Las responsabilidades políticas del gobierno de Bachelet por limbo en que permanece reforma al Código de Aguas

 Luego de cuatro años de tramitación, el Ejecutivo no logró aprobar iniciativa que busca ir dejando atrás la visión propietarista y mercantil de la legislación que hoy rige las aguas, modificándola para gestionar los recursos hídricos como un bien público y fundamental para el ser humano y los ecosistemas.

A casi dos meses del término de su administración, la Presidenta tiene en sus manos la posibilidad de ejercer su rol colegislador y ganar un poco más de terreno para hacer más difícil al electo Sebastián Piñera borrar lo ya avanzado.  Pero las señales desde La Moneda no son muy promisorias.

De a poco se va dilucidando el panorama legislativo luego del amplio triunfo de Sebastián Piñera el 17 de diciembre.  El gobierno ya dio luces sobre los temas que intentará apuntalar en los dos meses que restan, mientras la entrante administración ya notificó a que proyectos pondrá énfasis y cuáles no respaldará en su segundo período.

En una reunión realizada el 2 de enero, el equipo político de Michelle Bachelet determinó junto a los líderes de la Nueva Mayoría sus iniciativas legislativas emblemáticas, contemplando para este mes de enero priorizar la Reforma Educacional, la Ley de Identidad de Género y la creación de la Subsecretaría de la Niñez.  Además, la reforma constitucional vinculada al sistema de pensiones.  Un primer gallito ya se vislumbró precisamente durante la votación del proyecto de Ley de Identidad de Género, al cual el Ejecutivo puso discusión inmediata el mismo 2 de enero (retirándola a los pocos días).

La actual la oposición cuestionó el uso de la urgencia, bajo el recurrido argumento de que “es una manifiesta forma de descriterio legislar de una manera apresurada en temas relevantes como un régimen de previsión o un sistema educacional o un proyecto delicado como la identidad de género”, según apuntara el senador UDI Hernán Larraín.

Tal declaración es un común recurso del juego político, ya que el propio Piñera al finalizar su primer gobierno también intentó atar varias materias, lo cual fue explicitado en esa época por sus parlamentarios: “Lo importante es que se sigan tramitando como corresponde. Se ve en sala lo de encapuchados, después tenemos la factura electrónica en el senado, por lo tanto, se mantiene lo que es la agenda legislativa como estaba planificada. Este gobierno va a gobernar hasta el último día con los compromisos que tiene asumidos, y en la tramitación parlamentaria ojala que se le dé la máxima prioridad a los que son de importancia plena sobre todo para los sectores sociales que están involucrados”, dijo por esos días el también senador UDI Alejandro García-Huidobro.

Uno de los temas fuertes del programa de Michelle Bachelet fue dotar a Chile de una nueva normativa para la gestión de los recursos hídricos. Ya su programa señalaba que en materia constitucional era necesario reconocer las aguas como “bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares”. Y sobre el Código de Aguas señaló que “avanzaremos en una normativa que haga posible la existencia de la figura recursos hídricos con fines sociales. Estos usos serán prioritarios y establecerán restricciones al ejercicio de todos los demás usos con fines competitivos”.

En coherencia con esta declaración de intenciones al asumir el gobierno en 2014 apoyó y patrocinó un proyecto presentado en 2011 por un grupo transversal de diputados, el cual modificó mediante una indicación sustitutiva.  Esta es una herramienta legislativa de atribución exclusiva del Ejecutivo que permite hacer cambios o trocar completamente una iniciativa legal en tramitación.

Han pasado 4 años.  El proyecto fue aprobado por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda de la Cámara de Diputados, siendo aprobado en la sala en noviembre de 2016.  Hoy se encuentra en el Senado, en la Comisión de Agricultura y luego de ser sancionado por la de Recursos Hídricos. Aún resta su tramitación en las comisiones de Hacienda y Constitución, además de la votación por el pleno del Senado.  Y, en última instancia, las diferencias deberán ser zanjadas por una Comisión Mixta.

Ante esto, se ve difícil la aprobación de la Reforma al Código de Aguas durante este mandato.  Más aún considerando todos los guiños que desde el gobierno, a través del ministro de Agricultura Carlos Furche, se han dado a los sectores empresariales que se oponen a cambiar el sentido propietarista y mercantil de la gestión del agua en Chile.  Tanto así que un mes antes a las elecciones el titular del Agro aseguró a la Sociedad Nacional de Agricultura que “como Gobierno hemos tomado la decisión de no acelerar, no apurar y no generar votaciones respecto de este proyecto en el período eleccionario”, promesa que cumplió a cabalidad.

Como si dicho retraso no fuera suficiente, después de las elecciones la actual administración ingresó a la misma comisión, con urgencia, el proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, dejando en segundo lugar y paralizando en la práctica, la tramitación de la reforma al Código de Aguas.

Piñera con retroexcavadora

Para nadie es un misterio que uno de los objetivos de Sebastián Piñera será desmantelar algunos de los avances del gobierno de Michelle Bachelet para modificar la neoliberal institucionalidad chilena. La administración del agua no será la excepción.   Así lo  expresó, durante la campaña, al indicar explícitamente que pretende “restablecer la certeza jurídica” de la propiedad del agua.

En un sistema presidencialista como el nuestro, el Ejecutivo es mucho más que un colegislador.  Tiene amplias atribuciones exclusivas para presentar proyectos de ley (e indicaciones) sobre impuestos y exenciones tributarias; crear, suprimir o establecer funciones de servicios públicos; todo lo relativo a las pensiones y la seguridad social, entre otros ámbitos. Y, por cierto, la de vetar una ley que no sea de su agrado y cambiarla completamente durante su tramitación (mediante la mencionada figura de la indicación sustitutiva).

El destino de los esfuerzos por cambiar el régimen vigente de gestión del agua dependerá del nuevo gobierno y de la conformación, a partir del 11 de marzo, de las comisiones parlamentarias. Sin embargo es razonable pensar que la administración entrante ya está buscando mecanismos para cambiar radicalmente (si no echar por tierra) la reforma en curso, con la que no se siente cómodo.  Potestad que también depende del estado de tramitación legislativa en que se encuentre la iniciativa cuando asuma Piñera.

Tal adverso escenario para la reforma al Código de Aguas es en gran parte responsabilidad del propio gobierno Bachelet, puesto que sus ministros prestaron mayor atención al gran empresariado que a la ciudadanía y a parte importante de sus propios legisladores.

Esto le ha llevado a incumplir uno de sus compromisos programáticos, dado que aunque tenía la atribución de establecer urgencias legislativas dejó que la oposición impusiera su ritmo, mediante dilaciones como revisión ad eternum de articulados ya zanjados y audiencias públicas donde se repetían, comisión tras comisión, las mismas organizaciones y gremios contrarios a la reforma.  Todo con el objetivo de dilatar la tramitación para llegar a la situación actual.

Restan dos meses para que Bachelet deje La Moneda y nuevamente entregue la banda presidencial a Sebastián Piñera. En sus manos está hoy la posibilidad de apurar el tranco en materia de Código de Aguas, con el fin de asegurar los principios básicos de tan relevante reforma.  Reforma que exigen millones de chilenos y chilenas afectados por la falta de agua para beber y su subsistencia, urgente además por la degradación de los ecosistemas, mientras otros especulan y engrosan su patrimonio a costa de la precariedad de comunidades y territorios.

¿Estará disponible hoy la Presidenta para ejercer su rol colegislador y avanzar un poco más en la tramitación de una nueva forma de entender el agua, como un bien público y fundamental para el ser humano y la biodiversidad?  En las semanas que vienen se sabrá la respuesta, considerando que mientras más instancias pase el proyecto más difícil será al Presidente entrante borrar lo ya acordado por el legislador.