios en el Código de Aguas, donde Chile debiera tener prioridades en el uso de este recurso, y declaró que “acá lo que se está ocultado es una situación estructural, que responde a variaciones climáticas y una ausencia de voluntad política para reformar el Código de Aguas”.

Estas prioridades, según la directora de Chile Sustentable, debieran ser: primero, para la bebida humana y animal; segundo, para la producción de alimentos; tercero, para actividades que generen empleo y finalmente para fábricas o grandes empresas.

Fuente: Radio Universidad de Chile

La creación de una comisión especial para enfrentar, a corto y largo plazo, los problemas de escasez de agua que tienen actualmente a 52 comunas del país en zona de emergencia -principalmente en las regiones de Atacama, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins- fue anunciada ayer por el gobierno.

Tras sostener en La Moneda una reunión del comité interministerial para enfrentar la sequía, el ministro de Agricultura, Luis Mayol, informó que el Presidente Sebastián Piñera “decidió que se formará una comisión de técnicos para analizar, con la mayor cantidad de información que tengamos, la situación actual y la que viene, debido al cambio climático y poder trabajar en un programa o plan de largo plazo, una política de Estado”, dijo.

El plan busca elaborar esta política de Estado para el año 2020 o 2022, además de revisar las políticas a corto plazo con las autoridades pertinentes.

Aparte de las 52 comunas en zona de emergencia a lo largo del país, Mayol dijo que existen otras solicitudes que tendrán que ser estudiadas, para que “con los recursos que existen, que son siempre limitados, podamos preferir a aquellos que están con mayor grado de incertidumbre y daño por la sequía”. Esto incluye a los agricultores a los que se les han secado sus pozos, que no tengan agua para beber o para alimentar a sus animales.

En la cita también participó la ministra (s) del MOP, Loreto Silva, quien sostuvo que “hay que avanzar y trabajar coordinadamente para enfrentar el futuro del agua en nuestro país”.

Durante febrero, la instancia técnica deberá entregar un informe con los resultados y evaluaciones sobre las medidas y acciones que deben ejecutarse en el mediano y largo plazo.

Fuente: La Tercera

Producto de la reiterada ocurrencia de eventos ambientales en la comuna de Puchuncaví, en la V Región, las autoridades trabajan en implementar un sistema de alerta temprana que, estiman, podría estar operativo en abril.

El objetivo es alertar a la población cuando las condiciones climáticas puedan generar eventos desfavorables para su salud.

Para ello se trabaja en un sistema de semáforo, que sea de fácil comprensión para la población. La otra herramienta es la mensajería de texto, que permitirá, de manera instantánea, conocer las condiciones meteorológicas del lugar. Asimismo, se estudia, también a través de SMS, enviar un reporte diario, que ante la ocurrencia de algún evento va a ser acompañado por una alerta adicional.

“Vamos a hacer una etapa de campo, en que todas las personas que quieran recibir este mensaje van a poder inscribirse, vamos a definir con el municipio de manera electrónica o presencial. Eso esperamos que esté terminado el 15 de marzo. Después vamos a tener una etapa de prueba, en que se van a estar mandando alertas a las personas que estén inscritas, hasta que esté totalmente operativo, esperamos que sea en el mes de abril”, explicó el seremi de Salud de Valparaíso, Jaime Jamett.

Fuente: La Tercera.

Columna de Sara Larraín

Con 1.600 kilómetros de separación y dos realidades geográficas distintas, Santiago y Calama enfrentan hoy el mismo problema: les quieren quitar el agua.

En Ia II Región, la empresa Aguas Antofagasta, propiedad del grupo Luksic, que además es una de las sanitarias más multadas del país, le ha vendido 550 litros por segundo de agua cruda del río Loa a la minera Doña Inés de Collahuasi (propiedad de Anglo American y Xstrata Copper) para alimentar sus faenas mineras al interior dePica, en la región de Tarapacá.

Collahuasi ingresó a evaluación en el SEA, un estudio de impacto ambiental interregional de la tubería en que se pretende trasvasijar esta agua, desde el sector Lequenahasta la localidad de Ujina.

Los habitantes de Calama y Antofagasta están indignados y no es para menos. Aguas Antofagasta y Collahuasi pretenden llevarse agua desde el desierto más seco del mundo para servir la expansión minera de una trasnacional.

Insólitamente además la autoridad ambiental acogió a tramitación este proyecto que solo evalúa el trazado de la tubería y del tendido eléctrico, pero que carece absolutamente de información sobre el impacto ambiental que conlleva privar a la ya degradada cuenca del Río Loa de 550 litros por segundo agua y que el agua no sea devuelta, pues hay muchos poblados y ecosistemas que dependen de la infiltración de este a lo largo de cientos de kilómetros.

El estudio tampoco se hace cargo de otro impacto que debe evaluar la autoridad: el despojo a miles de personas de un recurso hídrico que originalmente fue cedido y luego concedido a un servicio para consumo humano.

Con un precio record del cobre ¿no será mucho que Collahuasi no apueste a la desalación o a la impulsión de agua de mar para sus faenas tal como han hecho otras compañías?

¿Por qué el grupo Luksic vende el agua dulce del Loa, de la cual depende toda la vida de las comunidades de Calama, Chiu Chiu, Lasana, Quillagua, para alimentar la actividad minera en otras regiones?

¿Por qué la Dirección General de Aguas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios no velan por la protección de las cuencas hídricas y los derechos de agua dedicados a los servicios de agua potable?

¿Por qué se permite la exportación de agua desde la región de Antofagasta a la de Tarapacá, cuando todos los estudios destacan que la zona requiere importación masiva de recursos hídricos?

Definitivamente ante esta irresponsabilidad gubernamental y empresarial, el patrimonio ambiental y la sociedad chilena están en riesgo.

Similar situación ocurre en Santiago donde la empresa sanitaria Aguas Andinas, del consorcio franco español Suez-Agbar, vendió en 2011 parte de las aguas de Laguna Negra y Embalse del Yeso, destinadas al agua potable de Santiago, para que la trasnacional norteamericana AES-Gener las use para alimentar dos centrales hidroeléctricas de su proyecto Alto Maipo (que se sumarían a las 4 centrales que la empresa ya posee en la zona).

Esta venta y la puesta en marcha de las centrales no solo vulnera los derechos de agua de regantes y agricultores, sino que amenaza todos los emprendimientos turísticos del Cajón del Maipo y no da cuenta de los impactos sobre el suministro de agua potable para la ciudad de Santiago.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios, que debe velar por las aguas destinadas a consumo humano , al parecer interpreta que las sanitarias pueden usarlas para negocios distintos de la concesión de servicios sanitarios.

Estos mismos afectados, además de realizar masivas manifestaciones públicas, hoy inician diversas estrategias legales, entre las que destaca la petición mediante la Ley de Transparencia del convenio entre Aguas Andinas y Gener para el uso de aguas pertenecientes al servicio de agua potable de los 6 millones de habitantes de la Región Metropolitana.

Y es que, en ambos casos, la forma en que se hizo la venta del agua es un misterio para la ciudadanía y las autoridades locales.

El Gobierno, amparándose en la denominación de “acuerdos entre privados” –término favorito de la actual administración para evadir comunicar hechos vergonzosos e impopulares— no ha hecho nada para que tanto los habitantes de Santiago como los de Antofagasta y Calama lleguen a conocer las condiciones, el costo y los impactos objetivos de dichas transacciones de agua potable.

Frente a estos hechos, a los ciudadanos se nos viene a la mente el viejo refrán de “borrar con el codo lo que se escribe con la mano” , pues mientras la Dirección General de Aguas (DGA) declara destinar buena parte de su tiempo a fiscalizar y sancionar el robo de agua, otro servicio dependiente del mismoMinisterio de Obras Públicas, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios avala este “robo institucionalizado” de agua que están haciendo las sanitarias, que hacen pingües negocios vendiendo las aguas comprometidas en las concesiones para servir el consumo humano a mineras e hidroeléctricas, obteniendo enormes ganancias.

Al respecto, hay que destacar que el Congreso Nacional ya debió parar, mediante reforma al Código Sanitario, la venta de las aguas servidas tratadas que habían iniciado las sanitarias, perjudicando a los agricultores y regantes. Al parecer, defender el agua potable requerirá acciones legislativas similares.

Hoy la pelea en el norte del país es a muerte. El acuerdo entre Inés de Collahuasi y Aguas Antofagasta ha desatado una campaña que incluye movilizaciones, recolección de firmas, apoyo de autoridades locales y parlamentarios y hasta funas a la compañía minera que debió abandonar el viernes pasado el salón delMunicipio de Calama.

Lo que hoy ocurre en Chile –y que en absoluto es un caso aislado– constituye un poderoso llamado de atención a las instituciones de gobierno que deben velar, de acuerdo al nuevo mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas, por el derecho humano al agua y al saneamiento de todos los habitantes del país.

De continuar estas irregularidades y nuevas amenazas al abastecimiento de agua, los movimientos ciudadanos probablemente continuarán durante este año con la misma fuerza del 2011. Así, los ciudadanos y ciudadanas defenderemos nuestro derecho al agua en el Parlamento, frente a las instituciones de gobierno y en las calles.

De esta manera reacciono el Diputado Independiente por Aysén, René Alinco, frente a los anuncios del Gobierno en torno a aumentar las sanciones por el delito de usurpación de aguas y dotar de mayores facultades a la Dirección General de Aguas.

“Acá el problema de fondo es el régimen de propiedad que existe en torno al agua, lo que debemos hacer es nacionalizar el agua, que sea efectivamente de todos los chilenos, y derogar el Código de Aguas que se dictó en la dictadura, que es el gran problema de fondo” aseveró.

El parlamentario, quien integra la comisión de la Cámara de Diputados que investiga la usurpación de aguas y áridos, señalo que “aumentar las penas es necesario y ojalá sean penas de cárcel, porque las multas no sirven, así también es importante dar mayores facultades a la DGA, pero antes el Gobierno tiene que asumir responsabilidades ya que la esa repartición ha seguido concediendo derechos provisorios de aguas en cuencas agotadas perjudicando a pequeños y medianos agricultores, y ha hecho caso omiso a denuncias de agricultores respecto a posibles usurpaciones de aguas. Esto habla del pésimo trabajo de la DGA y de a lo menos, claras, negligencias en el actuar de esta institución. El Director de la DGA, Matías Desmadryl, debe poner a disposición su cargo ahora mismo, pues está claro que no dio el ancho”.

Por ello, agregó “no basta con dotar de más facultades a la DGA, debe revisarse su institucionalidad, las responsabilidades, y atacar el problema de fondo que no es otro que el Código de Aguas imperante, yo emplazó al Gobierno a tratar este tema con seriedad y dejar la pirotecnia. Si mantenemos este Código de Aguas, seguiremos teniendo situaciones como el caso de Petorca y la ligua, donde personajes como Edmundo Pérez Yoma y sus parientes, con derechos provisorios de agua, tienen plantaciones que parecen verdaderos oasis en el desierto, y los pequeños agricultores, con derechos definitivos, en cambio sufren las inclemencias de las sequias y la falta de agua”.

Fuente: El Divisadero

Para lograr la diversificación de la matriz energética, el uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) se ha vuelto un imperativo en el último tiempo. Se está avanzando, pero los actores coinciden en que se requieren mayores esfuerzos para impulsar de una vez su desarrollo.

Según estimaciones de los especialistas, la participación de las ERNC representa cerca del 3% de la generación eléctrica del país, que al compararla con la experiencia internacional, explica Edmundo Claro, director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la U. Diego Portales, la cifra es mayor que el promedio mundial de 2,8%. Pese a ello, agrega que se evidencia una tendencia descendiente en su uso.

Un dato no menor considerando  que en los próximos ocho años, se proyecta un crecimiento de la demanda energética sobre un 50%, en tanto que la potencia instalada requerida subirá de 15.000 MW a 26.000 MW en 2020.

Por otro lado, para sostener un crecimiento de Chile de entre 5% y 6% es necesario aumentar 9.000 MW anuales de aquí a ese año. Por ello es que ya son varios los esfuerzos para impulsar este tipo de fuentes de energías alternativas.

En septiembre de 2010 ingresó al Congreso el proyecto de ley que propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales, el que en enero pasado fue aprobado por el Senado.

Actualmente está en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Más aún, el gobierno confirmó su interés en seguir adelante en esta materia al anunciar dentro de los ocho pilares de la Estrategia Energética, una meta ya conocida: lograr que el 20% de la matriz energética esté compuesta por fuentes alternativas. Esto obliga a inyectar 4.700 MW en los próximos cuatro años a partir de biomasa, energía solar, eólica, geotermia, mini hidráulica o mareomotriz.

Estado actual

Respecto al desarrollo de las ERNC, los datos a enero de 2012 obtenidos del Centro de Energías Renovables (CER) del Ministerio de Energía, establecen que hay 700 MW proyectos en operación, 242 MW en construcción, 3.159 MW aprobados sin construir y 1.535 MW en calificación.

Por otro lado, los proyectos aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), representan unos 2.500 MW, mientras que en estudio, ingresados o a punto de ingresar, otros 2.500 MW, según cifras entregadas por la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera). Un fuerte dinamismo vive el sector.

En los últimos tres meses, a través del SEIA, se han aprobado cinco grandes proyectos de ERNC, los que, en conjunto, involucran inversiones por US$ 1.052 millones, y una potencia proyectada de 435,6 MW. Casi la mitad de la capacidad instalada actual de este tipo de energías.

Nuevos proyectos 

De los nuevos proyectos, dos corresponden a energía eólica. El 6 de enero pasado se aprobó el Parque Eólico Calama de E-CL, que contempla una inversión de US$ 280 millones y una potencia máxima de 193 MW con 56 aerogeneradores con capacidad individual entre 1,5 y 2,3 MW.

En diciembre, en tanto, se dio el vamos al Parque Eólico Ckani de AM Alto Loa, por una inversión de US$ 500 millones y una potencia máxima de 240 MW, con 160 generadores. En energía solar, dos entrarán al ruedo. Huerto Solar Fotovoltaico, de la empresa Fotovoltaica Sol del Norte, que con una inversión de US$ 31 millones generará 8 MW de potencia cerca de Calama. Y la Planta Fotovoltaica San Pedro de Atacama II de Element Power, en la segunda región.

La inversión de US$ 103 millones tendrá una potencia de 30 MW. En diciembre se aprobó la Central Santa Marta, a partir de biogás en la Región Metropolitana.

Son US$ 36 millones para una capacidad de 14 MW ampliable a 20 MW. Y entre las iniciativas en calificación está el Parque Eólico Küref de EnorChile, en la VIII región, de US$ 150 millones y una  capacidad de 61,2 MW, entre otras.

Fuente: Diario Financiero.

Cerca de 50 investigadores brasileños y franceses realizarán a partir de este año un estudio sobre los efectos del cambio climático en la biodiversidad de los lagos de la Amazonía, informaron el día 31 fuentes académicas.

El estudio “Cambio climático y biodiversidad en los lagos de la Cuenca Amazónica: Cómo promover la sustentabilidad ecológica y económica” tendrá una duración de tres años, informó hoy la Fundación de Apoyo a la Investigación en el Estado de Amazonas (Fapeam), que apoyará el proyecto.

La investigación contará con un aporte de 3,2 millones de euros de los franceses Instituto de Pesquisa para el Desarrollo (IRD, por sus siglas en francés) y Fundación para la Pesquisa en Biodiversidad (FRB, por sus siglas en francés).

Los investigadores se proponen analizar los factores ambientales que controlan la vinculación existente entre la biodiversidad acuática y la terrestre en las zonas de inundación en la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo y el considerado principal pulmón vegetal de la tierra.

El brasileño Centro de Estudios Superiores del Trópico Húmedo (Cestu, pos sus siglas en portugués), vinculado a la Universidad del Estado de Amazonas, será el responsable por realizar las mediciones de la variación de los niveles de las aguas para complementar los estudios sobre la biodiversidad.

Estas mediciones serán realizadas con herramientas de satélites que permiten estudiar locales selváticos sin acceso para los investigadores.

Los investigadores franceses y brasileños analizarán los efectos de los cambios climáticos en la biodiversidad de un área de cerca de 90.000 kilómetros cuadrados que comprende las zonas inundables del corredor fluvial Solimoes-Amazonas desde la ciudad de Tabatinga, en la frontera entre Brasil y Colombia, hasta la de Santarem, en el estado brasileño de Pará.

“La biodiversidad terrestre y acuática será estudiada en el sentido transversal al del flujo del río, es decir partiendo desde la zona de tierra más firme hasta el lecho principal, así como en el sentido longitudinal del corredor fluvial”, explicó Joecilda Santos da Silva, investigadora del Cestu y que participará en el proyecto.

Según la especialista brasileña, los resultados obtenidos a partir del estudio en la Amazonía podrán ser aplicados en zonas húmedas de otras regiones del mundo.

Entre las instituciones brasileñas que participarán del proyecto, además del Cestu, destacan las universidades federales de Brasilia (UnB), Río Grande do Sul (UFRGS), Juiz de Fora (UFJF), Goiás (UFG) y Pará (UFPA), así como el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) y el Museo de Astronomía y Ciencias Afines (Mast).

Fuente: Agencia XinHua

El diputado Enrique Accorsi (PPD) y el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo, anunciaron las acciones legales basándose en antecedentes recopilados por la Comisión investigadora de laCámara de Diputados, los que comprobarían delitos de parte de los servicios públicos.

Según indicó el abogado Castillo, en las diversas indagaciones se ha podido detectar la existencia de una verdadera organización criminal para aprobar este proyecto, alterando informes y violando leyes del Estado.

“Aquí hay además un fraude al fisco. Siendo un bien nacional de uso público para que éste pueda ser usado por terceros con fines comerciales tiene que haber previamente una concesión, una desafectación o una pérdida de la calidad del bien fiscal. El caso del Parque Nacional Laguna San Rafael sin perder estas condiciones fue autorizada su inundación por parte de la Corporación Nacional Forestal y por la Comisión de Evaluación“, precisó el jurista.

Mientras que el diputado Accorsi señaló que “esta investigación parlamentaria estableció que muchos servicios no cumplieron con su labor de defensa y fiscalización de los Parques Naciones que les compete, entre ellos Conaf, que en su dependencia regional rechazó el proyecto emitiendo un informe negativo porque la central hidroeléctrica iba a inundar el Parque Nacional San Rafael, sin embargo, la Conaf nacional modificó dicho informe y lo aprobó”.

Asimismo, el legislador precisó que a esta acción judicial se sumarán en los próximos días querellas a otros servicios que no habrían cumplido con la legalidad vigente como Sernageomin y la Dirección General de Aguas (DGA).

Finalmente el abogado Castillo apuntó a la precariedad laboral de los encargados de la evaluación de los proyectos, como Hidroaysén, señalando que son funcionarios a contrata, no de planta, “su contrato depende de cómo han seguido las instrucciones del Gobierno de nivel central”.

Fuente: El Ciudadano.

El Gobierno japonés ha aprobado hoy el proyecto de ley para reforzar las medidas de seguridad de las centrales nucleares tras el accidente en la deFukushima, que incluye limitar la vida útil de las plantas a 40 años.

La normativa deja abierta la posibilidad de extender ese periodo operativo hasta un máximo de otros 20 años, aunque hace hincapié en que será “extremadamente difícil” que una planta logre una extensión de semejante calibre, según una fuente oficial del Gobierno citada por la agencia Kyodo. Actualmente no existe en Japón un límite legal para la vida operativa de sus 54 reactores, muchos de los cuales alcanzarán los 40 años de actividad en los próximos años.

De hecho, uno de los tres reactores de la central nuclear de Fukushima Daiichi que resultaron dañados por el tsunami de marzo de 2001 llevabaoperando desde 1970. El plan del Gobierno también establece que las centrales nucleares deberán tomar medidas para prevenir la emisión masiva de sustancias radiactivas al ambiente en caso de accidente, al tiempo que permite a las autoridades ordenar la paralización de los reactores si no cumplen con los estándares de seguridad.

Lentitud de respuesta

Además, bajo la nueva normativa se creará una nueva agencia de regulación, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que unificará los actuales organismos de seguridad nuclear. La actual Agencia de Seguridad Nuclear, que depende del Ministerio de Comercio, Economía e Industria, tiene el papel de promover la energía nuclear y ha sido criticada por sus lagunas a la hora de supervisar las instalaciones atómicas.

Con el plan aprobado hoy, el Gobierno prevé, además, crear un comité de investigación de seguridad nuclear, integrado por cinco expertos, que supervisará la nueva Agencia Nuclear y hará sus propias pesquisas en caso de accidente. Está previsto que la ley sea presentada en el Parlamento durante el actual periodo de sesiones, que comenzó la semana pasada.

Fugas de Agua

La planta nuclear de Fukushima en Japón registró hoy dos nuevas fugas de agua, comunicó la cadena de televisión NHK.

La compañía TEPCO, encargada de las gestiones de Fukushima advirtió que las fugas se produjeron por el congelamiento y las consecuentes roturas de las tuberías, informa la agencia Ria. Las temperaturas invernales de -8 y -9 accedieron a las tuberías y estas fueron afectadas.

Según el informe se registró una fuga de 40 litros de agua en el reactor número 4 y una fuga de 7 toneladas de agua procesada en el reactor número 6.

En ambos casos se comunicó que no es agua radiactiva, sin embargo la planta nuclear se encuentra aún en alerta de nivel 7 que es la máxima en contaminación por afectar la vida de las personas que la rodean.

El terremoto 9.0 del 11 de marzo 2011, con el siguiente maremoto dañaron los circuitos eléctricos que mantienen la operación de refrigeración de los reactores lo que causó la fusión parcial de algunos reactores y la contaminación del aire, mar y tierra.

La fuga reactiva obliga a las autoridades a mantener una evacuación de la población de 20 a 30 km a la redonda. Índices radiactivos se han obtenido incluso a distancias más lejanas.

La compañía explicó recientemente sus planes para eliminar la contaminación con una duración de 30 a 40 años

Fuentes: ABC mundo

La Gran Epoca

El Día Mundial de los Humedales que se celebra anualmente, se hará bajo el lema: “Turismo de humedales: una gran experiencia”. En la semana del 2 de febrero organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales y grupos de ciudadanos de todos los niveles de la comunidad aprovechan para realizar actividades por el DMH encaminadas a aumentar la sensibilización sobre los valores de los humedales. En Concepción, la fecha se celebrará nuevamente en el humedal Perales.

Este 2 de febrero, como cada año, es el Día Mundial de los Humedales (DMH). Este día organizaciones no gubernamentales, organismos oficiales, comunidades y grupos de ciudadanos aprovecharán la fecha para realizar actos y actividades encaminados a aumentar la sensibilización del público acerca de los valores y funciones de los humedales y los beneficios que reportan.

En la zona, la Coordinadora Talcahueño ha programado una actividad de celebración de este Día en el Humedal Perales, ocasión que permitirá presentar el proyecto “Desde la Educación Ambiental Re-construyendo sueños para Talcahuano”, que cuenta con recursos del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.

La actividad está programada paras 10:30 horas del jueves 2 de febrero.

La fecha recuerda el día de la firma de la convención internacional sobre los humedales en 1971 en la ciudad de Ramsar a orillas del Mar Caspio. El DMH 2012 se celebrará bajo el lema:”Turismo de humedales: una gran experiencia. El turismo responsable apoya los humedales y a la gente”.

La Convención de Ramsar recordó que el tema elegido se centra en “humedales y turismo” para relacionarlo con la temática de la próxima reunión de la Conferencia de las Partes, COP11 que, bajo el lema “Humedales, turismo y recreación” se celebrará en julio de 2012 en Bucarest, Rumania.

El turismo en los humedales aporta beneficios tanto a nivel local como nacional, a las personas y a la vida silvestre, bienes y servicios que aportan al fortalecimiento de las economías regionales y al soporte para medios de vida sostenibles, poblaciones prósperas y ecosistemas saludables.

En al menos el 35% de los Sitios Ramsar de todo el mundo se desarrollan actividades de turismo sostenible o ecoturismo, en distintos grados, y ese porcentaje se mantiene uniforme en todas las regiones –destacó la Convención.

La Convención Ramsar recordó además que es importante considerar el turismo en todos los humedales, no solamente en los que han sido designados Sitios Ramsar, puesto que los países signatarios se comprometieron al buen manejo de todos los humedales.

Vale la pena señalar que el turismo es sólo uno de los múltiples servicios que prestan los humedales. Garantizar que las prácticas turísticas estén bien gestionadas en los humedales y educar a los turistas sobre la importancia de protegerlos, son dos elementos que contribuyen a que los humedales del mundo estén saludables y aporten beneficios a largo plazo a las personas, la vida silvestre, las economías y la biodiversidad.

Hasta el momento, la Convención de Ramsar no se había centrado específicamente en los humedales, el turismo y la recreación. Por este motivo en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas, se preparó un folleto para el DMH 2012 sobre humedales y turismo sostenible en el que se explica cómo puede resultar beneficioso el turismo para los humedales y sus habitantes.

¿Por qué es importante cuidar nuestros humedales?

Los humedales en buen estado, prestan servicios ecosistémicos en beneficio de la gente: seguridad alimentaria; seguridad del agua; un “seguro” ambiental gracias a la formación de zonas tampón naturales frente a los daños que causan las tormentas, inundaciones y sequías; a todo ello hay que añadir su valor espiritual, recreativo, educativo y cultural.

Los humedales degradados, en cambio, pueden provocar la aparición de enfermedades infecciosas y el resurgimiento de enfermedades relacionadas con el agua, comprometiendo igualmente la salud humana, y pueden hacer que disminuya la biodiversidad y disponibilidad de plantas y animales de los humedales con valores alimentarios y medicinales de particular importancia para las poblaciones rurales y otras comunidades.

Los Sitios Ramsar y otros humedales del planeta tienen mucho que ofrecer al turista aventurero/a. Los humedales y su vida silvestre constituyen una parte fundamental de la experiencia turística a nivel mundial: las posibilidades van desde visitar los humedales subterráneos kársticos de las cuevas de Skocjan en Eslovenia, hasta experimentar unas imponentes puestas de sol en el Sitio Ramsar La restinga en Venezuela; desde subir a los humedales en altura como los de la Puna en Argentina y Bolivia hasta disfrutar de cabalgatas, navegaciones y caminatas para observación de las aves en el Sitio Ramsar Jaaukanigás en la planicie aluvial del portentoso río Paraná.

¿Que se considera ecoturismo o turismo sostenible?

Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes. Incluye elementos educacionales y de interpretación.

Generalmente, está organizado para pequeños grupos por empresas especializadas. Reduce todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural. Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de ecoturismo, incrementando la conciencia sobre su conservación.

La definición de ecoturismo de la Organización Mundial del Turismo

Ecoturismo se emplea para designar las formas de turismo que cuentan con las siguientes características:

• Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los turistas sea la observación y apreciación de la naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales.

• Incluye elementos educacionales y de interpretación.

• Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos por empresas especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el destino tienden a ser pequeñas empresas de propiedad local.

• Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural.

• Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de ecoturismo:

- Generando beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos conservacionistas;

- Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales;

- Incrementando la conciencia sobre la conservación de los activos naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas.

Por turismo sostenible se entiende la puesta en práctica en el turismo de los principios del desarrollo sostenible establecidos en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992. Ello significa garantizar que el turismo:

• proteja el medio ambiente y contribuya a la conservación de la biodiversidad;

• respete a las comunidades locales, su patrimonio cultural y sus valores; y

• aporte a todas las partes interesadas beneficios socioeconómicos, que se distribuyan de forma equitativa y que comprendan oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades locales; y contribuya a la reducción de la pobreza.

Fuente: Tribuna del Biobio.

Una serie de reuniones con personalidades del sector público, representantes de ONGs, académicos, asesores y expertos ha llevado a cabo la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, junto al subsecretario del ramo, Ricardo Irarrázabal, para invitarlos a participar en el proyecto Maps (Mitigation Actions Plans and Scenarios), que busca enfrentar el cambio climático.

El Maps es un programa de trabajo liderado por el Centro de Investigación en Energía de Ciudad del Cabo y financiado por la Fundación del Fondo de Inversiones de la Niñez, para apoyar a países en desarrollo a elaborar planes de crecimiento que sean compatibles con los desafíos del cambio climático.

Este proyecto, cuya gestión administrativa está a cargo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es dirigido por un Comité Interministerial en el que participan los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Transportes y Telecomunicaciones, Agricultura, Energía y Medio Ambiente, que actúa como Secretaría Ejecutiva.

El objetivo de las reuniones realizadas era presentar el plan, fijar fechas de trabajo mensuales y dejar planteadas las preguntas del mandato ministerial como “cuáles son las oportunidades asociadas con las diversas opciones de mitigación, en términos de aliviar la pobreza, contribuir a resultados macro y microeconómicos positivos y permitir que Chile gane competitividad internacional”

Fuente: Terra

El gobierno propuso una iniciativa legal que introduce modificaciones al marco regulatorio que rige a las aguas con la finalidad de aumentar las sanciones por extracciones no autorizadas, fortalecer las potestades fiscalizadoras y sancionatorias del Estado y mejorar la información sobre recursos hídricos y derechos de aprovechamiento de aguas.

El Mensaje recuerda que el actual régimen jurídico de las aguas continentales en Chile está establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, el Código de Aguas, el Código Civil y en los artículos 459, 460 y 461 del Código Penal.

Agrega que, a pesar de la existencia de figuras penales específicas relacionadas con la extracción no autorizada de aguas y de los esfuerzos de la autoridad para aumentar la fiscalización de dichas extracciones, existe un amplio consenso de los especialistas en orden a que estas medidas no han resultado eficaces en la reducción de este tipo de ilícitos.

Precisa que la multa de hasta un máximo de 20 unidades tributarias mensuales establecida en el Código de Aguas para toda infracción que no esté especialmente sancionada, realmente no tiene un efecto disuasivo a raíz su escaso monto.

Asimismo, advierte que si bien el Código de Aguas contempla algunas normas que permiten a la autoridad exigir la entrega de información relacionada con extracciones de agua y transferencias de derechos de aprovechamiento, dichas normas han resultado insuficientes e ineficaces para la obtención de información sobre los recursos hídricos y derechos de aprovechamiento de aguas.

Tras el diagnóstico descrito, el Ejecutivo presenta este proyecto de ley con los objetivos declarados de aumentar la efectividad y cobertura de las sanciones establecidas en el Código Penal por el delito de usurpación de aguas y dotar a la Dirección General de Aguas de herramientas que le permitan contar con la información necesaria para una adecuada administración de los recursos hídricos y lograr distribución óptima de los derechos de aprovechamiento de aguas.

El proyecto de ley fue ingresado por el gobierno ante la Cámara de Diputados el 18 de enero pasado y está radicado para su estudio en la Comisión de Obras Públicas.

Fuente: La Tercera