Glaciares: Gobierno Legisla Contra Compromiso Internacional

Por Sara Larraín

Chile comprometió proteger los glaciares como reservas hídricas para adaptarse a la estrechez de agua que trae el calentamiento global.

Aunque los parlamentarios trabajan desde hace un año en la tramitación de una ley para proteger todos los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, el gobierno insiste en proteger sólo aquellos ubicados dentro de parques nacionales.

La tensión entre el Ejecutivo y los parlamentarios se evidenció la semana pasada cuando la mayoría de los diputados tanto de la Alianza, como de la Nueva Mayoría, rechazó la propuesta del Ejecutivo. Los parlamentarios denunciaron que la propuesta del gobierno deja desprotegidos los glaciares entre las regiones de Atacama y del Maule, las más vulnerables frente a la sequía, pues sus glaciares están fuera de parques nacionales.

La propuesta gubernamental ofrece proteger los glaciares caso a caso y sólo un 25% de los glaciares como Reservas Estratégicas a los 5 años de entrada en vigencia de la ley. Esto según los diputados, sería legislar en beneficio de la gran minería y en contra de la seguridad hídrica que requiere la agricultura, las demás actividades productivas y la provisión de agua potable para las ciudades. Dejar sin protección todos los glaciares entre Atacama y Maule y sólo evaluar su protección caso a caso, es inaceptable para los parlamentarios. Igual rechazo han expresado organizaciones ciudadanas, autoridades locales, organizaciones de agricultores y del sector sanitario.

La posición que sostiene el gobierno, contradice flagrantemente su posición y compromiso frente a la Convención de Cambio Climático cuya próxima reunión se realizará a fines de noviembre. En su Plan de Acción contra el Cambio Climático, cuyo texto fue entregado a Naciones Unidas como parte de los compromisos nacionales ante la Convención, Chile compromete proteger los glaciares como reservas hídricas para adaptarse a la estrechez de agua que trae el calentamiento global. Sostener una posición contraria en la legislación nacional constituye un doble estándar que expone al país al descrédito interno e internacional. Está por verse si la posición del gobierno sigue atada al interés de la gran minería, o logra recuperar la coherencia con los requerimientos de la seguridad hídrica y los compromisos internacionales.

Fuente: Estrategia