Lento avance de reforma al Código de Aguas en Comisión de Recursos Hídricos del Senado pone en riesgo su aprobación durante este gobierno

    Legisladores de Chile Vamos solicitan votaciones separadas y extensas discusiones por cada artículo.

    • Este semana se aprobaron condiciones para el cumplimiento de sustentabilidad en los casos de renovación de los derechos nuevos, con posibilidad de limitar o suspender su ejercicio cuando se “pueda generar una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae”.

    Un lento avance está teniendo durante las últimas sesiones de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado la tramitación de las reformas al Código de Aguas. Prácticamente la aprobación de un artículo por convocatoria es el resultado, producto de los intensos debates que se producen y que son, fundamentalmente, impulsados por los senadores de la oposición Víctor Pérez (UDI) y Francisco Charran (RN), quienes han expresado su rechazo a la iniciativa.

    Este martes correspondió votar por tercera vez la indicación que establecía los criterios que deberá considerar la Dirección General de Aguas (DGA) al momento de resolver sobre la renovación de un derecho de aprovechamiento pasados los 30 años de concesión.  La Cámara de Diputados aprobó que la solicitud se podía rechazar si se acreditaba el cambio de la “finalidad para la cual fue destinado originariamente” el derecho, con la posibilidad de restringirlo sobre la base de la “disponibilidad y/o sustentabilidad de la fuente de abastecimiento”.

    Luego de dos empates durante la sesión pasada, esta semana los senadores Isabel Allende (PS), Jorge Pizarro (DC) y Adriana Muñoz (PPD, quien preside la comisión) lograron un acuerdo. Este derivó en la eliminación de la figura que permitía a la DGA rechazar la prórroga si se cambiaba la finalidad, bajo el argumento de que esto podría complejizar la adaptación al cambio climático, pero manteniendo que la decisión respetara los “criterios de sustentabilidad de la fuente de abastecimiento”.  Además, aunque se excluyó el concepto “disponibilidad” se agregó un párrafo que apunta a que “de constatarse por el servicio una afectación a la sustentabilidad de la fuente, se aplicará además lo dispuesto en los artículos 17 y 62, según corresponda”, que alude específicamente a la disponibilidad y establece la forma de prorratear la disminución del caudal entre quienes tienen derechos en el acuífero.

    Además se aprobaron dos incisos relativos a la posibilidad de limitar o suspender el ejercicio de los derechos de aprovechamiento cuando se “pueda generar una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae”.  Y los criterios a considerar serán “especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémicos”.

    La votación de este articulado se prolongó durante toda la sesión, producto de la insistencia de los legisladores de Chile Vamos de votar por separado y extenderse en sus argumentaciones.

    Posteriormente se inició el debate sobre el artículo 56 que regula las “aguas del minero” y que representa un privilegio excepcional de dicho sector productivo, permitiéndole disponer de los recursos hídricos que afloren durante sus exploraciones y faenas sin la obligación de informar ni solicitar autorización. La votación quedó pendiente para la próxima sesión.

     

    La amenaza de retroexcavadora legislativa de Piñera

    Estos retrasos instalan la duda de si la reforma al Código de Aguas alcanzará a aprobarse durante el presente gobierno.  Esto, considerando que la Comisión de Recursos Hídricos debe aún revisar varios artículos, luego de lo cual el proyecto será discutido en las comisiones de Agricultura y Hacienda para posteriormente ser votado por el pleno.  De existir diferencias con lo aprobado por la Cámara de Diputados, pasará en tercer trámite constitucional en Comisión Mixta.

    El problema es que de triunfar en las elecciones Chile Vamos con Sebastián Piñera a la cabeza, y a la luz de los dichos y votaciones de sus legisladores, existe la posibilidad de que el próximo gobierno entorpezca la tramitación o presente una indicación sustitutiva que sepulte todos los cambios a la institucionalidad hídrica logrados hasta hoy.