Más de 1.300 personas viven en terrenos de interés minero

    Estos son sólo los que están en campamentos, sin considerar aquellos que están en tomas. Hay una mesa de trabajo que busca una solución.

    Redacción

    Ciudad del Viento, Jardines del Viento y Comunidad de Quetena son tres organizaciones que viven en el sector poniente de Calama, fuera del radio urbano, que a pesar de las distintas instancias que han buscado, su permanencia en el sector es un problema, ya que se ubicaron en terrenos fiscales con servidumbre minera o de empresas del rubro, por lo que no son cedibles para el desarrollo de proyectos habitacionales, agrícolas o ganaderos.

    Estas organizaciones aglutinan a más de mil 300 personas, sin embargo, en este sector viven muchas más que están de manera irregular.

    La delegada de Bienes Nacionales en El Loa, Angelique Araya, explicó que si bien están conformados como campamentos, su situación es irregular, porque «están ocupando servidumbres mineras, entonces son terrenos fiscales que no están disponibles para ellos».

    Explicó que para dar muestra que existe una preocupación y la necesidad de buscar una solución, se creó una mesa de trabajo con estas tres organizaciones, «la que les ha permitido reunirse con nosotros como Bienes Nacionales, con la intendencia, con el diputado Marcos Espinosa e incluso con la ministra de Minería, Aurora Williams, quien les explicó cuál era su situación».

    Sin embargo, hasta la fecha el futuro es incierto, porque según explicó Araya, Codelco y las demás empresas no se han pronunciado respecto a lo que harán y cuándo en esos terrenos.

    Esto cobra relevancia porque estos campamentos podrían convertirse en Barrios Transitorios, de los que ya existen dos experiencias en la capital provincial loína.

    «Hay uno que está ocupando un terreno por el que pagan un arriendo a un privado, lo que les permite acceder a servicios básicos y el otro es un campamento indígena que está en un sitio de la Conadi. Son transitorios, porque una vez que tengan sus soluciones habitacionales saldrán de ahí», comentó.

    En este sentido, la delegada de Bienes Nacionales dijo que en el caso de las tres organizaciones, que se sabe deben salir de los terrenos ocupados, es necesario conocer por parte de las empresas mineras en cuánto tiempo sus proyectos serán viables, «porque si no son a la brevedad, quizá sí podríamos darle esa alternativa transitoria a esas familias».

    Avance

    De conseguir ser Barrios Transitorios podrían acceder a los servicios básicos. «Donde ellos viven no es fácil, porque no tienen conectividad, agua potable, luz eléctrica y se ven constantemente afectados por las inclemencias del tiempo. Ellos al ser transitorios podrían acceder a estos suministros».

    En total son cerca de 50 hectáreas las que ocupan estas organizaciones y si bien ya recibieron la respuesta de las autoridades, «estamos en permanente contacto con ellos, porque siempre hay situaciones en las que uno los puede orientar o apoyar», reafirmó Araya.

    Demandas

    En cuanto a las demás personas que están en situación irregular, la delegada de Bienes Nacionales contó que ya comenzaron las acciones judiciales en Fiscalía, porque se detectó que había venta de terrenos.

    «Existen denuncias formales, pero el llamado es a no comprar, porque no hay títulos de dominio, no existen. Ya sabemos quiénes son y está en curso el tema judicial», puntualizó Angelique Araya.

    3 organizaciones se formaron para buscar una alternativa habitacional para familias loínas.

    1.300 personas son las que conforman estas organizaciones. Buscan mejorar su calidad de vida.

    Fuente: El Mercurio de Valparaíso