La red de lobby para la aprobación ambiental de Minera Candelaria hasta 2030 y las platas de SQM

Las redes y relaciones detrás de la aprobación ambiental para la continuidad operacional hasta 2030 de la minera Candelaria -ubicada en la Región de Atacama-, estuvo aceitada por las reuniones cara a cara. En esta segunda parte del reportaje publicado ayer por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, quedan en evidencia los contactos con la autoridad reflejados en la web de “Infolobby”. También las visitas a la zona del exministro del Medioambiente Pablo Badenier, en momentos en que se tramitaba el Estudio de Impacto Ambiental de la extractora de capitales canadienses Lundin Mining. La historia que terminó con el pago por 4 millones de dólares a los abogados de Tierra Amarilla -Hernán Bosselin y Ramón Briones (exDC)- que salieron de la cuenta corriente de la compañía, fueron la condición para que la alcaldía renunciara a presentar acciones judiciales que empañaran el proyecto. Esto es solo la punta del iceberg de una investigación secreta que sustancia el Ministerio Público, luego de la confesión del edil de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado ,-hoy formalizado por corrupción- que reveló ayer este medio. En ella denunció que el actual diputado Jaime Mulet (exDC y hoy Federación Regionalista Verde Social), le ofreció un soborno de 400 millones de pesos, para que los juristas antes mencionados cobraran sus honorarios, donde incluso aparecen los aportes de SQM para al financiamiento ilegal de la política.

Ayer la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló el testimonio secreto del suspendido alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, ante la fiscalía de Copiapó, donde aseguró que el diputado, Jaime Mulet (exDC y hoy Federación Regionalista Verde Social), le habría ofrecido un soborno de 400 millones de pesos. Ello con el fin de que levantara una medida prejudicial sobre los honorarios que cobrarían los abogados de la comuna, Hernán Bosselin y Ramón Briones por más de 2.760 millones de pesos.

El monto, era más del 50 por ciento de más de 4.800 millones de pesos que obtuvo la sede edilicia en una transacción con la minera Candelaria en 2015, con el fin de que no bloqueara con acciones judiciales la aprobación ambiental para dar continuidad operacional a la extractora de capitales canadienses hasta 2030.

Sin embargo, no era el único aporte monetario. Tierra Amarilla recibió para libre disposición, aparte del dinero de los abogados, otros 2.070 millones de pesos, de libre disposición.

Pero hay más. Candelaria, además entregó a la comuna 11.533 millones de pesos para mejoramiento de salud, cultura, entre otros.

Coincidentemente, Candelaria logró la autorización por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Atacama en 2015 sin problemas, y al año siguiente, de la misma forma, ante el Comité de Ministros.

Sin embargo, detrás de la aprobación hay redes políticas y de lobby que incluyen a variados actores que tuvieron distintas participaciones en el proyecto, entre ellos al exministro Enrique Correa y un miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE) como abogado particular.

Esta es la segunda entrega con nuevos detalles de esta historia de miles de millones, vínculos, relaciones políticas, audiencias coincidentes en tiempo y forma, altos honorarios e intentos de penetrar a la autoridad fiscal, reuniones en oficinas de Santiago y un hotel de Copiapó, informes jurídicos, la declaración ante la PDI del gerente legal de Candelaria, presentaciones a los tribunales y platas de SQM, que revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

La red

En 1989, el entonces dirigente de la Democracia Cristiana (DC), Adolfo Zaldívar, manifestó su deseo de postular a senador por la Región de Atacama. Como contrincante, tenía a otro de su peso: Genaro Arriagada. Este último era apoyado por Juan Mulet Bou, histórico dirigente DC de la Tercera Región y padre del actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet.

En la puja interna de la falange, Zaldívar se impuso y fue el candidato del partido y Mulet Bou -disciplinado militante y uno de los pocos defensores de DDHH en la zona-le prestó todo su apoyo y redes en Atacama para la campaña. El “Colorín” perdió la elección a senador, pero apadrinó a Jaime Mulet hijo que fue, hasta fines de 2010, uno de sus más cercanos colaboradores.

Jaime Mulet aceitó y heredó la red de su papá en Atacama, hasta que en 1998 fue electo por primera vez diputado y en 2008 abandonó la DC junto a Zaldívar, en medio del cisma interno con acusaciones de corrupción contra Soledad Alvear. Luego, Zaldívar creó el Partido Regionalista Independiente (PRI) y Mulet adhirió a él.

Pero esa alianza con Zaldívar se rompió el 12 de agosto de 2009, cuando Mulet, que buscaba ser elegido senador por Atacama, inició un acercamiento con Marco Enríquez Ominami en medio de la presidencial de ese año. Uno de sus apoyos era precisamente desde Tierra Amarilla, donde Osvaldo Delgado había sido concejal hasta 2008.

Sin embargo, Mulet no fue elegido pese a obtener el 17,64 por ciento de los votos. Y aún cuando integraba el pacto Chile Limpio, Vote Feliz, quedó fuera de la política.

El fracaso de un encuentro

Fuera de la política, Mulet dedicó sus días a sus negocios en una pequeña empresa de transportes y algunas asesorías, pero “quedé con una deuda pendiente, desde mi punto de vista, con Tierra Amarilla, que es una comuna tremendamente contaminada, pues ví conductas abusivas de parte de Candelaria”, dijo a Radio Bío Bío.

Fue así como a fines de diciembre de 2012, el alcalde Osvaldo Delgado llegó al hotel Diego de Almagro de Copiapó en compañía de Mulet. Hacía pocos días que había ganado las elecciones como jefe comunal y asumido el cargo en propiedad.

A la mesa llegaron el vicepresidente de negocios de la minera, Francisco Costabal, y su presidente Peter Quinn.

Delgado y Mulet fueron de inmediato al grano. La empresa había provocado graves daños ambientales en la zona de Tierra Amarilla. Sin embargo, no querían afectar a la firma, por entonces en manos de la americana Free Port, y propusieron “canales de diálogo” para sondear una compensación a la comuna, ya que tenían en sus manos un estudio preparado por el ingeniero civil, Pablo Barañao, dueño de la consultora Mejores Prácticas Ambientales -y exsubgerente de Medioambiente de Colbún-, que daba cuenta de importantes problemas de polución.

La propuesta cayó como balde de agua fría en la firma. Estaba en el “borde del chantaje”, recordó uno de los ejecutivos que conoció el hecho.

Uno de los evaluadores al interior de Candelaria fue su gerente legal, Miguel Troncoso Guzmán, quien estimó, junto a la plana mayor, que no existían antecedentes sobre anomalías en el funcionamiento de la mina, ni menos daño ambiental, tal como reconoció en una declaración ante la PDI de Copiapó, fechada el 17 de enero de 2018. Por esta razón, dijo Troncoso Guzmán, dejaron en libertad de acción a Delgado y Mulet.

Todos amigos

Según el testimonio de Delgado, había que modernizar la municipalidad de Tierra Amarilla y comenzar una administración con funcionarios de confianza. De ello se encargó Mulet, dijo el edil, por lo que a instancias de este último contrató a los abogados Cristian y Jorge Brito, ambos exasesores de Adolfo Zaldívar.

Estos últimos tres -se descubriría en 2014- recibieron aportes ilegales de SQM para financiamiento de la política. Jorge Brito 40 millones de pesos, mientras que Cristian 20 millones. Zaldívar, en tanto, tampoco estuvo fuera de la repartija: 20 millones de pesos también llegaron a su partido. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el PRI recibió 385 millones de pesos desde SQM y 70 millones de pesos desde el grupo Angelini, dio cuenta un reportaje de Ciper Chile.

Más allá de las designaciones de estos últimos, la idea de generar puentes de negociación con Candelaria se había caído, pero el municipio volvió a la carga.

A mediados de 2013, reveló Delgado, en una reunión que sostuvieron en la sede comunal, Mulet, Jorge Brito y el administrador municipal, Jaime Bahamondes, le indicaron que debían demandar a Candeleria por daño ambiental.

“Me hablaba (Mulet) que había que demandar a la minera ante el Tribunal Ambiental. Solo eso. No se refirió al proceso mismo y que él conocía abogados en Santiago que sabían hacerlo (…) me dijo que eran Bosselin y Briones. No investigué si eran especialistas. En eso, tanto Jorge Brito como Jaime Bahamondes me incentivaron a demandar. A mí me pareció una buena idea.”, dijo al fiscal Luis Miranda el pasado 28 de junio.

Delgado viajó a Santiago y se reunió en la oficina de Bosselin y Briones junto a Mulet y Jorge Brito.

“Bosselin y Briones fueron siempre muy amables conmigo y decían conocer bien a Mulet. Me dijeron que no me preocupara, que ellos harían todo (…) que se podía obtener 120 millones de dólares de la minera como compensación por daño ambiental. No hablamos del pago de honorarios”, prosigue el testimonio del alcalde.

El momento era inmejorable, ya que en septiembre de 2013 Candelaria debía ingresar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la autoridad regional, con el fin de obtener la autorización para que la mina siguiera operando hasta 2030. Los dueños de la extractora, por entonces la estadounidense Freeport, iniciaban los contactos con la canadiense Lundin Mining -en la más estricta reserva- para la venta del terreno con potencial cuprífero.

Cuerdas separadas

En un voluminoso documento presentado el 3 de septiembre de 2013 por el representante legal de Candelaria, Peter Quinn, dio a conocer a la CEA los aspectos del EIA que debían ser evaluados por la autoridad, en el marco de una inversión de 400 millones de dólares que entregaría empleo en la zona.

De esta manera, como una forma presionar a una negociación, el 3 de diciembre de 2013, a instancias de Mulet, el municipio firmó un contrato por asesoría jurídica con Bosselin y Briones, donde se estipulaban los honorarios: un 20 por ciento de todo lo que se obtuviera.

“Había que tener un equipo jurídico de peso, que fuera capaz de sostener una demanda contra una gran compañía minera que obviamente iba a desplegar una batería de abogados. Entonces, de esa manera, contacto al alcalde con el estudio jurídico Bosselin y Briones”, explicó Mulet a Radio Bío Bío.

Formalizado el vínculo, el 12 de diciembre una demanda por daño ambiental de 59 páginas ingresó al Segundo Tribunal Ambiental (STA), en Santiago.

En ella, los profesionales Bosselin y Briones esgrimieron que la firma debía hacerse cargo de los problemas provocados por las faenas en los habitantes de la comuna, pero al mismo tiempo dejaron abierta la posibilidad de un acuerdo económico extrajudicial.

“En esta demanda (…) pido formalmente (…) se declare a la demandada Compañía Minera Candelaria (que) ha producido daños ambientales por culpa o dolo, motivo por el cual debe ser condenada (…) a repararlos materialmente”, escribieron Briones y Bosselin.

Por esos días, Mulet compartía oficina con Bosselin y Briones y dedicaba, en parte, su tiempo a negociar con la minera. Prueba de ello es que los juristas lo incluyeron en uno de los escritos presentados ante el tribunal ambiental, como uno los patrocinantes.

“(Estuve) ayudándole a Bosselin y Briones, con quienes estuve trabajando un año y medio, dos, en su oficina. Más bien me prestaban un espacio de la oficina. Me vine a vivir a Santiago y mantenía una muy buena relación con ellos”, dijo Mulet.

La demanda comenzó su tramitación en el STA el 16 de diciembre del mismo año y, en ella, los juristas solicitaron que fueran citados a declarar los máximos representantes de la minera, Francisco Costabal, Peter Quinn y Rubén Funes, por entonces gerente de operaciones de la compañía.

En un giro procesal, abrieron una nueva arista en contra de la cuprífera y el 4 de enero, cuando aún el STA tramitaba el libelo civil, ingresaron una denuncia ante la Superintendencia del Medioambiente (SMA), con miras a que la autoridad iniciara un proceso sancionatorio, por supuestos incumplimientos a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) anteriores a 2013, atendido a que la minera Candelaria inició sus operaciones en 1994.

En paralelo, la demanda nunca pudo ser notificada a la compañía. En un escrito fechado el 7 de enero de 2014 los abogados de Tierra Amarilla solicitaron al STA una audiencia formal. Con ella pretendían explicar a la autoridad que cuando concurrió la receptora judicial a realizar el trámite de notificación, empleados de la firma negaron en forma sistemática la presencia de los ejecutivos en sus oficinas. Paradójicamente, de acuerdo al documento, estos últimos “han sostenido entrevistas personales con el señor alcalde de Tierra Amarilla”.

Los abogados insistieron en que los jueces del STA debían recibirlos, pero dos escritos fueron rechazados, por lo que el 14 de enero de 2014, presentaron esta vez un complemento a la denuncia de la SMA, donde incluyeron el estudio preparado por la consultora Mejores Prácticas SPA. Esta última fue contratada, dijo su dueño, Pablo Barañao por Tierra Amarilla, pero en la comuna se indicó que no existían boletas de honorarios de la firma.

En los argumentos que esgrimieron en la oportunidad Bosselin y Briones ante la SMA, es que habían suspendido la notificación de la demanda a Candelaria ingresada ante el Tribunal Ambiental, lo que se contradice con la tramitación de la acción judicial, ya que no existe ningún escrito donde los abogados se desistan. Tanto es así, que el libelo fue archivado recién el 8 de agosto de 2014, cuando las negociaciones con la cuprífera estaban en su máximo apogeo.

En cualquier caso, la SMA resolvió iniciar una investigación en contra de Candelaria por daño ambiental el 14 de febrero.

Por esos días, nuevamente, Mulet intentó un acercamiento para negociar con Candelaria, según reconoció Miguel Troncoso, el gerente legal de la minera en una declaración ante el detective Ernesto Cayuno, a la que accedió Radio Bío Bío.

En otras palabras, tres frentes comenzaban a coexistir. El último de ellos, la negociación extrajudicial, donde aparecería en escena un viejo conocido de Mulet, Briones y Bosselin.

Lobbista de profesión

Como los intentos de acercamiento con Candelaria no fructificaron, en abril de 2014 el socio de Imaginacción, Moisés Valenzuela -viejo conocido de Mulet-, en representación del lobbista Enrique Correa, tomó contacto con Bosselin y Briones y solicitó una reunión formal, según consta en un documento al que accedió este medio preparado por el bufet.

Allí, acordaron reunirse con Francisco Costabal, entonces Vicepresidente de Negocios, y otros ejecutivos de la compañía, que por entonces era controlada por la estadounidense Freeport MacMoran Cooper And Gold.

La encuentro no prosperó en aquella oportunidad, porque la firma estaba en negociaciones para vender la propiedad a Lundin Mining (LM), de capitales canadienses. Fuentes de la empresa indicaron que de todos modos hubo otros encuentros para que las partes se reunieran una vez que la venta estuviera formalizada.

En medio de estas negociaciones, el 26 de mayo de 2014, el entonces ministro del Medioambiente Pablo Badenier (DC), visitó Atacama.

En la oportunidad, se comprometió a revisar los estudios de impacto ambiental de la zona afectada por Candelaria, sin mencionar a la cuprífera. Coincidentemente, la Comisión de Evaluación Ambiental copiapina, paralelamente, analizada el EIA presentado por la minera en septiembre de 2013 y la SMA continuaba su indagatoria.

De hecho, Badenier amenazó con declarar a Tierra Amarilla como “zona saturada”. “A nosotros nos interesa aumentar la fiscalización sobre algunas resoluciones de calificación ambiental (…) segundo, estudiar la factibilidad de instalar una estación de monitoreo (…) y en el mediano plazo evaluar la declaración de Tierra amarilla como zona saturada”, explicó cuando fue consultado por Radio Bío Bío.

El 31 de mayo, Badenier otorgó también una entrevista a TVN de Atacama, donde nuevamente se refirió a la problemática de Tierra Amarilla.

Lo llamativo es que como secretario de la cartera, Badenier presidía el Comité de Ministros, precisamente la instancia que debía pronunciarse sobre el EIA de Candelaria. En la firma, se analizó la posibilidad de inhabilitarlo, pero finalmente se desechó.

Una fuente cercana a Osvaldo Delgado indicó que la visita de Badenier fue generada por Briones y Bosselin, como parte de la estrategia comunicacional que, a su vez, era parte de la asesoría jurídica que prestaban a la comuna.

De hecho, en la página 14 de un documento preparado por estos abogados, puede leerse: “Hubo que coordinar, preparar y gestionar conferencias de prensa en la ciudad de Santiago, las visitas de medios nacionales a la región, entrevistas en canales nacionales de televisión, entre visitas en medios locales”, escribieron los profesionales en la página 15 de su rendición de cuentas al municipio.

No fue toda la estrategia. El propio Mulet preparó un documento que ingresó en junio de 2014 en la Cancillería, para que fuera analizado por el punto focal chileno ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dependiente de la Dirección General de Relaciones Económicas (Direcon) de la Cancillería.

Básicamente, la presentación buscaba que la empresa, en su carácter de multinacional que operaba en el país, enfrentara el incumplimiento de las “líneas directrices” en materia ambiental. El hecho complicaba a Candelaria, porque se abría un nuevo flanco.

Cambio de mano

Pues bien, en octubre de 2014 la canadiense Lundin Mining (LM) finalmente se hizo de la propiedad de Candelaria por la suma de 1.800 millones de dólares con el compromiso de invertir más de 400 millones de dólares en poner en marcha el proyecto. La cifra no era menor en una zona deprimida y con un importante nivel de desempleo.

En noviembre del mismo año, la empresa de Enrique Correa -Imaginacción- nuevamente contactó a Bosselin y Briones, indicándoles que había “interés en comenzar un diálogo con nuestra parte y sus asesores para buscar resolver los conflictos que sostenían”, se lee en un documento preparado por los juristas que asesoraban a la comuna.

El lugar elegido para continuar con las tratativas fue la oficina de los abogados de Tierra Amarilla en pleno centro de Santiago. A ella asistieron Bosselin y Briones, el alcalde Osvaldo Delgado, Jaime Mulet, Jaime Bahamondes, a la sazón administrador municipal, y el asesor ambiental Pablo Barañao, de la empresa Mejores Prácticas Asociados Spa.

Por Candelaria concurrieron Pablo Mir, en calidad de presidente de Lundin Mining Latinoamérica, Rodrigo Quintana del estudio Bofill-Mir-Álvarez-Jana, que a su vez funge como miembro del Pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Junto a los anteriores, también participaron el gerente legal de Candelaria, Miguel Troncoso, y los socios de la empresa de lobby Imaginacción, Enrique Correa y Moisés Valenzuela.

Atendido que las conversaciones entraron en un nuevo contexto, el propio Mulet retiró, el 9 de diciembre de 2014, la presentación que había hecho ante la OCDE-Chile unos meses antes, tal como se lee en la resolución redactada por el punto focal de la Direcon ante el organismo internacional, Gastón Fernández, fechada el 14 de abril de 2015.

“El requirente solicitó no prosperar en la instancia, en atención a que los nuevos dueños de la empresa minera (Lundin Mining) abrieron la posibilidad de establecer una mesa de trabajo conjunta”, se lee en la resolución.

Jueves 7 de marzo de 2018.

Fuente: Biobiochile.cl