Límites del futuro Parque Patagonia en Aysén abren conflicto con minería y el agro

En las 309 mil hectáreas acordadas con la Fundación Tompkins, la administración anterior incorporó terrenos fiscales donde estaba en marcha un proyecto aurífero de una compañía australiana y zonas de veranadas muy usadas por ganaderos. Varios ministerios trabajan ahora junto a Bienes Nacionales en la búsqueda de una fórmula que resuelva las dificultades surgidas en la zona de Chile Chico. 

Un decreto supremo -el N° 3 de Bienes Nacionales- crea el Parque Nacional Patagonia, de 309.445 hectáreas.

El documento lo dejó firmado la Presidenta Michelle Bachelet, en la misma Región de Aysén, antes de dejar su cargo, y forma parte de la creación de la red de ocho parques nacionales, que suman 4,5 millones de hectáreas en el extremo sur del país.

Era el fin de una tarea que se hizo con mucha celeridad, cuando le quedaban apenas cuarenta días para dejar el gobierno.

Tal vez por eso, el documento que tramita su toma de razón en Contraloría, ingresado el 12 de febrero de 2018, revela desprolijidad en su contenido, según ha constatado la actual administración. Faltan cifras e incluso, tras enumerar los fundamentos, hay un error sorprendente: el texto menciona al parque nacional Corcovado y no al Patagonia, al que se refiere el decreto.

Sin embargo, esas inexactitudes constituyen un detalle menor frente al conflicto que los límites del futuro Parque Nacional Patagonia han desatado en Chile Chico, una localidad fronteriza de 4.500 habitantes, desde donde surgen varias demandas que el actual gobierno está recibiendo desde la zona.

Ocurre que, para ampliar la superficie de la futura área silvestre bajo conservación, se incluyeron terrenos fiscales, donde hoy existen vastas zonas de veranadas que usan los crianceros de ganado ovino y bovino para pastoreo (unas 20 mil cabezas) y, además, un área aledaña a la actual reserva Jeinimeni -la mayor componente del futuro parque-, donde se iniciaba un nuevo proyecto minero de oro y plata de Southern Gold, filial de la compañía minera australiana Equus Mining. Se trata, además, de un proyecto que figura en la lista de los priorizados para generar empleo de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía. El único en el sector minero de Aysén.

En el Gobierno reconocen que se trata de una coyuntura compleja, porque apoyan la política de la red de parques de la Patagonia, que generará desarrollo turístico, pero saben que de promulgarse el decreto como está, sectores productivos locales como la minería y ganadería se verían afectados.

En Chile Chico está el foco del conflicto, que se vio agudizado por el despido de casi 600 personas, luego del cierre de la minera Cerro Bayo, tras un accidente que causó la muerte de dos trabajadores en una galería inundada a mediados de 2017.

El alcalde Ricardo Ibarra (DC), que ve a los nuevos proyectos mineros como un factor de desarrollo, revela que mantener empleos de emergencia significa un costo de $1.000 millones al año, entre FNDR y fondos municipales, pero además “hay unas 300 personas en lista de espera”. Esto gravita en el comercio y los servicios de la comuna.

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, cuya cartera está a cargo de seguir el trámite del decreto supremo en la Contraloría, confirma que tienen un mandato presidencial para resolver el tema y por eso están trabajando con los ministerios de Agricultura (Conaf), Minería y Medio Ambiente para buscar soluciones. Además, se conformó una mesa para conocer las demandas de los distintos sectores en Chile Chico.

Según el senador David Sandoval (UDI), el problema se soluciona recortando unas 16 mil de las 56 mil hectáreas fiscales anexadas “mañosamente”, a su juicio, por el anterior gobierno.

“Esto no está resuelto, aunque algunas personas hablan del retiro de los decretos. El Gobierno y el Presidente Piñera pensamos que lo que se hizo es una buena política pública, de conservar un área para protección del medio ambiente”, precisa Ward.

“Asumimos un problema que dejó la administración anterior, esto se negoció y se firmó sin conocimiento de la ciudadanía, sin instancias de participación”, señala. No obstante, más allá de esas circunstancias, dice, lo adecuado es continuar e intentar “minimizar los riesgos que existen de que el día de mañana no se pueda realizar actividad minera, lo que provoca cesantía en la región, y de no afectar tradiciones como las “veranadas”.

Adelanta que se intenta construir soluciones, pero mientras no las haya, no se va a retirar el decreto supremo de Contraloría, el que, según destaca, es fruto de un acuerdo entre el Estado y privados -la Fundación Tompkins-, que realizaron la mayor donación histórica para conservación al país, de 407.625 mil hectáreas.

“No puedo revelar las gestiones, pero estamos intentando buscar soluciones junto a otros ministerios”, dice, tal como planteó a la comunidad de Chile Chico en su viaje a la zona.

Superposición a exploración minera

Equus Mining invirtió US$ 6 millones y exploró a unos 15 kilómetros al sur de Chile Chico, con buenos resultados para desarrollar una explotación. Vía audiencias, que son públicas por ley de lobby , se reunió con autoridades de minería del anterior gobierno, previo incluso a la firma del protocolo de acuerdo entre el Gobierno y las fundaciones que dieron origen a los parques vía donaciones , en abril de 2017. Advertían que estaban en tierras fiscales susceptibles de ser incorporadas al futuro parque, pero no fueron escuchados. Siguieron el lobby con el actual gobierno.

Ahora, si el proyecto de Southern Gold (Equus Mining) quedase dentro del parque, el ministro Ward dice que la ley permite realizar actividad minera con la venia del intendente o del Presidente, pero reconoce que no existen precedentes en esa materia.

En Conaf confirman que eso es imposible, porque cada vez que se ha pedido algo así, se ha respondido negativamente, al alero del convenio de Washington que Chile suscribió y protege ecosistemas de parques, y que está sobre el Código Minero.

Para el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, Chile no puede cambiar las reglas del juego a inversionistas y superponer un parque donde había autorizado exploraciones mineras.

A su turno, grupos ambientalistas están armando una campaña denominada “Patagonia sin + mineras” (ver recuadro).

Desde los sectores que apoyan el parque tal como está definido, la Corporación Chelenko, que lidera Miriam Chible, destaca que el futuro Parque Patagonia “es un tremendo motor de desarrollo para nuestra región” y ofrecerá una experiencia a los turistas para desconectarse y descansar.

“Lo anterior no se da con el desarrollo minero, que presiona y hace lobby contra el parque y deja pasivos ambientales inimaginables”, señala.

Dice que no fueron invitado a la mesa que creó el municipio, pese a que representan localidades turísticas de la zona y considera que hay una participación desequilibrada.

Fundación Tompkins en espera

Según el ministro Ward, no es necesario “negociar” con la Fundación Tompkins si el Estado tiene que hacer alguna modificación en los deslindes de las tierras fiscales aportadas, aunque sí les parece necesario informarles dado el acuerdo existente.

La directora ejecutiva de Tompkins Conservation Chile, Carolina Morgado, afirma que cuando se hizo la donación de tierras -en el anterior gobierno- todo quedó zanjado, luego de procesos y estudios de Bienes Nacionales. “La forma en que donamos tiene toda una lógica de continuidad territorial”, en que se buscó formar este “puzle”, conectando sectores para conformar el gran parque nacional Patagonia. Por eso están aportando información en el proceso que realiza Bienes Nacionales actualmente. “Si sacan el centro del parque no es lo mismo que una orilla”, dice.

¿Qué tan compatible les parece la minería con un parque? “Lo que hacemos es conservación. No tenemos injerencia ni una posición ante una actividad determinada. Sí pensamos que todos los proyectos aledaños a un parque tienen que cumplir con los estudios de impacto ambiental que exige la ley”, remarca la representante de Tompkins Conservation.

Ahora, dice, están en espera y llanos a conversar, porque mientras no salga el decreto de Contraloría, Conaf no puede entrar en el proceso para concesionar las instalaciones turísticas del parque donado, que -según lo acordado- deberían entregarse el 30 de abril de 2019.

(El parque Patagonia) es un tremendo motor de desarrollo para nuestra región (…) Lo anterior no se da con el desarrollo minero, que presiona y hace lobby contra el parque y deja pasivos ambientales inimaginables”. MIRIAM CHIBLE CORPORACIÓN CHELENKO


Domingo 30 de septiembre de 2018.

Por Nieves Aravena E.

Fuente: Economía y Negocios Domingo / El Mercurio