Glaciares, ¿por qué el gobierno se resiste a protegerlos?

Columna de Sara Larraín

Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce que existen en todos los continentes con altas montañas a nivel mundial. Constituyen verdaderos embalses congelados,  en valles o zonas altas, sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar en zonas templadas.También se encuentran en zonas bajas al nivel del océano, en zonas frias como Alaska o Magallanes. Los científicos advierten sobre su importancia para enfrentar la estrechez hídrica, en períodos de sequía y en el contexto del cambio climático, y llaman a acelerar su protección.  Algo que nuestros gobiernos se resisten  a escuchar.

Chile por su ubicación geográfica en la zona andina de América del Sur, posee el 80% de los glaciares de este continente, los que cubren una superficie de 23.000 kilómetros cuadrados, la mayor parte de ellos en Aysén y Magallanes. En la zona norte y centro del país la cantidad de glaciares es menor, pero justamente por ser regiones más áridas, estos cumplen una función criíica para la seguridad hídrica y alimentaria de la población. Respaldan la provisión de agua potable, el riego agrícola, la mantención de los ecosistemas y todas las actividades económicas del país.

Por esta razón, ya en 2005, ante la amenaza del proyecto minero Pascua Lama, sobre los glaciares de la cuenca del río Huasco, organizaciones ecologístas, mediante el “Acuerdo de Chagual”, acordaron con la entonces candidata Michelle Bachelet, una ley marco para la protección de glaciares. Pero el poderoso sector minero, encabezado por el Consejo Minero, abortó dicha legislación, a pesar de existir una propuesta encomendada por el gobierno y 3 proyectos ingresados a tramitación por diversos parlamentarios. Ni Bachelet, ni su sucesor Sebastián Piñera, expresaron voluntad política para proteger estas importantes reservas de agua dulce.

Diez años después, y al calor de la discusión sobre la expansión de faenas de Codelco Andina 244, sobre varios glaciares en la cuenca del río Aconcagua, un conjunto trasversal de parlamentarios, apoyados por organizaciones ecologistas, ingresaron a tramitación un proyecto de Ley de Protección y Preservación de Glaciares el 20 de mayo de 2014, constituyéndose una “Bancada Glaciar”, cuyos miembros, liderados por el diputado Daniel Melo (PS), fueron las diputadas Camila Vallejo (PC), Maya Fernández (PS), Cristina Girardi (PPD), Andrea Molina (UDI); y los diputados Giorgio Jackson (RD), Vlado Mirosevic (IND), Luis Lemus (PS) y Patricio Vallespín (DC).

En respuesta a dicha iniciativa política, el 21 de mayo de 2014, en su Mensaje a la Nacion, la presidenta Bachelet anunció la presentación de un proyecto de ley para “proteger los glaciares y su entorno”. Pero esta segunda promesa de Bachelet además de tardar más de 10 meses en llegar al Congreso, solo incorporó la protección de los glaciares ubicados  en parques nacionales, los cuales ya están protegidos por la Convención de Washington ratificada por Chile el año 1967.

La suerte de todos los demás glaciares, según la ley del gobierno, quedaría  sometida caso a caso, a merced del sistema de evaluación ambiental, que actualmente evalúa el impacto de proyectos sobre los glaciares, y establece  condiciones que no aseguran su protección. Tal como se ha evidenciado en los casos de Pascua Lama, Pelambres, Andina y Los Bronces, en cuyas áreas de operación, según los glaciólogos Azocar y Brennning, al año 2010 ya  se habían destruído más de 3 kilómetros cuadrados de  glaciares, provocando una pérdida de reservas de agua dulce, equivalente a 34 millones de metros cúbicos.

Por esta razón, los parlamentarios no aceptaron el texto del Ejecutivo, y formularon cambios a la ley, la cual debió empezar a votarse el pasado 10 de junio, en  la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara, según indicaba la citación. Pero en lugar de ello, se permitió la exposición de la Dirección General de Aguas, para explicar como dicho servicio catástra y mide el derretimiento de los glaciares, lo cual sumado a las preguntas de rigor de los parlamentarios, impidieron dar inicio a la votación de la Ley.

Ante este escenario, fue el diputado Daniel Melo, secundado por las diputadas, Camila Vallejos y Cristina Girardi, quienes llamaron al gobierno a  no frenar  la votación de la ley de Glaciares, pues ello significaría ceder ante las presiones del Consejo Minero, gremio  que se opone a la protección de los glaciares.

Parlamentarios de todas las corrientes políticas,(desde la UDI al  partido Comunista), han levantado la voz para proteger los glaciares e ingresado indicaciones para reemplazar la propuesta del gobierno, por un texto que proteja los 24.114 glaciares catastrados en el Inventario Nacional de Glaciares.

En tiempos de sequía y en que más de 600 mil personas se abastecen de agua potable con camiones aljibe, es imperativo resguardar los glaciares que cumplen funciones hidrogeológicas que son esenciales para la mantención de caudales. Por ello, una ley de Protección General de los Glaciares debe apuntar a resguardar estas reservas estratégicas de agua dulce, especialmente en tiempos en que la sequía y el cambio climático afectan fuertemente  la provisión de agua en nuestro país.

Las organizaciones ciudadanas por su parte, han informado que la propuesta del gobierno  deja fuera la protección de los glaciares  en las regiones donde existen explotaciones mineras, por lo cual se presume se perpetuaría la destrucción de glaciares que Barrick, Antofagasta Minerals, Codelco y Anglo American provocan  en las cuencas de los ríos Huasco, Choapa, Aconcagua y Mapocho, de las cuales depende la seguridad hídrica para agua potable y riego de las zonas más densamente pobladas del país.

Esta situación no es aceptable, el gobierno debe tomar la responsabilidad de parar la destrucción de glaciares  en nuestro país, tal como lo ha hecho Argentina al otro lado de los Andes. No puede seguir permitiendo  la explotación minera  en áreas de glaciares, pues en los hechos ampara la destrucción de nuestras reservas  de agua  entre  Atacama y la Región Metropolitana, las zonas más afectadas por la escasez hídrica y la desertificación.  

La sobrevivencia y bienestar de la sociedad chilena y el desarrollo nacional, es posible racionalizando la explotación minera, pero  no es posible sin agua. Esta  es la disyuntiva que enfrenta la sociedad chilena  al  momento de legislar para proteger sus glaciares.

Fuente: Cooperativa